A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

«¿Qué laberinto encierra el problema de las formas de legitimación del sistema político mexicano que en su nombre genera diagnósticos tan disímiles sobre la validez de la autoridad?», se pregunta el autor de este ensayo, que obtuvo mención en el Certamen Carlos Pereyra 1996, y que, entre muchas cosas, pasa revista a las contradicciones inherentes a la transición mexicana y a las paradojas especulares de sus términos.

El pasado es arcilla que el presente

labra a su antojo. Interminablemente

Jorge Luis Borges

De vez en vez, en el transcurso de los últimos veinte años, se repiten voces que a manera de sentencia finisecular concluyen que el sistema político mexicano, tal y como fue construido por los herederos de la Revolución, sobrevive a la erosión, cuando no a la definitiva evaporación, de su legitimidad histórica. 

Y a uno le resulta difícil explicarse cómo la falta de legitimidad del régimen no se ha trocado en desobediencia social ni en cambios políticos radicales. 

En las posibles respuestas encuentro, como intentaré mostrar ahora, que en el juego de espejos en los que la autoridad pública se mira y transfigura, a través de lo que se legitima y refleja socialmente, atisban buena parte de las razones del cambio y de su graduada, larga, lenta cadencia. 

En México, con la transformación política también se han modificado el conjunto de creencias que justifican a la autoridad; el principio de legitimidad histórica, la revolucionaria, ha cedido su primacía al democrático, el de los votos, pero uno y otro conviven y lo seguirán haciendo como ha ocurrido a lo largo de la historia moderna del país. 

La legitimidad democrática no excluirá, como podría desprenderse de numerosas interpretaciones acerca de la transición,1 el recurso de las justificaciones tradicionales, alimentadas en la oposición polisémica de la ley y la justicia. 

En el pasado inmediato, el tejido normativo democrático fue anulado por estas prácticas sociales. En el presente, sólo un dispositivo legal e institucional que limite las conductas tradicionales, estimule las democráticas y asuma la existencia de la dualidad, evitará la repetición de la experiencia. 

En sus imágenes, el aura democrática domina la transición, pero las ánimas tradicionales participan del mismo juego y habitan las costumbres sociales y políticas. Conjugar sus representaciones y transmitir el diseño institucional democrático al uso social es uno de los enormes retos del presente. 

La transición mexicana ha girado en torno al diseño institucional procesado por sus élites, pero pareciera que la misma dualidad de significados que la empujó puede limitarla. 

El ejemplo de los sursurunga

Cada lunes por la mañana, al sur de Papua Nueva Guinea, los Grandes Hombres de la tribu sursurunga reciclan la legitimidad de su autoridad local, recriminando en reuniones públicas las conductas indebidas de algunos jóvenes nativos. Con las reprimendas, dejan constancia de su capacidad de mando, afirmándola: «regañar siempre es más fácil que prohibir, pues la prohibición corre el riesgo de la desobediencia y la desobediencia es un signo seguro de que el líder ha perdido la autoridad legítima y el poder que clama».2

La autoridad del Gran Hombre sursurunga, sin embargo, no deriva del reproche, sino del reconocimiento social de su buen carácter, adecuada reputación y probada capacidad para solucionar conflictos cotidianos. Una vez en el mando, el Gran Hombre lo cultiva atento a no incrementar las envidias y conflictos locales, para lo que se vale de la reprimenda pública a los jóvenes mal portados. 

A su vez, el mando sursurunga, derivado de la tradición, se formaliza a través de elecciones que normalmente se resuelven por consenso, en las instituciones políticas introducidas en la época colonial: mientras no haya ruptura en el orden tradicional, no la habrá en el formal. En resumen: la autoridad se legitima en la tradición, se confirma y aumenta en una práctica en apariencia no política y transita sin grandes conflictos por las pistas del sistema institucional moderno. Para descifrar al sistema de legitimación sursurunga debe acudirse, por igual, a la tradición, las prácticas no políticas y la indicación institucional: ninguna señal debe desatenderse. La lección del ejemplo es ésta. 

La dualidad cotidiana

Ahora, a manera de propuesta de trabajo, generalizo: no sólo los más ignorados grupos humanos ni los sistemas políticos locales cuentan con autoridades que acuden a fuentes diversas de legitimación y funcionan a través de sobreposiciones institucionales.3 

Al referirse a Ernesto Zedillo, Guy Hermet ignoró el problema que expresa el ejemplo de los sursurunga: «es el primer dirigente legítimo de México desde Porfirio Díaz»4 declaró, me imagino que pensando en el cúmulo de datos que documentan la calidad democrática del proceso electoral del que surgió presidente. Ni duda cabe: se trata, en efecto, de una autoridad legitimada en las urnas. 

Pero por años, más importante que ganar limpiamente una elección, ha sido justificarse con las aguas del generoso manantial revolucionario. Así lo entendió el personaje de Ibargüengoitia, Vidal Sánchez, quien sobre los riesgos de las elecciones libres concluía en sus apócrifas memorias: «nosotros, los revolucionarios verdaderos, los que sabemos lo que necesita este México tan querido, seguimos siendo una minoría. Necesitamos un gobierno revolucionario, no elecciones libres». 

Si Hermet concede la exclusiva de la legitimidad política a la presidencia de Zedillo, Molinar Horcasitas ya había proclamado la irremisible ilegitimidad del régimen5 tan sólo unos años atrás. Para entonces, la legitimidad se había convertido en materia de disputa política y la certificación de su presencia y cuantía alimentaron uno de los debates políticos más enconados de las últimas décadas. 

¿Qué laberinto encierra el problema de las formas de legitimación del sistema político mexicano que en su nombre genera diagnósticos tan disímiles sobre la validez de la autoridad?6

Antes de responder, propongo trazar un piso conceptual: entender por legitimidad el atributo de una relación social en donde una de las partes le concede a la otra el derecho de mando, aceptando la obligación relativa de obediencia, sin importar cuáles sean los fundamentos de estas creencias. La diversidad de razones, causas o motivos, alimentan las constelaciones de sentido de las que abreva la autoridad. 

