Una autocracia que parece democracia va por buen camino. No todas las autocracias dependen de la amenaza y la represión, no todas son encabezadas por élites que el pueblo teme y repudia a la vez. En ciertos casos, las élites autocráticas dependen de las urnas y el respaldo de la gente. Pero si los gobernantes dependen de las elecciones para seguir en el poder y la gente los respalda, ¿por qué es una autocracia?
La pregunta es clave para entender la transformación política en México durante los años recientes. La versión oficial es que el país se ha convertido en una “democracia verdadera”, en la que “el pueblo es el que manda”. En nombre del pueblo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría sacado a millones de personas de la pobreza; no más corrupción, menos violencia y superiores a Dinamarca en materia de salud. México sería uno de los países más democráticos del mundo según la presidenta Claudia Sheinbaum pues “el pueblo” elige a jueces, magistrados y ministros. Las encuestas de opinión corroboran que la gente está contenta, “satisfecha con la democracia” y que Sheinbaum es ampliamente popular, tanto o más que el propio López Obrador en su momento.
Pero la aprobación del Ejecutivo no es lo que define si un país es democrático. López Obrador desmanteló significativamente capacidades estatales construidas con mucha dificultad a lo largo de dos décadas. Además, la “cuarta transformación” impulsó un retroceso democrático al parecer irreversible. En consecuencia y según diversos analistas México estaría en el umbral del autoritarismo.1 Voces cada vez más numerosas señalan que la democracia transitó al autoritarismo y vivimos bajo una forma particular de dictadura.
El deterioro democrático es difícil de objetar pero el argumento de la transición a la autocracia aún genera escepticismo. En contra puede decirse: Sheinbaum no tiene pleno control sobre Morena ni el Congreso, las grietas en el gobierno son cada vez más visibles, la oposición obtuvo victorias recientes en elecciones locales. Incluso puede señalarse: López Obrador no buscó reelegirse, Sheinbaum fue electa con el 60 % de los votos, las elecciones seguirán siendo el único medio de acceso al poder; y los partidos de oposición, movimientos sociales y el periodismo crítico siguen ocupando espacios clave. ¿Cuál sería entonces la base para afirmar que México es ya una autocracia?
Entre 1997 y 2024 México fue una democracia con numerosas deficiencias. En una democracia la autoridad pública está constituida y regulada por dos principios: igualdad y libertad política. Esto requiere un paquete de condiciones indispensables: sufragio universal, elecciones libres y limpias, libertades efectivas de expresión y asociación, fuentes alternativas para informarse. Un régimen de múltiples voces y actores; los gobernantes asumen la responsabilidad por sus decisiones; y rinden cuentas con imparcialidad y certeza jurídica. Los controles constitucionales, la revisión judicial, los pesos y contrapesos, la deliberación pública o los instrumentos participativos convergen en mismo propósito.
Las instituciones que definen la democracia no garantizan por sí mismas el óptimo funcionamiento del régimen. En muchos países, los controles democráticos pueden ser precarios e ineficientes, aun cuando ostenten innovaciones democráticas. Las causas son diversas. En muchas sociedades la débil capacidad del Estado refuerza los problemas de coordinación de los grupos sociales y políticos para adoptar instituciones y políticas que promuevan el interés público. El resultado: persisten democracias de baja calidad y rendimiento deficiente.2
Las instituciones de la democracia tampoco son exclusivas de este régimen. Muchas autocracias dependen de normas e instituciones democráticas para mantenerse estables. Las autocracias no son sólo sistemas represivos ni dependen exclusivamente de la fuerza. Conocen de cortes supremas, tribunales electorales, elecciones competitivas y partidos de oposición. Ni siquiera los foros deliberativos o los mecanismos de democracia directa les son ajenos.
En las autocracias élites y partidos políticos dominan a la población. Las “autocracias electorales” o “autoritarismos competitivos” legitiman al gobernante con las elecciones y otros pro-cedimientos presuntamente democráticos.3 En estos regímenes, elecciones, procesos de contienda y competencia, debates en el Congreso, argumentos en tribunales, la crítica periodística o la protesta ciudadana son significativos. El problema: el grupo en el poder permanece en el poder y sus intereses prevalecen.
Las autocracias que dependen de su fachada democrática respaldan su dominio en el apoyo popular y tal es su ventaja. El asunto es que los procesos democráticos, por limitados que éstos sean son riesgosos en sí. Cualquier descuido puede sorprender a la coalición autocrática. Como los costos de perder se incrementan cada vez más, la autoridad fortalece su control político. La autocratización progresiva se vuelve una estrategia de supervivencia para el grupo gobernante.
