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Reformas pendientes

Por Luis Rubio

EI intercambio entre Jorge Castañeda y el ex presidente Carlos Salinas que se inició a partir de la publicación del más reciente libro del primero, amenaza con desviar la discusión nacional sobre los temas de fondo que verdaderamente demandan la atención de los mexicanos. Lo esencial para México y los mexicanos es reencauzar la vida pública a fin de resolver desde los ancestrales problemas de pobreza hasta los nuevos de falta de legitimidad, desigualdad social y la recesión que afecta a un amplio segmento de la población. No cabe la menor duda de que lo imperativo para el país es sentar bases sólidas para que sea posible construir el desarrollo económico y estructurar un nuevo sistema político, acorde con los tiempos.

Puesto en otros términos, el país requiere definiciones fundamentales en todos sus ámbitos.

En su libro y en artículos subsecuentes, Jorge Castañeda critica las reformas emprendidas por Carlos Salinas, argumentando que éstas fueron inadecuadas, incompletas y, sobre todo, impuestas desde arriba para el beneficio de unos cuantos. En el corazón de su argumento, Castañeda desdeña las reformas salinistas porque no hubo una iniciativa paralela en el sistema político que obligara a transformar las estructuras sociales. Salinas, por su parte, se defiende argumentando que su gobierno se abocó a cambiar algunas de las estructuras más anquilosadas de la economía y del sistema político del país a fin de sentar las bases para un crecimiento de la economía sostenido y de largo plazo.

A casi cinco años del fin del gobierno de Carlos Salinas, la realidad mexicana muestra que muchas de las reformas emprendidas por su gobierno efectivamente sentaron las bases para el fortalecimiento de la economía en el largo plazo. De particular importancia en este rubro es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual no sólo ha transformado a la planta productiva nacional, sino que también se ha constituido en la mayor fuente de crecimiento económico para el país, al grado en que virtualmente todos los nuevos empleos que se han creado en estos años están vinculados a él. Pero esa misma realidad ha evidenciado que no todas las reformas fueron acertadas y que, como bien afirma Castañeda, la ausencia de transparencia en la toma de decisiones llevó a que se abusara de los procesos de privatización, a que se abrieran oportunidades extraordinarias de corrupción y a que el devenir de los procesos políticos fuera (y siga siendo) abrupto, impredecible y saturado de violencia.

Viendo hacia adelante, lo crucial es aprender las lecciones del pasado, contemplar las ingentes necesidades que evidencia el país para atacarlas y dar pasos firmes hacia su resolución definitiva. Nadie puede dudar de que hay lecciones muy claras del pasado —y otras que arrojan experiencias en otras partes del mundo— que deben ser convertidas en un insumo indispensable.

Aunque la retórica política y electorera con frecuencia oscurece la discusión de los temas de sustancia, hay ciertos factores sobre los cuales parece haber un virtual consenso en el país: a) que la función del gobierno en esta época de globalización es fundamental para hacer posible el desarrollo; b) que los instrumentos centrales para promover el desarrollo económico se encuentran en la infraestructura, en la educación, en los sistemas de salud y en la preservación de los equilibrios macroeconómicos principales; c) que la globalización es un hecho inexorable que tenemos que aprender a explotar en nuestro beneficio; y d) que para que el país progrese necesitamos un gobierno que goce de plena legitimidad y de una capacidad efectiva de gobernar dentro de un Estado de derecho pleno.

Desafortunadamente, el hecho de que haya un virtual consenso sobre un conjunto de objetivos en abstracto, no implica que sea factible articular un consenso sobre las medidas específicas que sería necesario emprender para poder alcanzarlos. El país se encuentra cojo en un sinnúmero de ámbitos que demandan acciones gubernamentales y legislativas urgentes que empiecen a establecer bases firmes para el desarrollo integral y de largo plazo del país. Algunos de esos ámbitos demandan acciones específicas y concretas (como la regulación bancaria, la autonomía del banco central, y la relación entre los estados y la federación y entre los poderes públicos), en tanto que otros exigen modificaciones sustanciales en temas más generales que, con frecuencia, son mucho más trascendentes (como la conformación de un sistema político abierto, participativo y fundamentado íntegramente en la legalidad, tema que debería incluir la reelección de diputados y presidentes municipales, mecanismos de salvaguardar para la aprobación del presupuesto federal, el veto presidencial, etcétera).