En nuestro país, al menos hasta la década de los setenta, la constelación de sentido que principalmente alimentó la legitimidad del poder público estuvo vinculada al imaginario de la Revolución Mexicana, fincado en un mito de origen y recreado por los visibles rendimientos7 económico, político y social de los gobiernos de la Revolución. Sin ese referente era impensable el discurso de las élites y aún las mismas actitudes sociales. Incluso, las justificaciones de la protesta social o política fueron, las más de las veces, referidas al ideario revolucionario.8 

En este prisma, la democracia era un rasgo, entre otros, de la refracción revolucionaria. No el más importante. Al definir a la democracia «no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo»,9 el Constituyente abrió las puertas para que, en su nombre, casi todo fuese posible. 

La práctica de la autoridad pública tampoco fue indiferente a las máximas democráticas. Las nuevas élites no sólo tomaron el poder y construyeron su hegemonía cultural, sino que también la convirtieron en mayoría electoral: cada elección confirmaba, recurrentemente, que así era. Y aunque muy pocos creían en su limpieza, constituían un recurso indispensable en el dispositivo de legitimación de los nuevos gobiernos. 

En el cotidiano despliegue de la autoridad, ésta valía por su origen revolucionario y por su confirmación electoral: tal dualidad amasó el sistema de legitimación política en México. La manera en que cada uno de estos elementos gravitó e interactuó con los demás en las percepciones individuales y las conductas colectivas, es un asunto a documentarse empíricamente, pero durante años tuvo más peso la credencial revolucionaria, lo mismo en los gobernantes que entre los gobernados, que la democrática. 

El sistema político mexicano reposaba en un régimen legal democrático, anulado en los hábitos de sus actores. La reglas democráticas suponían, también, normas universales e individuos libres actuando en la esfera pública, pero día con día y a la postre en la letra de algunas leyes, la participación política fluía a través de prácticas discrecionales e individuos agrupados en corporaciones, negociando su subordinación.10 Al final, cada decisión, cada acción política, apelaba al principio de legitimación revolucionario o al democrático, según fuese el caso, para alcanzar su justificación. 

Esta dualidad, por supuesto, no es una excepción histórica: vivimos en ella y la seguiremos habitando. Weber la pinceló, llamándole a una de sus partes orden legal y a la otra orden convencional.11 Luhmann la identificó en las denominaciones de código y subcódigo.12 Equivale, en parte, a la distinción que la politología ha hecho entre régimen y sistema político.13 

Cotidiana y a veces notablemente, existe una diferencia, en los más variados campos de la vida social, entre el sistema de reglas formales y el conjunto de prácticas desplegadas. Las conductas rutinarias, al fin reflejos sociales de los individuos, constituyen el inviolable guión de la trama social y política y en su reiteración reposa el orden de cualquier sociedad. Es sobre ésta sólida base consuetudinaria que se erige un conjunto de reglas escritas que sirven, como ningún otro recurso, al poder público y a su sobrevivencia. 

Los sistemas de legitimación de la autoridad trabajan para el orden y desde él, pero en situaciones de cambio pueden operar funcionalmente para el régimen existente o acompañarlo en su desintegración.14 

Huntington identifica tres combinaciones posibles entre el cambio político pacífico y gradual hacia la democracia y los procesos de legitimación: las transformaciones, que ocurren al amparo del liderazgo de las élites en el poder; los traspasos que se verifican producto de un largo y conjunto proceso de acción gubernamental y de los grupos opositores, y los reemplazos, que suceden si los grupos de oposición asumen el liderazgo y el régimen autoritario se desintegra. Los dos primeros no abandonan sino que diluyen la vieja legitimidad, en tanto que el tercero la acaba de manera terminante.15 

Para México, la proposición que concierne a los traspasos resulta pertinente, aunque haya que hacerle un par de añadidos. El primero, que al hablar de vieja y nueva legitimidad deberá entenderse un nuevo y un viejo sistema de legitimación; y el segundo, que la secuencia entre lo viejo y lo nuevo sólo será válida si se entiende como preponderancia de una u otra constelación de sentido, pues en la vieja existieron significados democráticos y en la nueva no desaparecen los revolucionarios. En otras palabras: los elementos de significado del viejo y nuevo sistema de legitimación son los mismos, pero cambia la jerarquía interna de su ordenación. 

Distorsiones y remiendos 

Para los años setenta, la magia abandonó al milagro mexicano y el tiempo de la crisis alentó la protesta, los empeños de sustitución del poder público, o al menos de las reglas y justificaciones para alcanzarlo. Había que empujar los cambios, trabajar sobre los arreglos de procedimiento, construir las realidades institucionales necesarias. Y en pos de todos estos ajustes, pasaron los procesos de legitimación. 

En sus espejos, el régimen advirtió las distorsiones de su imagen: de 1968 a 1977 aumentó la visibilidad de los indicios de la erosión de su legitimidad; sobre ésta, una vez decrecientes los rendimientos económicos y sociales, la protesta pública pacífica y la guerra clandestina, quizá no tuvieron tanto efecto como la solitaria carrera por la presidencia de 1976. 

La reforma electoral de 1977 abrió la inmensa cola del pavorreal. La iniciativa estaba en manos de las élites, pero la diversidad colora del abanico comenzaba a explorarse. La liberalización política,16 no obstante, sugirió desde entonces sus bondades y en las pistas del sistema de legitimación, la democratización tomó carril. 

Pasó una década para que los cambios mostraran a plenitud sus atributos: la ruptura de 1987 al interior del PRI hubiese sido ingobernable de no existir el sistema de partidos y la regulación electoral acuñada en los setentas. La exitosa democratización de los noventas no se hubiese alcanzado de no precederle importantes ensayos regionales. Con las mutaciones emergieron a plenitud, primero y sobre todo entre las élites, los significados democráticos que reajustaron las reglas prácticas para cambiar autoridades y evaluar su conducta pública. 

