El 4 de enero de 2019, Abril Pérez denunció a su expareja, Juan Carlos García, por intentar matarla. Casi nueve meses después, la fiscalía de Ciudad de México lo acusó por tentativa de feminicidio, pero un juez determinó vincularlo al proceso por violencia familiar y enviarlo a prisión preventiva de manera oficiosa. Él, por supuesto, impugnó la decisión y el 8 de noviembre salió de la cárcel para seguir el proceso en libertad. El 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer—, Abril fue asesinada en Ciudad de México por dos hombres que asediaron su carro, le dispararon y huyeron. Su familia denunció el delito como producto de un atentado directo. La insinuación era clara: iban por ella, por mandato de él.

El caso de Abril, con justa razón, indignó y provocó una importante discusión pública sobre la manera en la que el sistema de justicia les falla a las mujeres. Su historia muestra cómo tenemos un sistema que parece ser incapaz de nombrar, ya olvidemos prevenir, la violencia que viven. Algo que casi no se discutió, sin embargo, es el hecho de que fue asesinada con un arma de fuego. ¿Por qué esto es relevante? Porque en México seis de cada diez mujeres asesinadas lo son con un arma de fuego, como Abril. En este sentido, su caso es muestra de un patrón que no puede ignorarse más: el de la violencia armada y el impacto que tiene no sólo en la vida de los hombres, sino en la de las mujeres también.

Ilustración: Kathia Recio

 

Por décadas las feministas han insistido en que si queremos reducir la violencia, incluida la violencia contra las mujeres, tenemos que considerar, entre otros elementos, el papel que juega el género en su perpetuación. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿de qué manera ser hombres o ser mujeres afecta las violencias que vivimos y ejercemos? Si tratamos de responder esta pregunta veremos que, en los hechos, sí existen diferencias de género significativas sobre quién ejerce la violencia y quién la recibe. En el caso de los asesinatos es claro.

Por ejemplo: en proporción y en comparación con los hombres, es mucho más común que las mujeres sean asesinadas en casa, por su pareja y en contextos de violencia familiar.1 También es mucho más común que sean asesinadas por asfixia o con un arma blanca. Mucha de la discusión pública reciente se ha enfocado en estos patrones y, sin duda, son clave. Pero no es lo único que tenemos que mirar si queremos garantizar el derecho de las mujeres a vivir. El contexto en el país cambió y, con ello, los asesinatos de las mujeres también.

La primera transformación se da en el lugar donde han sido asesinadas las mujeres. Históricamente, la mayoría eran privadas de la vida en su vivienda. Pero, a partir de 2009, los homicidios en la vía pública los sobrepasaron. Y desde entonces, siempre son la mayoría. Para dimensionar la diferencia: en 2018, el 25.8 % fue asesinado en casa, mientras que el 46.3 % lo fue en la vía pública. Como Abril.

El segundo cambio crucial se observa en los modos de los homicidios. En el 2000, tres de los diez asesinatos de mujeres fueron con un arma de fuego. Para 2018, como dije antes, fueron seis de diez. Hay estados, por ejemplo Guanajuato, en los que fueron ocho de diez. De hecho: son sólo tres las entidades federativas —Aguascalientes, Yucatán y Coahuila— en las que los asesinatos con arma de fuego no representan el modo más común de homicidio. Y si bien otras formas de asesinato han aumentado —como la asfixia y las armas blancas—, ninguna lo ha hecho como las armas de fuego. La explosión de la violencia que hemos visto es en su mayoría armada.

Más aún: hubo un aumento tanto en casa, como en la calle. Entre 2007 y 2018, los homicidios con arma de fuego en la vivienda aumentaron 200 %. Para 2018, de las mujeres que asesinaron en casa, ya el 45 % fue privada de la vida así. En este mismo periodo, los homicidios con arma de fuego en la vía pública —como los de Abril— aumentaron 500 %. ¡Quinientos por ciento! Para contrastar: en el caso de los hombres, estos homicidios aumentaron 347 %. Si la perspectiva de género nos obliga a ver los impactos desproporcionados de las violencias sobre hombres y mujeres, aquí hay un tremendo foco rojo.

 

En semanas recientes, dos ideas se han repetido con frecuencia. Por un lado, el hecho de que asesinan 10 mujeres en promedio cada día. Y, por otro, que esta violencia es distinta a la generalizada que azota al país. Me parece que esto es un error. Para empezar, no pueden entenderse esas diez sin tomar en consideración el contexto. Tampoco se puede entender al machismo sin la realidad en la que opera. Los mismos datos nos lo dicen.

