A dos días de haber tomado protesta como presidente de la República, López Obrador comenzó un ejercicio inédito en la historia contemporánea de la comunicación política: ofrecer él mismo, de lunes a viernes, una conferencia de prensa. Rutina que, después de un año de gobierno, ha cumplido prácticamente sin excepciones: más de trescientas conferencias, con una duración promedio de poco menos de cien minutos.1

El balance de este experimento es variopinto. Para algunos se trata de un original mecanismo de rendición de cuentas; otros ven una homilía que machaca las cantaletas del discurso gubernamental. Hay quienes consideran, más bien, que se trata de un espectáculo bufonesco para distraer la atención de los problemas centrales del país y así controlar los ciclos mediáticos y, por supuesto, no falta quien considera que estas conferencias son una trinchera para atacar alevosamente a quien ose criticar su gobierno. Lo cierto es que cada una de estas estampas no son excluyentes. Estas conferencias han sido escenario de filosas esgrimas periodísticas, que han permitido escudriñar algunas de las principales fallas del gobierno de López Obrador, pero también han sido teatro de pintorescas ocurrencias y socarrones dichos populares. Ahí reside, en el carácter multifacético, su éxito como instrumento de comunicación gubernamental.

Ilustración: Víctor Solís

Vale poner especial atención en el uso de estas conferencias matutinas para responder a las críticas que esgrimen diferentes actores en contra del presidente y de su gobierno. Al respecto, López Obrador ha señalado en múltiples ocasiones que, al responder de manera directa a un periódico, columnista, a cierta organización de la sociedad civil, organismo internacional, así como titulares de otros poderes estatales, está ejerciendo su libertad de expresión. Se trata, insiste, de un legítimo uso de su derecho de réplica ante tales señalamientos. Sobra mencionar que el jefe de un gobierno debe tener oportunidad para dar respuesta a las críticas que sus decisiones provocan en la oposición política y en diversos sectores de la sociedad civil. Esto es justo lo que implica, entre otros aspectos, una discusión pública democrática. Sin embargo, la idea de que el gobierno —o una persona en representación de éste— tenga un derecho es profundamente problemática con la lógica constitucional. Los gobernantes cuentan con poderes, mas no con derechos; éstos corresponden a los gobernados.

La relación del gobierno, en este sentido, con la expresión de una sociedad democrática tiene dos facetas clave. Por un lado, el gobierno puede actuar como regulador de múltiples temas que giran en torno a la expresión. Aquí, por supuesto, el límite medular de la actuación gubernamental es precisamente la libertad de expresión de los gobernados. Pero también el gobierno puede fungir como un comunicador de sus políticas públicas; es decir, cuenta con un poder para explicar y defender sus decisiones. Lo cual abarca, sin duda, responder a sus críticos. Lo cierto, no obstante, es que el rol del gobierno como comunicador es único entre los otros participantes del debate público. Basta considerar, por ejemplo, su poder coercitivo en diversos recursos sustanciales, la información privilegiada de agencias de inteligencia y seguridad nacional con que cuenta y, por supuesto, la resonancia de su mensaje acorde a los diferentes roles que tiene en la vida pública de un país: jefe de las fuerzas armadas, educador, empleador de miles de trabajadores, lector de la historia patria, contratista de un sinfín de bienes y servicios, vocero en la arena internacional. La expresión del presidente de un país, en este sentido, tiene tal poder, variedad y ubicuidad que puede resultar en el aceite indicado para agilizar el funcionamiento de la maquinaria democrática, pero también puede ocasionar grandes daños a la esfera pública de una sociedad. Es decir, el discurso tiene un poder especial en manos del gobierno y, por lo tanto, plantea riesgos especiales para una sociedad libre.

La preocupación de la academia constitucionalista por el poder del discurso de un gobierno se centra básicamente en tres excesos. En primer lugar, que la posición privilegiada como comunicador de un gobernante se convierta en un púlpito de hostigamiento en contra de aquellas instituciones o personas que se han erigido en voces disidentes respecto al desempeño del gobierno. El riesgo, como ya se apuntó, no reside en que el gobierno mantenga un acalorado debate con sus críticos. La preocupación estriba en que el gobierno abandone la discusión en torno a datos y argumentos, para llevarla a un escenario sumamente delicado: descalificar y atacar a sus críticos. Otro peligro es que el gobierno arremeta, a través de su poder discursivo, en contra de los medios de comunicación y los dibuje como un enemigo de su administración e, inclusive, de la democracia. Los medios ciertamente no son neutrales, su rutina informativa es fruto de un cúmulo de intereses económicos, políticos y periodísticos. Pero que el gobierno amedrente a la prensa, o a cierto sector de ésta, puede tener un enorme costo: inhibir la libre expresión de ideas y opiniones en contra del gobierno. Sobre todo porque en principio un gobierno cuenta con información y poder de tribuna más que suficiente para contrarrestar críticas infundadas o datos falsos por parte de los medios. Por último, tenemos otro posible exceso del discurso de un gobernante son sus mentiras. Es cierto, los gobiernos hilvanan narrativas que si bien ayudan a darles coherencia a sus decisiones, normalmente son falsas. La historieta del pacto por México de Peña Nieto es tan fantasiosa como la de la cuarta transformación de López Obrador. Pero son quimeras que no afectan derechos, dilapidan recursos ni ponen en riesgo la vida de personas. Estas últimas son las mentiras de un gobierno que sí preocupan. Un gobernante que acusa de corrupción falsamente a una persona o que mediante mentiras construye una justificación para continuar un proyecto de infraestructura inviable o un conflicto bélico sin futuro. Aquí no sólo estamos ante un gobierno con un discurso basado en mentiras, sino que con éste afecta derechos y valores constitucionales.2

En breve: los riesgos que encierra el peculiar poder discursivo que tiene un gobernante consiste en la afectación de derechos, el efecto inhibitorio en las voces críticas en contra de sus decisiones y el desgaste de las condiciones mínimas para la viabilidad del juego democrático.