La secuencia y causalidad de la metamorfosis en el juego político, tal y como ella ocurrió en la realidad, es difícil si no es que imposible de reconstruir por la variedad de elementos que las integran. Pero una racionalización aceptable sería situar los primeros impulsos a la democratización en el eclipse económico y social del milagro mexicano, seguido de las movilizaciones sociales y políticas, la guerra clandestina, la reforma electoral de los setentas, los nuevos movimientos sociales y políticos regionales, la legitimación plena, forjada a lo largo de años, del sistema de partidos, la ruptura al interior del PR1,17 la victoria moral de la democracia no sólo en México sino en el mundo de los ochentas y la capacidad de las élites políticas, a veces socialmente impuesta, para forjar sucesivos arreglos electorales de 1989 a 1996.18 

En cada episodio de esta secuencia, la mayoría de los actores contaron con parlamentos demócratas y multitud de gestos y movimientos corporativos, revolucionarios o autoritarios. En los espejos del cambio, el reflejo no es prístinamente democrático, sino que se distorsiona en las dispares justificaciones de que cada actor político se ha valido. 

Al término de cada tramo recorrido, los senderos parecían bifurcarse. Cada preferencia conducía a una nueva disyuntiva. El cambio político mexicano se construyó como se confeccionan las transiciones, es decir, en secuencias contingentes,19 donde «los resultados dependen menos de condiciones objetivas que de reglas subjetivas en torno a las opciones posibles».20 Y en esta transición, donde la orientación o aquiescencia democrática de los actores es visible, falta cultivar el fruto y no puede descartarse la regresión que acecha en la propia sociedad. 

Insatisfechos y obedientes

Por ahora, las élites, sus partidos políticos, las leyes para competir y acceder al poder, el espíritu mismo del tiempo son demócratas y hasta liberales: ¿también lo son sus usos sociales? ¿También los ciudadanos, uno a uno, o en su simple mayoría? 

Los años de la transición han sido de enorme descontento social. Hay datos a todos accesibles: la competencia electoral, la frecuencia de marchas y protestas públicas, el clima y tono de la prensa, los debates parlamentarios. Y las encuestas. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 64% de los habitantes de sus grandes urbes diría sentirse satisfecho con la forma en que funciona su democracia; en México, en cambio, alrededor de 17% expresaría tal sentimiento, al parejo de los húngaros y por abajo de los españoles, indios y venezolanos,21 quienes tampoco se distinguen por altos niveles de satisfacción política. 

En su propia secuencia temporal, la satisfacción con la manera en que funciona el gobierno, se deterioró. En enero de 1994, alrededor de 48% de los mexicanos hubiese reconocido insatisfacción con su forma de gobierno, en agosto del mismo año ese número habría ascendido a 57%,22 en julio de 1995, pasó, entre los capitalinos, a 72%, y en julio de 1996 a 76%.23 Qué lejos los años del consenso. 

Algunas teorías sobre las formas de legitimación sostienen que en un régimen democrático la legitimidad depende de la responsividad del sistema de partidos, mientras que en uno autoritario gira alrededor del desempeño económico y político del gobierno.24 De cara a estas posturas, pareciera que los mexicanos reaccionan con reflejos autoritarios: su insatisfacción política crece o declina en paralelo a la popularidad presidencial y al desenvolvimiento de la economía, lo que en una democracia occidental, según Weil, ocurre con las preferencias electorales, pero no con la legitimidad global del sistema. 

Los sótanos de la insatisfacción se ventilan a través de la microsociología de muchos mexicanos; es decir, así como la insatisfacción política es elevada, lo son también la desconfianza interpersonal, la insatisfacción con el presente y el pesimismo respecto al futuro, rasgos que distinguen en general a las culturas hispanas y católicas de las anglosajonas y protestantes.25 

Pero la satisfacción con el sistema de gobierno también cuenta con una dinámica política específica: es más probable que personas que desconfían o tienen una opinión negativa de la Presidencia de la República, o reprueban el desempeño de la economía o de la política interior, expresen insatisfacción con la forma de gobierno, que individuos cuyas percepciones en la materia sean exactamente las contrarias.26 Lo cual quiere decir que la insatisfacción, como indicador de ilegitimidad, no es socialmente pareja ni hermética; pero sobre todo quiere decir que es muy sensible a las acciones del Presidente de la República y a sus éxitos o fracasos inmediatos. Esto distingue a México, como a los sistemas autoritarios, de las democracias consolidadas, donde el influjo de la figura presidencial o del éxito económico inciden sobre las preferencias electorales o la popularidad de las autoridades, pero no en los niveles de satisfacción o aceptación del sistema político. 

Sin embargo, la satisfacción con la forma de gobierno no puede tomarse, literalmente, como legitimidad. Un indicador más es el nivel de aprobación y tolerancia hacia alternativas políticas antisistema. Con su aparición, el EZLN y el EPR mostraron, a través de la relativa tolerancia social de que gozan, las dificultades de legitimación del régimen. En la Ciudad de México, alrededor de 49% de los capitalinos aprobaría la lucha del EZLN, cerca de 33% la del EPR y 20% estaría dispuesto a votar por alguno de los dos en caso de que se convirtieran en partidos políticos.27 Los números no expresan apoyo masivo a la oposición antisistema ni mucho menos la ruina institucional, pero documentan que una franja ciudadana habita el territorio de un régimen, para sí, injustificable. En sus espejos, las imágenes que el EZLN y el EPR transmiten se distinguen de las que en los setentas proyectaron los grupos armados: ahora, el desgaste del sistema es tal que lo visto e ignorado entonces ha sido aceptado e incluso aprobado por algunos sectores políticos y sociales nada despreciables, sin ser, por supuesto, mayoritarios.

La satisfacción con la forma de gobierno y la actitud hacia alternativas políticas extremas son dos expresiones de la legitimidad del sistema político. Ambas revelan las dificultades por las que atraviesa el Estado mexicano, pero no se han desdoblado en desobediencia general. Más aún, sólo alrededor de 20% de los capitalinos expresaría disposición28 a desobedecer29 al gobierno, lo que representa el techo de la posible ilegitimidad en su manifestación extrema. La insatisfacción con la forma de gobierno no se ha traducido en una idéntica aceptación de las opciones políticas antisistema ni en desobediencia social. 

