Los sueños juveniles libertarios que recorrieron el mundo en los años sesenta y setenta toparon con la acción descarnada y represiva de un sistema capitalista que asesinó a miles de jóvenes latinoamericanos con golpes de Estado y dictaduras militares en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, y crímenes con prácticas de exterminio ancladas a la Guerra Fría y las “Guerras Sucias”. Hubo un brutal incremento de desaparición forzada de personas. Más de 5000 muertos y desaparecidos en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Más de 30 000 en Argentina (1976-1983). 475 desaparecidos y millares de torturados en Brasil entre 1964 y 1985. Más de 500 desaparecidos durante la Guerra Sucia en México. 6402 falsos positivos asesinados en Colombia por las fuerzas militares y policiales entre 2002 y 2008. La estrategia afectó particularmente a los seis de los diez países con mayores desapariciones forzadas en el mundo: Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina, Perú y Colombia.
El genocidio y las estrategias de tierra arrasada en Guatemala en los años ochenta dejaron un saldo de 200 000 personas asesinadas y 45 000 desaparecidas, según el informe de la Comisión de la Verdad en junio de 2016. En El Salvador se registraron entre 8000 y 10 000 personas desaparecidas durante la guerra civil (1979-1992), la mayoría asesinadas por el Estado. En el Perú se registran altos niveles de violencia, muerte y desapariciones forzadas con 223 567 víctimas entre 2007 y 2016 (Registro Único de Víctimas, Perú). El Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH) de Colombia registra 80 000 personas desaparecidas de manera forzada entre 1970 y 2017. En Brasil, durante el periodo de dictadura militar (1964-1985), 475 personas fueron desaparecidas por la acción estatal y miles fueron torturadas, según el reporte de Amnistía Internacional del 16 de marzo de 2012.
Miles de cadáveres no identificados dan cuenta de la impunidad mortal que cubre a nuestros países: muertos apilados en camiones y contenedores, abandonados en fosas clandestinas, colgados en los puentes o arrojados a la calle, decapitados, descuartizados, desollados o empozolados. Muerte artera que ni sepultura merece. Vidas que no importaban y que, desde la sesgada mirada del poder, si no importaban con vida menos importan ya muertos. Esto continúa afectando a nuestros países, con altos índices de desaparición forzada y campos de adiestramiento.
Entre 1980 y 1985 identificábamos amplios procesos de empobrecimiento, precarización y violencia que afectaron especialmente a jóvenes, quienes vivían con profundo desencanto el cierre de futuro definido como progreso y acreditado con el crecimiento económico de la segunda posguerra. Esto finalizó entre 1985 y 1990 con la instalación del modelo neoliberal.
Al empezar los ochenta conocimos la vida de barrios, callampas, favelas y comunas: incremento de la pobreza, precarización de la vida y la expropiación de la esperanza. Una década después reconocimos las prácticas sistemáticas de exterminio contra niños y jóvenes por parte de corporaciones militares y policiales, ensañadas contra jóvenes pobres y afrodescendientes de las favelas de Brasil, de los barrios populares mexicanos, de las comunas colombianas, las juventudes criminalizadas en los barrios centroamericanos, contra jóvenes chicanos y afros en los barrios estadunidenses. También se padecieron violencias de contrainsurgencia estadunidense supuestamente diseñada para combatir al narcotráfico, pero en realidad un dispositivo geopolítico de inteligencia, poder y control.
En 2007 Felipe Calderón dio inicio a una supuesta guerra contra el crimen organizado que bañó de sangre al país. Cientos de miles de homicidios, suplicios públicos, desapariciones forzadas, secuestros, cobro de piso y de cuota, cateos domiciliarios y retenes polimilitares. El índice de homicidios se incrementó en 200 % mientras se fortalecían los grupos criminales con la complicidad gubernamental del secretario de Seguridad de Felipe Calderón: Genaro García Luna instaló actores y entramados estructurantes de las violencias que aún padecemos.
