Camino al 2 de junio, la imaginación electoral del país libra una batalla entre la fábula que baja de Palacio Nacional y la dura realidad. Es una verdadera lucha de hechos y creencias, una lucha por la credibilidad política de México, entre dos versiones de lo que está pasando, la que hay en los discursos del presidente y de su candidata, y la que muestra la realidad.
En los hechos, el de López Obrador es el gobierno de peores resultados de la democracia mexicana, el que más daño ha infligido a las instituciones, a la seguridad, a la salud, a la educación, incluso a la demografía.
López Obrador prometió terminar con la corrupción y con la violencia; regresar a los soldados a sus cuarteles; crecer 4 % sus primeros años, 6 % los últimos; y acabar con la pobreza.
Seis años después, México es el lugar número 1 en el Índice Global del Crimen Organizado, el lugar 126 de 180 en el Índice de Corrupción y el crecimiento económico promedio del sexenio será de 1 % anual.
Las cifras dicen mucho pero hay hechos y secuencias de hechos que describen mejor el desbarajuste de estos años.
En su primera batida contra la ordeña ilegal de los ductos de combustible de Pémex, conocida en México como huachicol, López Obrador suspendió el flujo de los ductos, provocó una escasez nacional de gasolina y, al final, cuatro meses después los abrió de nuevo y hubo la explosión de un gran ducto en el pueblo de Tlahuelilpan, cuya población había acudido en masa a “huachicolear”, luego de la seca creada por el gobierno. Hubo 113 muertos.
El presidente dio todos los días hábiles de su gobierno una conferencia mañanera de tres horas. Para el mes de noviembre de 2022 había hecho en esas conferencias 101 155 afirmaciones falsas, engañosas o que no podía probar, 103 mentiras promedio por conferencia, el triple que Donald Trump (registros de The Washington Post y Spin Taller de Comunicación Política).
Sometió a los mayores empresarios de México a la compra obligatoria de billetes de lotería para rifar el avión presidencial que se negaba a usar y no podía vender.
Para darles dinero en efectivo a las usuarias de 350 000 estancias infantiles, cerró las 350 000 estancias infantiles.
Para “acabar con la corrupción” en el sistema de compra de medicinas, acabó con el abasto regular de medicinas del país.
Acusó a padres de niños con cáncer que exigían medicinas para sus hijos de ser parte del complot de los conservadores contra su gobierno.
Se sometió en el patio de Palacio a una limpia tradicional de sahumerios contra malos espíritus.
Durante la pandemia sugirió a los mexicanos resistir el covid con amuletos y “detentes”.
Nunca usó cubrebocas.
Su mala gestión de la pandemia produjo 780 000 muertes en exceso.
Llamó conservadoras a las feministas, y “mascotas” y “animalitos” a los beneficiarios de sus programas sociales.
Quitó la bandera del Zócalo, la plaza ritual de Ciudad de México donde la bandera se iza todos los días para todos, cuando hubo ahí manifestaciones que no le gustaron.
No habló nunca con los dirigentes de la oposición.
Exigió disculpas a España por la Conquista de 1521.
Puso 27 000 efectivos de la Guardia Nacional a impedir el paso de migrantes centroamericanos por México por exigencia del presidente Trump. Fue el Muro de Trump.
Dijo a los ministros de la Suprema Corte: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Declaró una política de “abrazos, no balazos”, para el crimen organizado, con el resultado de que, para el 10 de abril de 2024, se habían acumulado en su gobierno 183 803 homicidios dolosos, 27 737 más que en el sexenio anterior, y 44 000 desaparecidos.
Nueve de las veinte ciudades del mundo con mayores homicidios por 100 000 habitantes son mexicanas.
Entre los homicidios dolosos y las muertes de la pandemia, México perdió un millón de personas. La esperanza de vida se redujo cuatro años.
Los militares no sólo no volvieron a sus cuarteles sino que asumieron funciones claves del gobierno civil en aduanas, puertos, aeropuertos y construcción de obra pública. Se formó una Guardia Nacional de 100 000 efectivos militares que, según la Constitución, deben estar bajo mando civil, pero que el presidente ha puesto bajo mando militar, heredando ese conflicto al futuro.
Dijo que gobernar era fácil y extraer petróleo también, pues sólo hacía falta meter un popote y chupar del subsuelo.
Presentó un burro de noria y a su dueño como ejemplo de la economía deseable.
Fustigó a los aspiracionistas que necesitaban tener más que un par de zapatos y una muda de ropa.
Cuando se reveló que un grupo de muchachos de San Juan de los Lagos habían sido obligados por sus secuestradores a matarse entre ellos, el presidente, antes de emitir una condolencia, dijo que la difusión del hecho era una campaña contra su gobierno, contra la verdadera víctima del hecho: él.
La torpeza, la dureza o la arbitrariedad de estas decisiones no debe distraernos de lo fundamental: López Obrador ha sido un mandatario indiferente al dolor real de las personas, incapaz de empatía y de generosidad, en el más simple y llano sentido de la palabra.
