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El 11 de diciembre de 1871, en Tucson, quedó visto para sentencia el juicio por la masacre de Camp Grant: el juez John Titus instruyó al jurado para que se retirase a deliberar. Había más de cien acusados, entre anglos vecinos de Tucson, mexicanos e indios pápagos, a quienes se imputaba el asesinato de un grupo de apaches la primavera anterior. Era la primera vez que en Estados Unidos se juzgaba a alguien por matar a un apache. La historia es así.

En la madrugada del 30 de abril de 1871 apareció en el cañón de Aravaipa una partida de hombres armados, que cayó por sorpresa sobre un campamento apache. A los que todavía dormían, los mataron a golpes, a otros les dispararon mientras trataban de huir; al retirarse, los atacantes dejaron más de ciento cuarenta cadáveres, casi todos mujeres y niños, algún anciano, y se llevaron a treinta niños para venderlos en Sonora: una de las mayores masacres en la historia de la ocupación del territorio de Estados Unidos, junto con la de los shoshones en Bear River, y la de los lakotas en Wounded Knee. Pero no era sólo eso. Los apaches del cañón de Aravaipa estaban bajo la protección del ejército estadunidense: habían firmado la paz, y por eso acampaban cerca de una guarnición militar, Camp Grant.

Ilustración: Estelí Meza

En los meses siguientes, en cuanto comenzó la investigación, la prensa de Tucson explicó repetidamente el caso. Todos los testimonios, también los que recibió en su momento el tribunal, hablaban de un deterioro de la situación en los meses previos, una agresividad creciente de los apaches: asaltos, robos de ganado, en una escalada que había culminado en el asesinato de un matrimonio, Leslie B. Wooster y su esposa en su rancho, cerca de Tubac, el 20 de marzo. Esa atrocidad tenía que ser vengada —y había sido indudablemente obra de los apaches: numerosos testigos dijeron haber reconocido en poder de los apaches joyas muy características de la querida señora Wooster. Lo curioso es que en su momento el incidente no despertó mucho interés. Más todavía, la querida señora Wooster era en realidad la amante mexicana del señor Wooster, Trinidad Aguirre, pero en esa calidad difícilmente podía inspirar simpatía. Por eso en las versiones sucesivas fue transformándose en esa mujer blanca, decente, vulnerable, representación del hogar, de la civilización y la raza, la querida señora Wooster.

Por otra parte, en el juicio, en realidad no se estaba juzgando el asesinato de los apaches, sino un atentado contra la majestad del Estado estadunidense. El comandante militar de la región, el coronel Stoneman, lo expuso con claridad: la masacre “fue un acto de guerra en contra de los Estados Unidos”. Era un punto de honor, una cuestión de principios, pero también un problema práctico, porque era un precedente desastroso para las relaciones del gobierno con los apaches. A fin de cuentas, lo que apareció en el juicio fue el orden de la sociedad de la frontera, y su complicada relación con el Estado.

La participación de los indios pápago en una expedición así no era nada nuevo: habían sido aliados de los europeos en la guerra contra los apaches desde el siglo XVII. Emprendían campañas breves, localizadas, que no eran de pillaje: después de la batalla quemaban todas las propiedades de los vencidos; sólo tomaban como prisioneros a mujeres y niños para venderlos a los españoles, más tarde a los mexicanos: durante mucho tiempo los cautivos apaches fueron la base de la servidumbre doméstica en Sonora. Después de la anexión, el ejército estadunidense los había conservado como auxiliares, con la misma función.

El estado de Sonora había aumentado su milicia y había creado un cuerpo especial, la Sección Patriótica, para la guerra contra los apaches. La frontera dificultaba las cosas, de un lado y otro había pueblos en que los apaches podían vender tranquilamente lo que robasen: Janos, Corralitos, Casas Grandes. En la incursión del cañón de Aravaipa, quien mejor conocía el terreno, quien mejor conocía a los apaches, era un ganadero mexicano: Jesús María Elías, que fue quien la dirigió, aunque siempre con la ayuda de William Oury, que había convocado a los anglos de Tucson. La coincidencia de los tres grupos era completamente ajena a la lógica estatal. En los tratados que firmaba el gobierno estadunidense con los apaches se prohibía cualquier atentado en contra de ciudadanos estadunidenses, pero no se decía nada contra las incursiones en territorio mexicano.

En una decisión insólita, el juez Titus dispuso que no se juzgase a todos los acusados, sino sólo a uno de ellos, y que se impusiera a los demás la misma pena, y escogió para eso al alcalde de Tucson, Sidney De Long, que había tenido una participación muy menor en la masacre. Decidió además excluir a los pápagos, porque “apaches y pápagos son tribus con sus propios códigos sobre la guerra y la paz”. Y pidió al jurado que considerase la obligación del Estado de amparar a sus ciudadanos.

En menos de diecinueve minutos el jurado regresó con su veredicto.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: Si persisten las molestias y Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.