Sabemos, por ejemplo, que el machismo es una constante en el país, pero, a pesar de eso, por decir una obviedad, no matan a la misma proporción de mujeres en todos los estados ni en todos los años. Mientras que, en 2018, Yucatán —la entidad menos peligrosa ese año— tuvo una tasa de asesinatos de 0.8 mujeres por cada 100 000, en Colima —la más peligrosa— la tasa ascendió a 20.9. El lugar importa.

Y como se mostró en el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, si se analizan los asesinatos de mujeres en los últimos años, (a partir de 2007) y se comparan con los de los hombres, los primeros se parecen cada vez más a los segundos. En muchos sentidos, a veces hasta fungen como espejos: donde suben los de los hombres, suben los de las mujeres. Donde bajan los primeros, bajan los segundos. El contexto importa. Si en una comunidad hay una fuerte presencia del crimen organizado o no, importa. Si un lugar fue militarizado o no, también.

Eso no anula el machismo. Nos recuerda que tenemos que ver cómo se entrelaza con otros factores. Nos obliga a atender —y entender— cómo el país cambió. Y, si seguimos la pista de las armas de fuego, justo lo que comenzaremos a ver es el impacto que ha tenido la llamada “Guerra contra las drogas” en la vida de las mujeres y la variedad de procesos complejos que ha desatado.

Según lo que documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el informe El tráfico legal e ilegal de armas a México, el problema de la violencia armada no puede entenderse sin considerar la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón. Una estrategia que se apoya en el despliegue militar, lo que también incluye un aumento inusitado en la importación y producción de armas. Y, a la par de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado su propio poder de destrucción, todo indica que los grupos del crimen organizado también. Por si eso no fuera, de por sí, terrorífico, la misma Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que, cada año, en promedio, 270 000 hogares han adquirido un arma de fuego como medida de protección frente a “la delincuencia”. Para 2017, la organización Small Arms Survey estimó que en México en manos de civiles ya había alrededor de 16.8 millones de armas.2

 

¿Por qué es, por decir lo menos, preocupante el descontrol de armas que tenemos en el país? Hay una razón sencilla: por la letalidad de las armas. Sí: cuando alguien te quiere matar, va a encontrar la forma de hacerlo. Las armas de fuego simplemente lo hacen más fácil. Permiten que la violencia escale sin mayor esfuerzo. Por eso, en países como Estados Unidos, las feministas han insistido en un dato crucial: en los hogares en los que hay armas, es más probable que ocurra un homicidio,3 y el riesgo es incluso mayor para las mujeres que para los hombres.

Y sí: dentro y fuera de casa, un macho es un peligro. Pero un macho con un arma de fuego, lo es aún más. Lo que importa es combatir ambos: el machismo y el acceso a las armas de fuego si queremos garantizar la vida de las mujeres.

Este reto, lo sabemos bien, no es menor.4 Tiene implicaciones para todos los poderes y órdenes de gobierno. Lo que ya no podemos obviar es que atender este problema no es sólo un asunto de seguridad. Es también un asunto feminista.

 

Estefanía Vela Barba
Directora ejecutiva de Intersecta, Organización para la Igualdad, A. C.


1 Todos los datos han sido extraídos (y actualizados con datos al 2018) del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, publicado en el 2019 por la organización Data Cívica junto con el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.

2 Karp, Aaron. Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers, Small Arms Survey, junio de 2018.

3 Anglemeyer, A.; Horvath, T., y George Rutherford, G. “The Accesibility of Firearms and Risk For Suicide and Homicide Victimization Among Household Members: A Systematic Review and Meta-analysis”, Annals of Internal Medicine, vol. 160, 2014.

4 Arriaga, Paulina; Roldán, Maura Luz de Jesús, y Ruiz, Vania Ariadna. Mujeres víctimas de violencia armada y presencia de armas de fuego en México, CASEDE-Desarma México-Indesol, 2015.

 

Un comentario en “Seis de las diez

  1. Ya en necesario realizar una reforma en nuestra leyes para la adquisición de armas de fuego, que no se base en el llenado de formatos y pago de derechos, incluyendo una valoración psicológica del solicitante y regular de manera mas eficaz las ventas entre particulares.