Su mundo es el de la política entendida sólo como conflicto o sometimiento, sin la mitad que la completa, el acuerdo y la negociación.
La política de programas sociales, el alza de los salarios mínimos y el aumento de las remesas del exterior sacaron de la pobreza a 5 millones de mexicanos. Pero no tocaron a los pobres extremos que siguen siendo los 9 millones que eran.
Para “acabar con la corrupción”, muletilla infalible de la discrecionalidad del sexenio, fue cancelado el Seguro Popular. Quedaron fuera del sistema de salud 31 millones de personas. El número de hogares con gastos catastróficos se duplicó “hasta casi 5 millones” (Julio Frenk, creador del Seguro Popular, en entrevista con Joaquín López Dóriga, 10/8/23).
Un manejo ortodoxo de las finanzas públicas mantuvo estables las variables macroeconómicas. Pero los años de gobierno de López Obrador fueron de agresiva concentración del ingreso. Según los registros de Oxfam, las fortunas de los muy ricos crecieron “117 veces más rápido que el resto de la economía. De cada cien pesos de riqueza creada entre 2019 y 2021, 21 pesos fueron al 1 % más rico y 40 centavos al 50 % más pobre. El 1 % más rico de la población —1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza en el país” (Oxfam: La desigualdad en México se acentúa, 2023).
El gobierno dijo siempre guiarse por la consigna “Primero los pobres”; puede agregar, sin mentir: “Y primero los ricos”.
Un estrago mayúsculo fue la inversión pública en energía y en las obras consentidas del sexenio.
El presidente empezó cancelando la construcción de un aeropuerto de clase mundial, avanzado en su tercera parte, que se hubiera estrenado en 2023. La decisión costó 400 000 millones de pesos. A cambio, construyó un aeropuerto de ciudad pequeña, el AIFA, inaugurado en 2022, con un costo adicional de 170 000 millones de pesos. El AIFA hace sólo mil vuelos por año y ha perdido 2500 millones de pesos en dos años.
El presidente decidió luego hacer una refinería, cuyo costo creció en cuatro años de 9000 a 20 000 millones de dólares, y es la hora en que no refina un barril. Decidió también hacer un Tren Maya que le da la vuelta a la península de Yucatán, al que le faltan la mitad de los tramos y se ha descarrilado ya una vez, yendo a diez kilómetros por hora. El costo del tren subió de 150 000 a 500 000 millones, ha implicado la tala de 7 millones de árboles y amenaza con arruinar el más complejo sistema de aguas subterráneas de América Latina.
Quizá el dispendio mayor fue apostar a que las compañías estatales de petróleo y electricidad podían volver a ser palancas del desarrollo. Consecuencia: Pémex es hoy la empresa petrolera más endeudada del mundo y la Comisión Federal de Electricidad, que ganaba 100 000 millones de pesos en 2018, ahora los pierde.
López Obrador ha sido un presidente poderoso pero no ha creado un Estado fuerte capaz de administrar nada seriamente, menos que nada sus proyectos preferidos. Heredará un gobierno débil, incapaz de seguir dando brincos sobre el piso de sus fantasías y de reclamar anticipadamente un lugar en la Historia.
El salto constitucional
Los fracasos no han hecho sino agrandar las pretensiones de López Obrador. No lo indujeron a corregir el rumbo, sino a doblar la apuesta.
Al empezar 2024, definió en una serie de iniciativas de ley la naturaleza transexenal de su proyecto. Se trata de concentrar el poder, legalmente, en una presidencia absolutista, con un amplio séquito clientelar.
Habíamos tenido atisbos de sus intenciones durante 2022 y 2023, pero el paquete completo, redactado, listo para enviarse al Congreso, fue dado a conocer el 5 de febrero de 2024, fecha adecuadamente simbólica, pues en ella se festeja el aniversario de la Constitución de 1917 y lo que las nuevas leyes proponen es, para decirlo llanamente, una nueva Constitución.
El ministro de la Corte en retiro, José Ramón Cossío, hizo una descripción orgánica de estas nuevas leyes, que proponen, en esencia, lo siguiente:
Constitucionalizar el pago de pensiones a todos los adultos mayores y dar el 100 % de su último ingreso a los que hubieran contribuido a su pensión.
Aumentar los salarios mínimos cada año por encima de la inflación.
Desaparecer todos los órganos autónomos constitucionales del Estado, salvo el Banco de México, y volverlos dependencias del Ejecutivo.
Eliminar en el Congreso todos los puestos de representación proporcional dejando sólo la representación de las mayorías directas, lo cual supone la desaparición de 200 diputados de 500 y 60 senadores de 128.
Someter a votación directa la designación de ministros de la Corte, magistrados y jueces, así como de los consejeros del INE y de los magistrados del tribunal electoral.
Quitarle a la Corte la facultad de decidir sobre la inconstitucionalidad de leyes votadas por mayoría en el Congreso.