Lo que sigue es una carta a Santa Claus. Pretende enumerar un conjunto de temas y ámbitos en los que las reformas o bien quedaron pendientes, o las que se emprendieron acabaron siendo inadecuadas o insuficientes.

• La vida política se caracteriza por dos procesos simultáneos: la gradual erosión del viejo sistema político y la existencia de algunos andamios que buscan sustentar el nacimiento de uno nuevo. Quienes por décadas se beneficiaron del viejo sistema se niegan a reconocer que el país requiere nuevas estructuras e instituciones y hacen hasta lo imposible por impedir que se logre un proceso de cambio gradual hacia un sistema político competitivo. En el camino, los mexicanos observamos con preocupación las confrontaciones, la parálisis y la violencia.

• Sujetar a una sociedad al imperio de la ley no es algo fácil, sobre todo cuando la cultura de la ilegalidad está tan enraizada. Sin embargo, en la medida en que cambie el paradigma de quien esté al frente del gobierno, la legalidad puede comenzar a afianzarse: en lugar de proteger a los antiguos cotos de poder, lo que inevitablemente implica una contradicción con la legalidad, el gobierno tiene que ser el primero en dedicarse a sentar las bases de una sociedad y un sistema político afianzado en el Estado de derecho. Sin un cambio de esta magnitud será imposible resolver el problema de la inseguridad pública.

• La economía se ha bifurcado en dos mundos totalmente independientes: el de las exportaciones, las empresas globales, la productividad y los niveles crecientes de empleo; y el del pasado, el de la vieja industria que nació al amparo del proteccionismo y que se rehusa —o es incapaz— de adaptarse a las nuevas realidades. Los problemas del primer grupo hablan por sí mismos: insuficiencia de mano de obra calificada, ausencia de técnicos e ingenieros en cantidades suficientes, problemas de infraestructura, incertidumbre sobre la disponibilidad futura de electricidad, petroquímicos básicos, etcétera. Los problemas de los mexicanos asociados al segundo grupo son igualmente elocuentes: desempleo, subempleo, falta de oportunidades, deudas impagables, ausencia de capacidad empresarial, falta de inversión, etcétera. Se trata de dos mundos contrastantes que no se vinculan entre sí a pesar de que, seguramente, la salida de la economía del país reside precisamente en encontrar maneras creativas y funcionales de enlazarlas.

• La economía no va a funcionar mientras el sistema financiero siga empantanado en sus viejos problemas: los bancos no son negocio, los mecanismos de otorgamiento de crédito siguen sujetos a los vicios evidenciados a lo largo del debate sobre el Fobaproa, y la estructura legal y regulatoria del sistema en su conjunto es obsoleta. El sistema financiero requiere sujetarse a la competencia del exterior (como ocurre en la industria manufacturera) y a una brutal y desalmada supervisión de las autoridades.

• El resto de la economía requiere una apertura integral. La industria manufacturera lleva casi tres lustros teniendo que competir con la mejor del mundo en la forma de importaciones en el mercado interno, así como a través de sus exportaciones. Sin embargo, su desempeño ha sido impedido y obstaculizado porque otros sectores —particularmente los servicios y los bienes producidos por el gobierno— gozan de una extraordinaria protección, lo que tiene el efecto de hacer menos productiva y menos competitiva al resto de la economía.

• En adición a los problemas específicos que uno pudiese identificar en cada sector y rama de la economía o en cada recoveco del sistema político, nada evidencia tanto nuestros rezagos como el hecho de que la economía comienza a enfrentar impedimentos a su crecimiento por la ausencia de un sistema educativo idóneo a las nuevas exigencias de la era de la información. Además, enfrentamos plazos perentorios, de diez años adicionales, para la apertura a las importaciones de granos básicos como el maíz y el frijol. A la fecha nada se ha hecho para transformar la economía campesina en anticipación a estos cambios vitales. Más allá de los debates relativos a la conveniencia de modificar el régimen cambiario vigente, es imperativo acelerar el paso en los ámbitos fiscal y monetario para lograr una convergencia con las principales economías con las que comerciamos para así efectivamente erradicar las crisis sexenales. La reforma económica y política en el país es un imperativo del que ningún gobierno puede escapar.

Los problemas del país son enormes y los obstáculos a su transformación imponentes. Pero lo que más nos limita no son las tareas concretas que habría que emprender, sino la incapacidad que hemos desarrollado para ponernos de acuerdo. Este es el tema central; lo demás son meras distracciones.  n

Luis Rubio. Politólogo, director del CIDAC. Su último libro es México en el umbral del nuevo siglo