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Guillermo Samperio. Escritor. Entre sus libros, Anteojos para la abstracción.

Luis de la Barreda Solórzano

Justicia penal y derechos humanos

Editorial Porrúa / CDH-DF 

México,1997

278 pp.

Luis de la Barreda Solórzano, abogado, ensayista, actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reúne diversos ensayos publicados a lo largo de 15 años en revistas especializadas y en los periódicos Unomásuno y La Jornada, con el fin de conformar el título Justicia penal y derechos humanos, publicado por la editorial Porrúa en coedición con la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A través de estas páginas, De la Barreda ha pugnado por la invalidez de criterios maniqueístas con que han sido juzgadas conductas tales como la vagancia o malvivencia, la homosexualidad, el adulterio, la prostitución, que no guardan relación alguna con los principios que sustentan la comisión del delito; ha orientado nuestras conciencias a una apreciación de mayor profundidad, recalcando el grave problema de índole económica que se vive en nuestro país.

Este volumen presenta, en cuatro apartados, los diversos rostros en que nuestra realidad social resulta desoladora; se trata de una visión de conjunto, con la advertencia al lector de que muchos de estos ensayos fueron escritos en tiempo y forma, consecuentes con los procedimientos penales ejercidos en el México de entonces, mismo que hoy en varios de sus aspectos relacionados con el derecho penal se encuentra bajo circunstancias distintas, respondiendo a valientes posturas de crítica severa tales como la de Barreda Solórzano. Quien expresa los motivos que fundamentan su desconfianza ante determinadas aseveraciones vertidas a lo largo de la historia del derecho penal, con el fin de subrayar la grave falla en la cual se ha incurrido al dejar de lado el necesario estudio sobre una base que aborde las conductas punibles, mismas que distingue dentro de los tres niveles que conforman el Derecho penal: «a nivel legislativo, describiendo conductas que se prohíben a través de la punibilidad; a nivel judicial, en el que si resulta responsable el inculpado, se le impone una punición y, finalmente, a nivel ejecutivo, en el que se hace sufrir al condenado la pena… El señalamiento del carácter de esas leyes, con base en el análisis serio, no resulta de poca importancia».

El análisis de las características de la ley penal aparece en el primer artículo «Ius punien-di et ius poenale», que aborda, desde los planteamientos vertidos por los «iusnaturalistas» sobre Derecho natural, hasta los postulados positivistas, con el fin de reorientar a nuestros legisladores hacia los matices que, al respecto, han eludido. Sobre el primero afirma: «Por no ser objetivamente cognocibles los valores contenidos en normas naturales, sólo pueden suponerse o intuirse, lo que da lugar a un acentuado subjetivismo», mismo que provoca la justificación de planteamientos contradictorios relacionados con la finalidad perseguida en la aplicación de las normas jurídicas; tal es el caso del principio de retribución, mediante el cual se impone un mal al delincuente por el mal que éste hizo a la sociedad. Concuerda con lo aseverado por Hans Kelsen y se manifiesta en contra de la facultad que el Derecho natural otorga a la clase dominante para poder justificar cualquier tesis «con sólo invocar que ‘se desprende’ de la naturaleza»; aunque, coincide, sin embargo, con la Scuola Clásica en el planteamiento acerca de la legitimación de las leyes cuando éstas representan el consenso ciudadano, por ende colectivo, en términos de Rousseau: su preocupación estriba en que esta misma escuela no se interesa por las causas del delito. Respecto al segundo, en «La demonología positivista», disiente de Cesare Lombroso y su Scuola Positiva, que no se interesa por cuestionar la ley penal, sino que se concentra exclusivamente en el sujeto «anormal» que la transgrede; a través de un resumen, De la Barreda nos muestra lo aberrante que resultan los postulados de dicha escuela en favor de una justificación para el inmovilismo de la ley penal: «Al positivista no interesa modificar la ordenación del mundo ni averiguar si puede darse una realidad alternativa»; para ilustrar la «vocación represiva» positivista, basta nombrar a uno de sus teóricos, Raffaelle Garófalo, a quien se recuerda como «ingeniero de la represión» y gran favorecido del régimen de Mussolini. Asegura De la Barreda: «Ambos [derecho natural y derecho positivo] racionalizan la bondad de la norma». Acierta en que ninguna toma en cuenta en sus teorías el sentido y límites de la sanción estatal, a saber: de la retribución derivada de la Scuola Clásica, que impone la pena de acuerdo con el delito para el sustento del principio de justicia; ni aquella de la prevención especial, basada en la Scuola Positiva, desarrollada en Alemania por Von List, que sólo pretende la corrección de los delitos y no su abolición; o la de la prevención general (ecléctica) representada por Feuerbach, que justifica la pena por sus efectos intimi-datorios. Así, ninguna traza límite alguno en contenido a la potestad del Estado en materia penal, cuestión que vuelve ilimitada la intervención estatal.