En una autocracia, al contrario que en una democracia dispareja, la coalición gobernante condiciona la separación de poderes, la integridad de las elecciones o las libertades políticas. Es decir, el ejercicio efectivo y consecuente de los derechos y libertades democráticos no depende, en última instancia, de la voluntad y capacidad de las personas o las organizaciones ni de las instituciones que garantizan esos derechos y libertades. Depende de que no sean opuestos o interfieran con las prioridades del grupo en el poder. Un régimen es una autocracia cuando la coalición gobernante condiciona de forma sistemática el funcionamiento de las instituciones de la democracia para permanecer en el poder y aplicar su agenda política.
México es una autocracia. Se le pueden aplicar adjetivos diversos: “electoral”, “competitiva”, “emergente”. Lo importante: el régimen es autocrático debido a que la coalición gobernante —confeccionada por el expresidente López Obrador y sostenida por la presidenta Sheibaum y Morena— tiene la capacidad de condicionar el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Ni la división de poderes ni los contrapesos constitucionales ni las elecciones son garantes del control del poder político y la rendición de cuentas del gobierno en turno.
Desde su llegada al poder en 2018, López Obrador impulsó la supremacía del Ejecutivo y la transformación del Estado en un mecanismo de gestión partidista y patrimonial. Todo enmarcado por una narrativa maniquea de reivindicación popular. En esa narrativa, típicamente populista, la Cuarta Transformación está del lado correcto de la “historia”; las élites “fifís”, “moralmente derrotadas”, representan el pasado “neoliberal” y corrupto. Esa retórica fue clave para encumbrar la figura presidencial por encima de la Constitución y las leyes, alegando que López Obrador representaba al pueblo y su lucha emancipadora. De esa manera, López Obrador desacreditó y deslegitimó toda forma de oposición, crítica y de resistencia. Al mismo tiempo, promovió la concentración de poder en el Ejecutivo y que los poderes y procedimientos se subordinaran a los intereses de la Cuarta Transformación. Se puso en marcha un modelo partidizado de captura estatal que demanda “90 % de lealtad y 10 % de capacidad”.
Cuando López Obrador dejó la Presidencia en septiembre de 2024, la transición a la autocracia estaba en curso. Todavía en las elecciones de junio de ese año las instituciones preservaron sus cualidades democráticas,4 aunque estuvieran mermadas y debilitadas de una manera considerable. El triunfo de la coalición lopezobradorista en ese proceso electoral era previsible pero su magnitud incierta. Las elecciones intermedias de 2021 ya habían mostrado que el gobierno contaba con el voto de la gente, pero no tenía pleno control de los resultados. La coalición oficial perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sufrió un revés inesperado en las elecciones locales de Ciudad de México, gobernada entonces por Claudia Sheinbaum. Este tipo de sorpresas inherentes a la incertidumbre democrática es algo que los gobernantes autocráticos pretenden evitar.
Poco tiempo después López Obrador intentó reformar el sistema electoral para desvanecer los riesgos de la incertidumbre democrática, pero la oposición partidista impidió la aprobación del “Plan A” y la Suprema Corte invalidó la promulgación del “Plan B” por violaciones al procedimiento legislativo. López Obrador lanzó entonces el “Plan C” en febrero de 2024 y puso en la mira al Poder Judicial. Con el Plan C como bandera de campaña, el presidente hizo de las elecciones de 2024 un referéndum sobre su gobierno. El 60 % de los votantes respaldaron la continuidad de la transformación, representada por Claudia Sheinbaum. A la par, la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, concentró el 54 % del voto para el Congreso. Morena y sus aliados también extendieron su dominio territorial en los estados.
Esos resultados apuntalaron el inicio de la transición autocrática. Las elecciones de 2024 estuvieron condicionadas por un alto nivel de disparidad. El vigoroso operativo de campaña lanzado por el presidente y su partido pasó por alto un extenso número de regulaciones y procedimientos electorales, aprovechando la permisividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de la elección, también con el aval de sendas mayorías en el INE y el tribunal, López Obrador logró el control del Congreso. Con poco más del 50 % de los votos, Morena y sus aliados acumularon el 73 % de los escaños en la Cámara de Diputados y el 64 % en la de Senadores. Los votos necesarios para la mayoría calificada de la Cuarta Transformación en el Senado los otorgaron, por coacción o cooptación, un grupo de senadores opositores.
En menos de un mes, López Obrador aprobó reformas que atacaban los fundamentos de la democracia constitucional al desfigurar el Poder Judicial y conferir mayores facultades al Ejército en actividades civiles y de seguridad pública. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, las bases institucionales de la autocracia ya estaban establecidas. Pocas semanas después, Sheinbaum promulgó otra reforma que prohibía controvertir las reformas constitucionales por cualquier vía. Para ese momento, la Suprema Corte ya no era un contrapeso del Ejecutivo tras dejar en firme la reforma judicial. El siguiente paso lo dio el mismo gobierno de Sheinbaum al promulgar otra reforma constitucional que eliminaba o transformaba siete órganos y agencias constitucionalmente autónomos, como el instituto garante del acceso a la información pública y protección de datos personales. De esa manera se eliminaban instituciones y agencias estatales estratégicas para la transparencia, la competitividad y la eficacia de las políticas. En su lugar, la opacidad de la gestión patrimonial y partidista del Poder Ejecutivo quedaba blindada.
