Etnia vs. Nación

Por Enrique Florescano

El siglo XIX mexicano testificó la creación del Estado-nación. Fue un tarea que sacrificó la diversidad en nombre de un proyecto unitario más allá de las divisiones y las contradicciones internas. Esta idea —escribe Enrique Florescano en este ensayo que forma parte del libro Memoria indígena, de próxima publicación por editorial Aguilar— apenas comienza a ponerse en duda y trajo, entre muchas consecuencias, “la desvalorización de la historia y la memoria indígenas”.

El Estado que surgió de la guerra de liberación nacional abrió un horizonte al proyectismo político. Al fundarse el Estado se creó simultáneamente un sujeto nuevo de la narración histórica: el país integrado por todas sus partes. Por primera vez, en lugar de un virreinato fragmentado internamente y gobernado por poderes extraños, los mexicanos consideraron el territorio, las diferentes regiones que lo formaban, su diversa población y sus contradictorios pasados como una entidad unitaria. Independientemente de las divisiones y contradicciones internas, el Estado se contempló como una entidad territorial, social y política que tenía un origen, un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. Esta entidad que integraba en sí misma los diversos sectores de la nación se convirtió en el nuevo sujeto de la historia, y su aparición modificó la idea del pasado y la concepción de la nación. Como dice François Xavier Guerra, el verdadero dilema que enfrentaron los estados americanos que surgieron del desmoronamiento del imperio español fue justificar su acceso al rango de naciones. Antes de 1810, la Nueva España y los demás virreinatos americanos tenían un concepto antiguo de nación. La idea de nación que sostenían estos países era la de una sociedad estructurada en reinos y ciudades, en estamentos y corporaciones unidos por vínculos tradicionales hacia la patria, la religión, el rey y las leyes del reino. Es decir, se trataba de una nación forjada por la historia.

Frente a esa vieja idea de nación comenzó a definirse una nueva, fraguada en las Cortes de Cádiz y en las luchas independentistas americanas, y emparentada con la idea de nación formulada por la Revolución francesa. Para esta corriente la nación “está formada por la unión voluntaria de individuos autónomos e iguales. La nación, por lo tanto, es una construcción libre que depende de la unión de las voluntades. Esta construcción puede inspirarse en la historia como una fuente de experiencias, pero no depende en su esencia de ella”. Esta idea de nación adquirió su faz definitiva en la Constitución de Cádiz promulgada el 19 de marzo de 1812 cuando se inscribe la frase: “La soberanía reside esencialmente en la nación”. Es decir, “la soberanía de la nación reemplaza a la del rey”. La nación se “constituye” o, en otras palabras, “comenzaba a existir de una manera nueva”, era “una nueva fundación”.1

La realidad política producida por la Constitución de Cádiz le impuso dos grandes desafíos a los países hispanoamericanos: por un lado crear el Estado y, por otro, asentar sobre estos cimientos el edificio de la nación. “Se ha dicho a veces —afirma Guerra— que en la América hispana el Estado había precedido a la nación. Mejor sería decir que las comunidades políticas antiguas —reinos y ciudades— precedieron tanto al Estado como a la Nación y que la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores de las guerras de Independencia será construir primero el Estado y luego, a partir de él, la nación —moderna”.2

La creación del Estado, es decir, del “ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder sobre un determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que le pertenecen”,3 requirió casi un siglo para hacerse efectiva y tuvo un costo social alto. Significó el  enfrentamiento con tres fuerzas autónomas enraizadas en el territorio y la sociedad: la Iglesia, los cacicazgos regionales y los pueblos o comunidades indígenas. A estas fuerzas corporativas tradicionales se sumó el inmenso poder político que adquirió el ejército en el transcurso del siglo XIX. El conflicto entre el Estado y los grupos tradicionales que defendían derechos corporativos alcanzó una intensidad extraordinaria porque los representantes del orden antiguo opusieron una resistencia empecinada a los propósitos modernizadores impulsados por el Estado.

Con todo, a fines de ese siglo transido de violencia el Estado había doblegado a los hombres fuertes que antes imponían su ley en territorios dilatados y le había asestado un golpe fatal al poder económico y político de la Iglesia. Por primera vez el Estado logró que sus leyes y mandatos se obedecieran en los rincones más alejados de la República, y puso en pie un ejército moderno que instauró el orden en el territorio nacional. Sin embargo, ese mismo Estado poderoso seguía librando una guerra a sangre y fuego con los pueblos indígenas, principalmente en las tierras regadas por el río Yaqui y en la península de Yucatán. En esta última región, los mayas, animados por un espíritu inquebrantable, habían logrado fundir su antigua religiosidad con los símbolos cristianos y sostenían una guerra salpicada de tintes religiosos que fortaleció su identidad y les permitió mantener sus tierras hasta principios del siglo XX.

