¿Nuevo régimen?

En Chantal Mouffe, la gran teórica del populismo, podríamos encontrar una clave para situarnos en el presente. El sentido de la política contemporánea está en la naturaleza de lo político. El pronombre es lo que merece subrayado: lo político. El asunto de nuestra era es la configuración de identidades en conflicto. Vivimos tiempos de combate. Lo vemos en todos lados. El pueblo contra sus enemigos; la nación contra los invasores; la fe contra los infieles; la civilización contra la barbarie. Tras la ilusión del consenso, después de la fantasía de la domesticación técnica de la política ha resurgido en todo el mundo un ánimo belicoso que se vive como definición vital. Lo político nos constituye personal e intensamente. En la política no está el agente que nos cuida, sino la causa que nos hace. Ésa es la materia quemante: quiénes somos y contra quién existimos. El debate sobre las políticas públicas, la controversia sobre el contenido de la legislación, la discusión sobre las consecuencias de la intervención gubernamental palidece frente a la intensidad con la que se libra una batalla existencial. Si vivimos bajo el magnetismo de lo político es porque su antagonismo pretende resolver el sentido mismo de la vida.

Carl Schmitt, el abogado del nazismo, es por ello el filósofo de hoy. Fue él quien postuló que lo político es la confrontación de bloques. El ensayo que escribió en 1932 es el borrador del populismo contemporáneo. Lo político es la guerra de unos contra otros. Amigo-enemigo es el eje que define la historia humana. Mientras la humanidad exista, veremos un relevo de confrontaciones. Sea de derecha o de izquierda, el populista sigue, aún sin haberlo leído, el libreto que Schmitt ofreció al nacionalsocialismo: somos criaturas condenadas al combate, la ley no puede domar al poder, el acuerdo es claudicación. Asumir que estamos llamados a la guerra es reconocer nuestra plena humanidad. La más aguda denuncia del liberalismo se convirtió en el siglo XXI en ariete de denuncia y en instructivo de autócratas. Ambas dimensiones merecen ser reconocidas. El populismo puede ser una denuncia certera de las farsas y las frustraciones liberales. Tarde o temprano es coartada del despotismo que se disfraza de patria.

Andrés Manuel López Obrador fue, desde el primer momento, a la conquista de ese campo. Como opositor, como alcalde, como presidente, ha tenido como propósito la constitución de una identidad popular en guerra contra sus enemigos. En eso fue exitoso. Su gobierno logró reconfigurar las identidades como nadie lo había hecho en la historia contemporánea de México. No sólo fundó un partido político y echó a andar a un movimiento. Logró algo más: reconfigurar el poder y darle cuerpo a una enemistad esencial. Ese éxito en la proclamación de pertenencias es el hecho crucial del sexenio. La apuesta polarizante ha configurado un sólido antagonismo. No se trata meramente de una victoria narrativa, de una conquista del imaginario sino de una concepción que amenaza el fundamento mismo de la democracia liberal porque su pendencia niega espacio al diálogo, porque cancela la convivencia bajo la ley, porque asfixia la pluralidad, porque desmantela las precauciones, porque habilita la idolatría.

La radiografía que Theodor Adorno hizo de la personalidad autoritaria a la mitad del siglo XX es un retrato hablado de López Obrador. El autoritario no adapta sus ideas a la realidad, no cambia de estrategia, aunque el mundo cambie a su alrededor. A las sorpresas reacciona con el único resorte que conoce: la terquedad. Su sistema de creencias es a tal punto hermético que muestra un desinterés total por el efecto de sus actos. Creyéndose infalible, mirándose como ejemplo de moralidad, percibe cualquier discrepancia como una deslealtad imperdonable. Y, al mismo tiempo, puede exculpar los peores abusos si alguien le rinde pleitesía. Para el autoritario no hay más que sumisión o deslealtad. Quien discrepa o, incluso, quien duda, es traidor. 2018 no sólo le entregó la Presidencia a un hombre de este perfil, sino que le entregó un poder que ningún otro hombre había tenido desde fines del siglo pasado. Mayoría en el Congreso y, sobre todo, una oposición molida y extraviada. López Obrador tuvo por ello el camino despejado para rehacer el marco de la política como ningún otro presidente lo ha tenido. No tenía ninguna herencia que cuidar y se proponía explícitamente cambiar el régimen.

