En contextos de alta vulnerabilidad criminal, la falta de oportunidades sociales, educativas y laborales entre los jóvenes eleva su riesgo de participar en actos ilícitos. Uno de los pendientes inaplazables de nuestro país es incluir y proveerles espacios y alternativas. Para diseñar políticas públicas más efectivas que respondan al reto, se requiere entender el contexto de estas juventudes y considerar la exclusión y el estigma que muchas veces enfrentan. Las acciones del actual gobierno para atender este fenómeno, aunque bien intencionadas, son insuficientes para ampliar las alternativas y reducir el riesgo de que este grupo etario caiga en la ilegalidad y la violencia.
Cualquier programa que pretenda mejorar las oportunidades de los jóvenes que no estudian y no trabajan debe reconocer primero la gran heterogeneidad que existe entre esta población. Los jóvenes que no estudian y no trabajan varían según su género, edad, escolaridad, nivel de competencias o aprendizajes, localización geográfica, ingreso del hogar, entre muchos otros aspectos.1 Esto hace que una estrategia de intervención uniforme resulte altamente inefectiva. Para los jóvenes, con un nivel mínimo de competencias y que viven en un contexto favorable, una pasantía y beca como la que ofrece el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) puede ser suficiente para mejorar su empleabilidad y salarios de mediano y largo plazo. Pero para los jóvenes que no cuentan con competencias básicas y que viven en contextos de alta marginación —la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan—, el programa no representa una alternativa viable para mejorar su futuro. Además de la falta de competencias básicas, muchos jóvenes viven en contextos en los que las conductas violentas son la norma más que la excepción, en los que existen padres involucrados en delito y pandillas, hogares con violencia familiar y monoparentales en el que la madre debe trabajar todo el día para sobrevivir, en zonas margindas de alta vulnerabilidad social, educativa y delictiva. Para ellos, el programa JCF no es una intervención suficiente para lograr su inclusión y ampliar sus oportunidades de vida.2
Ilustración: Víctor Solís
El presidente ha mencionado la urgencia de ir a las causas sociales del delito. Por su enfoque y vocación, JCF es una plataforma adecuada para hacerlo, pero requiere de atención diferenciada y de incorporar elementos adicionales a la beca y a la opción laboral temporal. Además, necesita aprender de otras iniciativas que llevan un camino recorrido y han acumulado experiencia al atender a las juventudes con alternativas más escasas. A continuación, presentamos recomendaciones para hacer más integral y aumentar la efectividad del programa JCF.
Fortalecer las competencias. En México existen 5.8 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, debido, principalmente, a dos restricciones: 1) crecimiento económico insuficiente, lo cual no genera los puestos necesarios para emplear a un creciente número de jóvenes y 2) una proporción significativa de los jóvenes en México no tiene las competencias mínimas necesarias para insertarse de forma exitosa en el mercado laboral. JCF es una oportunidad para abordar la segunda restricción, pero para que esto ocurra, el diseño original del programa tiene que ser complementado por acciones enfocadas a generar o fortalecer las competencias de los jóvenes que no estudian y no trabajan.
Hay tres tipos de competencias que son valoradas y retribuidas por el mercado laboral: las disciplinares (comprensión lectora y matemáticas), las socioemocionales (empatía y perseverancia) y las profesionales. JCF provee estas últimas a través de una pasantía y asume —implícitamente— que los jóvenes cuentan con un mínimo de competencias disciplinares y socioemocionales. Sin embargo, es casi imposible desarrollar las competencias profesionales al no tener estas competencias mínimas. Los cursos cortos de formación para y en el trabajo o las pasantías son, en muchos casos, irrelevantes cuando los jóvenes no comprenden textos o no saben utilizar las operaciones matemáticas básicas para resolver problemas cotidianos.