Este entorno de la transformación del sistema político explica en parte la gobernabilidad del cambio, pero también el delgado hilo del que pende. 

Para trocarse en transformación, las disposiciones a concederle bajos niveles de legitimidad a un régimen tendrían que traducirse en organización, y el tipo de ésta imprimiría su naturaleza al cambio político. Algunas teorías sostienen que sin la organización, la ilegitimidad es pura resignación y la sobrevivencia del régimen, pronosticable.30 ¿Es este el caso mexicano? Porque de diagnosticarse la ausencia de organizaciones alternativas y la ilegitimidad del régimen, las razones de la lenta cadencia del cambio podrían atribuírsele a tal circunstancia. 

Es cierto que el sistema de partidos está lejos de la madurez, pero sus niveles de competitividad31 son sólidos y crecientes, lo que acusa implantación y aceptación sociales. En otras palabras, alternativas no han faltado. Y el sistema político cambió tan cadenciosamente que la hipótesis de la ilegitimidad parece insostenible: en el erosionado territorio de la legitimidad revolucionaria fertilizó la democrática y en un intercambio fluido ésta última terminó por prestarle sus servicios al sistema político. 

Las nuevas organizaciones de la sociedad civil,32 por su parte, ampliaron las opciones organizativas y ni el pretendido apoliticismo de algunas de ellas evitó que con su empeño contribuyeran al ritmo del cambio institucional. 

Sólo en la trama de las mitologías del colapso agoniza un sistema político débil e incapaz acosado por una sociedad civil mayoritariamente activa y crítica. La tomografía de la sociedad civil es tan compleja y diferencial, como diversas son las fuentes de legitimación de que goza el sistema político: las disposiciones sociales a la insatisfacción con el sistema de gobierno o a la aceptación relativa de formas de organización antisistema, tampoco se desdoblaron en niveles más altos de organización civil. 

La inmensa mayoría de los mexicanos se solaza en la más notable desorganización.33 Ni siquiera los años de la transición política modificaron en sustancia esta realidad,34 al menos en la percepción de los propios involucrados: alrededor de 20% de los mexicanos se reconocería afiliado a algún tipo de asociación sindical o civil. 

Es verdad que en los últimos veinte años aparecieron importantes agrupaciones civiles, que una vez alcanzados sus fines o incluso sin lograrlos, tendieron a su desintegración o simplemente se debilitaron. Algunas más se institucionalizaron35 y conforme a las más tradicionales prácticas del sistema político mexicano han intentado, quizá sin percatarse, hacer de su voz la voz de toda la sociedad civil y de su imagen la imagen de toda la sociedad civil. 

En su afán de expropiación de la buena moral política, algunas de estas agrupaciones abrigan los riesgos de una acción dominada por las microidentidades y por los particularismos, que a la postre abrevan del manantial tradicional de legitimación. En las imágenes de su espejo, no aparece el universalismo que corresponde al principio democrático, con lo que agregan una refracción tradicionalista más. 

En esta trama de imágenes del sistema ¿cómo se miran en los espejos sociales de su legitimidad las piezas básicas del sistema político postrevolucionario? 

A la Presidencia de la República no le va muy mal. La crítica al diseño constitucional y a la práctica metaconstitucional del presidencialismo ha provenido sobre todo de las élites, y aún entre éstas no hay sentimientos extendidos ni propuestas sólidas de parlamentarismo sino, más bien, de limitación de facultades. En el tejido social mexicano, los individuos son presidencialistas: mientras que cerca de 26% de los capitalinos escogería una presidencia tan controlada por diputados y senadores que perdiera autonomía, alrededor de 63% la preferiría controlada, pero sin que perdiera su autonomía.36 Estas disposiciones discursivas son congruentes con el papel que las personas le conceden a la figura presidencial cuando expresan su satisfacción con el sistema de gobierno. Y parecen una continuación de nuestra historia de jefes y caudillos.37

A diferencia de lo ocurrido con la figura presidencial, la insatisfacción con el sistema político alteró las tradicionales imágenes legitimantes del PRI. En el entramado legal, los acuerdos entre las élites cuentan con una dirección multipartidista muy precisa: desmantelar los privilegios del partido gubernamental y fortalecer, en definitiva, el sistema de partidos.38 

De acuerdo con Levite y Sidney, una condición esencial de los procesos de democratización es construir legitimidad a las oposiciones políticas. Esta se logra de maneras múltiples, pero se expresa, finalmente, en la disposición de las oposiciones y del régimen a compartir responsabilidades políticas. Socialmente, la legitimidad de una alternativa partidista puede medirse con los niveles de contraintención de voto,39 la que usualmente revelará las imágenes de responsabilidad y capacidad de gobernación que el sistema de partidos transmita. 

En México, las oposiciones políticas comparten, a veces a pesar suyo, responsabilidades de gobierno y no sufren de contra-intenciones de voto superiores a 30% de la población. Sin embargo, el verdadero dilema está planteado para el propio PRI: en 1995 y 1996 las contraintenciones de voto de este partido en la capital del país se sitúan en alrededor de 45% de los ciudadanos. La erosión, sin embargo, no es definitiva: cerca de 60% de capitalinos estaría dispuesto a votar PRI en caso de que este partido experimentara una reforma interna o la economía del país se recuperara.40 

El salón de los espejos

En términos prácticos, la dualidad del sistema de legitimación de la autoridad pública en México opera como una paradoja que termina beneficiándole. 

¿Qué tanto puede importar que una autoridad pública haya sido impuesta en su cargo, cuando quien así lo testifica piensa que para la selección de un dirigente son más importantes sus fidelidades históricas que su origen democrático? ¿Qué vitalidad social conserva el programa revolucionario que limita a resultados la práctica democrática? 