Activando de manera constante las descargas de la polarización, convencido de que su legitimidad lo colocaba por encima de las pedestres restricciones legales, López Obrador revivió el viejo presidencialismo. Las grandes decisiones se tomaron sin deliberación y sin apego a la ley. El sello del gobierno fue el capricho y la ilegalidad. Sobre las rodillas se fueron tomando esas decisiones que son, literalmente, de vida o muerte. Si nunca tuvo interés en dialogar con las oposiciones, si no estuvo dispuesto a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, si el veredicto técnico le resultaba despreciable, si no tomó en consideración siquiera a su propio gabinete, su alianza con los militares fue la apuesta estratégica más relevante de su gobierno, una apuesta que deja una carga deplorable a su sucesora.

Pero, como bien ha dicho Ricardo Becerra, el lopezobradorismo fue “un gobierno autoritario dentro de un régimen democrático”. El proceso autocratizante emprendido desde la Presidencia encontró, a pesar de todo, límites. La pretensión de fundar un sistema sin huellas del pasado inmediato enfrentaba a su paso restricciones razonablemente sólidas. Un mosaico de instituciones autónomas, un tribunal decidido a hacer valer la Constitución, un árbitro electoral independiente y vigoroso supieron activar los frenos cuando era necesario. No fueron pocos los reveses que en estos frentes tuvieron la Presidencia y la coalición gobernante. La tenacidad de los contrapesos fue, seguramente, una sorpresa para el constructor del nuevo régimen. Se imaginó que la intimidación doblaría fácilmente todas esas instancias de racionalidad independiente, pero lo cierto es que este cuerpo de instituciones tiró leyes que no se ajustaban a la Constitución, anuló candidaturas que habían roto la ley, confrontó al Ejecutivo y a las mayorías del Congreso en asuntos que, para ellos, eran prioritarios.

La malla institucional del pluralismo resistió… durante un tiempo. Al final del sexenio, resulta difícil decir que esas instituciones se mantienen en pie. ¿Tiene sentido decir todavía que vivimos bajo un gobierno autoritario instalado dentro de un régimen democrático? ¿Podemos confiar que esas resistencias perduren? Todo parece indicar que el proyecto de poder unipersonal terminó imponiéndose.

El sexenio de López Obrador fue un juego de vencidas entre la vocación autoritaria de la Presidencia y la resistencia de una arquitectura pluralista. Era, claramente, una lucha contra el reloj. Durante un tiempo parecía que la democracia constitucional lograba imponerse. Pero seis años son demasiados y las detonaciones sucesivas que iban derribando las columnas esenciales, las continuas ocupaciones de los espacios de neutralidad terminaron teniendo impacto en el corazón del régimen democrático.

Ése ha sido uno de los debates más relevantes de estos años. ¿Estamos viviendo un paréntesis o la inauguración de un nuevo régimen? Renuente a las estridencias del catastrofismo, pensé que el lopezobradorismo terminaría siendo un episodio autocratizante. Un periodo con un saldo político muy negativo: una política más polarizada, un Estado más débil, un Ejército más poderoso, una administración más incompetente. Pero pensaba que, tras la furia destructiva del populismo, quedarían, a pesar de todo, las estructuras esenciales de esa democracia defectuosa e incompleta que se fue construyendo en sucesivas negociaciones y reformas. No es claro que esas estructuras queden en pie.