Crear un “tribunal disciplinario” que revise las decisiones del Poder Judicial y pueda sancionarlas o revocarlas.
Aplicar la prisión preventiva oficiosa o automática —para la que basta ser acusado— a delitos de narcotráfico, defraudación fiscal, emisión de facturas falsas o simulación de actos jurídicos.
La lógica política del proyecto es garantizar una hegemonía electoral, suprimiendo en el Congreso la representación de las minorías, dejando todo el espacio al partido mayoritario, hoy Morena y, a partir de ahí, asignar en elecciones sucesivas a los funcionarios de los otros poderes, hasta volverlos, a todos o a casi todos, del color de la mayoría.
El resultado neto de la combinación de estas reformas, dice José Ramón Cossío, sería:
una enorme concentración de poder en el presidente de la República y en los órganos legislativos. También, la disminución de la de por sí débil institucionalidad y de los frenos y contrapesos a las decisiones del presidente y sus apoyadores… La estructura a la que darían lugar las reformas propuestas tiene la intención de alcanzar la acumulación necesaria para impedir la sustitución pacífica y democrática de sus actuales titulares” (“AMLO: desvarío y peligro constitucional”, nexos, abril, 2024).
Lo que quiere constitucionalizar el presidente, entonces, es un régimen con elecciones de Estado, con hegemonía oficial en el Congreso, Suprema Corte politizada y Poder Ejecutivo todopoderoso, con un presidente omnímodo al frente.
Diríamos, si la figura es tolerable, una especie de presidencialismo absolutista constitucional.
López Obrador es un populista de libro de texto, no de izquierda o de derecha, sino practicante del método que lleva al poder democráticamente a líderes que desmontan después las democracias para volverlas maquinarias a su servicio.
El método y la maquinaria están descritos en muchos libros. Yo he usado el de Jan-Werner Müller, ¿Qué es el populismo?, publicado en 2016, antes de que existiera el gobierno de AMLO.
Según Müller, los líderes populistas deben dar varios pasos para alcanzar su meta.
Primero, polarizar a su sociedad entre Pueblo y No Pueblo. Segundo, capturar el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tercero, arrinconar o desaparecer a los partidos de oposición. Cuarto, capturar o suprimir los órganos autónomos del Estado. Quinto, controlar a los medios de comunicación. Sexto, disminuir o desarticular a la sociedad civil organizada. Séptimo, apoderarse del órgano electoral y del control de las elecciones. Octavo, crear una nueva Constitución que garantice la continuidad de su poder.
Lo anterior no es una secuencia cronológica, las estrategias pueden ser subsecuentes o simultáneas. El paso consagratortio, sin embargo, es el cambio constitucional, el establecimiento de nuevas reglas para desmontar la democracia con los instrumentos de la democracia.
En este último paso está López Obrador, desde el 5 de febrero de 2024, aunque sin haber completado los primeros. Anda poniendo el techo sin haber puesto las trabes, como tantas cosas en él.
Pero avanzó, no hay duda, en su erosión institucional de la democracia desde 2022. En su ofensiva contra el INE, acabó poniendo a la cabeza de la institución a una presidenta proclive a Morena, Guadalupe Taddéi, cuya incierta gestión administrativa pone al INE en riesgo de ser ineficaz, además de partidista. Un sesgo ideológico semejante determinó el cambio en la presidencia del tribunal electoral, cuya nueva presidenta, Mónica Soto, es también proclive a Morena.
Quizá lo más grave es lo que sucede en la Suprema Corte, donde, con la complicidad del expresidente de la institución, Arturo Zaldívar, López Obrador pudo sentar a una tercera ministra incondicional a su causa, Lenia Batres, la tercera ministra incondicional a Morena de once ministros permanentes de la Corte.
Zaldívar abrió ese espacio para Batres renunciando a su condición de ministro un año antes de su tiempo de retiro, y pasó de ahí, sin rubor alguno, al equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. El presidente pudo nombrar en su lugar a Lenia Batres, luego de que el Senado le rechazara dos primeras ternas impresentables. Cuando hay dos rechazos de sus ternas, el presidente puede nombrar a quien quiera y nombró a la peor de todas para la Corte, la incondicional para él.
En diciembre de 2024, se retirará el ministro Luis María Aguilar. La presidenta de la República de entonces tendrá oportunidad de nombrar a quien lo sustituya. Si la presidenta es de Morena, le bastará meter otra/otro incondicional para tener cuatro votos seguros a favor del gobierno, lo cual le impedirá a la Corte alcanzar la votación de ocho ministros necesaria para declarar la inconstitucionalidad de una legislación venida del Congreso o del Ejecutivo. Será una Corte lisiada en la mayor de sus facultades, que es juzgar la inconstitucionalidad de las leyes que emiten los otros poderes.
La captura de las instituciones electorales y de la Corte ha avanzado, pero está lejos de ser completa. No hay un dominio de Morena sobre el INE ni sobre el tribunal electoral, mucho menos sobre la Suprema Corte, que ha mostrado una admirable independencia desde que asumió su presidencia la ministra Norma Piña, en enero de 2023.