A las puertas del siglo XXI, podemos pensar con cierta base de razón que la mayoría, o al menos una muy buena parte de los mexicanos, preferiría un gobierno que cumpliera con el programa de la Revolución aunque no hubiese sido democráticamente elegido, a otro que, democrático por su origen, no acatara tal programa. Y también en sus actitudes frente a la ley, los mexicanos expresarían una ambigüedad que abreva de las oposiciones siempre confusas entre ley y justicia. 

Esta dualidad de sentido no constituye el límite infranqueable de la transición,41 pero delimita la naturaleza del entorno e influye en las cualidades del sistema político. 

En el DF, por ejemplo, alrededor de 60% de sus habitantes pensarían que lo más importante para seleccionar a sus gobernantes es que cumplan con los principios de la Revolución, aunque no se elijan democráticamente.42 En este caso, las disposiciones también expresan usos sociales alimentados en la tradición y en el imaginario de la Revolución Mexicana. 

Esta inclinación social por el principio revolucionario de justificación de la autoridad, no parece ser compartida por las élites políticas. Tampoco puede tomarse como una preferencia estacionaria ni semánticamente univalente, pero lo cierto es que expresa disposiciones. 

Las élites han dado cuenta, a veces a regañadientes, de su inclinación democrática al procesar en los últimos veinte años cinco reformas constitucionales en materia electoral43 con el propósito explícito de perfeccionar los mecanismos de la democracia. A la vez, la orientación democrática de la acción social de los individuos parece constituir un valor público indisputable. Pero la fuerza de los hábitos y tradiciones que ponen por encima del procedimiento la justicia de los resultados, gravita sobre las preferencias ciudadanas. Y esa tradición, si no dominante, tampoco es ajena a la clase política por lo que no debieran extrañar las continuas disputas legitimadas en la justicia y no en la norma jurídica.44 

Las actitudes sociales frente a la ley delínean todavía mejor las imágenes de la dualidad. Cerca de 50% de los capitalinos preferiría un gobierno que siempre respetara la ley, mientras que otro tanto aceptaría algún grado de discrecionalidad si fuese en favor de quien más lo necesita.45 

En el límite de su función legitimadora alterna y casi discrecional, la dualidad se reproduce en las imágenes de la corrupción, que no son sino otra forma de apreciar las posturas sociales frente a la ley. Mientras cerca de 16% de los mexicanos aceptaría que la corrupción cumple con funciones positivas, situados en el papel de funcionarios públicos, alrededor de 56% estaría dispuesto a contratar a sus familiares y amigos, con independencia de los requisitos profesionales y legales del puesto.46 

Como en la definición constitucional de la democracia y en la preferencia social de las autoridades que aseguren resultados con independencia de los procedimientos de selección, la tensión entre justicia y legalidad favorece en muchas de las prácticas sociales a la primera, con la cauda de discrecionalidad que supone. 

La transición política significó alteraciones en la ordenación del sistema de legitimación, pero sobreviven los significados y prácticas tradicionales, aunque la orientación pública privilegiada sea la democrática. 

El silencio de las sirenas

El ejemplo de los sursurunga sugiere documentar la complejidad de los sistemas de legitimación y advertir la importancia de cada una de sus señales. 

En México, el salón de los espejos aguarda, con su juego de imágenes, la sabiduría política que descifre la complejidad y la mejor combinación entre el diseño institucional y los usos sociales, pues en la dualidad anida buena parte de las causas del cambio político y una dosis importante de su naturaleza, alcances y límites. 

Ayer, el sistema político posrevolucionario se levantó sobre un régimen democrático imperfecto, anulado por los hábitos de sus actores. Ahora, el nuevo sistema político se fundamenta en el perfeccionamiento democrático del régimen y en el supuesto de que el entramado legal e institucional será capaz de condicionar las prácticas de sus actores. 

Si se le mira a través de sus espejos, la principal paradoja de la transición es que cuando el orden legal democrático goza de mayor legitimidad que nunca, las convenciones tradicionales que le vulneran no son del todo ilegítimas. Podemos confiar en que la democratización se ha impuesto y los usos políticos tradicionales serán acallados, pero en esta apuesta de futuro poco ayudan la omisión, el silencio, la ficción: «las sirenas —reflexionó Kafka— tienen un arma más terrible aún que el canto: su silencio. Aunque no ha sucedido, es quizás imaginable la posibilidad de que alguien se haya salvado de su canto, como Ulises, pero de su silencio ciertamente no».

1 Krauze, por ejemplo, sugiere que «la teoría de las tres legitimidades de Weber puede aplicarse a la historia de nuestro país» pero la entiende como secuencia histórica, en donde la pureza de cada tipo termina por imponerse. Quizá olvida que para Weber los tipos de legitimidad eran un recurso metodológico y no una descripción histórica, cuya utilidad consistía en su contrastación con la realidad, así fuese para falsearlos. La realidad siempre es más compleja. Cf. Enrique Krauze: «El triángulo de la legitimidad», en Tiempo contado. Océano, México, 1996. pp. 31-36, y Max Weber: Ensayos sobre metodología sociológica [tr. José Luis Etcheverri]. Amorrotu. Buenos Aires, 1990. 269 pp. 

2 Alexander H. Bolyanatz:»Legitimacy, Coercion, and Leadership among the Sursurunga of Southern New Ireland», en Ethnology, Vol. 33, 1994, p. 62. 

3 Los más diversos y complejos casos pueden encontrarse reunidos en Swartz, Turner y Tuden: Political Anthropology. Aldine Publishing Company. Chicago, 1996. En los estados musulmanes, Pakistán es un ejemplo de matrimonio desavenido entre el Islam y la democracia. Cf. Louis D. Hayes: Politics in Pakistan. The Struggle for Legitimacy. Westview Press. Colorado, 1983. 203 p.

4 Guy Hermet: «El desencanto de la democracia» [entrevista de Eduardo Bohórquez, David Gómez y Guillermo Rosas], en Nexos 217, enero de 1996. pp. 56-57. 

