EL DETERIORO DE LAS INSTITUCIONES

POR JORGE CARPIZO

La UNAM vive una pugna entre el concepto de universidad pública con alto rendimiento académico y universidad pública con alto activismo político; la integridad y la confiabilidad del IFE se han puesto en entredicho; el Poder Judicial Federal se sume en una ambigüedad de funciones; La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene garantizada su plena autonomía. El debilitamiento de esas cuatro instituciones basta para llamarse al desasosiego.

El deterioro de las instituciones

México lleva años de sufrir vendavales morales, políticos, económicos y sociales. En los últimos cinco meses la situación del país se ha deteriorado porque instituciones especialmente importantes han sufrido y sufren embates que las están debilitando y cuyos efectos negativos para el futuro nacional inmediato y a mediano plazo son muy difíciles de pronosticar.

Varias de esas instituciones gozan de mayor prestigio social. Todo parece indicar que se persigue destruir ese prestigio sin que se contemple o se proponga cómo aquellas instituciones van a ser sustituidas o recompuestas.

Aquí menciono cuatro ejemplos de instituciones en erosión. Las conozco porque, de una manera o de otra, estoy o he estado muy ligado a ellas. Contemplo con desasosiego cómo se dan pasos atrás, cómo aspectos positivos que ya se habían ganado se desmoronan y las instituciones pierden credibilidad, prestigio y, en consecuencia, efectividad.

1. La “huelga” en la UNAM que ya lleva más de cuatro meses al cierre de este artículo. En el fondo las propuestas de los paristas y sus padrinos están muy distantes de preocupaciones académicas; lo que les interesa son las formas del gobierno universitario y en este aspecto no hay nada nuevo bajo el sol: sus propuestas ya han sido ensayadas en otras universidades y las llevaron al asambleísmo y al deterioro cuando no a su destrucción académica.

Debilitar académicamente a la universidad pública en un país con las características de México es desgastar la democracia y castrar la movilidad social. ¿De qué sirve estudiar una carrera profesional si no se adquieren —y bien adquiridos— los conocimientos científicos y técnicos que la misma requiere? Entonces ese título constituye un fraude social. Ciertamente, la UNAM ha hecho un gran esfuerzo de actualización y modernización en todos los sentidos, incluidos sus órganos, formas y procedimientos de gobierno.

En ejercicio de su autonomía, el Consejo Universitario ha expedido estatutos y reglamentos que interpretan, precisan y actualizan su Ley Orgánica. Quizá dicho ejercicio no ha sido todo lo dinámico y profundo que hubiera sido deseable; en buena parte no lo ha sido porque la simple propuesta de reformas sirve de pretexto para crear conflictos políticos y no para una buena discusión que alcance consensos para avanzar en la superación académica de la institución.

Ninguna ley es inmutable y no lo puede ser. Entonces por qué la Ley Orgánica de la UNAM de 1945 perdura hasta nuestros días. Las razones son varias pero entre las más importantes se encuentran las siguientes:

a)  Es una ley buena y sabia que superó el asambleísmo de sus antecesoras, y en las crisis —y a veces muy graves— de las últimas cinco décadas ayudó a la estabilidad y a la recuperación de la institución.

b)  Impidió la destrucción académica de la UNAM como por desgracia sí aconteció con muchas universidades públicas de América Latina y de México, con experimentos tales como la llamada “universidad-pueblo”.

c)   La Ley Orgánica se actualiza en forma constante a través de la expedición y revisión de sus estatutos y reglamentos. Desde el aspecto jurídico, y desde los otros también, la UNAM de hoy es muy diferente a la de hace cinco, diez, quince o veinte años. Es una ley que cambia y se actualiza en ejercicio de la autonomía universitaria.

d) La discusión que reiteradamente se ha propuesto sobre ella no es de naturaleza académica ni transcurre en un clima de serenidad y con la fuerza única de las razones y los argumentos, sino que es de naturaleza política: lo que se busca es el cambio en la forma de gobierno como medio para apropiársela y que sirva a otros fines que no le son propios, aunque quizás algunos sean legítimos en el fondo.

La situación en la UNAM es muy preocupante porque quienes están detrás de la “huelga”, y anhelan usufructuarla políticamente, se mueven en un clima muy propicio a sus intereses: el malestar real de muchos estudiantes que sufren las injusticias sociales y quienes carecen de lo indispensable; su miedo ante el futuro por la posibilidad de no conseguir un trabajo digno; su certeza de que no se están preparando profesionalmente en forma adecuada aunque consigan el título; su visión de un país en el cual la corrupción, la impunidad y la desigualdad persisten y se acrecientan.