En las tres instituciones la captura ha avanzado pero no es completa. El presidente puede atacarlas, amenazarlas, influir sobre ellas, ha hecho todo eso, pero no las tiene en sus manos.
Nuestro populista y el antes mexicano
El proyecto transexenal de López Obrador es una variante del traje populista que ha hecho en otras partes el mismo sastre invisible de la historia.
Hay un referente mexicano, sin embargo, un antes propiamente mexicano, que busca López Obrador. Ese antes está descrito en un libro clásico de Jorge Carpizo llamado El presidencialismo mexicano. Carpizo explicó ahí, con mirada de jurista, de dónde venía el poder, cuasimonárquico, de los presidentes de México de la era del PRI.
Había facultades legales enormes en ese poder, por el tamaño y el peso del Estado mexicano en su sociedad, pero el verdadero secreto de aquel gran poder, dijo Carpizo, estaba en sus “poderes metaconstitucionales”.
Aquellos metapoderes estaban fincados en lo que Giovanni Sartori estudiaría luego bajo el concepto de “régimen de partido hegemónico”.
Como jefe del PRI, un partido hegemónico, el presidente mexicano podía nombrar, mediante unas elecciones controladas, a los miembros del Congreso. Tenía entonces al Congreso a su favor cuando quería hacer cambios legales y constitucionales. Lo tenía también a su favor para designar a los ministros de la Corte o a los jueces que él ordenara o sugiriera, y tenía entonces en su mano al Poder Judicial y, por tanto, a los tres poderes del Estado.
Tenía también en su mano a los poderes de los estados de la federación, a cuyos gobernadores también nombraba, con sus elecciones controladas, y los gobernadores repetían en sus jurisdicciones lo que el presidente hacía en la nación.
Los poderes metaconstitucionales nacían todos de uno solo: el presidente podía abrir o cerrar la puerta de entrada al poder y a la representación política, a la posibilidad de intervenir en todos los ámbitos de la vida pública, el gobierno, el Congreso, la justicia, la influencia o el dinero, es decir, en todas las relaciones de los ciudadanos con el Estado, con la economía y con la sociedad.
A estos poderes metaconstitucionales quiere volver López Obrador, pero quiere más: quiere constitucionalizarlos, volverlos legales, desterrar de la ley de la tierra el obligado fingimiento de que “la ley es la ley”.
Se trata de igualar la ley con el poder real absoluto de un Poder Ejecutivo y de un presidente liberados de las restricciones que les impone la ley, facultados para cambiarlas. Y, en tanto facultados para cambiarlas, no restringidos por sus propias normas constitucionales. De hecho, sin restricción alguna.
La candidata oficial Claudia Sheinbaum salió a campaña en 2023, diciendo que su proyecto era ponerle un “segundo piso” a la llamada “Cuarta Transformación”. Parecía una propuesta de continuidad de políticas públicas.
A partir del 5 de febrero de 2024, asumió también como programa de campaña las “nuevas leyes”, con lo cual creció mucho, cualitativamente, el listón que debe saltar en las elecciones de junio.
Porque las reformas de López Obrador que Sheinbaum ha hecho suyas, no son el “segundo piso” de un edificio en transformación, sino un edificio nuevo, una nueva arquitectura nacional: otra Constitución, otro régimen político, otro país.
Para que este nuevo proyecto de Constitución y de país pase al otro lado de la historia, Claudia Sheinbaum tendría que ganar las elecciones del 2 de junio con una mayoría calificada en el Congreso de 66 %. Porque sólo eso le permitiría cambiar la Constitución en las dimensiones radicales que propone.
¿Es posible? Yo creo que no, pero es lo que postulan el presidente y su candidata.
¿De dónde piensan el presidente y su candidata que saldrán esos votantes para obtener la mayoría calificada en el Congreso y poder cambiar la Constitución? No lo sé. En parte, desde luego, de la cancha dispareja que el gobierno ha preparado para esta elección. Creo que ni así.
2 de junio 2024
Las elecciones del 2 de junio tendrán un perfil plebiscitario. Será una elección en favor o en contra del proyecto de absolutismo presidencial de López Obrador y de su candidata. A partir de las nuevas leyes planteadas por el presidente el 5 de febrero, las elecciones han adquirido un perfil radical: absolutismo presidencial o presidencialismo democrático, tiranía o división de poderes.
La elección se ha partido en dos grandes fuerzas, la alianza absolutista de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, y la alianza democrática de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Quisiera subrayar esta disyuntiva porque es la central de las elecciones de junio: presidencialismo sin restricciones o presidencialismo con contrapesos. No diría tanto como dictadura o democracia, pero sí rumbo a la dictadura o rumbo a la democracia.
Los discursos de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum divergen radicalmente. Hablan de países muy distintos.