En su ensayo «El menor ante el derecho penal», recalca la errónea conceptualización del delito con base en la inimpunibilidad; por el contrario, asegura que los menores deben considerarse como parte de un sistema de impar-tición de justicia global que, sin embargo, establezca para ellos un tratamiento especial distinto del actual, menos injusto, a través de la eliminación del principio de peligrosidad que presupone conductas no realizadas, mediante las que se juzga una conducta latente, no una conducta antisocial determinada que, por tanto, resulta inexistente. En artículos como «¿Servidumbre sexual legalizada?» abre una posibilidad de honrosa salvación pora quienes se conducen hacia una ordenación doctrinal de nuestros deberes ciudadanos. Acerca del Derecho penal circunscrito «entre Fausto y Fran-kenstein» dice que el reto «estriba en reducir ese conjunto de normas al mínimo posible, ya que es un mal, y por lo mismo, diseñarlo y aplicarlo de la manera en que resulte más racional». En «Las doce hazañas de Hércules», última parte del libro, salta a la vista el enfado del autor ante los temibles embates de Pro-Vida, que se conjuntan con las redadas, el abuso del poder, la tortura, la condición de las cárceles, y otros atropellos antidemocráticos.

En su ensayo «El código ético de la abogacía», De la Barreda nos deja escritos varios de los postulados a manera de recomendación urgente para sus colegas, a quienes llama a cumplirlos cual mandamientos, a saber: la honestidad intelectual, el coraje intelectual, el amor por los derechos humanos y el sentido de la justicia. «Estas cuatro virtudes sólo pueden surgir de un código interno, autoimpuesto, que no depende de una sanción exterior, y no puede ejecutarse cabalmente cuando la actividad profesional se pone al servicio de intereses destructivos, privilegiados o sojuzgados».

Los nuevos críticos: Union of Radical Criminologists, National Deviancy Conference, The New Criminology, La Questione Criminal, el Grupo Latinoamericano de Investigaciones Comparadas, entre otros, hacen planteamientos atractivos con los que el ensayista concuerda. En Azimi reconoce su empeño por la revisión de los aparatos estatales como instituciones represivas; a los Shwendinger su preocupación por los crímenes no codificados: sexismo, racismo, guerrillerismo, etnocidio y, especialmente, los delitos de cuello blanco y los de altos funcionarios; a Lola Aniyar, su atención a útiles principios rectores del marxismo, con la intención de construir una criminología marxista, tales como la consideración de la circunstancia alienatoria que reduce al signo monetario la condición humana, como una conducta criminal en todas sus dimensiones. No obstante, De la Barreda cuestiona la incapacidad que han demostrado las mencionadas tesis neomarxistas para distinguir entre las normas que resultan arbitrarias y las que no lo son.

La temática constante de estos ensayos conforma una serie de meditaciones y análisis claramente orientados a la búsqueda de normas más equitativas en su relación delito-pena y, sobre todo, en su caracterización respecto del daño social realmente causado, mismas que responden a la preocupación del abogado por el restablecimiento de una noción legitimadora para el Derecho penal acorde con la circunstancia histórica y política actual de nuestro país.

La Comisión de Derechos Humanos del DF es la más eficaz: a través de la publicación de estas notas se han observado importantes logros: la derogación de las figuras delictivas de vagancia y malvivencia, la eliminación de las figuras de retención y reincidencia, y la sustitución del concepto de peligrosidad por el de culpabilidad como criterio básico de punición. De tal modo, la perdurabilidad de su escritura radica en la sincronía que guarda en relación con las prácticas ilícitas recurrentes en el ámbito judicial de México. Su efectividad, fundamentada en el análisis ecuánime, se ha traducido en modificaciones a ciertas leyes y restablecimiento de otras, tal como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que surge en 1991. Como resultado de todo ello, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha resuelto el 80% del total de las denuncias.

El compromiso del equipo que gobierne el Distrito Federal por el PRD necesariamente tendrá que avocarse a la lectura cuidadosa de estos ensayos, y a la revisión de sus puntuales recomendaciones, con el propósito de lograr un mejor entorno social y político para esta capital. Por ende, tendremos una capital y, quizás, un país en los que las leyes convoquen a sus habitantes a la práctica de la conciencia colectiva y la democracia.