5 «La evolución de las elecciones mexicanas y la crisis de 1988 apuntan hacia una hipótesis más radical: la de la ilegitimidad del régimen». Cf. Juan Molinar Horcasitas: El tiempo de la legitimidad. Cal y arena. México, 1991. p. 248. Un ejemplo más de esta lectura es Centeno, quien sentencia que tras los sismos de 1985 el presidente De la Madrid perdió la oportunidad de «restaurar la legitimidad del sistema» que se había perdido tras el uso de la violencia en 1968. Miguel Angel Centeno: Democracy within Reason. Technocratic Revolution in Mexico. Pensylvania State University Press, Pensylvania, 1994. pp. 8 y 10.

6 El concepto de legitimidad es polisémico y de manejo complicado. Huntington recomienda no emplearlo y seguidamente se extiende más de veinte páginas en su exposición; Morlino, al definirlo, lo sitúa en los límites de la inutilidad por la amplitud que le concede; Easton primero lo incluye como uno de tantos atributos del apoyo difuso, para precisar, tras las críticas, que es una de sus dos características sustantivas. Cf. Samuel P. Huntington: La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX [tr. Josefina Delgado]. Paidós. España, 1995. p. 54 y ss.; Leonardo Morlino: Cómo cambian los regímenes políticos. Instrumentos de análisis. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985. pp. 175-216; David Easton: «A Re-Assessment of the Concept of Political Support», en British Journal of Political Science. No. 5. Great Britain, 1975. pp. 435-457. 

7 Rendimientos diferenciales preferiría decir, pues los beneficios de la Revolución Mexicana nunca fueron generalizados, sino que se concentraron, especialmente, en sectores empresariales, obreros y medios urbanos. 

8 «La legitimidad del Estado descansó aquí largo tiempo en el cumplimiento del programa de la Revolución de 1910 y en la expansión económica que repercutió —aunque con enormes desigualdades— en las condiciones de vida del conjunto de la población». Carlos Pereyra: Sobre la democracia. Cal y arena, México, 1990. p. 71. 

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación / Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. México, 1975. p. 17.

10 En su dualidad, no muy distinto al México del XIX. Cf. Fernando Escalante: Ciudadanos imaginarios. Memorial de los Afanes y Desventuras de la Virtud y Apología del Vicio Triunfante en la República Mexicana —Tratado de Moral Pública—. El Colegio de México. México, 1992. 308 pp. 

11 «Las reglas convencionales representan normalmente la manera como se convierten puras y efectivas regularidades del actuar, meras costumbres, por lo tanto, en normas obligatorias». En tanto, el orden legal atañe a la norma escrita y la disposición de medios de coacción legítimos. Cf. Max Weber: Economía y sociedad [tr. Medina E., Ruora P., Imaz, Garcha M. y Ferrater M.]. FCE. México, 1983. p. 264 y ss. 

12 «En el código del poder está incluida la simbolización de las fuentes del poder (…); sólo no lo están las selecciones particulares del portador de poder, sus deseos y sus órdenes (…). El código puede sobrevivir a los cambios de temas y puede estabilizarse (…). Junto a los códigos de comunicación existentes, que tienen que abstraerse y especificarse, surgen los subcódigos que se forman en oposición a ellos y que, al tener propiedades opuestas, pueden realizar virtualmente la misma función». Niklas Luhmann: Poder [tr. Mónica Talbot, de la edición inglesa de John Wiley & Sons]. UIA / Anthropos. España, 1995. pp. 54 y 60. 

13 En donde el primero refiere dispositivos legales, en algunos casos especialmente constitucionales, y el segundo a prácticas efectivas. Manuel Alcántara Sáez: Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. FCE. México, 1995. p. 53.

14 «Aunque no elegimos aceptar la autoridad política, aunque su aplicabilidad a nosotros no depende de ninguna decisión que podamos haber tomado o dejado de tomar de participar en la política, el hecho de que seamos seres humanos sociales, de que participemos en actividades gobernadas por reglas, y en tal virtud podamos deliberar y escoger, basta por sí mismo para obligarnos a aceptar la autoridad política legítima, porque el ejercicio de tal autoridad es una condición previa de las actividades gobernadas por reglas». Cf. Peter Winch: «La autoridad», en Anthony Quinton [comp.]: Filosofía política [tr. E.L. Suárez]. FCE. México, 1974. p. 163.

15 Samuel P. Huntington: «How countries democratize», en Political Science Quarterly. Vol. 106, No. 4, 1991-1992. p. 583.

16 Por liberalización entiendo al proceso de cambio político discrecional, orientado a restablecer los equilibrios autoritarios de un régimen, mientras que la democratización es un proceso con reglas claras, dirigido a un nuevo arreglo institucional democrático. A mi juicio, el cambio político mexicano comenzó como liberalización y ha terminado como democratización. Para la conceptuación de liberalización y democratización Cf. Soledad Loaeza: «La experiencia mexicana de liberalización», en Foro Internacional. Vol. XXXIV, No. 2 (136). El Colegio de México. México, 1994, pp. 221-251. Su caracterización del cambio mexicano es distinta a la mía.

17 En 1959, Scott Robert advirtió la posibilidad de que junto con la asfixia económica gubernamental, ocurriera una escisión en el PRI y ella impulsara la democratización del sistema. Cf. Robert Scott: Mexican Government in Transition. University of Illinois Press. USA, 1971. 

18 En este párrafo va una historia, que no es mi intención contar. Otros lo han hecho mejor. Bartra, quizá sin proponérselo, reconstruyó la historia regional, por un lado de un gobierno democrático en sus credenciales, pero las más de las veces autoritario en sus conductas; y por el otro, de unos campesinos con aspiraciones democráticas, pero con formas de lucha y resistencia contrarias a sus reglas. Cf. Armando Bartra: Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. Ediciones sinfiltro. México, 1996. 195 pp.

10 En su dualidad, no muy distinto al México del XIX. Cf. Fernando Escalante: Ciudadanos imaginarios. Memorial de los Afanes y Desventuras de la Virtud y Apología del Vicio Triunfante en la República Mexicana —Tratado de Moral Pública—. El Colegio de México. México, 1992. 308 pp. 

