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Teresa Gurza Orvañanos. Reportera. Colabora en el diario La Crónica de Hoy.

Al igual que en el Distrito Federal y otras ciudades del país, en los últimos años se han incrementado en Michoacán el número de menores que delinquen y la gravedad de sus crímenes.

Dicen los doctores Luis Mora Contreras y Antonio Rangel, director y presidente del Consejo Tutelar del estado y del Albergue Tutelar de Morelia, respectivamente, que los niños y las niñas de hoy son muy diferentes a los de 1979, cuando siendo gobernador Cuauhtémoc Cárdenas se aprobó el Código Penal vigente que fija los 16 años como edad de imputabilidad, y que en los casos de mayores de 16, pero menores de 18, permite a los jueces tomar en cuenta la madurez personal de los involucrados para determinar su responsabilidad, el monto de la pena y el lugar donde deben purgarla.

Agregan que para poder enfrentar mejor las nuevas situaciones es indispensable actualizar la Ley Tutelar para que el albergue sea de «puertas cerradas», y se establezca un mínimo de 3 meses de permanencia, lo que permitiría no sólo la protección de los menores como sucede ahora, sino también su rehabilitación, que actualmente no se logra. Los índices de reincidencia son de un 30%.

A nivel nacional hay tres tipos de leyes para menores: garantistas, que funcionan en algunas entidades como el Distrito Federal y el Estado de México; paternales, como la de Jalisco; y tutelares, como en Michoacán. Para estas dos últimas los niños infractores son sujetos de conductas irregulares y no delincuentes, y por ello no les fijan tiempos de encierro ni formas de castigo.

El Consejo Tutelar es el organismo encargado por esta ley de dictaminar lo que se hará con el niño, defender sus derechos y definir si debe quedarse en el Albergue, entregarse a los padres o canalizarse al DIF, hospitales o casas hogar.

En lo que va del año han ingresado al Albergue Tutelar de Morelia, fundado hace 29 años y único para la atención de menores en el estado, más de 400 niños; 27 de ellos acusados de asesinato, 8 de violación, 7 de asaltos; y muchísimos de daños a la salud. A mediados de octubre había ahí 61 menores; 49 niños y 12 niñas. Todos, con excepción de 2 muchachos que recién habían cumplido 18 años y pronto serían trasladados, tenían entre 8 y 15 años de edad. De los varones, 3 ingresaron por matar a un velador; uno por acuchillar a un taxista; y 2 de 11 años y otro de 13 participaron en agosto pasado, drogados con thinner y mariguana, en la violación y el asesinato de una pequeña de 10 años que vendía chicles en un crucero cerca del centro de Morelia, en donde ellos trabajaban limpiando parabrisas.

El día de mi visita había 4 niñas de menos de 15 años acusadas de prostituirse y fichar en bares; y 13 niños y niñas detenidos por delitos contra la salud, porque es cada vez más frecuente, sobre todo entre agosto y diciembre, época de la cosecha de la mariguana, usar niños como burreros para transportar droga. Para la venta de cocaína no hay temporada; hace pocos años sólo se consumían en sectores de recursos económicos altos; ahora se vende en colonias populares, según relatos de menores que la consumen y que para pagar sus dosis la revenden en sus barrios «a cien varos el gramo». Con el auge de los robos de trailers con medicinas, ha aumentado la drogadicción con pastillas de laboratorios y el número de niños que las compran o venden en cruceros y escuelas.

Otros ejemplos de que los niños y sus delitos no son ya los mismos que hace 19 años, son los 5 asaltantes de entre 11 y 14 años capturados el pasado octubre. Operaban en Zinapécuaro y Morelia, y en 2 meses de actividad a mano armada lograron un botín superior a los 270 mil pesos; y la banda del Cacas, que robaba en zonas residenciales en Morelia. Su jefe, de 12 años, entró y salió del Albergue durante meses, hasta que hace año y medio desapareció luego de ser visto al volante de un vehículo robado en el que apenas alcanzaba los pedales, cuando cargaba combustible en una gasolinera de Ciudad Hidalgo.

