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Inflación

More money

Por León Bendesky

La autoridad monetaria no ha cumplido con sus metas antinflacionarias. Se obstina en una disciplina dineraria que se asienta en una estructura productiva de poco aliento.

El control de la inflación es hoy en México uno de los aspectos más sobresalientes de la política económica. El hecho es que no se logra contener y, sobre todo, abatir sostenidamente el aumento de los precios y que los resultados obtenidos se apartan de modo significativo de las metas fijadas cada año. Esta circunstancia mantiene la incertidumbre entre los agentes económicos y resta credibilidad a los compromisos que adopta la autoridad monetaria. La estabilización sigue siendo, así, una de las condiciones pendientes de la política de ajuste.

En el curso de esta década se observa un escenario general de alta inflación con grandes fluctuaciones. Este proceso ha ocurrido primero en el marco de un régimen de tipo de cambio fijo y. después, con un régimen cambiario flexible. El primero llegó a su límite en 1994 por la acumulación de un abultado déficit externo, una gran expansión del crédito interno y una política de financiamiento público con una emisión excesiva de Tesobonos. El segundo mantiene constante la restricción monetaria como eje de su funcionamiento pero es muy vulnerable a los choques financieros del exterior. Los ajustes que pone en marcha representan altos costos económicos y financieros, asociados con el estrecho vínculo que su operación establece con las tasas de interés, que tienden a mantenerse en niveles muy elevados para contener la depreciación del peso.

El repunte de la inflación en 1998 rompió la tendencia descendente del crecimiento de los precios registrada en los dos años anteriores. La explicación oficial de este comportamiento está en la repercusión negativa de los choques externos: la caída de los precios del petróleo y la reducción de las corrientes de capitales. La respuesta de la política monetaria para absorber los choques significó un acomodo por los dos lados donde puede darse el ajuste, es decir, los precios y las cantidades. Por el lado de los precios, el tipo de cambio promedio tuvo una depreciación de 22% en el año, las tasas de interés de los Cetes a un mes aumentaron 77.8% (tomando los valores promedio trimestrales) y la inflación cerró en 18.6% anual, con lo que se situó 6.6 puntos porcentuales por encima del 12% programado, lo que equivale a una diferencia de 55%. Por el lado de las cantidades, el PIB redujo su tasa de crecimiento real esperada de 5.2% a 4.8%, pero generando una inercia de carácter negativo que, aunada a las frágiles condiciones externas, hace que el gobierno estime que en 1999 la economía crecerá 3%.

Este acomodo entre los precios y el nivel de la actividad económica se propició en el terreno fiscal mediante la aplicación de tres recortes presupuestales en el curso del año. Y en el ámbito monetario se alcanzó con una estricta gestión del dinero y del crédito, lo que significó una serie de ajustes e intervenciones del banco central en el mercado, especialmente por medio de mantener «corto» al sistema bancario y con la imposición de depósitos en el banco central.

La adopción del régimen de tipo de cambio flexible que es, tal vez, la modificación más relevante del esquema general de política económica que se aplica, se enmarca en una constante necesidad de controlar el crecimiento del crédito y de la liquidez en el mercado monetario. Esta condición se agrava en los periodos en que son menores las entradas de capitales y se ejerce una presión devaluatoria. Cuando la economía opera con menos dinero y crédito puede reducirse la tasa de crecimiento de los precios, pero se afecta igualmente la capacidad productiva de la mayor parte de las empresas. La operación de los mercados requiere de dinero y cuando éste es escaso se crea un obstáculo a la producción, se reasignan los recursos de modo que tienden a concentrarse en los agentes más fuertes, y se genera incluso una mayor debilidad institucional al dificultarse las condiciones para la validación de las deudas en el sistema financiero.

 La concepción dominante acerca de los orígenes de la inflación se basa en factores básicamente monetarios. Esto se asocia con la cantidad de dinero en la economía y, debido a los grandes y rápidos flujos internacionales de capitales el, mecanismo de transmisión opera a partir de los choques externos. El dilema que enfrenta la gestión monetaria de la inflación se manifiesta cuando menos en dos cuestiones: a) la gran sensibilidad del tipo de cambio ante los cambios en las corrientes de recursos, y b) la existencia de un canal de transmisión muy directo entre la depreciación del peso y el crecimiento de los precios.

La dificultad para controlar de modo efectivo las presiones inflacionarias tiene que ver con el hecho de que la misma depreciación del peso frente al dólar provoca crecientes expectativas de devaluación. Estas expectativas están latentes en la economía y son el principal signo de una inestabilidad crónica, pero tienden a manifestarse de modo abierto en ciertos periodos, creando episodios de fuerte volatilidad y desequilibrio en los mercados de dinero.