11 «Las reglas convencionales representan normalmente la manera como se convierten puras y efectivas regularidades del actuar, meras costumbres, por lo tanto, en normas obligatorias». En tanto, el orden legal atañe a la norma escrita y la disposición de medios de coacción legítimos. Cf. Max Weber: Economía y sociedad [tr. Medina E., Ruora P., Imaz, Garcha M. y Ferrater M.]. FCE. México, 1983. p. 264 y ss. 

12 «En el código del poder está incluida la simbolización de las fuentes del poder (…); sólo no lo están las selecciones particulares del portador de poder, sus deseos y sus órdenes (…). El código puede sobrevivir a los cambios de temas y puede estabilizarse (…). Junto a los códigos de comunicación existentes, que tienen que abstraerse y especificarse, surgen los subcódigos que se forman en oposición a ellos y que, al tener propiedades opuestas, pueden realizar virtualmente la misma función». Niklas Luhmann: Poder [tr. Mónica Talbot, de la edición inglesa de John Wiley & Sons]. UIA / Anthropos. España, 1995. pp. 54 y 60. 

13 En donde el primero refiere dispositivos legales, en algunos casos especialmente constitucionales, y el segundo a prácticas efectivas. Manuel Alcántara Sáez: Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. FCE. México, 1995. p. 53.

14 «Aunque no elegimos aceptar la autoridad política, aunque su aplicabilidad a nosotros no depende de ninguna decisión que podamos haber tomado o dejado de tomar de participar en la política, el hecho de que seamos seres humanos sociales, de que participemos en actividades gobernadas por reglas, y en tal virtud podamos deliberar y escoger, basta por sí mismo para obligarnos a aceptar la autoridad política legítima, porque el ejercicio de tal autoridad es una condición previa de las actividades gobernadas por reglas». Cf. Peter Winch: «La autoridad», en Anthony Quinton [comp.]: Filosofía política [tr. E.L. Suárez]. FCE. México, 1974. p. 163.

15 Samuel P. Huntington: «How countries democratize», en Political Science Quarterly. Vol. 106, No. 4, 1991-1992. p. 583.

16 Por liberalización entiendo al proceso de cambio político discrecional, orientado a restablecer los equilibrios autoritarios de un régimen, mientras que la democratización es un proceso con reglas claras, dirigido a un nuevo arreglo institucional democrático. A mi juicio, el cambio político mexicano comenzó como liberalización y ha terminado como democratización. Para la conceptuación de liberalización y democratización Cf. Soledad Loaeza: «La experiencia mexicana de liberalización», en Foro Internacional. Vol. XXXIV, No. 2 (136). El Colegio de México. México, 1994, pp. 221-251. Su caracterización del cambio mexicano es distinta a la mía.

17 En 1959, Scott Robert advirtió la posibilidad de que junto con la asfixia económica gubernamental, ocurriera una escisión en el PRI y ella impulsara la democratización del sistema. Cf. Robert Scott: Mexican Government in Transition. University of Illinois Press. USA, 1971. 

18 En este párrafo va una historia, que no es mi intención contar. Otros lo han hecho mejor. Bartra, quizá sin proponérselo, reconstruyó la historia regional, por un lado de un gobierno democrático en sus credenciales, pero las más de las veces autoritario en sus conductas; y por el otro, de unos campesinos con aspiraciones democráticas, pero con formas de lucha y resistencia contrarias a sus reglas. Cf. Armando Bartra: Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. Ediciones sinfiltro. México, 1996. 195 pp.

19 La organización contingente de la realidad es una hipótesis que rebasa el marco del orden social. Jay Gould ha dicho: «los acontecimientos no aparecen por casualidad, tienen sus causas, pero éstas están hechas de innumerables factores que interactúan. Más que de azar hay que hablar de contingencia: esto significa que hubiera sido imposible predecir lo que pasó». Cf. Stephen Jay Gould: «La evolución no es una marcha hacia el progreso» [tr. Guadalupe Sánchez Nettel]. Antropológicas. Nueva Epoca, No. 3. UNAM / Instituto de Investigaciones Antropológicas. México, 1992. p. 62. El Premio Nobel de Física de 1977 define a las leyes naturales de tal forma que «incluyan tanto la probabilidad como la ‘irreversibilidad’ —el azar y el tiempo—. La misma causa no siempre produce el mismo efecto». Cf. Ilya Prigogine: «Del ser y el devenir. Entrevista con Marilyn Berlin Snell» [tr. Aurelio Major]. Vuelta. México, septiembre de 1992. p. 20. 

20 Terry Lynn Karl: «Dilemas de la democratización» [tr. María Urquidi], en Foro Internacional. Vol. XXXI, No. 3 (123), enero / marzo de 1991. El Colegio de México, pp. 388-417; y Adam Przeworski: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press. USA, 1991. 210 pp. 

21 Gallup: 9 ciudades del mundo. Internet, agosto de 1996. 

22 GEO / Etcétera, 1994.

23 SIP. Datos para el Distrito Federal, 1995-1996.

24 Frederick Weil: «The sources and structure of legitimation in western democracies: a consolidated model tested with time-series data in six countries since World War II», en American Sociological Review, Vol. 54, October 1989, pp. 682-706, y Morlino: op. cit. 

25 Altos niveles de desconfianza interpersonal e institucional, pesimismo e insatisfacción personales. Rasgos culturales también documentados empíricamente. Miguel Basáñez: «Tradiciones combativas y contemplativas. México mañana», en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Año XXXII, Nueva Epoca, julio-septiembre de 1986, No. 125. UNAM / FCPyS. México. pp. 95-120. 

26 Así lo sugiere, al menos temporalmente, el análisis secundario de encuestas en el DF. De acuerdo a datos de Sip, los niveles de satisfacción con la forma de gobierno se asocian significativamente y quizá con más fuerza que otras variables con las percepciones sobre el desempeño presidencial y de la situación de la economía. Las variables bajo examen se sometieron a pruebas de independencia estadística utilizando el residual estandarizado. 