El primer paso para fortalecer las competencias es diagnosticar a todos los jóvenes que forman parte del programa. De acuerdo con las pruebas estandarizadas, nacionales (Planea) e internacionales (PISA), poco más de la mitad de los estudiantes en México no adquieren los niveles mínimos en matemáticas y comprensión lectora.3 Los resultados del módulo de medición de habilidades socioemocionales de la prueba Planea, aplicada a los estudiantes en el último año de educación media superior (EMS), muestra que más de la mitad de los jóvenes tiene bajos niveles de perseverancia y empatía. Los alumnos con bajos niveles de competencias disciplinares y socioemocionales son los que abandonarán el sistema educativo antes de concluir la EMS.4 Estos jóvenes tienen que conformarse con un empleo informal, mal remunerado e inestable y pasarán largos periodos sin estudiar ni trabajar.5 Si algo tienen en común los jóvenes que no estudian y no trabajan, es que provienen del grupo de individuos que, a pesar de que fueron escolarizados, no aprendieron durante su paso por las aulas.
Las pruebas estandarizadas como Planea o la extinta Enlace pueden combinarse con instrumentos de fácil implementación para medir las competencias socioemocionales entre los beneficiarios de JCF. Estos instrumentos deberían aplicarse al iniciarse el programa para obtener un diagnóstico capaz de identificar fortalezas y debilidades de cada joven. Con base en el diagnóstico, JCF podría hacer un plan de fortalecimiento de habilidades disciplinares y emocionales. Hay suficiente evidencia que demuestra que las competencias disciplinares se pueden fortalecer mediante el uso de las tecnologías de la información lo cual hace posible su implementación a gran escala.6 También existe evidencia que indica que las competencias socioemocionales pueden fortalecerse mediante cursos cortos de formación en el trabajo que incluyan módulos diseñados explícitamente con este objetivo.7 El plan de fortalecimiento de competencias podría ser compartido con el tutor en la empresa en la que el joven realiza su pasantía y de esta forma condicionar la transferencia a la implementación del plan. Estos cambios al programa no son menores, pero necesarios si lo que realmente busca el gobierno federal es mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes en México.
Atender a la población en alto riesgo. La delincuencia organizada aprovecha una base social importante que no debemos perder de vista y en la que son víctimas los jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran en contextos complicados. De ahí la importancia de que programas como JCF sirvan para quitarle mano de obra al crimen, al tiempo de ser espacios sanos y libres de violencia para estas juventudes que desgraciadamente son altamente vulnerables (la primera causa de muerte de 15 a 29 años en México es el homicidio). Sin embargo, no es tarea fácil. Se requiere técnica, experiencia y recursos humanos adecuados para hacerlo. Se trata de generar alternativas y factores de protección en los lugares que más se requiere, con una oferta mayor y a la medida, en zonas de más vulnerabilidad. Además, se debe hacer con empatía, brindándoles identidad, sin estigmas y con una visión de inclusión integral.8 JCF, debería considerar una visión de prevención terciaria e integrar a aquellas juventudes en conflicto con la ley para transitar de un enfoque meramente punitivo a uno que vele por la construcción de capacidades y la reinserción y reintegración familiar, social y económica de aquellos que han delinquido para disminuir el 25 % de reincidencia delictiva que tenemos hoy.9
Un ejemplo de programa integral del que pudieran extraerse lecciones valiosas es Del Barrio a la Comunidad (DBC), basado en el modelo de Cura la Violencia (“Cure violence”) de Chicago.10 El programa DBC fue implementado y adaptado en Ciudad Juárez desde hace cuatro años por el Fideicomiso para la Seguridad (Ficosec). A través del marco teórico y conceptual de la salud pública y su enfoque ecológico, DBC trabaja desde el ámbito individual, familiar y colectivo con jóvenes que por sus factores de riesgo han incurrido o tienen alta propensión a participar en actividades delictivas, pandillas o conductas violentas relacionadas con armas de fuego. A pesar del repunte de homicidios observado en los últimos años en Ciudad Juárez, las colonias atendidas por este programa, que solían ser las de mayor incidencia, se han mantenido sin crecimiento en este delito. El foco principal del programa está en la inclusión de perfiles jóvenes que han estado en problemas o en situación de pandilla para convertirlos en interruptores de violencia. Derivado de su pasado, relaciones, pares y contextos, este tipo de jóvenes logran mediar y llegar a acuerdos que permiten mantener la vida, arreglar el conflicto y solucionar pacíficamente problemáticas con potencial de terminar en muertes en zonas de alta vulnerabilidad delictiva. Se trata también de aprovechar y convertir la cohesión, complicidad y apoyo incondicional que muchas veces se encuentra en el seno de las pandillas para llevar a cabo actividades delictivas o violentas, en eficacia colectiva que transforme esa capacidad en elementos positivos, de organización barrial y colectiva con identidad local para el arte, el deporte, la cultura y el empleo.