En octubre de 2021, poco después de las elecciones intermedias, Mariano Sánchez Talanquer y Kenneth F. Greene se preguntaban en un trabajo publicado por el Journal of Democracy si México estaba cayendo en la trampa del autoritarismo. Reconocían una cadena de señales inquietantes. El poder se concentraba en una Presidencia que no prestaba atención a los preceptos legales, los militares asumían enormes poderes, las instituciones autónomas iban cayendo como piezas de dominó. Pero los autores no veían señales que implicaran una franca reversión autoritaria. A pesar de la vocación autoritaria de la Presidencia, el régimen democrático aguantaba. Las elecciones de medio término mostraban que las oposiciones no habían muerto. El ancla del moderado optimismo de los autores era, curiosamente, la debilidad del Estado. Esa debilidad era, a su juicio, lo que impedía que la ambición hegemónica de López Obrador se consumara.¹

Poco tiempo después, José Antonio Aguilar analizó en un sólido trabajo académico las dinámicas de la autocratización en México, ofreciendo un panorama más preocupante del que trasluce en el texto de Sánchez Talanquer y Greene. Lo que hemos vivido no es una simple erosión del régimen democrático. Estaba en marcha una transición en sentido contrario: un proceso de autocratización cuyo propósito es desmontar eso que el oficialismo llama “el régimen de la transición”. Si la democracia sobrevive todavía, dice Aguilar Rivera en marzo de 2022, es porque pueden aún celebrarse elecciones libres. Sospechaba que no será así por mucho tiempo. Su advertencia era clara: el fundamento liberal de la democracia mexicana cuelga de alfileres.²

Leer a fines del sexenio estos textos escritos hace apenas un par de años es percatarnos de la aceleración del deterioro político. El proyecto hegemónico se ha apresurado para terminar de deshacerse de sus estorbos. Causa nostalgia percatarse de la incertidumbre que ronda en ambas reflexiones. Las dos observaciones contemplaban un juego reñido entre una Presidencia autocratizante y las resistencias constitucionales. Un juego que, hasta ese momento, no tiene desenlace obvio. Uno confía en la prevalencia de la democracia, el otro sospecha su quiebra, pero ambos registran que el riesgo es serio, que la moneda gira en el aire y que se mantienen en pie baluartes esenciales.

Fue precisamente a la mitad del gobierno, tras la elección del 2021, cuando se aceleró la determinación autoritaria. Los electores ampliaron la base territorial de Morena, pero le negaron la mayoría calificada necesaria para impulsar reformas constitucionales. Ciudad de México, viejo bastión de la izquierda, se partía en dos. Poco tiempo después, el régimen perdió al delegado presidencial que encabezaba la Suprema Corte. El árbitro electoral no se dejó amedrentar y aplicó correctivos severos a la coalición oficialista. A partir de esos giros que se consideraron amenazantes, la apuesta autocrática se dobló. Ya no se trataba de intimidar a la Corte a través de las conferencias de prensa, de cuestionar sus fallos o de insultar a los ministros como cómplices de la delincuencia. Ya no bastaba amenazar con juicio político a los consejeros electorales y llamarlos agentes de la oligarquía. Ahora se proponía formalmente convertir a la Corte y al árbitro electoral en diputaciones, en pequeñas asambleas representativas en sintonía con la momentánea voluntad de la mayoría.

Pero no me interesa en este espacio analizar la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero para consolidar constitucionalmente un régimen autoritario. Me interesa hablar de los avances actuales de ese régimen.

El bosque de los contrapesos ha sido talado. Frente a la Presidencia, el cascarón de algunas instituciones, varios órganos mutilados o decididos a callar, tribunales nulificados. El escenario de 2024 es radicalmente distinto al de 2018 e, incluso, al de 2021. Pensemos en el Instituto Nacional Electoral, orgullo y emblema de la transición. La renovación parcial del instituto en 2023 no significó una ocupación abierta del régimen. Los nombramientos mantuvieron el equilibrio que, a pesar de todo, ha caracterizado a su órgano directivo. Sin embargo, el nuevo consejo, tratando de contrastar con el anterior, se ha empeñado en mostrarse menos confrontativo con el gobierno. El efecto de esa política de apaciguamiento ha sido la anulación política del instituto por voluntad propia. El INE se ha convertido en espectador de un juego en el que los jugadores violan abierta y descaradamente las reglas. Así fue desde el primer instante del proceso electoral. El presidente decidió dar por inaugurada la temporada electoral, aunque el calendario legal lo prohibiera. Ante la provocación, el árbitro resolvió cerrar los ojos a la trampa y pedirles a los transgresores que se esforzaran por simular que no estaban haciendo lo que estaban haciendo. Bastaba con decir que las precampañas no eran precampañas y que los precandidatos no eran precandidatos. El juez suplicaba a las partes que lo engañaran con toda diligencia. No era necesaria la captura del INE para anular su autoridad. En la elección de 2024 hemos visto a una autoridad torpe y temerosa que no es capaz siquiera de procesar sus nombramientos más importantes.