Para Sheinbaum “estamos viviendo un momento extraordinario. México ha cambiado profundamente, para bien, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en la consolidación de esta nueva forma de pensamiento, el Humanismo Mexicano basado en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad”.
Para Xóchitl Gálvez, estamos en un país donde se van perdiendo tres valores fundamentales de cualquier sociedad civilizada: el valor de la vida, dada la violencia que lo azota; el valor de la verdad, dado el discurso oficial fabulatorio que lo gobierna; y el valor de la libertad, dado el proceso de concentración del poder, militarización y erosión democrática de la presidencia de López Obrador.
La distancia que hay entre los países que ven ambas candidatas no es de matices. Uno de los dos países es falso. Creo que cualquier persona medianamente informada coincidirá más con el retrato de Xóchitl Gálvez.
Pero lo que nos dicen las encuestas, algunas indecorosamente, es que la percepción de la mayoría de los votantes prefiere el retrato de Claudia.
El retrato de Xóchitl, más real, es compartido por menos votantes. En la lucha final de las percepciones se definirá la elección. Las dos compiten, eso sí, por la rifa del tigre. Heredarán un país peor que el que recibió López Obrador, un cartucho de dinamita encendido, según la metáfora del tristemente desaparecido Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del propio López Obrador.
En eso están parejas, pero no en la cancha donde juegan, que el gobierno ha inclinado groseramente a favor de Sheinbaum.
De la cancha dispareja tenemos pruebas cada día en la manera como el presidente y su partido, violando las reglas que ellos mismos impusieron, avanzan, sin rubor alguno, hacia lo que cabría llamar una elección de Estado, salvo por el toque de invencibilidad que la expresión sugiere.
De hecho, siendo la cancha tan dispareja, los números y las campañas no lo son tanto.
Entre otras cosas, porque no se trata sólo de la contienda presidencial, sino de las elecciones más grandes de la historia del país, donde estarán en juego, además de la Presidencia, la totalidad del Congreso, nueve gubernaturas estatales, todos los congresos locales y 2000 alcaldías del país, con un padrón registrado de 99 millones de electores.
Hemos perdido a las encuestas como punto de referencia cabal sobre lo que está pasando. Se han vuelto un mercado poco confiable. Una referencia sólida es ver cuáles encuestadoras acertaron en las últimas elecciones y qué dicen de la elección que viene.
En las elecciones previas acertaron Massive Caller, México Elige, Propol, La Encuesta.mx y Lorena Becerra. En promedio, estas encuestadoras tienen con 11 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. A esto habría que restar lo que el INE ha medido históricamente como un sesgo de sobrerrepresentación que los encuestados dan a los gobiernos en el poder: entre 5 y 8 puntos.
Vistas desde este ángulo lo que hay es una elección reñida. Pero es un ángulo forzado, poco sólido.
Desde luego creo que Xóchitl puede ganar, al menos quiero creer en eso. Y me es más importante que lo haga desde que Claudia Sheinbaum asumió el proyecto absolutista de López Obrador. Lo que Sheinbaum quiere no es mejorar las políticas públicas de la llamada Cuarta Transformación, como decía el año pasado. Lo que quiere ahora, forzada por su presidente, es cambiar el régimen constitucional mexicano para ponerlo a su servicio como presidenta constitucional absoluta de México.
Políticamente, simpatizo más con Xóchitl Gálvez que con Claudia Sheinbaum, pero si Claudia Sheinbaum fuera la candidata de la oposición democrática y Xóchitl Gálvez la de la continuidad presidencialista, votaría por Claudia Sheinbaum y no por Xóchitl Gálvez, porque lo que México necesita no es jalar el cable del presidencialismo absolutista que quiere López Obrador, sino contenerlo, equilibrarlo, devolver el país a la pluralidad, a la razón y al diálogo democrático, resonante y agrio si se quiere, pero no polarizado y sordo como está. Eso sólo puede lograrse hoy desde la oposición, desde las fuerzas del cambio democrático, no desde la continuidad del proyecto absolutista declarado.
Kant dijo que los hombres debían decidir éticamente, como si sus actos fueran a repetirse en todos los hombres, como si pudieran volverse ley universal. Votar para fortalecer el equilibrio democrático, no el avance de la tiranía constitucional, debiera ser la opción ética de todo ciudadano dispuesto a cuidar las libertades y los equilibrios de la democracia, al margen de si le gustan o no, porque hay algo más injusto y caro que las democracias imperfectas, las tiranías con apoyo popular.
Morena y la rebelión de las costumbres políticas
En cuanto se habla de un posible triunfo de la oposición en México, aparece la certeza de que el presidente no aceptará la derrota y se impondrá sobre los resultados, de ser necesario con el Ejército.
No creo que le alcance con el Ejército, en el caso de que el Ejército fuera a dar un salto así, que tampoco creo (volveré sobre esto adelante).
Más dignos de atención a la hora de rechazar una elección adversa me parecen los políticos profesionales de Morena, su nomenclatura. Ahí es donde podría crearse una movilización de rechazo a la derrota, alentada por el gobierno.
