Los bancos: suma y sigue

Por Ricardo Solís

La pasada LXII Convención Nacional Bancaria y la aprobación reciente de los vocales que dirigirán los destinos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) han sido motivo para que los bancos y los banqueros vuelvan a ser noticia periodística.

Poco antes de la convención bancaria. celebrada en Acapulco, el presidente del Consejo de Administración de Banamex hizo críticas muy severas a la política financiera del gobierno y delineó una perspectiva sombría para los bancos que después de la crisis se mantuvieron bajo control mayoritario de mexicanos. Una parte de sus declaraciones estuvo encaminada a sostener la necesidad de que el gobierno autorice la fusión del banco que dirige el más importante en la historia del país, con Bancomer, que ocupa el segundo lugar. Por otra parte, reiteró la petición al gobierno de que acelere la aprobación de las reformas legales pendientes (leyes de Garantías de Crédito y de Quiebra y Suspensión de Pagos, fundamentalmente), para tener un marco jurídico de mayor certidumbre para los bancos. Consideró que, sin esos cambios, la cartera vencida acumulada y los demás problemas financieros de los bancos continuarán. Concluyó que, sin las reformas solicitadas, será muy difícil revertir las tendencias del financiamiento bancario, que entre 1995 y 1998 se contrajo de manera alarmante.

Ya en la convención, el presidente de la Asociación de Banqueros de México reconoció los esfuerzos que han hecho las autoridades para apoyar a los bancos, sobre todo a través del Fobaproa. Pero sostuvo que el deterioro del sistema bancario se debe en buena parte a errores de la política financiera, por ejemplo el retraso en la aplicación de mecanismos preventivos en materia de crédito y el mal manejo de la política económica, que condujo a la devaluación del peso a fines de 1994 y a la elevación drástica de las tasas de interés a partir de 1995.

El secretario de Hacienda pidió a los banqueros no buscar culpables y los invitó a construir las condiciones necesarias para restablecer el flujo de crédito que requiere la economía. Entre ellas destacó la urgencia de capitalizar las instituciones (sobre todo de algunos bancos que permanecen en manos de mexicanos), el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y el mejoramiento de la eficiencia en la gestión de los bancos. Les recordó que los pilares de un buen sistema financiero son la confianza y la credibilidad, señalando que éstas fueron minadas por las acciones de algunos banqueros que actuaron sin profesionalismo, traicionando la buena fe de quienes les confiaron sus recursos. Por último, señaló que las autoridades redoblarán sus esfuerzos para prevenir y sancionar a quienes no se desempeñen con el valor ético que México demanda.

El reclamo directo y hostil de los banqueros mexicanos y la respuesta franca del responsable de las finanzas públicas da cuenta de una relación áspera entre ellos. Llama la atención la actitud de los banqueros mexicanos a quienes el gobierno trató con gran benevolencia antes y durante la crisis bancaria. No hay que olvidar, además, que entre los compradores de los bancos en el momento de su reprivatización destacaron antiguos propietarios de casas de bolsa que hicieron fortuna durante los ochenta, gracias al monopolio que el gobierno les concedió en la colocación de Cetes. Muy probablemente pensaron que la renta que recibieron durante esa época se mantendría con la compra de los bancos, sobre todo por la protección que el calendario del TLC les permitía frente a la competencia de bancos extranjeros. Sus expectativas respecto al futuro de los bancos los llevó a pagar precios que otros banqueros experimentados (como Manuel Espinosa Iglesias) consideraron excesivos.

Sin contar, en su mayoría, con la experiencia necesaria en el negocio bancario y sin llevar a cabo las reformas necesarias (sobre todo en la capacitación de los cuadros medios y la puesta en marcha de un buen sistema de evaluación de riesgos), los nuevos banqueros aprovecharon la disponibilidad creciente de recursos para expandir el crédito. La recuperación de este importante insumo de la economía había comenzado en 1989. pero con la reprivatización de los bancos y el flujo de ahorros que se registró en los años siguientes el financiamiento otorgado por la banca comercial a las empresas y las familias creció en términos reales al 16.5% en 1993 y al 32.4% en 1994.