Véase en la televisión la diferencia entre los “paristas” y los “antiparistas”. Véase la diferencia en sus vestidos, su complexión, su arreglo personal, su misma manera de expresarse y comportarse.

Para mí esas diferencias constituyen sólo una señal más de cómo México está dividiéndose en varios Méxicos. Cuidado. Mucho cuidado.

En otras palabras, desde hace más de tres décadas se enfrentan dos proyectos de universidad que llevan consigo dos proyectos de país. Por un lado se propone una universidad pública con alto nivel académico, rigurosa en los conocimientos, que sea capaz de influir en los cambios sociales por la buena preparación de sus egresados, por la investigación que realiza ligada a los problemas nacionales, por la movilidad social que propicia, por su sentido crítico de la realidad y por su compromiso con el mejoramiento de la nación.

Por otro lado se propone, aunque no se diga expresamente, una universidad en la cual lo académico sea secundario y lo importante sea su activismo político y que sirva como palanca a una nueva estructura social. Es la “universidad-pueblo”, la “uni- versidad-revolucionaria” o la “universidad-partido político”. Los ejemplos sobran en América Latina y en México.

Al escribir estas líneas desconozco cómo terminará el actual conflicto universitario, pero lo que sí me parece indudable es la cauda de activismo político que nos espera y que pretenderá obtener como triunfos “revolucionarios” aspectos académicos, un clima de intranquilidad y desasosiego que es enemigo de la vida académica, el desprestigio social de la UNAM —que será aprovechado por otras instituciones para captar a los mejores alumnos—•, el posible éxodo de buenos académicos, el predominio de los mediocres y resentidos que en tiempos normales no pueden destacar. En suma, el deterioro profundo de la UNAM.

2. La controversia suscitada en el Instituto Federal Electoral (IFE) con motivo de las sanciones que el ex-contralor interno impuso a tres consejeros. Se resuelva como se resuelva la controversia, el IFE se ha deteriorado porque ha sufrido en su confiabilidad y en la honorabilidad de varios de sus integrantes.

Organos como el IFE deben estar lejos de la controversia política y su imparcialidad y objetividad no deben ser cuestionadas porque de ellas depende en gran parte la confiabilidad de las elecciones, sobre todo en un país como México, en el cual su transparencia ha sido el corazón de la disputa política.

El ex-contralor del IFE actuó mal, como mal también ha actuado cuando menos un consejero en este caso. El ex-contralor interno actuó mal porque es muy discutible que tenga facultad para destituir a un consejero, porque desconoció la autoridad que la norma le otorga al presidente del Consejo General y porque apercibió a dos consejeros por opiniones vertidas. Si sus atribuciones hubieran sido ejercidas con estricto apego a la ley, y con prudencia, su decisión hubiera constituido un buen precedente para el IFE y para la nación. Peor aún, varios analistas atribuyen la actuación del ex-contralor a consignas de un partido político o de un grupo recalcitrante a reformas democráticas en ese partido y en México. Es decir, la actuación del ex-contralor pareciera no responder a la preocupación por hacer cumplir la ley sino al objetivo de asestar un golpe político al IFE y a algunos de sus consejeros. Pero tampoco es admisible la conducta de algunos consejeros, que también lesiona al propio IFE y a la mayoría de sus compañeros, que se distinguen por su pulcritud y cuidado en los aspectos económicos.

A los miembros del Consejo General del IFE se les concede una remuneración mensual muy alta, equivalente a la de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de muchas y muy buenas prestaciones. Tienen la obligación de laborar donde sesiona el Consejo General; que decidan no traer a sus familias a la Ciudad de México es una decisión respetable como también lo es su decisión de visitarlas siempre y cuando no descuiden sus funciones. Pero nada puede justificar que los boletos de avión para sus visitas familiares y privadas —cuarenta en un año—, y las cuentas enormes de bebidas alcohólicas, las costeen los contribuyentes. Considérese qué pasaría si lo mismo hiciera un secretario o subsecretario de Estado, un ministro de la Suprema Corte o un magistrado federal; sería un escándalo mayor. Lo mismo puede afirmarse de alquileres de avionetas, helicópteros o vehículos, cuando no se justifican en razón del trabajo desarrollado.