La forja de la nación enfrentó obstáculos aún más poderosos, y no sólo por la honda diversidad étnica y el tamaño de la desigualdad económica, política y cultural que dividía a la población. Como lo reconoció Mariano Otero con amargura a mediados de ese siglo, “En México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación”. Otro liberal de la generación de la Reforma, Ignacio Ramírez, argumentaba que detrás de la ilusión de una nación integrada, lo que en verdad había eran “cien naciones que en vano nos esforzamos hoy en confundir en una sola”.4

Richard Sinkin afirma que “el conflicto es un ingrediente propio del proceso de construcción de la nación”, sobre todo porque “implica una lucha entre diferentes valores”. Es decir, además de ser una lucha por el poder y, por tanto, un conflicto entre los grupos y clases que lo ambicionaban para sí, es también una “lucha entre diferentes valores”.5 En efecto, las contrastantes ideas de nación que animaban a las élites dirigentes y a la masa indígena y campesina, llevó a estos sectores al choque sangriento que dividió más al país y produjo una herida social que aún no hemos podido restañar.

En el México de comienzos del siglo XIX los pueblos indios, los mestizos, las castas, los criollos, las ciudades y las corporaciones sostenían ideas contradictorias de nación. Como afirma François Xavier Guerra, desde mediados del siglo había dos ideas de nación que luchaban entre sí. Por un lado estaba la nación compuesta por estamentos y grupos corporativos, cuya unidad se fundaba en las costumbres y tradiciones colectivas instauradas por el propio desarrollo histórico. Esta nación era “el producto de una larga historia, a lo largo de la cual se han forjado sus valores, sus leyes, sus costumbres, es decir, su identidad”.6 Por otro lado estaba la nación moderna, integrada por individuos iguales, que se consideraba soberana.7

El enfrentamiento entre los grupos étnicos tradicionales y la nación se produjo cuando se creó el Estado moderno, el llamado Estado-nación. Al contrario de la nación histórica, el Estado-nación es concebido como una asociación de individuos que se unen libremente para construir un proyecto. En esta concepción la sociedad no es más el complejo tejido de grupos, culturas y tradiciones formado a lo largo de la historia, sino un conglomerado de individuos que se asumen iguales. Luis Villoro observa que esta nueva idea de nación “rompe con la nación tradicional. Un pueblo ficticio de individuos abstractos reemplaza a los pueblos reales; una nación construida, a las naciones históricas”. El Estado-nación, en lugar de aceptar la diversidad de la sociedad real, tiende a uniformarla mediante una legislación general, una administración central y un poder único. La primera exigencia del Estado-nación es entonces desaparecer la sociedad heterogénea y destruir los “cuerpos”, “culturas diferenciadas”, “etnias” y “nacionalidades”.8 Para comprender el efecto decisivo que el Estado-nación tuvo en la creación de una nueva memoria histórica conviene recordar que la “homogeneización de la sociedad se realiza sobre todo en el nivel cultural”. Para construir a la nueva nación se unifica la lengua en primer lugar y enseguida el sistema educativo; luego se uniforma el país bajo un único sistema económico, administrativo y jurídico. Y en el caso de que en el mismo territorio convivan varias culturas y naciones, la cultura de la nación hegemónica sustituye a la multiplicidad de culturas nacionales. Como dice Gellner: “El nacionalismo es esencialmente la imposición de una cultura desarrollada a una sociedad en que hasta entonces la mayoría, y en algunos casos la totalidad de la población, se había regido por culturas primarias”.9

El proyecto de Estado-nación que maduró en México durante la segunda mitad del siglo XIX se impuso como misión prioritaria someter la diversidad de la nación a la unidad del Estado. Los constructores del Estado anhelaban una nación desprendida de las comunidades históricas que habían formado a la nación plural. Puede entonces decirse que en México la “nación moderna no nace de la federación y convenio entre varias naciones históricas previas. Es un salto”. Se origina “en la elección de una forma de asociación inédita y en su imposición a las naciones históricas existentes en un territorio”. “En realidad, la constitución del nuevo Estado es obra de un grupo de criollos y mestizos que se impone a la multiplicidad de etnias y regiones del país, sin consultarlos. Los pueblos indios no son reconocidos en la estructura política y legal de la nueva nación”.10

El triunfo político de los liberales sobre los conservadores aceleró el proyecto de uniformar la diversidad social y las múltiples mentalidades e imaginarios que la expresaban. Los conceptos de patria y nación se redefinen entonces. Patria no es más el minúsculo lugar de origen, sino el territorio comprendido por la República mexicana. Nación no es más el grupo social unido por la lengua, la etnia y un pasado compartido, sino el conjunto de los ciudadanos que conviven en el territorio. En lugar de la nación real dividida en criollos, mestizos, indios y castas, se proclama un Estado integrado por ciudadanos iguales. En contraste con la nación escindida por su historia (el pasado prehispánico separado por la historia del virreinato, y éste por el pasado de la República), aparecen las primeras obras que unen esos pasados excluyentes en un discurso integrado. Era un discurso que partía de la antigüedad prehispánica, continuaba con el virreinato y la guerra de Independencia, seguía con los primeros años de la República y concluía con la época gloriosa de la Reforma.

