Cuanto más clara es la prueba de incapacidad [de los Estados] para tratar a los apátridas [migrantes y refugiados] como personas legales y mayor es la extensión de la dominación arbitraria mediante normas policiacas, más difícil es para los Estados resistir a la tentación de privar a todos los ciudadanos de estatus legal y de gobernarles mediante una policía omnipotente.
—Hannah Arendt

Pocas imágenes han causado tanta indignación en la opinión pública mexicana como las fotografías de hombres, mujeres y niños encerrados en las jaulas de la administración Trump. Algunos, incluso, han apuntado que los mal llamados “centros de detención” del gobierno estadunidense no son otra cosa que campos de concentración con otro nombre. Lo que pocos mexicanos saben es que la colaboración del presidente Andrés Manuel López Obrador con la política migratoria de nuestro vecino del norte nos ha llevado a importar algunas de las prácticas más crueles del gobierno trumpista. Para decirlo sin miramientos: el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración es un experto en prisiones y cárceles: instituciones que, al usarse contra extranjeros y minorías étnicas vulnerables, arriesgan devenir en campos de concentración.

 

Para entender cómo es que terminamos así, es importante definir algunos conceptos legales que suelen ser usados erróneamente como sinónimos. La primera de estas precisiones es que “migrante” y “refugiado” son dos aspectos distintos de la movilidad humana. “Migrante” es una persona que ha decidido salir de su país de origen por voluntad propia —para buscar un mejor trabajo o mejores oportunidades educativas. Un “refugiado” es alguien que se ha visto obligado a huir de su país y solicitar asilo en otro porque tiene buenas razones para temer que, de quedadarse, su vida, su seguridad o su integridad personal correrían peligro. Un migrante, entonces, podría regresar a su casa si así lo quisiera; un solicitante de asilo, sea o no reconocido como refugiado, no puede volver a su patria sin arriesgar la vida.

La distinción entre migrante y refugiado es importante porque, aunque tanto migrar como solicitar asilo son derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por varios tratados internacionales, cada uno de estos derechos es regulado de forma diferente. Si bien el derecho internacional reconoce la libertad que tenemos todas las personas de desplazarnos libremente, la realidad es que esta libertad queda limitada por la soberanía de los Estados, pues cada país tiene el derecho de determinar los requisitos de entrada para aquellos extranjeros que busquen ser admitidos en su territorio. Es por esto que existe una distinción entre la migración regular: aquella en la que los migrantes cumplen con los requisitos de entrada del país receptor y la irregular, también conocida como “migración indocumentada”.

 Esta distinción, sin embargo, no aplica bajo ninguna circunstancia a los solicitantes de asilo: no hay tal cosa como un “refugiado indocumentado”, menos aún un “solicitante de asilo ilegal”. El derecho internacional de los refugiados establece que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de quien se presente en su territorio pidiendo auxilio. Lo que es más: el mismo derecho establece ciertas condiciones mínimas que todo Estado receptor de refugiados tiene que cumplir para garantizar con cabalidad el derecho a solicitar asilo. Tenemos, por ejemplo, el “principio de no devolución” —non-refoulement en inglés —, según el cual una persona que dice haber salido de su país porque teme por su vida no puede, bajo ninguna circunstancia, ser obligada a regresar al lugar del que salió huyendo.

El derecho internacional es, en teoría, independiente de los acontecimientos políticos de uno u otro país, pero lo cierto es que en la práctica el respeto a los derechos humanos depende en buena medida de la disposición de los Estados a cumplir sus obligaciones. Así, los orígenes de la crisis migratoria que vivimos en México se remontan al menos cuatro años, al momento en el que el entonces candidato Donald Trump decidió valerse de la xenofobia como su principal arma retórica. Aunque el símbolo más visible de su política antiinmigrante es el famoso muro fronterizo, la expresión más importante del racismo de Trump no es una barda, sino el mal llamado Protocolo de Protección para Migrantes (MPP por sus siglas en inglés).

Este programa —mejor conocido como Quédate en México— establece que aquellos solicitantes de asilo que hayan cruzado irregularmente de México a Estados Unidos pero que no tengan la nacionalidad mexicana no podrán permanecer en Estados Unidos durante los meses o años que suelen tomarles a las cortes estadunidenses decidir si una persona cumple con los requisitos para ser reconocida como refugiada, sino que tendrán que esperar en México. El gobierno de López Obrador aceptó colaborar con el programa a finales de 2018, con el argumento de que lo hacía “por razones humanitarias” y para “atender la saturación de los centros de detención para migrantes indocumentados en Estados Unidos”. Un año más tarde, el gobierno de México recibió a los primeros solicitantes de asilo expulsados del país a donde habían ido a pedir auxilio.