La Suprema Corte de Justicia vive, tal vez, sus últimos días como tribunal constitucional. Al margen de la propuesta presidencial de clausurarla para convertirla en asamblea que reitere la voluntad de la mayoría, es importante registrar el daño que ya se le ha hecho a la bóveda del sistema constitucional. Los nombramientos recientes en la Corte han tenido un carácter abiertamente partidista. Más que juristas ideológicamente afines a la Presidencia, militantes que actúan como enviados de un poder en otro. Se ha conformado ya una bancada oficialista en la Corte que vota de manera sistemática para respaldar al gobierno. Hoy sería necesario apenas un voto más para impedir que ese juzgado sea capaz de declarar una ley como inconstitucional. Estamos a punto de perder esa tabla de equilibrio constitucional que permite revisar la actuación del Congreso y de la Presidencia para cerciorarse que respetan los principios del acuerdo fundamental.

Los cambios de los que hablamos no son expresiones del estilo populista. No son proyecciones retóricas del antagonismo. Se trata de modificaciones sustanciales al régimen político que perdurarán tras la sucesión de octubre. La opción preferencial por los militares trastoca las reglas esenciales de un régimen democrático. El régimen es otro cuando los uniformados son los aliados fundamentales de un gobierno, cuando se les ha convertido en los contratistas privilegiados y cuando se ha aceptado su intervención en asuntos estrictamente políticos. La antipatía que un hombre siente por el régimen constitucional, el rencor que le guarda a ciertas instituciones deja de ser anécdota cuando se traduce en la anulación efectiva de las instancias de neutralidad. No hay democracia constitucional si el tribunal que ha de defender la supremacía del Acuerdo renuncia a su responsabilidad de vigilar la actuación de las mayorías. No hay garantía para una elección democrática cuando el árbitro y el organizador de las votaciones renuncia a ser autoridad y decide convertirse en espectador. Todo esto nos permite afirmar que estamos ante un nuevo régimen. Un régimen incipiente tal vez, un régimen que no ha logrado su consolidación definitiva, pero que va en camino de la solidificación hegemónica. El resultado de la elección de junio tendrá, por supuesto, un impacto definitivo en ese proceso de consolidación autoritaria.

Pero el nuevo régimen no sólo es producto del éxito de un proyecto autocratizante decidido a fundar una democracia de fe mayoritaria, también es efecto de su fracaso monumental. Si queremos acercarnos a la fisonomía del nuevo régimen que se asienta entre nosotros, tenemos que hacernos cargo de los espacios que el crimen le ha arrancado a la competencia democrática. Hemos sido testigos de un gigantesco deslave. Zonas que han sido secuestradas por el crimen, territorios que votan con plomo. El crimen selecciona, promueve, financia, intimida, extorsiona y, finalmente, extermina. Todos los retos institucionales de la democracia palidecen frente a esta catástrofe de la civilidad. Las elecciones del 21 y las campañas del 24 pintan un nuevo mapa de México. El mapa de la escuela dibuja municipios y estados. La cartografía electoral traza secciones, distritos y circunscripciones. Pero, por encima de esas siluetas perfectamente bien dibujadas, se imponen fronteras difusas, pero de hondas repercusiones. Hablo de los linderos del espacio cívico y el espacio bárbaro.