Esa nomenclatura es una argamasa de aluvión reciente, no tiene aún el esqueleto de un partido fuerte y disciplinado como llegó a ser el PRI. Sus correas de transmisión son la disciplina ante el caudillo y las maniobras, negocios y arreglos horizontales durante su ejercicio de toma del poder o regreso a él. La mayoría de los miembros de la nomenclatura de Morena está de regreso en el poder luego de haberlo gozado y haberlo perdido.
La crónica de la campaña de López Obrador hacia la Presidencia en 2018 bien podría haberse hecho partiendo de la misma escena: viejos políticos de todas las siglas y todos los pecados, en especial del PRI y del PRD, venían a firmar en público, en las plazas de las capitales de los estados o de sus ciudades de origen, donde habían sido alcaldes, diputados, senadores o gobernadores, venían a firmar un pliego de adhesión a la causa de la transformación, a López Obrador y a las huestes de Morena.
Por ese solo hecho eran absueltos de sus pecados previos y vitoreados en la plaza bajo la batuta del dirigente que había aprendido de sus campañas anteriores que no hay aliado pequeño y que, si quería finalmente ganar la Presidencia, debía dar entrada a todos, por igual justos e injustos, amados y aborrecidos, pícaros y creyentes.
El líder tenía esa capacidad absolutoria ante sus huestes, que les daban la bienvenida a políticos locales que incluso las habían combatido. Arrepentirse públicamente en la plaza les devolvía a todos aquellos cartuchos quemados una segunda vida, por el hecho simple de cruzar aquel Jordán, sin siquiera tener que hablar de sus infidencias y desvíos, simplemente por otorgar al líder y al movimiento una adhesión sin condiciones.
Los pícaros seguirían siendo pícaros y los creyentes, creyentes, pero la absolución era real y todos quedaban unidos bajo la misma indulgencia, a disposición del prestidigitador que era capaz de reunirlos y absolverlos en la plaza.
De la fuerza de la absolución en la plaza, y de la no absolución, hay esta pequeña historia:
Porfirio Muñoz Ledo, que había fundado el PRD lo había dejado para ser candidato presidencial por otra sigla en el 2000 y había tenido luego un momento de extrema impureza, sumándose al triunfo y al gobierno de Fox. En el año 2005, viendo crecer la causa de López Obrador, quiso volver a ella, en público y en grande, y pidió y le aceptaron el regreso de hijo pródigo. Lo invitaron a hablar al Zócalo durante un mitin multitudinario, como eran los de López Obrador. Cuando llegó el turno de la palabra para Muñoz Ledo y el maestro de ceremonias dijo su nombre, se desató una rechifla histórica.
Jesús Ortega, que coordinaba la campaña de López Obrador, le sugirió al líder que levantara la mano pidiendo a la gente una tregua para el orador. Pero el líder no alzó la mano. Al terminar el mitin, Ortega le dijo: “Creo que se nos pasó la mano con Muñoz Ledo”.
López Obrador negó con la cabeza, sonriendo, y le explicó al oído: “La plaza purifica”.
Creo que nadie ha leído mejor que Fernando Escalante Gonzalbo el sentido histórico de aquellas peregrinaciones hacia Morena de la vieja clase política (“Ayer y hoy”, en México. El peso del pasado, Cal y Arena, 2023).
Su relato va así:
Las últimas décadas del siglo XX trajeron a la vida pública de México dos cambios estructurales. Uno, la transición democrática. Otro, la apertura de la economía al mundo, en particular al libre comercio con América del Norte.
Los dos cambios impusieron restricciones sustantivas a los usos y costumbres de la clase política. La transición democrática le quitó al gobierno la capacidad de definir quién ganaba las elecciones, quién tenía acceso al poder. La apertura comercial despolitizó la economía, la sometió a reglas internacionales y le quitó al poder político su capacidad de arbitrar sobre la parte más rica y productiva del país, la exportadora. A esto siguió la proliferación de órganos estatales autónomos, dedicados a vigilar la imparcialidad del gobierno, a acotarlo, cuestionarlo, exigirle.
Fueron dos fracturas históricas en el corazón de los usos y costumbres de la clase política del país. Debieron dar paso a la construcción de las reglas claras de un Estado de derecho, en todos los otros ámbitos de la vida pública, reglas iguales para todos, no las influencias de cada quien para cada cual.
Para eso, dice Escalante, lo que siempre faltó fue que la clase política entregara la pieza clave de su dominio, la pieza esquiva donde se detuvo el camino de México a la modernidad. Esa pieza fue la procuración de justicia. Ni los gobiernos reformistas del PRI ni los democráticos de la transición entregaron nunca a la imparcialidad, a la autonomía real, el sistema de procuración de justicia, como habían entregado el arbitraje de las elecciones y el de la economía moderna de exportación.
La procuración de justicia no fue autónoma, el Estado de derecho no tuvo instituciones donde fincar su autonomía. Nadie en la clase política ni en la clase dirigente del país quería quedar realmente expuesto a la justicia imparcial. Demasiada historia previa, demasiadas colas al aire, demasiada impunidad acumulada.