El ajuste puede darse con una fuerte devaluación que «corrige» las expectativas (por ejemplo, el 19 de diciembre de 1994) y crea un escenario de nueva estabilidad pero a un nivel superior de precios (no sólo el tipo de cambio, sino también las tasas de interés y los precios de los bienes y servicios). Ya que la política monetaria se plantea como objetivo principal contener la inflación y ello representa evitar una fuerte devaluación, el banco central pone en marcha medidas de contención del exceso de demanda en el mercado cambiario y de acomodo de las expectativas.

El problema del régimen cambiario está entonces en que la flexibilidad que ahora lo define, funciona en un entorno económico en el que subyace la inestabilidad. Debe advertirse que es crecientemente difícil administrar la política cambiaria cuando el precio del dólar depende de manera esencial del estado de las expectativas. En estas condiciones, la demanda de dólares por el «motivo especulación» domina a la demanda por el «motivo transacción» y, con ello, el equilibrio en el mercado cambiario tiende a ser inestable y la intervención de la política monetaria responde de modo generalmente contraccionista, lo que repercute de manera adversa sobre las condiciones financieras que afectan las decisiones de inversión y consumo.

Es la expectativa de que se mantendrá una cierta estabilidad del tipo de cambio el factor principal que induce a los inversionistas a mantener o aumentar sus tenencias de pesos para aprovechar los rendimientos reales de las tasas de interés. Con ello se establece una relación estrecha, pero en ocasiones perversa, entre la tasa de interés y el tipo de cambio, de modo que la primera tiende a operar como una especie de ancla financiera para estabilizar el valor del peso y reducir las presiones inflacionarias.

Este tipo de comportamiento de las variables financieras y de la inflación conduce a una situación en la que el horizonte para tomar decisiones de los agentes económicos se acorta de manera significativa. El aumento del nivel de la actividad económica para ser sostenido, equilibrado sectorialmente y generalizado entre los distintos estratos de empresas, requiere de la ampliación de dicho horizonte de acción en los mercados.

El banco central es muy explícito en su postura con respecto al proceso que genera el aumento de los precios, y señala que «Los movimientos del tipo de cambio afectan a la inflación por dos vías: a) de manera directa, a través de su impacto sobre el precio de los bienes comerciables y, b) indirectamente, al influir sobre las expectativas de inflación, las cuales afectan a su vez al proceso de determinación de los salarios y modifican, por tanto, otros precios en la economía» (Banxico: Política monetaria. Programa para 1999, p. 22).

Esta cuestión ubica la interpretación y el análisis en el terreno del proceso de la formación de los precios en la economía mexicana. Y es notorio que este asunto sea tan poco atendido, más allá del impacto de la devaluación, no sólo por las autoridades monetarias, sino por los mismos empresarios que resienten de manera importante los efectos de la inflación en el aumento de sus costos de producción, en la reducción de sus ventas y de sus utilidades y en la menor capacidad para pagar sus deudas.

Por una parte, se aprecia que después del ajuste de la paridad con la abrupta devaluación de diciembre de 1994 y tras la inflación de 52% de 1995, se empezaron a corregir los precios de los bienes, y ello operó como una forma de contención del aumento general de los precios. No obstante, la instrumentación del régimen de paridad flexible no ha evitado el rápido crecimiento de las importaciones y la reaparición del déficit comercial. Así, se aprecia que desde finales de 1994 hasta fines de 1998 las importaciones totales como proporción del producto interno bruto pasaron de 21.6% a 30%, mientras que las importaciones no maquiladoras pasaron de 16.8% a 21%.

Este comportamiento no se debe solamente a una cuestión de precios relativos, sino que tiene que ver con un aspecto crónico del modo de funcionamiento de la economía mexicana y que consiste en la dependencia que mantiene la actividad productiva y el patrón de consumo con las importaciones. Dicha característica se agrava ahora con el hecho de que el sector exportador es también altamente importador y ello hace que las exportaciones netas sean reducidas. Estas pautas de comportamiento son de naturaleza estructural y responden a los patrones de integración sectorial y regional, de innovación tecnológica y comercial que se han ido creando en la economía en los últimos dieciocho años.