Apoyándose en un marco legal atrasado y una supervisión frágil, los bancos constituyeron pocas provisiones para riesgos de la cartera de crédito (gracias a lo cual pudieron repartir dividendos generosos), a pesar de que la morosidad crecía a tasas muy elevadas. Según la información oficial, para 1993 la cartera vencida representaba el 7% de la cartera total, muy por encima del 2.4% que se tenía en 1990. Cabe señalar que esos indicadores reflejaban sólo parcialmente la verdadera situación de la cartera de crédito bancaria, en la medida en que los criterios con los cuales se calculaba la cartera vencida eran menos estrictos de los que se utilizan en otros países. Ahora esos criterios son semejantes a los prevalecientes a nivel internacional, de modo que las comparaciones entre el sistema bancario mexicano y otros sistemas de países desarrollados son posibles.

En 1994, a pesar del deterioro acumulado en la calidad de las carteras de créditos y la especulación que se generó contra el peso, los bancos decidieron expandir a una tasa más elevada su financiamiento al sector privado. En esta actitud jugó un papel importante la política monetaria seguida por el banco central para que las tasas de interés no sufrieran aumentos drásticos. Muy probablemente las autoridades consideraron que de haberse seguido una política monetaria más conservadora, como parecía imponerse dadas las presiones en el mercado de cambios, los incrementos en las tasas de interés habrían sido muy superiores a los que de hecho se registraron. En ese caso, los primeros afectados hubieran sido los bancos.

No hay que olvidar que desde principios de 1994 los precios de las acciones bancarias se desempeñaron menos favorablemente que el índice general de la Bolsa Mexicana de Valores, que sufrió una baja significativa a lo largo del año. Esa evolución mostraba la preocupación de los inversionistas respecto a la fragilidad que ya mostraban los bancos a finales de 1993 y, sobre todo, los riesgos que éstos corrían si se devaluaba el peso. La situación que los bancos tenían desde entonces era tan frágil que el presidente de la CNB V ha declarado que quizá la crisis bancaria habría estallado incluso si no se hubiese modificado el tipo de cambio.

La devaluación de diciembre de 1994 y el aumento drástico de las tasas de interés durante 1995 fueron el detonador de una crisis que se había gestado varios años antes y para la cual nadie estaba preparado. Las carteras vencidas, ya elevadas como se señaló más arriba, crecieron exponencialmente cuando los bancos aplicaron a sus deudores los aumentos en las tasas de interés que se iban registrando en las operaciones pasivas. Muchos de quienes hasta ese momento estaban al corriente en sus pagos se vieron imposibilitados para cubrir sus compromisos. La cartera vencida alcanzó niveles para los cuales no existían ni las provisiones ni el capital de respaldo necesarios. La gran mayoría de los bancos se encontró en la antesala de la quiebra apenas tres años después de su reprivatización.

Los primeros en reaccionar fueron los acreedores internacionales: el temor a una moratoria de parte de los bancos mexicanos los llevó a oponerse a cualquier renovación de los financiamientos que les habían otorgado. Para evitar un incumplimiento en los mercados internacionales, el Banco de México creó un programa temporal de financiamiento en divisas. Por otro lado, las dificultades para recuperar los créditos otorgados abrían la posibilidad de que algunos bancos no pudieran cumplir con los compromisos asumidos frente a los acreedores y los depositantes. De ahí surgió la necesidad de abrir una ventanilla de liquidez. Sin embargo, dado que el problema de los bancos no era sólo de corto plazo, sino de mala calidad de los activos bancarios y de insuficiencia en el capital, hubo necesidad de diseñar un programa tendiente a resolver simultáneamente esos dos frentes. El saneamiento de los activos y el fortalecimiento del capital se convirtieron en los instrumentos más importantes para proteger los pasivos. Sin esta protección. cabía el riesgo de una crisis de confianza de los depositantes y con ella el colapso total del sistema.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se convirtió en el bombero oficial a través del cual se buscaría apagar el incendio declarado en el sistema bancario. Las orientaciones para el rescate bancario emanaban de la SHCP, el Banco de México y la CNBV. Dado que las reservas del Fondo eran totalmente insuficientes para prevenir el colapso del sistema, no quedó otra alternativa que apoyarse en las finanzas públicas. Sobre ellas descansó en lo esencial el apoyo que recibieron los bancos y los deudores. La otra parte provino de las aportaciones al capital que debieron hacer los accionistas de los bancos viables, a cambio de los apoyos gubernamentales. En su conjunto, a marzo de 1998 la carga fiscal resultante de los programas de rescate bancario y el apoyo a los deudores ascendía a más de 600,000 millones de pesos, la mayor parte bajo la forma de pasivos a cargo del Fobaproa. En este momento, como consecuencia de la capitalización de la casi totalidad de los intereses devengados, se calcula que el pasivo originado por la crisis bancaria supera los 700,000 millones de pesos.