Lo que hemos tenido en estos años, entonces, fue una modernización institucional a medias, un Estado de derecho a medias, de donde brotaron con el tiempo, como en todo el mundo, inconformidades con las grandes promesas y los pequeños gobiernos de la democracia, con la persistencia de males públicos como la impunidad y la corrupción, la pobreza, la injusticia y la violencia.
Sobre ese malestar se montó López Obrador en la elección del 2018, con la vergonzosa complicidad del presidente priista Enrique Peña Nieto y con los votos de muchos desencantados, dispuestos a jugar la última carta de sus esperanzas.
López Obrador, nos dice Escalante:
aprovechó un espacio abandonado por los partidos políticos y supo convocar, organizar, dirigir el resentimiento de la clase política. La operación política, las campañas, las victorias electorales son producto de agitadores, viejos y nuevos caciques, líderes locales, intermediarios de muy diferentes corporaciones, redes familiares y clientelares de viejos políticos. Puesto en blanco y negro: la situación actual es producto de una gran ofensiva de la clase política contra el Estado.
La nomenclatura morenista y su candidata presidencial quieren ahora un Estado distinto al de la transición democrática, un Estado sin restricciones para la clase política, un Estado presidencialista, absolutista y constitucional. Quieren mucho más que ganarle la partida al Estado, entendido éste como Estado de derecho. Quieren el presidencialismo metaconstitucional del viejo PRI, pero constitucionalizado y, por tanto, también discrecional, capaz de cambiarse a sí mismo cuanto quiera o de legitimar ex post todos sus excesos.
Una utopía presidencial regresiva con esteroides, una clase política dueña de todo el terreno otra vez.
Malos augurios
El presidente ha sugerido que, por sus muchas intervenciones ilegales en el proceso electoral, podrían tenerle preparado en el tribunal electoral o en el INE una razón de ultima ratio para declarar nulas las elecciones.
La verdad, nadie piensa en un conflicto poselectoral si no a partir de un triunfo de la oposición, por la decisión presidencial de desconocerla y una algarada de la nomenclatura morenista. Esto es lo que todo mundo dice que puede suceder.
Pregunto a juristas y conocedores de las leyes cuál sería la consecuencia de una rebelión oficialista y de un desconocimiento de los resultados. El presidente no tiene facultades para calificar las elecciones o para desconocerlas. Las tienen el INE y el tribunal electoral. Pasar sobre sus veredictos sería introducir en el proceso una ruptura del orden constitucional y entrar a un interregno de excepción cuyos tiempos y mecanismos de salida no están previstos en la Constitución.
Hay una preocupación enorme por lo que harán las Fuerzas Armadas en caso de un conflicto electoral. Son una caja negra dentro de la caja gris que es la política mexicana. Nadie las ha sacado más de sus cuarteles que quien prometió devolverlas a ellos: el presidente López Obrador. Ha entregado a los militares presupuestos enormes y parcelas claves del gobierno civil: seguridad, aduanas, puertos, aeropuertos, obra pública.
El presidente gana sembrando la impresión de que su vínculo con las Fuerzas Armadas va más allá de la institucionalidad hasta la alianza política. No sé si las Fuerzas Armadas están cómodas con esto. Creo que no. Se desdibujan como instituto armado, aparecen como una corporación ávida de puestos y contratos en el gobierno, por fuera de las funciones que les marca la Constitución. Abren las puertas a la corrupción, por la discrecionalidad con que se les adjudican contratos. Y colaboran a la militarización del gobierno. Su actitud puede verse como un compromiso leal con las necesidades del país. Pero puede verse también como ambición de cuerpo y afán de ganar dinero y poder, lo que no provoca simpatía ni confianza, más bien desconfianza y temor.
Supongo que hay sectores importantes de las Fuerzas Armadas a las que no les gusta la cooptación presidencial. Tienen razón. Es demasiado grosera e induce a la crítica y a la murmuración más que al respeto a la corporación militar.
Lo que me preocupa más de las Fuerzas Armadas no es su cercanía con el presidente, después de todo institucional, sino su debilitamiento como último bastión del monopolio legal de la violencia del Estado. El avance y la organización del crimen son tan visibles que me atreví a escribir en algún momento que hay, notoriamente, dos fuerzas armadas en el país: las legales y las ilegales.
Las primeras incluyen a militares y policías; las segundas a las bandas del crimen. Las primeras son por lo general superiores en organización, número, profesionalismo y equipamiento. Son las responsables de garantizar lo que parece cada día menos garantizado: el monopolio de la violencia legal.
Las segundas han alcanzado una implantación territorial, una capacidad de violencia paramilitar y una impunidad de acción que parecen indesafiables en muchas ciudades y pueblos. Son un archipiélago de pequeños y no tan pequeños monopolios de violencia criminal.
Es ya lugar común el dicho de un general estadunidense, según el cual México no controla el 35 % de su territorio.