Ilustración: Víctor Solís

 

Tal es el contexto en el que debemos entender el creciente sistema de detención migratoria de nuestro país —un sistema más saturado que el estadunidense—. El programa Quédate en México es una flagrante violación del principio de no devolución y por lo tanto del derecho internacional de los refugiados. Es cierto que los solicitantes de asilo expulsados de Estados Unidos bajo los auspicios del MPP no son devueltos a su país de origen, pero estos tecnicismos son menos importantes que el hecho de que las condiciones de la frontera norte de México son comparables a aquellas que llevaron a los solicitantes de asilo a salir de su país en primer lugar. De acuerdo con cifras de Médicos sin Fronteras, más del 80 % de las personas enroladas en el programa han sido víctimas de una u otra forma de violencia. Para darse una idea de lo que esto significa en la práctica, basta recordar que el índice de secuestros a migrantes aumentó de 43 % a 75 % entre septiembre y octubre de 2019.

El nombre del Protocolo de Protección a Migrantes es orwelliano: más que garantizar el respeto a los derechos humanos de algunas de las personas más vulnerables del mundo, el programa está diseñado para transferir las obligaciones legales de Estados Unidos a un país que no tiene la capacidad de garantizar la integridad de la vida de nadie. Esta realidad subraya la ironía de la insistencia estadunidense en que México debería ser considerado como un “tercer país seguro”, es decir, un destino alternativo al que el gobierno de Estados Unidos puede remitir a los solicitantes de asilo que sus oficiales de migración deciden rechazar. El detalle es que este país alternativo, si ha de actuar conforme a derecho, tiene que ser capaz de garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo que el “segundo país” — en este caso, Estados Unidos— se negó a recibir. Semejante tarea implicaría enormes retos logísticos incluso si el gobierno de México fuera capaz de garantizar los derechos de sus ciudadanos. La realidad, sin embargo, es que las más de 60 000 personas que han sido sometidas al MPP se enfrentan a una situación de total inseguridad e incertidumbre.

El futuro del MPP es incierto. Pese a que dos instancias estadunidenses —una corte de primera instancia y un tribunal de apelación—  han determinado que el programa es ilegal y debería suspenderse, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió recientemente que la administración Trump puede seguir aplicando el MPP durante los meses o años que podría tomarle a la misma Corte decidir sobre la validez del programa. Es posible que el sistema judicial estadunidense concluya que el MPP es legal. El hecho de que el programa no tenga fecha de caducidad es preocupante: dependiendo de las decisiones de la Corte Suprema, Quédate en México podría convertirse en el nuevo statu quo de la migración en América del Norte. La gravedad del asunto se vuelve evidente cuando consideramos que entre enero de 2018 —fecha de inicio de Quédate en México— y el día de hoy, apenas el 0.1 % de las personas sujetas al MPP han sido reconocidas como refugiadas por Estados Unidos.

 

En este contexto tenemos que entender el creciente uso de la detención migratoria como método punitivo y de disuasión por parte del gobierno de México. En junio del año pasado Tonatiuh Guillén López presentó su renuncia como comisionado del Instituto Nacional de Migración a petición expresa de López Obrador, quien lo reemplazó con Francisco Garduño Yáñez. Este nombramiento significó un cambio de paradigma: el Instituto Nacional de Migración pasó de ser dirigido por un académico con diez años de experiencia en estudios fronterizos y de migración internacional a estar a cargo de un servidor público que ha pasado la mayor parte de su carrera en la administración de cárceles y prisiones.