De ésta y otras experiencias se desprenden algunas lecciones que pueden servir para que JCF pueda ser relevante para los jóvenes en alto riesgo:
• El uso de herramientas metodológicas especiales para lograr atraer a los jóvenes que no acudirán por su propio pie al llamado de una beca o pasantía y se encuentran en mayor riesgo de delinquir o que ya lo hacen y corren el riesgo de abonar en las cifras de víctimas y/o victimarios en homicidios y daños colaterales relacionados.
• La integración de recursos humanos y mentores, que por sus historias de vida logren atraer de forma más efectiva, duradera y exitosa a las juventudes en riesgo y en alta vulnerabilidad delictiva para acompañarlos y convencerlos de incorporarse y mantenerse en actividades económicas en la legalidad.
• Inclusión de elementos relacionados con componentes de pertenencia, identidad, habilidades para la vida y atención emocional a través de diversos tipos de terapias como la cognitivo-conductual, grupales, entre otras.
• Esquemas de inversión mixta en que el sector privado y otros actores a nivel local e internacional pueden aportar, esto contribuye a generar corresponsabilidad, sustentabilidad e incluso evaluación externa por parte de algún organismo internacional o institución experta.
Los jóvenes sin oportunidades educativas o laborales, inmersos en un contexto de alta criminalidad e impunidad, son presa fácil del crimen organizado. Para reducir los riesgos que enfrentan estos jóvenes, la actual estrategia del gobierno federal debe ser reformulada o, por lo menos, complementada. JCF pone toda la atención en una pasantía, asumiendo que el problema de la falta de oportunidades de los jóvenes es algo coyuntural cuando en realidad es estructural. Los jóvenes no tienen competencias básicas (disciplinares y socioemocionales) y esto no es algo que se pueda resolver con una pasantía y 3 600 pesos mensuales. En el mejor de los casos, el programa puede aumentar la empleabilidad de los pocos jóvenes que hoy no estudian y no trabajan pero que sí cuentan con competencias básicas y están inmersos en contextos favorables. Éste sería un resultado mediocre para un programa con un presupuesto de más de 25 000 millones de pesos asignados en 2020.
Reducir la violencia y el delito a través de mejorar las oportunidades de los jóvenes requiere de una estrategia bien diseñada y focalizada en los que ocasionan y sufren el problema. Para no olvidar a los olvidados de siempre y lograr interrumpir y prevenir la inclusión de jóvenes —cada vez más menores— al fenómeno delictivo y quitarle carne de cañón al crimen, JCF debe ser reformulado para ser un brazo fundamental de una política social que atienda las causas estructurales detrás del delito.
Rafael de Hoyos
Profesor de economía de la educación en el ITAM y socio fundador de XABER, educando con evidencia.
Eunice Rendón
Doctora en políticas públicas por Sciences-Po París y experta en seguridad y migración.
1 De Hoyos, Rogers y Székely. “Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades”, Banco Mundial, Washington D. C., 2016.
2 Rendón, E. “La prevención en diez” en Veinte voces para prevenir el delito, INACIPE, 2017.
3 De Hoyos, Rafael. “La educación que divide”. nexos, 2018. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=40262
4 De Hoyos, Estrada, y Vargas. “Predicting individual wellbeing through test scores: evidence from a national assessment in Mexico”, Policy Research Working Paper Series 8459, The World Bank, 2018.
5 De Hoyos, Rogers y Székely. “Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades”, Banco Mundial, Washington D. C., 2016.
6 Muralidharan, K., Singh, A., y Ganimian, A. J. “Disrupting Education? Experimental Evidence on Technology-Aided Instruction in India”. American Economic Review, 2018
7 Attanasio, Guarín, Medina y Meghir. “Vocational Training for Disadvantaged Youth in Colombia: A Long-Term Follow-Up”, American Economic Journal: Applied Economics 2017, 9(2): 131–143.
8 Rendón, Eunice. “Candidatos, ¿y la seguridad?”. nexos, 2018. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=37395
9 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, Inegi, 2018.
10 Cure the Violence. Chicago. Disponible en: https://cvg.org