El gobierno parece estar cómodo con que así sea. No quiere usar la violencia legal para contener a la ilegal. De hecho, tiene decretada una especie de tregua entre las fuerzas armadas legales y las fuerzas armadas ilegales. Las fuerzas armadas legales parecen particularmente ineptas en su tarea de combatir la violencia criminal, en gran medida porque eso es lo que les pide el gobierno: no atacar a los criminales.Y las fuerzas armadas ilegales actúan cada vez con mayor impunidad sobre regiones inermes, en parte por el permiso de actuar que reciben del gobierno.
El gobierno, repito, parece cómodo con este reparto de la violencia. Más aún: lo promueve. Militariza el gobierno civil a paso redoblado, al tiempo que tolera el crimen organizado y celebra su control de algunas zonas como causa de la poca violencia que hay en ellas.
La idea suena descabellada, pero los hechos la prueban: el gobierno actúa como si tuviera una alianza política abierta con los dos monopolios de la violencia del país.
Su alianza de facto tiene un alto costo para el gobierno civil y para la seguridad pública, pero lleva dentro una lógica férrea de concentración y continuidad de poder.
Quien quiera darse una idea de las ventajas de la alianza del gobierno con el crimen para efectos electorales, no tiene más que asomarse a la pieza de Héctor de Mauleón: “6 de junio de 2021. La elección del narco” (nexos, septiembre de 2022).
En el proceso, dice De Mauleón:
Se cometieron 1066 delitos y agresiones. Hubo 102 homicidios dolosos (de políticos, desde luego) y 48 intentos de asesinato. En el 66 % de los casos, los agresores eran parte de comandos fuertemente armados. La violencia en contra de aspirantes y candidatos sumó un total de 693 víctimas: 68 % más que en las elecciones presidenciales de 2018. La ola de sangre se extendió por 570 municipios de los 32 estados, con 20 capitales incluidas […] El Informe converge en el hecho mayor que México tuvo el 6 de junio de 2021: unas elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado. [El informe puede consultarse en: https://bit.ly/3SFIQai].
Hipnosis y polarización
Importa subrayar que la polarización que el país ha vivido en estos años es una polarización política, no una polarización social. La división política se da sobre todo como una querella discursiva, bajo la guía enervada y enervante de la palabra presidencial. Pero es una querella que hasta ahora no ha cruzado a la sociedad ni la ha vuelto, dividida y movilizada, contra sí misma. La única polarización social profunda que hay en el tejido social mexicano es la que hay entre el crimen y los territorios que el crimen domina.
Una omisión criminal del gobierno ha sido no acudir a cerrar ese abismo, no defender a la sociedad de esta única polarización salvaje, que se da en más de la tercera parte del territorio, y que es algo más que una polarización. Es, de hecho, una guerra no declarada de los mexicanos armados ilegalmente contra los mexicanos desarmados, mientras el Estado juega al convidado de piedra.
La polarización política ha sido por su mayor parte el efecto del discurso de un líder sui generis, insólito en la tradición política mexicana, por su capacidad de persuadir, de crear realidad con su palabra, de tocar con su discurso la credulidad y las emociones de sus oyentes. Ese discurso y ese personaje han creado una polarización que es una calle de sentido único. Baja del presidente hacia sus oyentes, pero no sigue su camino, no ha logrado que la mitad de la sociedad repudie a la otra mitad y se lance contra ella.
Sin López Obrador hablando desde el Palacio todos los días, el clima de polarización política perderá fuego a partir de octubre, gane quien gane. No hay en el oficialismo ninguna figura capaz de darle continuidad a ese discurso desmandado. Del lado de la oposición, no hay nadie que siquiera se lo proponga.
Gane quien gane, habrá menos ruido político, más conversación y realidad.
Creo que nadie sabe tan bien como López Obrador el tamaño de su fracaso, porque nadie sabe tan bien como él la intensidad con que lo soñó y la diferencia que hay entre su sueño y lo que entrega. Pero el presidente que se va es un hombre endurecido, no educado, por el poder. Tratará de ejercer el poder que le quede para defenderse y seguir intentando hacer lo que no pudo. Su empeño seguirá costándoles discordias a los mexicanos, porque no se retirará a esperar el juicio de la historia. Seguirá tratando de imponérsele a quien le suceda en el mando, lo mismo si la puso que si no la puso.
Pero su fracaso es tal que no podrá imponer ni a una ni a otra su voluntad. Su poder personal de estos años se diluirá, junto con su voz, al contacto con la intemperie de ser expresidente, cuando su acto de prestidigitación mañanera deje de imponerse desde Palacio a los medios como la realidad virtual que es, a la que hemos estado sujetos estos años y de la que el primer hipnotizado resultó ser él mismo.
10 de abril de 2024
Héctor Aguilar Camín
Historiador y escritor. Entre sus libros: Nocturno de la democracia mexicana, Pensando en la izquierda y México: la ceniza y la semilla.