Los cuerpos agredidos incluyen mujeres y hombres jóvenes y pobres; con frecuencia reducidos sólo a cuerpos: supliciados, no identificados, anónimos, carentes de duelo, sin nombre e innombrables; desaparecidos por el crimen organizado, las instancias policiales, las fuerzas militares y criminales amparadas en un marco de impunidad. Durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron más de 100 000 personas asesinadas y desaparecidas. Violencia sin control que en Ciudad Juárez solapó casi dos décadas de feminicidio.
Es insoslayable construir un marco interpretativo sobre la espiral de violencia y muerte que asuela a México y América Latina. En los años aciagos de 2008 a 2010 la violencia extrema criminal e institucional sacudió a las ciudades fronterizas afectando con mayor incidencia a los sectores juveniles pobres. A partir de esa condición extrema, en el año 2012 propuse el concepto de “juvenicidio” como asesinato sistemático y persistente de jóvenes. Señalé que junto al feminicidio el juvenicidio expandió el ominoso registro de la muerte artera.
El concepto se originó a partir de Felipe Calderón y los homicidios violentos e impunes de decenas de miles de jóvenes. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, tras el crimen de Estado de Ayotzinapa, Guerrero, del 26 y 27 de octubre de 2014, donde se asesinaron a seis personas y se desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, consideramos al juvenicidio inscrito ya en la realidad doliente de asesinato sistemático de jóvenes. Con colegas de América Latina y España iniciamos un proyecto que derivó en el libro colectivo: Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (2015), donde señalamos las violencias contra jóvenes: la violencia biopolítica institucional que se manifiesta en hostigamiento y criminalización por el delito de “portación de cara”; represión a movimientos sociales y a las biorresistencias, el crimen organizado y las violencias asociadas donde nueve de cada diez personas asesinadas con arma de fuego en América Latina son jóvenes y niños. Las violencias policiales, criminales y autodestructivas en barrios, clicas y pandillas. Las violencias simbólicas, las violencias racistas. La violencia feminicida, sexual, homofóbica y transfóbica. Las desapariciones forzadas y las violencias en la pornomáquina y la máquina carcelaria.
América Latina padece el asesinato persistente y sistemático de jóvenes por estrategias bionecropolíticas. Llamamos juvenicidio a la condición límite de diversos procesos: precarización económica, social, cultural y simbólica; identidades estigmatizadas que producen vidas vulnerables, vidas proscritas, vidas carcelarias, vidas secuestradas, vidas desaparecidas, vidas desechables, vidas fugitivas, vidas sacrificables, vidas desubjetivadas, vidas desplazadas.
En el juvenicidio hay inoperancia de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, desigualdad social en relaciones subalternas donde el orden dominante amplía las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión: ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos. El juvenicidio también alude a la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven. Sin embargo, los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de ellos sean asesinados, implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen la responsabilidad del Estado; con sectores o identidades juveniles desacreditadas, fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de instituciones; la construcción de territorios juveniles como ámbitos privilegiados de muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y aniquilamiento. La complicidad gubernamental con las fuerzas criminales dentro y fuera de las instituciones: un imbricado colaboracionismo de figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado.
El concepto “juvenicidio” ha sido importante para evidenciar la muerte atroz, artera y sistemática de jóvenes. Está construido desde posicionamientos académicos, éticos y políticos; identifica también las biorresistencias, las luchas político-identitarias y los movimientos socioculturales de jóvenes que enfrentan las estrategias políticas de control y muerte impulsados por el capitalismo expoliador. Juvenicidio: violencia, desplazamientos forzados, desacreditación, desubjetivación y muerte artera, indefensión y violencia que los colocan en necrozonas o zonas de muerte. La negación del sujeto, su inviabilidad, su condición prescindible, su banalización y borramiento.