Las obras históricas y los museos que entonces fueron crea dos se propusieron unificar estos distintos pasados, integrar sus épocas más contradictorias y afirmar una sola identidad. La historia patria se convirtió en el instrumento idóneo para construir una nueva concepción de la identidad nacional, y el museo en un santuario de la historia patria. Esta última vino a ser el eje de un programa educativo que transmitió la idea de una nación integrada, definida por épocas históricas que se sucedían de modo evolutivo, y cohesionada por propósitos y héroes comunes. Se forjó así una conciencia nacional asentada en una identidad imaginada.

El calendario cívico y los monumentos públicos celebraron las fechas fundadoras de la República, la defensa del territorio nacional y a los héroes que ofrendaron la vida por la patria. La pintura, la litografía, el grabado y la fotografía se asociaron con los medios de difusión modernos (el libro y el periódico) para reproducir los variados paisajes y rostros del país unificados bajo el nombre de mexicanos. De este modo, los gobiernos de fines del siglo XIX imprimieron en la población la imagen de un México integrado, de un país sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente y proyectado hacia el futuro.11El nuevo canon de esta interpretación de la historia tenía como centro el Estado-nación, y como postulados el patriotismo, la defensa de la integridad de la nación y el culto a los principios y a los héroes fundadores de la República. Era una concepción de la historia cívica y laica, cuyo objetivo principal era la unidad política de la nación.

La configuración de esta imagen de la nación, con su cauda de símbolos y emblemas nacionales, produjo la lista correlativa de los enemigos que se oponían a la nación moderna. En esta lista figuraban de manera prominente los pueblos indígenas. Liberales, conservadores y moderados, los distintos partidos políticos que competían en la arena nacional, coincidieron en señalar a los pueblos indígenas como el mayor fardo que arrastraba la nación y en ellos concentraron sus críticas. El ataque a las tradiciones y valores indígenas produjo como resultado una arremetida general contra las tierras que sustentaban a los pueblos y el nacimiento de una conciencia social intolerante, que se expresó en la exclusión de quienes no compartían los mismos valores.

El señalamiento de los indígenas como enemigos del progreso, o la acusación de que eran culpables del atraso y los fracasos del país, puso en movimiento una campaña insidiosa que terminó por configurar una imagen negativa del indígena. La prensa, los libros, los discursos, la pintura y los medios más diversos difundieron una imagen degradada y salvaje de los indígenas que se generalizó en el siglo y se adentró en las partes más profundas de la conciencia nacional.12

Una consecuencia de esa campaña fue la desvalorización de la historia y la memoria indígenas. El desprecio de los pueblos indígenas produjo como primera reacción una concepción negativa de su memoria histórica. Durante el siglo XIX los testimonios indígenas fueron considerados meras leyendas sin consistencia histórica. Otros autores negaron la existencia de una memoria histórica mesoamericana, principalmente porque sus testimonios no se ajustaban al canon establecido por la tradición occidental. Y quienes aceptaron los códices y textos mesoamericanos como representativos de una tradición propia, jamás pensaron que sus descendientes pudieran haber heredado ese legado. Menos pudieron concebir que los indígenas contemporáneos continuaran recreando la memoria que sustentó la identidad de sus antepasados. Esta visión negativa de la memoria indígena explica que sólo ahora, cuando está por terminar el siglo XX, empecemos a descubrir la complejidad de esa memoria, a reconocer la fuerza que hizo llegar su mensaje recóndito a sus descendientes más distantes, y su poderosa presencia actual, en medio de concepciones de la historia que se obstinan por imponerle una memoria única a la nación plural. n

1Frangois Xavier Guerra: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Fondo de Cultura Económica. México. 1992, pp. 326-327 y 333-337.

2 Ibid.. p. 35.

3 Norberto Bobbio: Estado, gobierno y sociedad. Plaza y Janés. Barcelona, 1987. p. 104.

4 Citado por Charles H. Hale: “La guerra con Estados Unidos y la crisis del pensamiento mexicano”, en Secuencia, revista de historia y ciencias sociales, enero-abril. 1960. Vol. 16. pp. 43-44.

5 Citado por Richard N. Sinkin: The Mexican Reform, 1855-1876: A Study in Liberal Nation Building. University of Texas Press, Austin, 1979, p. 10.

6 Franois Xavier Guerra: Op. cit.. p. 325: véase también Luis Villoro: Estado plural, pluralidad de culturas. Paidós, México. 1998. p. 16.

7 Luis Villoro: Op. cit.

8 Ibid., pp. 26-28.

9 Ernest Gellner: Naciones y nacionalismo. Alianza. Madrid, 1988. p. 82.

10 Luis Villoro: Op. cit, pp. 30-31 y 40-41.

11 Enrique Florescano: Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México. Aguilar. México, 1997, pp. 448.

12 Ibid., pp. 488-491.

Enrique Florescano. Historiador. Entre sus libros, Memoria mexicana y La bandera mexicana: Breve historia de su formación y simbolismo.

Traducción de Katia Rheault