El asunto es que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo, y la existencia de un doble criterio o moral: esos actos realizados por el enemigo, el contrario o el antagonista político son condenables, pero efectuados por uno mismo son pecadillos menores que pueden justificarse. Tantos años esperando compartir el pastel que lo menos que se puede esperar es que el trozo sea cuantioso; dependiendo de la laxitud moral del interesado, aumenta el tamaño del pedazo de pastel.

Como sea, el IFE ha salido muy deteriorado. Se encuentra en los mejores intereses de México que llegue con fuerza, prestigio e independencia a los comicios federales del año 2000.

3. Escribo algunos puntos de vista sobre la reforma constitucional al Poder Judicial Federal a través de la cual el pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma, en última instancia, el nombramiento, la adscripción, la promoción y la destitución de magistrados y jueces federales. Al perder su independencia y su autonomía, el Consejo de la Judicatura Federal sólo conserva el nombre pero ya no la naturaleza y las funciones reales que esos consejos tienen en los países en que existen.

Con esa reforma se da marcha atrás en el proyecto de reforzar las funciones jurisdiccionales de nuestro tribunal constitucional para que se dedique casi exclusivamente al examen de aquéllas y, en consecuencia, para que no se preocupe de la mayoría de las funciones administrativas, como sucede, como regla general, con los tribunales constitucionales.

Sin embargo, esas facultades administrativas constituyen el poder, el verdadero control en el Poder Judicial Federal. El pleno de la Suprema Corte, por buenas o por no tan buenas razones, no se había resignado a perderlas; cuando las tuvo se dio un sistema clientelar que dañó el prestigio de la Suprema Corte, del propio Poder Judicial Federal y de la misma función jurisdiccional.

No puedo desconocer que un problema que afectó gravemente al Consejo fue la falta de idoneidad de varios de sus miembros —no es posible generalizar— quienes también se dedicaron a construir su “clientela”. Además existe el rumor de graves casos de corrupción. Si así fuera, es necesario que se aplique la ley con todo rigor. Lo que no es aceptable es el deterioro de las instituciones causado por las conductas irresponsables e ilícitas de algunos de sus integrantes. De aquí la especial importancia que reviste el examen cuidadoso de los candidatos a esos cargos.

Tomada esa decisión política hubiera sido preferible eliminar al Consejo de la Judicatura Federal, ya que sólo sería un membrete costoso y dispendioso para un pueblo que en este año ha disminuido su consumo de harina de maíz.

4. Otra reforma constitucional que recientemente se aprobó fue la que precisa diversos aspectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de sus homologas locales. Es asombroso, en los tiempos que transcurren, que los proyectos que se presentaron y que la hubieran herido de muerte, como su intervención en asuntos electorales, no hayan prosperado.

Los aspectos que se modificaron son principalmente los referentes al nombramiento del presidente y los consejeros de la Comisión. Estoy de acuerdo, pero sorprende la propaganda al afirmar que con ello se garantiza la autonomía plena de la CNDH. Por desgracia, no es así. En todo el mundo la autonomía del ombudsman se garantiza por su calidad moral, su preparación, su valentía y la confianza social de que goce. Si se designa a una persona de bajo perfil para no incomodar al gobierno, con todo y reforma, el futuro de la CNDH no será promisorio. Si se designa a una persona ignorante o no comprometida con los derechos humanos, si se designa a alguien temeroso y que quiera quedar bien con todos, si se designa a una buena persona que reparta el presupuesto con generosidad a grupos o individuos, el mejor sistema de designación servirá de poco. O sea: la clave para la efectividad de un ombudsman es su calidad moral y profesional. Lo demás son palabras y demagogia.

Por razones obvias me es difícil juzgar el desempeño de la CNDH en los últimos tres años. Por ello, asiento algunas preguntas que se me han hecho y cuya respuesta dejo al lector: ¿se respetan mejor los derechos humanos ahora que hace tres años?, ¿la sociedad tiene hoy más confianza en la CNDH que entonces?, ¿la presencia social y la credibilidad de la institución es mayor ahora que hace tres años?, ¿la calidad y el número de las recomendaciones han aumentado en ese lapso?

El primero que desea estar equivocado con las apreciaciones expuestas soy yo porque el deterioro de esas cuatro instituciones, y no son las únicas, debilitan a la nación y nos dividen. Parece ser que no queremos aprender las lecciones de nuestra historia: sus épocas más negras y trágicas son aquellas en las que instituciones constitucionales y republicanas se deterioraron y los mexicanos nos dividimos; sobre los intereses del país prevalecieron los de un partido, un grupo o fracción.            n

Jorge Carpizo. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.