Ciudad de México

De madrugada, en calzada de Tlalpan, frente a la pastelería La Esperanza y junto a la estación de metro Chabacano, comienza de a poco el bullicio y tránsito de personas que van con paso acelerado a su trabajo. Mientras, un grupo de personas esperamos con botas para senderismo, sombreros amplios, paliacates y mochilas. Grupos de familias y personas solidarias nos subimos a los vehículos de la Comisión de Búsqueda con un objetivo: buscar, con manos y picos, restos humanos en las periferias de la ciudad.

Ciudad de México no es ajena al fenómeno de la desaparición que atraviesa de manera dolorosa al país. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 6 de julio de 2025, hay 6331 personas desaparecidas: 31 % del total histórico de reportes en la capital. La mayoría de esos casos se han registrado a partir de 2018, con un repunte significativo en 2024, año en que 1284 personas se reportaron como desaparecidas. Un patrón alarmante surge de estas cifras: el 63.85 % de las víctimas son personas jóvenes de entre 10 y 39 años, con una concentración alta en el grupo de 15 a 19 años, que por sí solo representa el 22.01 % del total de personas desaparecidas.

Para las familias que hoy enfrentan casos mal llamados de larga data —desapariciones que, con el paso de los años, permanecen sin resolución ni esclarecimiento—, el grupo de personas que espera afuera de Chabacano condensa un significado profundo de dolor, duelo, rabia y, para muchas de ellas, la esperanza persistente del reencuentro.

Puntos de interés forense

A diferencia de entidades como Sonora, Jalisco o Guanajuato, Ciudad de México no se caracteriza por el hallazgo continuo de fosas clandestinas. El monitoreo permanente que realizamos en el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana registra un total de trece fosas en la ciudad desde 2020 a septiembre de 2024, de las cuales 54 % se localizan en predios privados. Esta cifra es baja en comparación con las 344 fosas que registramos en Sonora, 158 en Jalisco y 282 en Guanajuato en el mismo periodo.

Sin embargo, esto no significa que en la capital no se encuentren restos humanos de manera recurrente. Los sitios de interés forense son diversos y tienden a concentrarse en bosques, barrancas y zonas serranas de la ciudad. El Ajusco, en Tlalpan; las barrancas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras; y el Cerro del Guerrero, en Gustavo A. Madero, son hoy territorios marcados por el dolor y la muerte.

El área que comprende el Ajusco parece interminable. Casi 100 kilómetros de maleza, bosque y montaña. Buscar en este espacio significa entender que lo complejo no es que se esconda el cuerpo de una persona —basta una carretera sin cámaras para lograrlo—, sino encontrarlo después. Buscar en el Ajusco es vivir en carne propia la frustración del dicho “buscar una aguja en un pajar”; encontrar un molar entre las piedras es casi un milagro.

Además, en este pulmón de la capital del país conviven dos realidades: por un lado, es un escape del caos chilango, de los tiempos y del sofoco de la ciudad y su necesidad de producción, consumo y ajetreo. Con sus restaurantes familiares, actividades al aire libre, caminatas, parques —es un espacio para deshacerse del estrés de la ciudad—. Por otro lado, el bosque es un hervidero de actividades ilícitas. Es una zona estratégica por ser paso entre la ciudad, el Estado de México y Morelos, con poca vigilancia, en donde se realizan de forma cotidiana tala ilegal, despojo de tierras, narcomenudeo y, de manera dolorosa, la disposición clandestina de restos humanos.

“El Ajusco es un espacio de contradicciones. Supera el entendimiento cómo un paraje de belleza inconmensurable puede albergar tanto horror, tanto dolor. Cómo puede estar a tan sólo 40 minutos de realidades tan distintas como la Condesa, donde reinan el fulgor y el esparcimiento. Allí, la pregunta ‘¿Dónde están?’ puede ser una frase casual, mientras que en el Ajusco una familia lo grita con rabia en el Pico del Águila, mientras cuelga la ficha de búsqueda de un ser querido al que aún espera en casa”, relata una solidaria del colectivo Una Luz en el Camino.

Los excursionistas, que formamos parte de brigadas, bajamos en línea recta cuidando los puntos de retaguardia, en un perímetro vigilado por autoridades armadas. Caminamos con familias que llevan meses o años buscando a sus seres queridos y con personas que se suman de manera solidaria a acompañar su dolor. Seguimos la línea que toca; vamos quitando maleza; removemos piedras, tratando de cuidar las flores y de no pisar una cascabel; pasamos el rastrillo para limpiar y encontrar hallazgos. En mente tenemos una lista de objetos a observar: ropa, zapatos, joyería. Buscamos materia distinta que no encaje con el área natural: tierra removida, basura, bolsas, cartones, material de construcción. Buscamos huesos.