27 SIP. Datos para el DF. Septiembre de 1996.

28 Bourdieu propone que los registros de los estudios de opinión pública sean entendidos como sistemas de disposiciones discursivas, que a veces se cumplen, a veces no, a veces comportan automatismos sociales y a veces respuestas previamente reflexionadas. Pierre Bourdieu: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto [tr. Ma. del Carmen Ruiz]. Taurus. Madrid, 1991. pp. 63, 431-432. 

29 La disposición a la desobediencia la he construido sumando a quienes a la pregunta «¿por qué diría que obedece al actual gobierno?», contestaron o que no lo obedecen, o que lo hacen para evitar las represalias, cuyas frecuencias se dividen, más o menos, en partes iguales. SIP. Datos para el DF. Julio de 1996. 

30 «Imaginemos que el régimen autoritario sufre de baja legitimidad pero no hay alternativas accesibles al régimen, es decir, no son alternativas coherentes ni políticamente organizadas. ¿Qué sucedería? Esta es, claramente, una cuestión abierta y una invitación a la investigación empírica. Pero tengo un presentimiento: no mucho». Adam Przeworski: «Some Problems in the Study of the Transitions to Democracy», en O’Donnel et al.: Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. John Hopkins University. Baltimore, 1989. p. 52.

31 Leonardo Valdez Zurita: «El sistema de partidos en México: las dimensiones de la competitividad electoral», en Política y Cultura. Año 3, no. 5. UAM-X. México, 1995. pp. 29-41. 

32 La sociedad civil no está organizada sino que cuenta con organizaciones. Muchas de sus agrupaciones se integran con ciudadanos multifuncionales, ruidosos, exmilitantes partidistas cuyas propuestas de devaluación de los partidos políticos más bien parecen materia de psicoanalistas que de sociólogos o politólogos, aunque ésta es arcilla para otro labrador. 

33 En julio de 1995, cerca de 17% de los ciudadanos del DF hubieran reconocido pertenecer a alguna organización social. En septiembre de 1996, el tipo de organización social con mayor penetración parecerían ser las asociaciones religiosas, pues cerca de 15% de los capitalinos reconocerían su pertenencia a ellas. SIP. Datos para el DF. 1995 y 1996. 

34 En 1989, una encuesta nacional de Mori de México encontró que 26% de los entrevistados dijo pertenecer a alguna organización social. 

35 Para Alberoni toda la vida social transita por dos estados: el naciente y el institucional, al que también llama de la vida cotidiana. El primero corresponde a la efervescencia, creatividad y emergencia de nuevos lazos de solidaridad social. El segundo, a su normalización y rutinización en la vida cotidiana. Francesco Alberoni: Movimiento e Institución. Teoría general [tr. Marcial Suárez]. Nacional. Madrid, 1984.

36 SIP. Datos del DF. Noviembre de 1995.

37 Tras insistir en la tradición pactista, clientelar y unipersonal de la política mexicana, amparado en el argumento del realismo político, Aguilar Camín propone lo que, según trato de mostrar, sería socialmente compartido: «el presidencialismo debe ser reformado, no suprimido (…), el poder ejecutivo acotado y equilibrado por otros poderes (…); debe tener, sin embargo, poderes claros y contundentes». Héctor Aguilar Camín: «En ausencia del Rey», Nexos 223, julio de 1996. p. 25.

38 Las reformas constitucionales de 1996 y probablemente sus leyes reglamentarias, socavarán muchas de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista democrático, de que ha gozado este partido: la afiliación colectiva, el financiamiento ilegal, la iniquidad en el acceso a medios, entre otras. 

39 En 1968, 54.7% del electorado italiano se hubiera negado a votar, bajo cualquier circunstancia, por el PCI. En 1972 esa cifra habría descendido a 41.9%. En este cambio, medió la participación del Partido Comunista en la coalición gobernante. En Israel, el Herut fue excluido del poder del Estado entre 1948 y 1967 y entre 1970 y 1977. En 1977 el sucesor del Herut, el Likud, ganó la elección. ¿Cómo fue posible? Las variables que hay que incluir para explicarlo son el timing de la transformación, la irreversibilidad del proceso, las estrategias de los partidos, el dominante y el excluido, el impacto del cambio social y los efectos de hechos domésticos e internacionales que propiciaron la legitimación del Herut. Cf. Levite, Ariel and Sidney Tarrow: «The Legitimation of Excluded Parties in Dominant Party Systems. A Comparison of Israel and Italy», en Comparative Politics. V. 15, No. 3, April 1983. City University of New York. New York. pp. 295-327. 

40 SIP. Datos para el DF. 1995 y 1996

41 No postulo, por supuesto, ninguna especie de determinismo cultural, pues por lo demás reivindico la autonomía de la política. Un ejemplo de refutación empírica del culturalismo son los hallazgos de Seligson, que tras poner a prueba la hipótesis derivada de este cuerpo de teoría consistente en pronosticar que la más vieja democracia de América Latina mostraría mayores niveles de apoyo a las normas democráticas que Nicaragua, fue refutada, sugiriendo que los valores democráticos son más utilitarios de lo que se creía. M. A. Seligson: «Political Culture and Regime Type: Evidence from Nicaragua and Costa Rica», en The Journal of Politics. Vol. 55, No. 3, agosto de 1993. University of Texas Press. pp. 777-792. 

42 SIP. Datos para el DF. Julio de 1996.

43 PRl / Secretaría de Acción Electoral, Comité Ejecutivo Nacional: Democracia: vocación mexicana. PRI. México, 1994. 46 p. 

44 Pienso en las movilizaciones postelectorales, las asociaciones de deudores, los grupos de invasores, las negociaciones cupulares, en fin. 

45 SIP. Datos para el DF. Julio de 1996.

46 Alducin, et al.: «La corrupción. Entre la legalidad y las reglas no escritas», en Este País. 

Tendencias y Opiniones. No. 66, septiembre de 1991. México, folios.