El espacio cívico del que hablo no es el edén de la ciudadanía virtuosa. No es un idilio de la deliberación y de la participación libre, informada y dialogante. Pero es un lugar donde puede pedirse el voto con tranquilidad, un sitio donde hay libertad para buscar la representación, donde la gente puede examinar las alternativas y puede inclinarse por alguna de ellas sin temor a represalias. Es un territorio libre del miedo. El temor, decía Montesquieu, es la atmósfera del despotismo. Hay regiones en el país que carecen del aire esencial de una contienda democrática: la tranquilidad. Cuando los actores políticos, los partidos, los ciudadanos tienen miedo, viven una sujeción a tal punto despótica que trunca cualquier despunte de ciudadanía. En los casos más extremos, constituye una dominación totalitaria. El crimen no es, en muchos lugares, un ataque repentino sino un imperio constante que lo controla todo, que lo vigila todo. Marcela Turati escribió una novela de terror y sin ficción que describe ese infierno de comunidades enteras apresadas por delincuentes desalmados. Criminales secuestrando pueblos enteros y sometiéndolos a la violencia más atroz. Bajo una vigilancia permanente, viviendo entre halcones y delatores, la comunidad, como en la selva hobbesiana, no puede confiar en nadie. Ésa es la insufrible condición de los secuestrados: miedo constante a una muerte cruel, desamparo absoluto, imposibilidad de comunicarse con el otro. Totalitarismo del crimen.

El espacio bárbaro es el territorio que la violencia ha secuestrado a la democracia. Cuando hay que pagar una cuota a los extorsionadores para evitar la quema de la tortillería no hay condiciones para la competencia ni para la emisión libre del voto. Una casilla no puede pagar piso. La contienda del 2024 está siendo ya la elección más sangrienta de la historia contemporánea de México. Decenas de candidatos asesinados. Aspirantes, dirigentes de partido, familiares de actores políticos que han sido eliminados en los últimos años. Territorios donde sólo cuenta el voto de las balas. Los datos lo muestran con toda claridad: más de una veintena de candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partido, aspirantes a candidaturas, familiares de políticos ejecutados desde finales del año pasado. La muerte es la muestra visible de la violencia. Pero debajo de ella, la violencia también se impone, silenciosamente. ¿Cuántos candidatos evitaron la muerte entregándose al bolsillo de los criminales? ¿Cuántos aspirantes declinaron su pretensión de representar a su comunidad por miedo a las represalias? Lo que sabemos es que, quien hace política en ciertos lugares del país, pone en riesgo su vida. Y empieza a propagarse un fenómeno que muestra la extrema gravedad del desafío. En un número creciente de municipios habrá sólo una candidatura registrada oficialmente. Tras el respaldo de los amos, no hay quien levante la cabeza. Las balas han impuesto el monopartidismo.

La autocracia contemporánea, por supuesto, se presenta no sólo como democracia, sino como la verdadera democracia, la más profunda y la más auténtica. Valdría la pena comparar, a la manera de Luis Cabrera, la brújula de la democracia de entonces y la de ahora. La democracia de entonces estuvo lejos de ser ejemplar, sus defectos eran profundos, pero vista ya con alguna distancia, tenía ante todo un norte liberal y pluralista. La de ahora es abiertamente antiliberal, anticonstitucionalista, antipluralista. Una democracia hecha de fe en la legitimidad histórica de un proyecto y orgullosamente desprendida de la prudencia de las limitaciones.

La democracia de entonces fue construyendo sus reglas a partir de intensas negociaciones. Sus normas y sus institutos no fueron los regalos del PRI. No fueron tampoco imposiciones de los opositores. Expresaban la disposición de fuerzas gubernamentales y líderes de la oposición para encontrar un punto de coincidencia que valiera para unos y otros. Los negociadores se colocaban sobre ese “velo de la ignorancia,” que los llevaba a imaginar el interés del otro y que motivaba a todos a darse garantías. Los opositores buscaban condiciones de equidad para competir, los representantes del gobierno querían conservar cuerdas de gobernabilidad. Ambos, gobierno y opositores, asumían que en la incertidumbre de las elecciones podían ganar o perder. Por ello las reglas debían ser defendibles racionalmente desde una posición o la otra. La democracia de ahora no admite la plena legitimidad de sus interlocutores. Bajo la lógica de la enemistad, el otro representa la traición, no una vertiente distinta del interés común. Por eso no busca dialogar con la oposición para modificar la cancha en la que se juega. La democracia de ahora supone que la mayoría de hoy será la mayoría de mañana y pretende rehacer la institucionalidad para ventaja de los ganadores.