El comisionado Garduño Yáñez ha declarado su intención de deportar a todos los migrantes irregulares “así sean de Marte” y ha afirmado que “no es posible que personas de raza negra se atrevan a atacar a la Guardia Nacional”. Su experiencia laboral en el sistema carcelario, más que recomendarlo, debería descalificarlo para el cargo que ocupa: la privación de la libertad es un castigo penal y corporal que no debería aplicarse como sanción a la migración irregular, a la que la ley mexicana establece no como un delito sino como una falta administrativa, mucho menos al ejercicio del derecho a solicitar y recibir asilo. De allí la paradoja: el comisionado del INM es un experto en la privación de la libertad, pero la “detención” no aparece ni una sola vez en el texto de la Ley de Migración ni tampoco en las normas de operación que rigen estos centros. Las personas privadas de su libertad en las treinta Estaciones Migratorias y las veintitrés Estancias Provisionales que existen en México, nos dice el lenguaje oficial, no están encarceladas sino “alojadas”, pues se supone que tienen acceso a actividades recreativas, educación y servicios de salud, así como el pleno disfrute de sus derechos.

La realidad es otra: los centros de detención de migrantes que existen hoy en día en nuestro país tienen más en común con los campos de concentración que la administración Trump ha construido en la frontera que con un albergue o un hotel. Como coordinadora del área pro bono del despacho de abogados Greenberg Traurig he tenido la oportunidad de visitar varias de estas instalaciones y puedo constatar que todo en ellas, desde las características físicas de sus edificios hasta sus prácticas internas y modos de operación, remiten a un modelo absolutamente carcelario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado que el gobierno de México encierra a los migrantes y solicitantes de asilo en celdas con barrotes que carecen de las mínimas condiciones higiénicas. La misma comisión encontró que los migrantes y solicitantes de asilo encerrados en estos centros de detención son sometidos a rutinas comparables a aquéllas de los reclusos internados en los muy irónicamente llamados “Centros de Reinserción Social”. La conclusión de la CNDH es que las estaciones y estancias son el producto de la decisión de subordinar la dignidad de los seres humanos a una vaga lógica de “seguridad nacional”.

Lo más grave es que las estaciones y estancias del país no operan de acuerdo con las reglas específicas que la ley establece para ellas, sino según los caprichos de los funcionarios del INM encargados de administrarlas. Semejante arbitrariedad hace que sea difícil saber qué es exactamente lo que ocurre dentro de las estaciones y estancias, ya no se diga evaluar o fiscalizar si los oficiales del INM que trabajan en ellas respetan los derechos de las personas a su cargo. Esta opacidad abre la puerta a toda clase de abusos por parte de las autoridades. Tomemos, por ejemplo, el derecho a la representación jurídica. Hoy en día, el INM requiere que todo representante legal que quiera entrar a una Estación Migratoria obtenga primero la autorización explícita de su cliente. El problema, por supuesto, es que no hay forma de que el extranjero en cuestión pueda autorizar a un abogado al que no conoce y con quien no puede comunicarse.

 

Por desgracia, la lógica de criminalización de la movilidad que al parecer determina la política migratoria de López Obrador amenaza con expandir su influencia más allá de los centros de detención del interior y las “burbujas migratorias” de los aeropuertos. Una parte fundamental de su compromiso con la política xenofóbica de la administración Trump ha sido el despliegue de más de 21 000 efectivos de la Guardia Nacional —3 000 en la frontera con Guatemala y 15 000 en la frontera con Estados Unidos— con el expreso propósito de detener el flujo de migrantes centroamericanos. Esto significa que nuestra Guardia Nacional es, entre otras cosas, una versión mexicana de la Patrulla Fronteriza estadunidense. Uno de los aspectos más preocupantes del diseño legal de la guardia es la amplitud abusiva de sus facultades: el cuerpo “civil” compuesto de militares tiene la autoridad legal para inspeccionar documentos de identidad, verificar la situación migratoria de cualquier extranjero en cualquier parte del territorio nacional y resguardar los centros de detención de migrantes.

El resultado es escalofriante: mientras escribo este texto, un cuerpo militarizado de seguridad patrulla los límites y el interior del país a la caza de solicitantes de asilo, todo con la intención de detenerlos y enviarlos a un campo de detención, donde no tendrán acceso a un abogado, y desde donde serán deportados a un país del que salieron huyendo so pena de muerte. Bajo tales condiciones, no debería sorprendernos que muchos migrantes y solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica hayan decidido viajar en grupos organizados para protegerse los unos a los otros: las llamadas caravanas. Si bien es cierto que el fenómeno no es nuevo, las caravanas cobraron una nueva relevancia a finales de 2018, cuando el presidente López Obrador prometió que les otorgaría “visas de trabajo” a sus participantes. La realidad, sin embargo, fue otra: el control de los retenes migratorios de Chiapas y Oaxaca —así como el resguardo de puntos estratégicos de la frontera sur, tales como el río Suchiate— pasó del INM a la Guardia Nacional.

