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Martín Werner. Doctor en Economía. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

La nueva realidad política en México se ha traducido en el enriquecimiento del debate sobre temas económicos. En este sentido, diariamente los medios de comunicación dan cuenta de las distintas propuestas y puntos de vista que los actores políticos y sociales realizan con relación a la forma de conducir la economía nacional. 

Una de las principales vertientes de este debate se refiere a la recaudación y asignación de los recursos públicos. En términos muy generales, por el lado de los ingresos gubernamentales la discusión se ha orientado a la necesidad de adoptar una reforma fiscal integral. De la misma manera, distintos actores y grupos se han manifestado a favor de modificar la estructura del gasto público. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre la relación que existe entre el ingreso y el gasto del gobierno y la importancia de ésta para lograr un desarrollo sostenido y equitativo. 

La relación entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta se resume en una variable conocida como el balance público. Cuando al gobierno ingresan mayores recursos de los que gasta, el balance público registra un superávit, palabra que es sinónimo de ahorro. En cambio, cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, se registra un desahorro o, como comúnmente se le llama, un déficit. Como cualquier persona o empresa, cuando el gasto supera el ingreso, surge la imperante necesidad de pedir prestado e incurrir en un endeudamiento. De esta manera, la deuda pública del gobierno se puede interpretar como la suma de todos los balances públicos que las distintas administraciones, desde la Independencia a la fecha, han registrado. El hecho de que hoy el país reconozca en sus cuentas públicas una deuda, significa simplemente que, en promedio, el balance público a lo largo de nuestra vida independiente ha sido negativo o deficitario. Esto no quiere decir que en todos y cada uno de los últimos 187 años el gobierno mexicano haya gastado más de lo que ha tenido. De hecho, muchos gobiernos han realizado esfuerzos presupuestales, reduciendo con ello los niveles de endeudamiento nacional. 

En este sentido, vale la pena aclarar la forma como debe considerarse la deuda pública. Por razones inflacionarias, no es conveniente comparar cuántos pesos debía el país, por ejemplo, en 1950, contra los pesos que debe hoy, toda vez que un peso hoy no tiene el mismo poder de compra que hace cincuenta años. Por ello, la medida apropiada es comparar la deuda con relación al valor de los bienes y servicios que se producen en ese momento, es decir, respecto al ingreso o a la capacidad de pago del país para afrontar sus obligaciones. 

A manera de ejemplo, y como resultado de los déficits públicos acumulados a finales de los setentas y principios de los ochentas, la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB) alcanzó un máximo de 93% en 1986. En cambio, gracias a los esfuerzos fiscales realizados durante los últimos años, se ha logrado reducir esta proporción significativamente, de manera que al cierre de 1997 representará menos de una tercera parte del producto. 

¿Acaso esto significa que el gobierno necesariamente debe de ahorrar cada año para así poder disminuir la carga de la deuda? La respuesta es, contundentemente, no. La suma de la deuda y el balance públicos de este año es igual a la deuda de mañana, es decir, el déficit público representa simplemente el incremento de la deuda. Por ello, si el déficit público es menor al crecimiento de la economía, la relación deuda pública gubernamental a producto disminuirá, y la solvencia del gobierno será mayor. Dicho de otra manera, el gobierno tiene cierto margen para endeudarse sin poner en riesgo su capacidad de pago. 

Toda esta discusión nos lleva a plantear dos interrogantes. ¿Por qué debemos preocuparnos por el tamaño del déficit y de la deuda públicos? ¿Cuál es la relación entre estas variables y el bienestar económico? 

A pesar de que los déficits presupuestales tienen diversos efectos sobre la economía, éstos se derivan de un impacto inicial: el déficit reduce el ahorro público y, con ello, el ahorro nacional.1 En una economía abierta como la de México, esto significa que se tiene que depender más del ahorro externo para mantener el mismo nivel de gasto. Toda vez que el ahorro externo es, por definición, igual al déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, podemos encontrar que déficits en las finanzas públicas van acompañados de deterioros en la cuenta corriente y, por lo tanto, de un aumento en la vulnerabilidad de la economía mexicana a cambios repentinos en las condiciones de los mercados financieros internacionales. La importancia de mantener el ahorro externo en niveles manejables, específicamente menores al 3% del producto, se hace evidente al constatar que las crisis económicas que nuestro país ha sufrido han sido precedidas por deterioros significativos de la cuenta corriente. 

Adicionalmente, cuando el gobierno registra números rojos, utiliza ahorro que de otra manera hubiera sido dirigido a contribuir al crecimiento económico. Pensémoslo de esta manera: los individuos primero toman la decisión de cuánto ahorrar y luego a dónde destinar estos recursos. Si el gobierno no registrara un déficit, todo ese ahorro estaría destinado a financiar inversión productiva, en nuevas plantas industriales, tecnología e investigación, contribuyendo con ello a un aumento en la productividad y, por ende, en los salarios reales y el nivel de vida. 