No obstante, el Ajusco no es el único espacio en el que parece construirse una especie de dimensión desconocida, una realidad paralela distinta a la que perciben las chilangas y los chilangos en su vida cotidiana. Al ponerse las gafas, como hace John Nada en la película Están Vivos (1988), los cerros y barrancas de la ciudad adquieren otro sentido: buscar sin querer encontrar, buscar esperando encontrarles.

“Bueno, yo trabajo abajo del [cerro del] Chiquihuite. Es un cerro que, antes de que pasara lo de mi hijo, yo admiraba, me gustaban mucho las lluvias y el clima, los rayos, lo verde que luego se veía. Pero ahora cada vez que volteo al cerro, porque mi oficina queda justo enfrente del cerro, pues ya lo veo muy distinto: es la zona donde a veces pienso que pudiera llegar a darse la localización de mi… No quiero que sea así, no queremos encontrar. O sea, si hay alguien ahí, ojalá lo encontremos, pero pues todavía tenemos esperanza de que no sea mi hijo. Y pues la sensación es muy dura”, nos comparte un padre buscador. Él y su familia llevan más de cinco años buscando a su hijo.

Después de cuatro años de exigir acceso a las Barrancas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón, se logra una brigada de búsqueda. Las familias y quienes les acompañamos, así como el equipo operativo de la Comisión de Búsqueda, bomberos y policías de investigación, buscamos restos humanos bajo ojos que vigilan la zona. Hay un sentimiento de alerta y sensación de acecho difícil de sacudirse.

Ilustraciones: Víctor Solís

“En Álvaro Obregón las autoridades están coludidas con las bandas […] y es por esto que nunca están presentes las autoridades de la alcaldía. Y también algo particular es que las zonas alrededor de la barranca es donde se encuentran las bandas delictivas. Por eso se hace más difícil la búsqueda por la cuestión de la seguridad, aparte de lo riesgoso que hay por ser barranca”, nos narra una persona que lleva años buscando a su familiar desaparecido.

A diferencia del paisaje que rodea el Ajusco, que genera una disonancia cognitiva entre la búsqueda y la belleza que la rodea, las barrancas en Álvaro Obregón están repletas de desechos humanos: un lavadero, dos retretes, ropa hecha pedazos, vidrios, escombros, un cadáver de perro en una bolsa de basura, una montaña de plástico inagotable, quemado, decolorado, un sillón, incluso un casete de VHS. La contaminación de la ciudad no da tregua bajo una temperatura arriba de los 30 grados, con el hedor proveniente de las aguas negras sofocando a las personas que descendemos con lentitud por la vereda.

Desde arriba no se ve el fondo. La barranca implica bajar, una por una, agarradas de una cuerda. Hay piedras que se desprenden con nuestras pisadas y toman una velocidad arrasadora, amenazando con generar fracturas o moretones a su paso. La búsqueda consiste en escarbar entre la basura, remover todo al grito de “¡piedra!”. Sentirnos abrumadas por recuperar más de cuarenta prendas en una sola jornada de búsqueda. Imposible no preguntarse de quién es toda esa ropa y si voluntariamente se deshicieron de ella. La idea de encontrar a alguien en estas condiciones genera un nudo en el estómago. Nadie merece terminar así.

El hoyo negro burocrático

No puede comprenderse el fenómeno de la desaparición —y, en consecuencia, su búsqueda— sin reconocer la profunda interconexión entre la capital y los estados que la rodean: Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Puebla. Es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Las fronteras administrativas, en apariencia claras, se diluyen en la práctica ante dinámicas de movilidad, violencia y ocultamiento que desbordan los límites formales del territorio. En este contexto, la burocracia opera muchas veces como un hoyo negro: dispersa responsabilidades, vacía cualquier posibilidad de comunicación entre instituciones y entorpece la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La falta de interoperabilidad entre las fiscalías y comisiones de búsqueda ha dejado un rastro de dolor a las familias que buscan. La ausencia de cruces efectivos de bases de datos, los mensajes fragmentarios y poca colaboración entre autoridades se traduce en investigaciones y diligencias incompletas, así como el resguardo por años de personas fallecidas —reportadas como desaparecidas en Ciudad de México— en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de la ZMVM, como sucedió con Margarita Cuevas.