Esto no sería grave, si hemos de creer en las declaraciones de la administración. El canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, ha insistido reiteradamente en que la Guardia Nacional está plenamente capacitada para respetar los derechos humanos de los migrantes. Lo curioso es que el despliegue de efectivos de la guardia como oficiales militarizados de migración empezó antes de que el cuerpo fuera inaugurado oficialmente. En todo caso, la historia reciente de México sugiere que la militarización de cualquier aspecto de la vida pública tiene tres consecuencias desastrosas. En primer lugar, aumenta la violencia en el trato entre el Estado y las personas y, por consiguiente, las violaciones a los derechos humanos se vuelven constantes. En segundo lugar, la “solución fácil” que implica usar a las Fuerzas Armadas como un cuerpo de seguridad interior disminuye cualquier interés en la creación de policías capacitadas que pudiera haber existido. En tercer lugar, y quizás ésta sea la más grave, la rendición de cuentas se vuelve prácticamente inexistente.

No es un secreto que, históricamente, las Fuerzas Armadas de México han gozado de una virtual inmunidad que las hace el instrumento perfecto para la represión. Es por esto que el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante el despliegue de la Guardia Nacional como una especie de policía migratoria. El Comité llegó incluso a tomar la medida extrema de solicitarle formalmente al Estado mexicano que no usara a la guardia en operaciones de control migratorio. Para colmo de males, el reporte no es nuevo: fue publicado el 29 de agosto de 2019, apenas mes y medio después de que los efectivos se hubieran desplegado.

 

La última consecuencia de las políticas migratorias de la administración morenista, sin embargo, es que la criminalización de migrantes y solicitantes de asilo orilla a estas personas a la clandestinidad. Al ejercer medidas represivas, el gobierno de México se convierte en cómplice activo de las redes de trata, del tráfico de menores de edad, e incluso del reclutamiento forzado de extranjeros vulnerables por parte de los cárteles del narcotráfico. Por si esto fuera poco, el hecho de que nuestras instituciones castrenses y carcelarias hayan quedado a cargo del control migratorio contribuye a la normalización de la violencia y la discriminación de los extranjeros; o, en corto: a la institucionalización de la xenofobia.

La ironía, por supuesto, es que los mexicanos sabemos una o dos cosas acerca de lo que significa estar al otro lado de la xenofobia. Nuestro país ha sido históricamente un expulsor de migrantes, pero esta experiencia colectiva al parecer no nos ha hecho lo suficientemente empáticos como para solidarizarnos con quienes llegan a nuestro país buscando protección. Prueba de ello es el presupuesto que nuestro gobierno destinó para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 2020: el órgano solicitó 124 millones de pesos, pero recibió tan sólo 47 millones. Esto en un año en el que la Comar se enfrenta a un aumento de casi 200 % en el número de solicitudes de asilo.

Los migrantes, refugiados y apátridas —personas que carecen de toda nacionalidad— son grupos sintomáticos de la política contemporánea: exponen la calidad ética de los Estados y hacen evidentes sus verdaderos intereses. Cabe recordar que la Solución Final del “problema judío” de los nacionalsocialistas alemanes tuvo tres etapas, todas de carácter territorial: en primer lugar, los nazis catalogaron a grupos enteros como minorías étnicas y les quitaron derechos; en segundo lugar, acorralaron a estas personas contra las fronteras del territorio; y, finalmente, las enviaron a los infames campos de exterminio. Nuestro gobierno, bajo presión del régimen racista de Trump y por medio de la Guardia Nacional, el INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, arriesga terminar practicando su propia Solución Final al “problema migrante.” Después de todo, ¿qué son el MPP y el despliegue de la guardia en la frontera sur sino un claro intento de acorralar a grupos de extranjeros contra los límites del territorio? ¿Qué son las estaciones y estancias del INM sino puntos de concentración de minorías étnicas? ¿Es éste, de verdad, el rumbo que queremos tomar?

 

Elba Gutiérrez Castillo
Abogada. Coordina el programa pro bono de la oficina mexicana de Greenberg Traurig. Trabaja principalmente casos de asilo y acceso a la justicia.

 

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