Recién leí El incendio de la mina El Bordo (Periférica, 2018), libro de Yuri Herrera. A partir de la revisión minuciosa de un archivo fragmentario, Herrera reconstruye lo sucedido en Pachuca el 10 de marzo de 1920, cuando 87 mineros murieron calcinados dentro de una mina. Alrededor de las seis de la mañana, un trabajador de nombre Delfino Rendón se percató del humo y dio la voz de alarma. Bajaron los botes una y otra vez para sacar a sus compañeros, pero al cabo de un rato empezaron a regresar vacíos.

Antes del mediodía, las autoridades de la mina decidieron dar por muertos a todos los que no habían podido salir. No sólo suspendieron las operaciones de rescate, sino que sellaron los tiros de la mina con el propósito de extinguir el fuego. Dijeron que a esas alturas cualquiera que se hubiera quedado adentro estaría muerto. Al cabo de seis días abrieron los tiros y se dieron cuenta de que los muertos eran muchos más de los que habían querido admitir y que además en uno de los niveles había siete mineros vivos.

Ilustración: Raquel Moreno

Este libro es mucho más que la historia de un incendio. Es también un ejemplo nítido y perspicaz de cómo se encara y descifra un archivo que además de ser escaso, está compuesto por voces que se dieron a la tarea de minimizar y tergiversar lo sucedido. Hace falta una sensibilidad lingüística muy afinada para localizar esa verdad que se trasmina en los silencios y contradicciones de un archivo judicial. El incendio de la mina El Bordo tiene ejemplos magistrales de esta técnica hermenéutica. Mi favorito lo encontró Herrera en el reporte que escribió el perito García —que por cierto fue enviado a revisar las instalaciones de la mina “una vez que el juez había dado la orden de que se limpiara y desinfectara todo”—. El perito, por supuesto, encontró que no había falla ni negligencia de la compañía. Hoja tras hoja se dedicó a disipar cualquier duda al respecto y a sembrar la idea de que la culpa sólo podía ser de algún trabajador. Pero en un gesto extrañísimo de desplazamiento se permitió advertir que en otras instalaciones de la misma minera, el mal manejo de los explosivos podría causar un incendio. “Estoy tentado a decir que hay aquí un mensaje cifrado —escribe Herrera— que el agente de la ley tiene ganas de señalar que los dueños sí son responsables del fuego, de algún fuego, al menos de uno que nunca sucedió, pero que no puede decirlo”.

El incendio de la mina El Bordo puede leerse como una alegoría de México entero, sus temas no podrían ser más actuales: la industria extractiva se sigue beneficiando de la misma laxitud legal que le permite actuar con desprecio por la vida y la salud, y en realidad el tema del libro, me atrevo a sugerir, no es el incendio, sino la serie de mecanismos que sostiene nuestra peculiar manera de ver y no ver la violencia.

El primero de esos mecanismos que queda claramente expuesto en este libro es el racismo. Herrera cita, por ejemplo, al corresponsal de Excélsior que para describir a José Linares, un minero que se quedó adentro hasta el final ayudando a sus compañeros, escribió: “…siente tal indiferencia por la vida como la que expresara en el banco del tormento nuestro ancestro Cuauhtémoc. Y se parece a éste”. Ahora resulta que son ellos, las víctimas, los que desprecian la vida.

Lo que sigue es el maltrato burocrático de los deudos. Para poder cobrar la indemnización, las madres, esposas y concubinas de los mineros muertos tuvieron que acreditar su parentesco por medio de testigos hombres y demostrar que eran mujeres sin tacha. Se les trató como si las que estuvieran en alguna clase de irregularidad legal que tenían que enderezar fueran ellas, no la compañía.

Luego viene el trato de los cadáveres. Todavía no recuperaban los cuerpos cuando decidieron que se enterrarían en una fosa en un lote baldío. Un juez dispuso que no era necesario hacer las autopsias y por supuestas razones de salubridad tampoco se permitió que el cortejo fúnebre pasara por la ciudad. La compañía prometió que bardearía la fosa y que construiría un monumento en memoria de las víctimas, pero no lo hizo. Se cumplió todo para que el funeral fuera invisible y se evitó cualquier forma de conmemoración de la tragedia. Como si se tratara de “desechos que deben ser escondidos lo más pronto posible”, dice Herrera.

Pero el mecanismo más efectivo para negar y reprimir la violencia es, paradójicamente, darlos a todos por muertos de entrada. Sepultarlos en vida. Por eso hoy, como hace cien años, la postura más radical, la más potente simbólicamente, la que podría alterar de raíz esa manera nuestra de no ver la violencia sigue siendo la de asumir que están vivos, vivos más allá de toda lógica y probabilidad, vivos por principio.

 

Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió relaciones internacionales en El Colegio de México y un doctorado en antropología en la Universidad de Columbia.