La elección judicial, celebrada el 2 de junio de este 2025, constata la transformación autocrática del régimen. Es ilustrativa del condicionamiento de las instituciones a favor de la coalición gobernante. Desde la promulgación de la reforma judicial hasta la validación del proceso por parte del Tribunal Electoral, ese proceso estuvo marcado por irregularidades y transgresiones que desacreditan su carácter democrático. Las personas que ocupan los cargos en el Poder Judicial ni fueron electas por el “Pueblo” ni triunfaron en comicios íntegros e imparciales. Aun si fuera el caso, las elecciones judiciales seguirían representando la subversión populista de un elemento necesario para la democracia constitucional: un poder judicial profesional e independiente.
En este octubre Claudia Sheinbaum celebra su primer aniversario como presidenta de México. El comienzo de la transición autocrática está cumpliendo, también, poco más de un año. Como en toda conmemoración oficial, hay que decir que se ha avanzado pero queda mucho por hacer. La reforma electoral, por ejemplo. Esa reforma no pondrá al país al borde del autoritarismo: afianzará los mecanismos de una autocracia en funciones.
La transformación democrática que tuvo lugar en México entre 1997 y 2018 es una historia de claroscuros. Durante más de dos décadas, un régimen patrimonial, anquilosado y autocrático se transformó en un régimen pluralista que gradualmente favorecía el control democrático del poder. Esa transformación, por dispareja e incompleta que haya sido, no se explica sin el vigor y la tenacidad de mucha gente comprometida con la construcción de una democracia constitucional que fuera sensible a los reclamos de justicia social. La prueba emblemática es la elección de López Obrador en 2018. Ese año la democracia cumplió su función de proporcionar medios al electorado para llamar a cuentas a un gobierno poco popular e inmerso en la corrupción. Así llegó la Cuarta Transformación al poder, impulsada por el malestar político acumulado y las promesas lopezobradoristas de justicia, seguridad y bienestar.
Al evaluar el periodo democrático en México, es frecuente atribuirle fallas a la democracia que son responsabilidad de las élites políticas y partidistas. La democracia mexicana ha sido tachada de elitista y neoliberal, incapaz de responder a los problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad y violencia en el país. Esa crítica pasa por alto que la democracia no es un agente que actúa y decide por sí mismo. Las fallas y deficiencias del régimen pueden rastrearse hasta los momentos y los actores que, desde el gobierno y la oposición, en la administración pública o el Poder Judicial, tomaron ciertas decisiones en lugar de otras. Decisiones que por lo regular protegían intereses particulares y concentrados, que promovían políticas de corto plazo o limitaban la democratización del sistema.
En cualquier caso, la crítica reiterada es que la democracia fue incapaz de incluir a “las clases populares” o los “sectores subalternos”. Así suele explicarse la popularidad de López Obrador e incluso insistir en que la Cuarta Transformación encarna una democracia más participativa y popular. Ese razonamiento, sin embargo, carga con una cierta ironía: en los hechos, esa democracia imperfecta e insuficiente, que fue construida por una serie de élites partidistas corruptas y oportunistas, ha sido reemplazada por una autocracia edificada por élites no menos corruptas ni oportunistas. El régimen actual podrá describirse a sí mismo como incluyente, participativo y popular, pero ya no es democrático.
Las cosas pudieron haber sido diferentes. Al llegar al poder López Obrador tenía las condiciones idóneas para establecer una “democracia verdadera”. La historia reciente muestra que optó categóricamente por lo opuesto y que se obstinó en conseguirlo. Incluso Claudia Sheinbaum pudo haber revertido las reformas del Plan C —en teoría, desde luego—, pero siguió comprometida con el “segundo piso de la transformación”. En conjunto los hechos sugieren que las élites políticas mexicanas repudian la democracia más allá de las oportunidades circunstanciales de acceder al poder que ésta les ofrezca. Por ahora, la gente parece contenta.
Alejandro Monsiváis Carrillo
Profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte
1 Aguiar, A.; Castro, R., y Monsiváis, A. “Is Mexico at the Gates of Authoritarianism?”, Journal of Democracy, 36 (1), 2025. pp. 50-64.
2 Mazzuca, S., y Munck, G. L. A Middle-Quality Institutional Trap: Democracy and State Capacity in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
3 Levitsky, S., y Way, L. A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press, Cambridge, 2010; Schedler, A. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism, Oxford University Press, Oxford, 2013.
4 López Leyva, M. A., y Monsiváis, A. (coords.). ¿Cómo se sostiene la democracia? La resiliencia democrática en México, IIS-UNAM, México, 2024; López Leyva, M. A., y Monsiváis, A. (coords.). Subversión y resiliencia: ¿los límites de la democracia mexicana?, IIS-UNAM, México, 2025.