Para cumplir con el mandato de erradicar la violencia hacia las mujeres, que incluye pero no se limita a la violencia feminicida, necesitamos entender mejor estos fenómenos. Desde hace 30 años, luego de la ola de asesinatos violentos a mujeres en Ciudad Juárez a inicios de la década de los noventa, existe la definición de la violencia feminicida. Desde entonces hemos escuchado reiteradamente que a las mujeres “las matan por el simple hecho de ser mujeres”. Pero ¿qué significa exactamente esto? ¿Cómo sabemos cuando una mujer fue asesinada “por el simple hecho de ser mujer”? ¿Qué información nos permite saber si efectivamente un asesinato es un feminicidio?
Empecemos por decir que con los datos disponibles a la fecha no podemos saber siquiera cuántos feminicidios hay en México. De este tamaño es el problema. Para contextualizar: existen dos bases de datos para aproximarnos a esta información. La primera son los Registros Administrativos de Mortalidad que genera la Secretaría de Salud y que sistematiza el Inegi en aproximadamente 18 meses. La segunda es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se publica mes con mes. Esta última se alimenta de carpetas de investigación abiertas por fiscalías y procuradurías estatales, lo que significa que, ya que existen 33 códigos penales en el país que codifican de forma diferente el delito de feminicidio, no podemos comparar del todo entre entidades y tiempo (este delito se tipificó apenas en 2015).
Ahora bien, para responder las preguntas iniciales necesitamos conocer al menos: 1) datos sobre las víctimas, 2) datos sobre perpetradores, 3) datos sobre los hechos, 4) qué pasa antes de un asesinato y 5) políticas de transparencia y rendición de cuentas.
Ilustración: Kathia Recio
Lo primero que hay que decir es que hemos fallado en interseccionalidad. Según lo que dicta el Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe, los datos sobre homicidio que se recaben, además de incluir variables de identificación única, así como sexo de la víctima y otras características, deberán contemplar “características adicionales relativas a grupos de riesgo”, tales como raza, origen étnico, orientación sexual, discapacidad y una serie de características que permitan identificar riesgos adicionales al género y el sexo, y entender cómo la violencia afecta de formas desproporcionales dependiendo de características específicas.
En México no sabemos mucho sobre cómo mueren las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y poco también sobre mujeres migrantes. En algunos casos los Registros de Mortalidad del Inegi sí incluyen algunas de estas características, pero pocas veces se registran. Por ejemplo, el porcentaje de casos en los que se desconoce si una víctima hablaba o no una lengua indígena es entre 37.5 % (el más bajo, en 2016) y 57 % (el más alto en 2012).
Hay criterios como el color de piel, la orientación sexual, la identidad de género, el nivel socioeconómico y la discapacidad de las personas que se ignoran. Esta falta de información genera, por un lado, que no seamos capaces de saber en qué medida estas características afectan desproporcionalmente a ciertas mujeres. Más aún, ocasiona una doble vulneración, ya que al no tener datos sobre cómo afecta la violencia homicida no es posible generar políticas que estén destinadas a atender estas vulnerabilidades mediante políticas públicas efectivas.
Es urgente incorporar la discapacidad como otro de los criterios por recabar desde los datos. Con la información de los Registros de Mortalidad sabemos, por ejemplo, que hay una violencia homicida que afecta de forma importante a las adultas mayores (la mayoría de ésta les afecta desproporcionalmente en la vivienda). Sería fundamental ser capaces de entender cómo es que la discapacidad y la edad se intersectan para generar mayores riesgos en las mujeres adultas de sufrir esta violencia.
Los Registros de Mortalidad del Inegi son los que tienen menos carencias informativas entre las bases de datos disponibles, mientras que el SESNSP apenas empezó a incluir datos sobre víctimas en el 2018 (yendo hacia atrás hasta el 2015) pero solamente incluye sexo de la víctima, ninguna otra de las características antes mencionadas.
Además de reforzar la importancia de registrar esta variable, necesitamos comenzar a registrar el número de perpetradores que presuntamente cometieron el homicidio, así como su sexo, edad y el parentesco con la víctima. Desde el 2012, los Registros de Mortalidad incluyen datos sobre si hubo o no un parentesco entre la víctima y el presunto perpetrador. Sin embargo, este dato se llena únicamente el 1.7 % de las veces. No sabemos tampoco mucho sobre si la víctima estuvo en situación de violencia familiar, ya que sólo se especifica para el 1.4 % de los homicidios reportados por el INEGI desde 2015.1
Por otro lado, en la mayoría de los casos no conocemos qué sucede antes de un asesinato. Solemos conocer únicamente la causa de muerte y esto no siempre incluye información sobre agresiones no letales previas a la defunción, en especial si hay rastro de violencia sexual o agresiones físicas no letales. Esto permitiría acercarnos realmente a conocer más sobre la violencia feminicida y sus características (y cómo prevenirlas).
Otra cosa que debemos tener en cuenta es la violencia armada. Con los datos de mortalidad publicados por el Inegi sabemos que las armas de fuego son la principal forma de asesinar a una mujer dentro y fuera de la vivienda. Sabemos también, a partir de datos de la Envipe que las personas se están armando cada vez más.2 Sin embargo, la información disponible no nos permite saber de dónde provienen ni qué tipo de armas son las que se utilizan en la comisión de un asesinato, el único indicador son las armas incautadas por autoridades, pero es insuficiente. Tenemos que hacer un esfuerzo por conocer el origen de estas armas de fuego.
Por último, es importante mencionar que la mayoría de los tribunales del país no publican sus sentencias, aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los tribunales están obligados a hacerlo en el caso de sentencias “de interés público”. La falta de transparencia en este rubro, como lo ha documentado la organización Equis Justicia para las Mujeres, significa que somos incapaces de “fiscalizar que el poder judicial esté haciendo realmente su trabajo y garantizando el acceso a la justicia a toda la ciudadanía”.3
Debemos exigir que los datos más precisos sean publicados de manera más oportuna y así mejorar las posibilidades de que sean los insumos principales en el análisis y en la toma de decisiones. La información debe ser pública, accesible en su descarga y uso. Para esto es fundamental que se publique en formato de datos abiertos y no como se hace a menudo en formatos de bases de datos que requieren de una alta experiencia técnica para usarse.
Si los datos no son oportunos y confiables o si no son exhaustivos sobre la información que incluyen, difícilmente podemos tener una política pública evaluable, basada en evidencia. Es necesario contar con información que permita evaluar la efectividad de la inversión institucional en la disminución de violencia hacia las mujeres. Llevamos cerca de treinta años de inversión en instituciones destinadas a este propósito y hemos sido incapaces de incorporar en el diseño de las políticas públicas evaluaciones para identificar cómo es que éstas están —o no— funcionando.
Los casos de feminicidios estos últimos meses han generado movilización, indignación y una exigencia de justicia para las víctimas y sus familiares que no va a cesar. Necesitamos tener más elementos para entender cómo funcionan estas violencias y construir políticas que sean evaluadas para que realmente no haya “ni una más”.
Mónica Meltis Véjar
Directora ejecutiva de Data Cívica.
1 Data Cívica, Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México”, 2019. https://bit.ly/2xukJqh.
2 Gabutti, Marianna, y Nolasco, Mariana. “La relación armas-homicidios en México”, Animal Político, 20 de septiembre de 2017; Jaime, Edna. “Más armas, más violencia”, El Financiero, 19 de enero de 2018.
3 Equis Justicia para las Mujeres. “(In)justicia abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, mayo de 2019. https://bit.ly/2WNHIaj.