Cuando aumentan las expectativas de devaluación-inflación se presenta lo que el propio banco central identifica como la «alta correlación histórica» que existe entre la paridad y el crecimiento de los precios. Pero la interpretación de esta correlación la circunscribe básicamente a la presión ejercida por las revisiones salariales. Y es precisamente en este sentido que debe ahondarse en las condiciones institucionales que privan no sólo en el mercado de trabajo, sino igualmente en aquellas de índole estructural que operan en el terreno de la organización industrial y en los mecanismos de fijación de los precios que hacen posible que se transmitan de modo tan directo las expectativas inflacionarias. De igual forma es necesario considerar la manera en que la fijación de los precios administrados por el sector público incide en la inflación y ello significa plantear una política de precios públicos que no los someta a cambios bruscos en periodos de restricción fiscal. Y finalmente está el caso de los productos agrícolas que, si bien están sujetos a los vaivenes del clima, no cuentan con suficientes mecanismos de estabilización que en unas condiciones eviten elevaciones fuertes del índice inflacionario y, en otras, no castiguen a los productores.

La economía es vulnerable a los movimientos del tipo de cambio y al alza de la inflación. Esto pone en evidencia la discrepancia que existe entre las políticas que se aplican para conseguir el equilibrio macroeconómico y el funcionamiento de la actividad productiva. Es aquí donde las políticas sectoriales (tales como las políticas industriales, de financiamiento, de desarrollo tecnológico o de educación y capacitación) y las de impulso al desarrollo regional muestran su relevancia y donde se aprecian vacíos importantes en el modelo de política económica que se aplica.

El esfuerzo antinflacionario está concentrado ahora en las medidas de contención de la liquidez, del crédito y, por lo tanto, de la demanda interna. En ello radica una buena parte de las limitaciones de la política monetaria y fiscal para abatir y mantener baja la tasa de crecimiento de los precios. La contención de la demanda no ha probado ser un instrumento efectivo frente a una inflación persistente, ya que provoca fluctuaciones acentuadas del producto, repercute de manera negativa en la composición del mercado de trabajo, no es eficiente para la asignación de los recursos materiales y financieros e impacta de modo inequitativo a las empresas pequeñas y medianas.

Las políticas monetarias han dejado de operar por el lado del estímulo de la oferta, que sería una forma alternativa de atacar a la inflación. Esta opción requiere modificar las consideraciones vigentes sobre los costos económicos asociados con el doble proceso de crecimiento de la actividad económica y de aumento de los precios. Una política monetaria que se fijara como objetivo la expansión de la base monetaria a una tasa equivalente a la de la expansión del producto potencial más la inflación registrada, no contribuiría, efectivamente, a la reducción de los precios pero podría llevar a que el ritmo de aumento de la oferta de dinero se redujera en el curso del tiempo, a medida que crece el nivel de ocupación y mientras se abate la inflación.

Esto significa un combate a la inflación por el lado de la oferta, es decir, aumentando y no reduciendo el nivel de la actividad económica. Esto requiere que el componente monetario de esta política se complemente con otros de índole estructural, como sería la promoción efectiva del incremento de la productividad agregada de la economía. Para ello existen varios requisitos entre los que destacan aspectos tales como crear las condiciones de maduración de mediano y largo plazo de las inversiones productivas, promover la creación de cadenas productivas, y sanear el sistema financiero de manera que puedan reestablecerse los circuitos de ahorro y crédito. El argumento consiste en encontrar la manera de reducir la vulnerabilidad externa que hoy padece la economía mexicana no sólo a partir de la gestión monetaria, sino generando una mayor fortaleza interna por el lado de la producción mediante un cambio en los esquemas de asignación de los recursos para la elevación de la productividad.

La determinación del valor interno y externo de la moneda es la expresión de su funcionamiento económico y no sólo de los equilibrios agregados que se alcanzan. Por más que el banco central y Hacienda se empeñen en fortalecer la moneda controlando su cantidad, eventualmente resurgen las presiones que reducen su poder de compra. La autoridad monetaria incumple sus metas inflacionarias porque trata de imponer una disciplina eminentemente dineraria sobre una estructura productiva incapaz de ajustarse por medio de una nueva relación de costos, que es finalmente la única manera compatible de operar con un menor crecimiento de los precios.

Este modo de funcionamiento de la economía mexicana es el que hace ineficaz a la política monetaria y fiscal para controlar la inflación. La gestión monetaria no se instaura como un instrumento de política capaz de generar crecimiento con estabilidad de precios y requiere de otras acciones que le permitan cumplir con su función. Mientras persistan las condiciones que frenan la productividad global, que provocan la fragilidad del sector financiero y la inviabilidad del sector de la pequeñas y medianas empresas seguirán presentes los obstáculos que enfrenta la política económica. En estas condiciones, el banco central seguirá siendo el villano, lo que en términos institucionales constituye un grave error económico y político.   n

León Bendesky. Socio-Director de ERI consultores económicos.