Las medidas de rescate se fueron aplicando a remolque de los hechos. Nadie había previsto ni las instituciones adecuadas ni los medios legales necesarios para enfrentar una situación de estas proporciones. Se actuó bajo la presión de la crisis, conforme al método de ensayo y error. La discrecionalidad con la que se manejaron los programas de apoyo a bancos y deudores creó la duda respecto a la pertinencia y transparencia de muchas operaciones concretas, tanto en beneficio de los bancos como de algunos grandes deudores. Las críticas respecto al rescate bancario se concentraron en los criterios que se siguieron para decidir cuáles bancos debían ser intervenidos y cuáles debían mantener su operación más o menos en las condiciones prevalecientes hasta diciembre de 1994. En opinión de las autoridades supervisoras, la intervención se aplicó cuando la situación financiera era particularmente grave, cuando existían elementos para considerar que se habían cometido irregularidades graves o existía el riesgo de un mayor deterioro si la gestión de esas instituciones se mantenía en poder de sus propietarios. En este caso se encontraron finalmente bancos tan diversos como Unión, Cremi, Banpaís, Bancen, Inverlat, Banorie, Promnorte, Anáhuac, Interestatal, Confía, Sureste. Obrero, Industrial y Capital. Todo parece indicar que ninguno de estos bancos estaba en condiciones de sobrevivir a los estragos causados tanto por la mala administración como por los cambios en el entorno macroeconómico. Se salvaron de esta situación otros bancos cuya situación financiera llegó a ser también en extremo delicada, como Bancrecer, Serfin, Mexicano, Probursa. Atlántico y Promex.

Eso significa que de los dieciocho bancos reprivatizados en 1991-1992, más Banco Obrero y otras instituciones pequeñas cuya autorización es posterior a esos años, sólo cuatro salieron relativamente bien librados: Banamex, Bancomer. Banorte y Bital, además de otros bancos creados después de la reprivatización, como Inbursa, Interacciones, Ixe, Bajío, etc.

Visto el rescate bancario en su conjunto, el mayor rompecabezas se produjo con los quince bancos intervenidos. Entre los fraudes y la mala administración, las pérdidas sumaron varias veces el capital contable de las instituciones, que tuvieron que ser asumidas íntegramente por el fisco. Su monto, a marzo de 1998, superaba los 95,000 millones de pesos. El segundo grupo de seis bancos (Bancrecer, Serfin, Mexicano, Probursa, Atlántico y Promex), que no fueron intervenidos pero cuyos quebrantos financieros fueron también equivalentes a varias veces el tamaño de su capital, significó una sangría fiscal aún mayor que el grupo anterior: también a marzo de 1998 los apoyos fiscales requeridos por estas instituciones ascendía a 198.000 millones de pesos, aproximadamente, la mayor parte de los cuales se concentró en Serfin y Bancrecer. El grupo de los cuatro bancos que salieron relativamente bien librados de la crisis (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital) y que se distinguen de los anteriores porque sus compradores originales pudieron mantener el control, también requirió apoyos fiscales muy importantes. En su conjunto, esos apoyos ascendieron, a la misma fecha que las cifras anteriores, a más de 100,000 millones de pesos. De no haber contado con estos recursos, los accionistas de estos bancos difícilmente habrían podido mantener el control de los mismos.

Cabe aclarar que las pérdidas que el fisco absorbió no fueron las únicas que se generaron como consecuencia de la crisis bancaria. También los banqueros tuvieron que absorber una parte, menor en monto que la asumida por el gobierno, pero significativa si se miran las cosas institución por institución. En el caso de los bancos intervenidos, los accionistas perdieron todo su capital. En el segundo grupo hubo bancos en donde los capitales se llevaron a cero, con las pérdidas correspondientes para sus dueños. Pero a diferencia del grupo anterior, los accionistas conservaron el derecho a suscribir parte de las nuevas acciones emitidas por las nuevas sociedades creadas. De ese modo, quienes compraron en 1991 el Multibanco Mercantil de México, luego convertido en Probursa, pudieron aportar recursos frescos para tener una participación minoritaria en el nuevo BBV; y quienes compraron el Banco Mexicano Somex, rebautizado como Banco Mexicano, pudieron adquirir una parte del capital del nuevo Santander Mexicano. En el caso de Serfin, Atlántico, Promex y Bancrecer, está por definir la participación que conservarán los viejos accionistas una vez que se concrete su transferencia.