Ahora bien, si en la lógica de un Estado constitucional todo poder debe estar atado a un límite para evitar sus excesos, ¿en dónde se encuentran los linderos al poder discursivo de un gobierno? Se trata de un punto ciego de la ingeniería constitucional. Si bien desde los debates en torno al proyecto constitucional de Estados Unidos, los Federalistas, por ejemplo, expresaron su preocupación por los excesos expresivos de un gobierno, nunca se han establecido límites y controles claros a este poder —el cual, gracias a la tecnología de la radio y televisión y ahora de las plataformas de internet, se ha acrecentado de manera abrumadora—. Es más: el pensamiento constitucional al negarle a este poder su fundamento en la libertad de expresión, también canceló la posibilidad de atacar sus excesos mediante los límites propios de este derecho, tales como difamación, calumnia, real malicia, etcétera. Se trata, entonces, de un poder prácticamente insular, cuyos límites se reducen a la dinámica política propia de una democracia: división de poderes y federalismo. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando el contexto político dificulta que tales contrapesos operen de manera adecuada para atemperar el poder discursivo del gobierno, como es el caso del escenario posterior al triunfo electoral del presidente López Obrador y su partido Morena? ¿Cómo contener ese poder cuando un gobernante decide romper las tradiciones y reglas no escritas que fungían como límites a lo que se podía expresar en el debate público? ¿En verdad si el discurso gubernamental está ocasionando un daño significativo al diálogo democrático de una sociedad no queda más que esperar al siguiente proceso electoral para intentar deshacerse de dicho presidente?

 Cada una de las políticas públicas impulsadas por López Obrador puede ser sometida a escrutinio ante el poder judicial, varias de ellas justo están en la antesala de la Suprema Corte para definir su futuro. Mas para el caso del poder discursivo del presidente de la República, desplegando sobre todo en sus conferencias matutinas, no hay ningún remedio. Es una falla que rebasa nuestro edificio institucional y, más bien, se ubica entre las grandes asignaturas pendientes de la ingeniería constitucional. ¿Cómo atar un poder que, en cierto contexto político y con las tecnologías de la información actuales, simplemente puede ser avasallador? Más allá de la opinión que tengamos de las conferencias matutinas de López Obrador, y de las filias y fobias que marcan el ritmo de la conversación pública del país, el corazón de éstas representa un enorme riesgo: el de un poder sin atadura alguna… salvo la prudencia de su detentador.

 

Saúl López Noriega
Profesor e investigador titular del CIDE


1 Datos obtenidos y procesados por Spin. Taller de Comunicación Política. Consultable:
http://www.spintcp.com/conferenciapresidente/infografias/

2 Sobre esta discusión constitucional, sugiero el trabajo de Helen Norton: The government’s lies and the Constitution, 91 Indiana Law Journal 73, 2015, consultable: https://ssrn.com/abstract=2574449 Government speech and the war on terror, 86 Fordham Law Review 543, 2017, U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 17-13; consultable: https://ssrn.com/abstract=2998906; Government lies and the press clause, 89 U. Colo. L. Rev. 453, 2018, consultable: https://ssrn.com/abstract=2998909 y The government’s speech and the Constitution, USA, Cambridge University Press, 2019. También recomiendo el siguiente texto: Bezanson, Randall P. y Buss, William G., The Many Faces of Government Speech, Iowa Law Review, vol. 86, octubre de 2001, pp. 1377-1511, consultable: https://ssrn.com/abstract=285173

 

2 comentarios en “Las mañaneras frente a la ley

  1. Gracias por la nota y abundar mínimamente sería el retomar que ese poder ilimitado se ha traducido a montar políticas públicas decisivas y la agenda política del país.

  2. Estimado Saúl,
    Estoy de acuerdo en que la democracia constitucional se creó sin considerar a los medios de comunicación masiva, pero no estoy seguro de que impliquen una falla ni que sea una asignatura pendiente. Los abusos que se han dado (como la radio de Goebbels) no son precisamente ejemplos de caigan dentro de la Constitución que crearon los Federalistas (incluyendo el Bill of Rights).
    La mañanera avienta un montón de cosas, la mayoría posiblemente sea basura, pero el acceso a otra información no está prohibido. Los autores de la constitución americana sabían que había que confiar en la gente y en cómo interpretan la información que reciben. Los propios Federalistas aprendieron su lección cuando perdieron esa confianza y crearon la Sedition Act para que la gente dejara de ser “malinformada” por calumnias. Perdieron el poder y los opositores de la Ley, que confiaron en las casillas de votación, fueron elegidos para gobernar los siguientes 24 años. Los federalistas eventualmente desaparecieron.
    Muchas cosas puede hacer el gobierno actual para minar la democracias, pero no creo que la mañanera sea una de esas, como no lo es Twitter para Donald Trump. Su exceso de tiempo aire divide, pero informa a la gente sobre quién es su gobernante. El experimento populista reciente todavía no es confirmado por las urnas.
    Confiemos en la gente, creo que es una premisa insalvable del sistema democrático y una que tenemos que mantener. Por cierto, el panorama no es nada bonito, pero los mexicanos hemos cambiado de partido en el gobierno federal en tres de las últimas cuatro elecciones. Somos más castigadores de lo que parece. Algo de optimismo podemos tener con esa estadística.
    Un abrazo,
    W.W.