Cuando se registra un déficit en las finanzas públicas, no sólo el monto de recursos disponible para las familias y empresas es menor, sino que éste se encarece a través de un aumento en las tasas de interés. El aumento en las tasas de interés se presenta tanto por la mayor competencia por recursos financieros entre los sectores público y privado, como por el hecho de que sólo mediante este mecanismo la gente estaría dispuesta a mantener la deuda que el gobierno emite para financiar su gasto. Pero, a su vez, las mayores tasas de interés desincentivan la inversión privada y con ello la generación de empleos. Revisando las cifras para México podemos constatar estos eventos, es decir, déficits fiscales van acompañados de mayores tasas de interés y menor inversión privada. 

El incremento en los réditos provoca que el gobierno se vea en la necesidad de destinar mayores recursos a servir su deuda y, por lo tanto, a reducir otros gastos. En este sentido, mientras que en 1983 se destinaba el 33% del gasto neto total al pago de intereses y 17% a desarrollo social, en 1997 la proporción se ha invertido al destinarse 17% del gasto a pagar intereses y 38% a desarrollo social.

Además de los efectos inmediatos de aumentos en el déficit público, hay una serie de consecuencias de largo plazo. En particular, el crecimiento sostenido del producto en el tiempo está determinado por la capacidad productiva de la economía. Esta a su vez depende directamente del acervo de capital, es decir, de los bienes y servicios que se utilizan para producir otros bienes y servicios. Los déficits fiscales, al reducir la inversión impactan negativamente la tasa de crecimiento del acervo de capital, lo que a su vez se traduce en menores tasas de crecimiento económico. Este menor ingreso futuro, junto con el inevitable aumento en los impuestos para pagar la deuda, significa una disminución del ingreso disponible de las familias y, por tanto, en una caída en el nivel de vida de la población. 

Otro efecto importante de que crezca el déficit público es sobre la inflación. Cabe recordar que, salvo el gasto en inversión de empresas como Pemex, los recursos del gobierno se destinan mayoritariamente a bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional. En este sentido, debido a que la producción de estos bienes y servicios está dada en el muy corto plazo, una mayor demanda del sector público ejerce una presión a la alza sobre el nivel de precios. 

Como se sabe, la inflación es simplemente un impuesto sobre los saldos de dinero que mantienen los agentes productivos, el cual recae más fuertemente sobre los que menos tienen, toda vez que estos últimos no tienen acceso a instrumentos financieros que permiten evadir este gravamen. A este respecto, la experiencia mexicana es clara: mayores déficits son siempre acompañados de mayores tasas de inflación.

Por último, es necesario añadir un comentario sobre la evidencia, internacional y nacional, de la relación entre finanzas públicas y crecimiento económico. Durante el periodo 1990-1994, los países emergentes de Asia registraron una tasa de crecimiento real promedio de 7.8%, al mismo tiempo que mantuvieron un superávit fiscal equivalente a 2% del producto, en promedio. En cambio, los países de América Latina registraron una tasa de crecimiento real promedio de 3.7% y un déficit fiscal de 1.5% del producto durante el mismo periodo. En el caso de nuestro país, durante la etapa conocida como de desarrollo estabilizador, esto es, entre 1954 y 1970, se alcanzaron altas tasas de crecimiento (6.9% en promedio) con déficits fiscales pequeños, del orden de 0.78% del PIB. En cambio, cuando los déficits promediaron 9.15% del PIB (entre 1976 y 1988), el crecimiento real fue de tan sólo 3.3%. 

Los argumentos a favor de unas finanzas públicas sanas son fuertes. Es indispensable contar con ellas para lograr un desarrollo sostenido y con mayor justicia social. Los representantes de los diversos sectores que influyen sobre la definición de la política económica deben de estar conscientes de esto y, a partir de ese punto, iniciar la discusión sobre temas específicos en materia de gasto e ingreso públicos. 

El reto que enfrenta el país es muy grande: la recuperación de la economía debe traducirse en una mejoría generalizada de las condiciones de vida de la población que es, ciertamente, la que más importa. 

Sólo el aumento sostenido en las tasas de crecimiento económico, la generación de empleos bien remunerados y la reducción permanente en la inflación, permitirán elevar el nivel de vida de los mexicanos y abatir de manera firme y definitiva los rezagos sociales. 

1Conviene en este punto hacer una precisión. El ahorro total de la economía es la suma del ahorro público, privado y externo y, a su vez, equivale a la inversión total. El ahorro del sector público se define como la suma del balance operacional y la inversión física del sector público. Por su parte, el balance operacional se define como la diferencia entre el ingreso total del sector público y sus gastos totales, incluyendo dentro de estos últimos sólo el componente real, no el nominal, de los intereses devengados.