La desubjetivación deconstruye a los excluidos de la historia: proscritos, incapaces, lastres sociales, máquinas de muerte. Niega la capacidad imaginativa y transformadora del sujeto y sus pensamientos no importan, son los antihéroes, anticiudadanos, personas expropiadas de derechos y acceso a la justicia, son des-institucionalizados y las propias instituciones reproducen sus situaciones de proscripción y precariedad. A ellos se les culpa del escarnio al que se les somete.
El juvenicidio, como el racismo o el genocidio, implica la desubjetivación como marca que afecta a jóvenes previamente excluidos y desvalorizados por sus repertorios socio-identitarios en cuanto pobres, favelados, afrodescendientes o indígenas. Es la conversión del sujeto en ente superfluo. Limita su pertenencia al mundo, lo desarraiga: la antesala social de la superfluidad que implica no tener un lugar social reconocido, como plantea Hannah Arendt.
La desciudadanización es excluir de los ámbitos institucionales que definen y habilitan los derechos ciudadanos; prioriza también la relación negativa con las instituciones que les excluyen, limitan su participación política, los expulsan del mercado de trabajo o precarizan sus condiciones laborales como malandros o delincuentes. Son víctimas asiduas de las maquinarias carcelarias, de la represión en barrios, favelas y colonias populares; destinatarios de las necrozonas o víctimas de crímenes atroces.
El capitalismo expoliador genera polarización social donde unos cuantos son beneficiados frente a las grandes mayorías empobrecidas. Sus condiciones económicas, sociales, culturales y la violación sistemática a sus derechos humanos generan amplios sectores de población excedente, superflua o residual. Zygmunt Bauman considera que la permanencia de esta población es negada por los poderes dominantes y sus formas de vida son degradadas por el neoliberalismo global. El modelo de globalización ha sido fértil para producir sectores sociales excluidos y abandonados. Parias de la modernidad, los llama Judith Butler. Pierre Bordieu define esta condición desde el concepto de precariedad. Alude no sólo a las condiciones de desigualdad sino a las dimensiones estructurales que garantizan su reproducción. Poblaciones con escaso capital social a las que les degradaron sus modos de ganarse la vida.
Ninguna persona puede reducirse a uno solo de sus repertorios identitarios (ni siquiera quienes se atrincheran en adscripciones fundamentalistas). Ninguna mujer es sólo mujer, ninguna persona es sólo creencia religiosa o posicionamiento político. Ningún niño, joven o adulto se encuentra reducido en esas categorías identitarias. Ninguna persona queda encapsulada en el color de la piel ni reducida a su condición social como obrero, campesino, burgués, empresario, rico o pobre. En el juvenicidio no se asesina sólo al individuo, sino a personas inscritas en uno o más colectivos sociales, comunidades imaginadas o grupos socioculturales.
La precariedad económica y social también precariza el acceso a la justicia. Produce vidas proscritas, prescindibles, sacrificables, ubicadas en los márgenes. Son subalternos sin voz y sin escucha. Son los homo sacer y las vidas nudas de Giorgio Agamben. Los hundidos de Primo Levi y los nadies de Eduardo Galeano, cuyas vidas valen menos que las balas que los matan. Los cuerpos monstrificados y criminalizados a los que aluden Antonio Negri, Mary Louise Pratt y Mabel Moraña. Quienes devienen en lo que llamé iuvenis sacer por su condición excluida de derechos: vulnerables, sacrificables, suprimibles, eliminables.
José Manuel Valenzuela
Investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Entre sus libros: La danza de los extintos. Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina (2022), Corridos tumbados. Bélicos ya somos, bélicos morimos (2023), Violencias sociales y precarización de las vidas juveniles. En Violencias (2024).
Este texto corresponde a una elaboración más amplia y aún inédita que se publicará en el libro El Juvenicidio como metáfora. Genealogías, intersecciones, poderes y resistencias, Colectivo JUVIR: Juvenicidio y resistencias sociales, Ned ediciones.