Guanajuato

La desaparición de personas en Guanajuato es un fenómeno que se ha incrementado de manera exponencial en la última década debido a múltiples dinámicas de violencia. Éstas incluyen el catálogo de delitos graves, penalmente tipificados, y modalidades menos visibles pero extremas de segregación socioespacial, racialización de poblaciones, precarización laboral, violación a derechos humanos y crecientes desigualdades, sobre todo económicas, territoriales, educativas y de género.

Frente a eso, a partir de 2019, centenares de familias guanajuatenses, sobrevivientes y testigos de esta crisis, han articulado decenas de colectivos y asociaciones que buscan a las personas desaparecidas, investigan casos de homicidio y trata, defienden derechos, visibilizan el desaseo institucional y participan en redes nacionales e internacionales solidarias.

La fase más aguda de la epidemia violenta, gestada de manera progresiva y lenta desde la década de 2010, se registra en 2018: la entidad se ubica, y hasta la fecha se mantiene, en el primer lugar nacional por homicidios dolosos y destaca por el alza en el contrabando de hidrocarburos y el delito de extorsión. La política estatal de seguridad y de procuración de justicia, dominada por la dupla transexenal del exsecretario Álvar Cabeza de Vaca (en el cargo entre 2012-2024) y el exfiscal Carlos Zamarripa (2009-2024), se caracteriza por un patrón expansivo de militarización de las tareas de seguridad pública y de violaciones a los derechos humanos por fuerzas federales y locales.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, un proyecto para el fortalecimiento de los colectivos y movimientos de víctimas en la entidad, ha acompañado en este 2025 a la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, quien fue detenido y desaparecido por miembros del Ejército mexicano el 17 de marzo de 2017.

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