Margarita desapareció en Xochimilco el 4 de junio de 2022 y llegó trece días después a un Semefo en Morelos, aunque tuvieron que pasar más de dos años para que fuera reconocida por su hermana. Doña Lupita, la mamá de Magos, como le dicen de cariño en el colectivo Una Luz en el Camino, falleció en un hospital treinta minutos después de que Margarita fuera identificada por sus tatuajes. El pasado 10 de mayo, madre e hija hicieron un último viaje a la tierra juntas, la promesa del reencuentro cumplida.

La ciudad piloto y su crisis forense

Bajo el eslogan “Ciudad de derechos”, Ciudad de México se ha posicionado como una ciudad piloto en materia de políticas públicas. Durante la jefatura de Claudia Sheinbaum, se diseñó la metodología de búsqueda Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y después se aplicó a nivel nacional en el gobierno de López Obrador. Cabe recordar que dicha estrategia se aplicó sin adaptaciones sustantivas a los contextos regionales y locales, suscitando múltiples cuestionamientos: desde la ambigüedad de las categorías utilizadas y el riesgo de invisibilización de personas desaparecidas hasta la falta de transparencia en el registro de las más de 16 000 personas supuestamente localizadas.

Ahora, en la jefatura de Clara Brugada se ha apostado por un Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aunque algunas familias y personas acompañantes lo perciben como un esfuerzo de duplicación institucional, este esquema ha logrado, de forma todavía limitada, una mayor integración entre las titularidades de las instancias que integran el Sistema de Búsqueda en la ciudad. Sin embargo, esa coordinación en los niveles altos no necesariamente significa una operación eficiente en el terreno. Ahí persisten fallas estructurales, demoras y desconexión entre los distintos niveles operativos y técnicos responsables de la búsqueda e investigación.

Además, si bien hay casos de éxito que vale la pena destacar —como la localización con vida de tres menores desaparecidos durante un mismo fin de semana en mayo, gracias a la activación de la búsqueda inmediata y al acompañamiento de los colectivos—, la deuda con las familias que buscan desde hace años sigue sin saldarse. Para los casos de larga data, la respuesta institucional sigue siendo fragmentada, lenta y opaca. Espacios como el Panteón Civil de Dolores y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) son emblemas del colapso forense de la ciudad.

A nivel nacional hay más de 72 000 restos humanos sin identificar en las distintas morgues del país y, dolorosamente, Ciudad de México no es ajena a esta crisis humanitaria. Según información que pudimos obtener del Módulo de Fosas Comunes —que actualmente no es público, sin justificación oficial por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda— desde 1956 y hasta 2023 ingresaron al Panteón Dolores más de 19 000 cuerpos o restos humanos, de los cuales 7817 permanecían sin ser identificados hasta abril de 2024. Tan sólo desde 2019, se registraron 4661 cuerpos depositados en la fosa común, lo que representa el 24 % del total inhumado en más de seis décadas.

Todavía más grave es lo que ocurre en el Incifo: personal manipulando restos humanos de forma irrespetuosa, dentro de instalaciones insalubres, sin protocolos mínimos de resguardo. La imagen es dolorosa: cuerpos apilados, sin refrigeración idónea, su dignidad arrebatada. Según personal que labora en el instituto, una auditoría extraordinaria del anfiteatro corroboró en julio de este año “que había vísceras en cubetas, que había […] malas condiciones, que las cámaras refrigerantes no servían”. Las palabras del subdirector de Tanatología —“madréatelo”— a la par que su personal patea el cuerpo de una persona fallecida resuenan en los pasillos del Incifo, mientras las familias se organizan para exigir dignidad, incluso después de la vida, para todas las personas que hoy esperan en una gaveta que alguien las identifique.

En esta tensión, entre el ideal y la realidad, Ciudad de México —como otras entidades del país y a pesar de algunos avances— no ha sido capaz de responder a las demandas más apremiantes de las familias: identificar a sus muertos, tratar con dignidad sus restos, garantizar verdad y justicia para quienes les buscan. Mientras tanto, las familias seguirán caminando entre bosques, pegando afiches y volantes en las calles, revisando cuadernillos con fotografías llenas de dolor y muerte en los Semefos del país, sentándose en mesas de trabajo, revisando carpetas de investigación, porque su búsqueda no terminará hasta encontrarles, hasta que todas las personas que nos faltan regresen a casa.

Andrea Horcasitas Martínez

Maestra en Desarrollo Internacional. Acompaña familias y colectivos de búsqueda en Ciudad de México y otras entidades del país y coordina el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Eugenia Morales Viana

Maestra en Estudios Culturales. Es acompañante psicosocial e investigadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Esta reflexión no podría haberse escrito sin la labor de las familias que buscan a sus seres queridos y de las personas que las acompañan. Un agradecimiento a quienes nos prestaron sus voces para construir este texto.

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Publicado en: 2025 Septiembre, Expediente