La totalidad de los menores del Albergue proceden de hogares pobres, muchos presentan desnutrición y daño cerebral; los menos tienen padre, todos enfrentan un futuro difícil y no son pocos los que sufren presiones familiares porque en sus casas hacen falta para comer los pesos que ganan en sus actividades ilícitas.

De acuerdo con datos del DIF estatal es muy difícil su rehabilitación, porque no hay programas para ello ni recursos económicos para implementarlos. En el presupuesto de egresos del gobierno michoacano para 1997, se destinan al Centro Tutelar apenas 985,587 pesos, más de 2 veces menos que lo aprobado por el congreso local para el Zoológico de Morelia, y 8 veces inferior a lo gastado por organismos electorales estatales en un año en el que no hubo elecciones locales.

Por falta de dinero para talleres y buscando que el albergue sea autosuficiente, al menos en cuestiones alimenticias, se criarán vacunos y conejos y se pedirá ayuda a la iniciativa privada según me informó el director Mora Contreras, quien advierte que será prioridad «darles de comer carne más de 3 veces a la semana, porque sin proteínas ni la psicología ni la escuela les sirve», y que se está pidiendo ropa en buen estado para poder vestirlos.

Muchos de los infractores viven o trabajan en la calle y no van a la escuela porque no tienen para pagar los útiles y las cooperaciones que se les piden.

Estadísticas oficiales indican que en Michoacán, cuya población total es de poco más de 4 millones de personas, hay cuando menos mil 500 niños y niñas de la calle; que cada día son más los pequeños que pasan el día y parte de la noche en los principales cruceros de la capital michoacana limpiando parabrisas, vendiendo chicles y otros artículos, o haciéndola de payasos, y que pese a que son recogidos «y fotografiados» para que no vuelvan a la calle, sólo el 2% no regresa, porque muchos de ellos son el único sustento de sus hogares.

UNICEF acaba de donar al DIF nacional 237 mil 424 dólares para un censo de niños de y en la calle en 100 ciudades de Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y Chiapas, con el fin de encontrar estrategias que permitan evitar la drogadicción a temprana edad y otros delitos. En Michoacán el censo se hará en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Apatzingán, y se dijo que para garantizar su veracidad los encuestadores son universitarios y miembros del Ejército.

Debido a que la Ley Tutelar no establece periodos de estancia en el albergue, 20 de los 27 menores asesinos que este año ingresaron, salieron ya a pesar de su potencial peligroso. Además, como no hay recursos para áreas separadas, los niños detenidos por crímenes graves conviven con los acusados sólo de vagancia, y el riesgo que éstos corren de ser afectados es alto.

Esta situación de latente peligrosidad puede ocasionar tragedias si no hay reformas legales, como sucedió a mediados del año pasado cuando falleció el custodio Antonio Hernández Castillo, exactamente un año y un día después de la golpiza que le dieron nueve de los muchachos mayores para fugarse.

En su acta de defunción se asentó que murió por enfermedad, pero su viuda Felipa Ramírez Mier sostiene que fue a consecuencia de males desencadenados por los golpes, «desde esa noche mi esposo no se pudo ya aliviar del susto que pasó; siempre estaba cansado; le dolía la cabeza y se le fue el hambre». Las 24 incapacidades que le dieron en el Seguro Social demuestran que la señora tiene razón.

El secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Juan Carlos Pintor Mercado, en cuya organización están los trabajadores del Albergue, sostuvo entonces que hay un vacío en la legislación respecto a cómo castigar los delitos cometidos por personas de entre 14 y 18 años y demandó nuevas leyes.

Ahora, en vísperas de proponerlas, el doctor Mora dice que se pondrá una malla ciclónica que evite que los niños escapen «porque el albergue de puertas abiertas es muy bonito en la filosofía, pero en los hechos no funciona».