Los cuatro bancos que se mantuvieron en manos de sus compradores originales también registraron pérdidas para sus accionistas y requirieron (y en algunos casos todavía requieren) ser recapitalizados a través de nuevas aportaciones de sus accionistas o de otras instituciones. En el caso de Bancomer, ya cuenta con la participación minoritaria del Bank of Montreal, Bital tiene, por su parte, a los bancos Comercial Portugués (de Portugal) e Hispano Americano (de España); y Serfin tiene una aportación pequeña de J. P. Morgan y otra, también minoritaria pero más importante, del banco inglés Hong Kong Shangai Bank. La estructura accionaria de estos bancos no es definitiva, si se considera la eventualidad de que el H. K. Shangai Bank tome el control de Serfin. Bital sea fusionado con otro banco y se autorice la fusión entre Banamex y Bancomer.

Después de tres años de turbulencias, 1998 parece haber sido el año de la recuperación. Los resultados a diciembre de ese año sugieren que de algún modo los bancos comienzan a recuperarse. En efecto, las utilidades del sistema bancario fueron, en 1998, 76% superiores a las correspondientes a 1997. Banamex obtuvo casi 5,000 millones de utilidades en el año (64% arriba de lo obtenido en 1997), en parte como consecuencia del aumento que registraron sus préstamos a las entidades gubernamentales (+401% entre 1997 y 1998), Banorte obtuvo 1,200 millones de pesos (27% más altas que en 1997), Bancomer obtuvo solamente 819 millones de pesos (59% menos que en 1997), Bital registró utilidades por 74 millones de pesos (70% más bajas que el año anterior) y Serfin tuvo sólo 127 millones (115% menos que en 1997). Cabe aclarar que buena parte de estas utilidades provienen de operaciones distintas a las que caracterizan la actividad bancaria. De ahí que no puedan considerarse como indicadores de mediano plazo.

Para 1999 se espera que las noticias bancarias sigan ocupando un lugar destacado en los medios. Los precios de las acciones de los grupos financieros han crecido extraordinariamente en los primeros meses del año (55% en promedio entre enero y abril de 1999), sobre todo como reacción de los mercados a la aprobación del IPAB y la eliminación de las barreras que impedían que las instituciones financieras grandes fueran controladas por capital extranjero. Sin embargo, este aumento espectacular sólo compensa en parte la caída de 1998 (de 53.7% en promedio), de modo que persiste la incógnita respecto a su evolución futura, que depende sobre todo de la evolución del entorno. En ese sentido, será importante conocer la política que siga el IPAB en cuanto a la transferencia o recomposición accionaria de los bancos Serfin, Inverlat, Bancrecer, Promex y Atlántico y a la conversión de los pasivos del Fobaproa en documentos negociables. Igualmente importante serán los resultados de las auditorías en curso.

Y, por último, pero no menos importante, será crucial para el futuro de los bancos la política que sigan las autoridades financieras respecto a nuevas autorizaciones bancarias. Si se opta por aumentar el número de bancos (mexicanos o extranjeros), para que el sistema bancario alcance más pronto un tamaño semejante al que tienen otros países respecto al PIB, se generará un problema adicional para los bancos existentes. En efecto, dado que la demanda de crédito proveniente de los deudores de riesgo razonable sigue siendo pequeña y con tasas de crecimiento previsibles muy modestas a pesar de las disminuciones significativas que han registrado las tasas de interés durante 1999, el aumento del número de oferentes se traducirá en una mayor competencia. Los más afectados pueden ser los bancos grandes, que han venido registrando una disminución en su participación de mercado. Tal vez por ello el presidente del Consejo de Administración de Banamex busque la fusión con Bancomer. El temor de un contexto de mayor competencia explicaría la hostilidad de sus declaraciones.

Dentro de poco se sabrá si el gobierno cede a las presiones de estos bancos. Dependerá en parte de la opinión de la Comisión Nacional de Competencia y de la postura que asuman los demás bancos, para quienes el resultado de esa fusión sería un cambio en la estructura bancaria en beneficio de los más grandes, con las desventajas que eso implica para los medianos y pequeños.    n

Ricardo Solís. Doctor en Economía. Profesor de la UAM- Iztapalapa.