La democracia de entonces sentía una clara aversión a la concentración del poder y, en específico, al presidencialismo. En el hiperpresidencialismo veía el origen de la corrupción y de la arbitrariedad. El presidencialismo era visto como sinónimo de autoritarismo. Por ello la agenda de aquella democracia era esencialmente antipresidencialista: fortalecimiento del Congreso y del Poder Judicial; multiplicación de órganos autónomos; estructuras de control y de vigilancia sobre el Ejecutivo. Algunos creían que el énfasis en los controles había llegado demasiado lejos y se había formado una vetocracia. La democracia de ahora es hiperpresidencialista. El presidente: jefe de Estado, de gobierno, de partido y de movimiento. La Presidencia como legisladora exclusiva y periodista en jefe, faro de la moral, historiador supremo, árbitro en todas las controversias. La democracia de ahora ve en el poder presidencial la encarnación de la voluntad popular y por ello pretende encumbrarlo como la directriz a la que todos deben subordinarse. Por eso la bancada presidencial entiende que su deber es aprobar las iniciativas que le vienen de arriba sin cambiarles ni una coma. Si antes el Congreso parecía una congeladora, ahora es una cocina al vapor.

La democracia de entonces se esmeró en separar la órbita del partido y la del gobierno. Su apuesta por la formación de cápsulas técnicas para reducir la arbitrariedad y el cortoplacismo expresaba esa desconfianza por la politización de la administración pública. Las implicaciones tecnocráticas eran obvias: un grupo de expertos que, en principio, no tenían vínculo a partido alguno contarían con garantías para resistir las presiones del mercado y las elecciones y sería, precisamente por esas distancias, confiable. La democracia de ahora ha borrado toda separación entre gobierno y partido. Los funcionarios gubernamentales actúan como voceros de un movimiento político; los comunicados oficiales del gobierno que parecen arenga de campaña.

Pronto se despejará la incógnita de quién será la presidenta de México. Todo apunta hacia la continuidad, pero la pregunta más importante es qué será de la Presidencia y, sobre todo, en qué régimen operará. Hay signos de que los cambios de este gobierno han logrado modificar la naturaleza del régimen. Lo registran las tablas internacionales. El índice de democracia que levanta The Economist, por ejemplo, muestra un deterioro que significa un descenso de categoría. Analizando la salud del pluralismo y el régimen electoral, el funcionamiento de la administración, las libertades y la cultura política, el estudio advierte el impacto del gobierno de López Obrador no sólo en la “calidad” de la democracia, sino en su existencia. En 2020, México era considerado una democracia defectuosa. Tenía problemas considerables, pero era, a fin de cuentas, democracia. A la mitad de la administración éramos ya un “régimen híbrido”. No una democracia sólida, ni una democracia defectuosa: un híbrido con características democráticas y autoritarias.

Este índice, como otros, capta la naturaleza del cambio político de estos seis años: no alteraciones en los márgenes de la política sino cambios en su estructura vertebral. El doble legado político del lopezobradorismo es la formación de una autocracia popular y el despotismo del crimen. Decía Fernando Escalante, al final de su ensayo “Ayer y hoy”, que había pocas claves para anticipar cómo se gestionarían las tensiones del futuro. Se percibía el debilitamiento de la autoridad, una creciente dependencia de Estados Unidos y el predominio de un Ejército enriquecido, corrupto y fragmentado. La sensación era que había que “volver a empezar”. Coincido en lo esencial con su percepción. En el ámbito democrático los retos son, en buena medida, retransicionales.

Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es La casa de la contradicción.

¹ Sánchez-Talanquer, M., y Greene, K. F. “Is Mexico Falling into the Authoritarian Trap?”, Journal of Democracy, octubre de 2021.

² Aguilar Rivera, J. A. “Dinámicas de la autocratización: México: 2021”, Revista de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022.