Las propuestas de reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden ser leídas de distintas formas. Una de ellas es por los resultados que tendrían en la arquitectura constitucional en caso de ser aprobadas. Eso es lo que quiero hacer: presentar la manera en la que quedaría organizada una parte importante del nuevo texto constitucional y, sobre todo, del proceder en el que con estas reformas se llevarían a cabo las prácticas jurídicas en nuestro país. No es mi intención hacer un ejercicio de ficción jurídica en tanto que los componentes de la propuesta ya han sido explicitados por el propio presidente. Se trata de elaborar escenarios previsibles a partir del conocimiento de la operación de los órdenes jurídicos modernos.
La primera iniciativa ha sido vista como la más aceptable. Me refiero al intento por constitucionalizar un mayor número de pensiones y pensionados a los ya previstos. Si bien es cierto que este planteamiento parece ir en el sentido correcto de protección a quienes menos tienen, la realidad es que, entendido en conjunción con aquellos que enseguida veremos, da lugar a importantes sospechas, pues se trata del primer peldaño de la estructura que se pretende construir al dar lugar a la constitución de las clientelas electorales para darle vida a la mecánica centralizadora del proyecto obradorista. López Obrador no habla de derechos humanos porque ello implica asumir la existencia de relaciones jurídicas bilaterales, posibilidades de exigencia y garantías de cumplimiento. Prefiere hablar de pobres y de asignaciones presupuestales directas, pues así puede, de manera simultánea, constituirse como hombre magnánimo y demandar la permanencia de su persona y movimiento para mantener el cumplimiento de tan generoso fin.
El segundo elemento relevante se refiere a extinguir los mecanismos de representación proporcional para la integración de los órganos legislativos. Bajo el pretexto de sus costos presupuestales, el presidente desea eliminar los doscientos distritos de representación proporcional de la Cámara de Diputados, así como las senadurías de primera minoría y de representación proporcional. Quiere evitar que los partidos minoritarios tengan representación cameral o, lo que es igual, que el partido mayoritario ejerza sus atribuciones libremente. Que las posibilidades de disenso, control y argumentación de las minorías queden desplazadas por la nueva condición mayoritaria por el partido o coalición de partidos encabezada por López Obrador.
El tercer aspecto tiene que ver con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Lo importante de este planteamiento radica en que, si bien es cierto que diversos órganos habrán de extinguirse, la función que hoy realizan se ejercería por alguna de las secretarías de Estado dependientes del propio López Obrador. Las de la Comisión Federal de Competencia Económica pasarían a la de Economía; las del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las de la Comisión Reguladora de Energía a la de Energía; y las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación a la de Educación Pública. Lo que la propuesta pretende es la concentración de distintas y diferenciadas actividades de gran importancia en quienes se encuentran subordinados al presidente de la República.
Otras propuestas tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación. Se intenta someter la elección de sus integrantes —ministros, magistrados y jueces— a los procedimientos electorales en los que el partido del presidente espera una amplia representatividad y, por lo mismo, capacidad para influir de manera determinante en la conformación judicial. Propone también crear el “tribunal disciplinario” de la judicatura, a efecto de sancionar a los juzgadores que cometan faltas previstas en la ley o actúen de manera contraria al interés público o a la adecuada administración de justicia —cualquier cosa que esto sea a juicio del órgano electo popularmente—.
Una parte importante de las propuestas federales pretenden ser llevadas al ámbito de las entidades federativas. Los congresos locales, los órganos constitucionales autónomos y la administración pública correspondiente, así como los distintos poderes judiciales, quedarían afectados por los mismos elementos para, previsiblemente, producir resultados semejantes.
Una última cuestión por destacar es la insistencia de asignar la Guardia Nacional al Ejército. Con independencia de los pobres resultados que esta institución ha alcanzado en materia de seguridad pública, la pretensión presidencial terminaría por colocar toda la fuerza civil en manos de una corporación militar opaca, desbordada y con pocos controles administrativos y democráticos. La militarización que López Obrador no inició, pero que sí ha intensificado de manera considerable, está culminando en la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil, lo que a su vez compromete seriamente las posibilidades de una sociedad plural e, inclusive, las condiciones de alternancia del poder, si es que tal institución asume que su lealtad es para un transitorio comandante supremo y no a la Constitución y a las leyes de la República.
Vistas las propuestas en su conjunto, no es difícil pronosticar cuáles serán las prácticas constitucionales y legales que, con base en ellas, podrían generarse. Tampoco es difícil suponer que, en caso de lograrse las reformas, se construiría una argumentación densa para repetirnos una y otra vez que tales prácticas sólo son el resultado de un legítimo proceso democrático y que sus realizadores sólo responden al mandato de la mayoría que quiso adoptar ese destino normativo. Más allá de tan predecibles efectos y lenguajes, la aprobación de las iniciativas de reformas afectaría sustancialmente la estructura constitucional de nuestro país. Veríamos una enorme concentración de poder en el presidente de la República y en los órganos legislativos. También, la disminución de la de por sí débil institucionalidad y de los frenos y los contrapesos a las decisiones del presidente y sus apoyadores. Tendríamos una ciudadanía atrapada en las pensiones y dádivas provenientes de un poder que, crecientemente, sería incapaz de generar las condiciones materiales para revertir la pobreza sobre la cual se asienta la lógica pensionaria.
No he realizado aquí un ejercicio de ficción jurídica. Me he limitado a señalar algunas de las consecuencias que se darán al ser aprobadas las reformas presentadas. Es posible, desde luego, discutir sobre los defectos, omisiones y errores de nuestro marco institucional. Mucho es lo que resulta posible y necesario cambiar. Sin embargo, el reconocimiento de los problemas actuales no puede llevar a suponer que las soluciones pasan por concentrar el poder y evitar los controles a quienes lo ocupan temporalmente. La estructura a la que darían lugar las reformas propuestas tiene la intención de alcanzar la acumulación necesaria para impedir la sustitución pacífica y democrática de sus actuales titulares. Eso es lo que se persigue con las aludidas reformas, por más que se envuelvan en la vieja y conocida retórica de la honestidad o en los llamados a la redención de un pueblo al que, se dice, se representa en exclusiva y, al parecer, también a perpetuidad.
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro. Es miembro de El Colegio Nacional y profesor en El Colegio de México.