Atoyac de Álvarez, Guerrero, es un lugar marcado por la violencia política en México. Municipio testigo de la ausencia forzada de decenas de personas, cuyas familias continúan a la espera de respuestas. Llegué por primera vez a Atoyac de Álvarez en 2018. Acudí como investigador de los procesos sociales detrás de la desaparición forzada y a estudiar cómo los colectivos de búsqueda, con familiares de personas desaparecidas, construían colectividad, memoria y estrategias ante la omisión del Estado. Pronto entendí que no era posible el análisis sin la experiencia de quienes la han padecido. Las voces de los familiares, sus gestos y silencios configuran una memoria que se sostiene, incluso a pesar del tiempo y la falta de justicia.
Arribé a Atoyac junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Era una diligencia de excavación en el antiguo cuartel militar, donde se presume fue visto por última vez Rosendo Radilla, líder social detenido y desaparecido por militares en 1974, durante la llamada Guerra Sucia. El caso Radilla es emblemático: fue el primero en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por desaparición forzada, lo que sentó importantes precedentes jurídicos en derechos humanos. Mi participación fue parte de un trabajo académico y testimonial; pude documentar el proceso, observar la participación de las instituciones responsables y registrar la experiencia de los colectivos y familiares que buscan a sus seres queridos décadas después.
Durante mis días en Atoyac acompañé a colectivos de búsqueda, participé en diligencias —tanto institucionales como organizadas por las propias familias— y, junto con un equipo de investigación,1 entrevisté a hijas, esposas y hermana. Conversamos no sólo de la desaparición y del dolor, sino también de la memoria y del presente. En los relatos de los familiares, el pasado no es un recuerdo lejano: convive con el presente y lo condiciona. Muchas familias no sólo enfrentaron desapariciones durante la Guerra Sucia, sino también en el vértice de la llamada “guerra contra las drogas”.2 De ahí que sus testimonios transiten de la historia de sus padres, tíos y abuelos desaparecidos en los años setenta, a la historia de sus sobrinos, nietos y yernos que faltaron en los últimos quince años.
Una de las preguntas que guio la investigación: entender las continuidades y rupturas entre las desapariciones durante la Guerra Sucia y aquéllas de la guerra contra las drogas. En principio, parece clara la diferencia jurídica entre desaparición forzada —cometida por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia— y la desaparición por particulares. Pero en el terreno tal distinción se vuelve difusa.3 Las víctimas relatan detenciones realizadas por hombres armados sin insignias, presencia de patrullas oficiales en los operativos o la omisión deliberada de las autoridades ante denuncias inmediatas. Más que dos fenómenos aislados, se trata de un continuo de violencia sistemática que ha mutado en sus formas pero no en su lógica: ocultar cuerpos, borrar identidades, quebrar comunidades y mantener la impunidad como norma.
Los testimonios muestran la persistencia entre ambos periodos históricos. Si bien en la Guerra Sucia y en la guerra contra las drogas han sido distintos los actores sociales que desafían el orden, no ha sido así en el caso de los aparatos estatales que los combaten y que presentan una preocupante continuidad. En los años setenta la persecución se dirigía contra militantes políticos, campesinos organizados y grupos guerrilleros como el Partido de los Pobres o la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.4 En décadas recientes el discurso oficial coloca al narcotráfico como enemigo principal, y los cuerpos desaparecidos pertenecen, en muchos casos, a jóvenes señalados de supuestos vínculos con organizaciones criminales. En ambos escenarios, el Ejército ha jugado un papel central: como ejecutores, encubridores o facilitadores. A esto se suman policías locales cooptadas, estructuras paramilitares toleradas o formadas por el propio Estado, y un aparato judicial rara vez independiente. Las víctimas cambian de nombre, pero el patrón institucional se repite.
Si bien las motivaciones entre ambos periodos son distintas, en el fondo ambas responden a proyectos políticos con sus propias racionalidades políticas e ideológicas. La Guerra Sucia fue una estrategia de represión estatal contra movimientos revolucionarios y de organización campesina. La desaparición fue entonces un acto profundamente político, dirigido a eliminar disidentes y desarticular las bases sociales de la insurgencia. En contraste, la guerra contra las drogas se representa como una cruzada contra el crimen, pero en realidad responde a lógicas de control territorial, disciplinamiento social y regulación violenta de mercados ilícitos.5 Aunque predomina una racionalidad mercantil —la maximización de la ganancia mediante el monopolio de la violencia—, también existe una dimensión ideológica: imponer formas de dominio mediante el terror, capturar poblaciones y someterlas a una economía de muerte. La política sigue presente, aunque transmutada en necropolítica, tanto en la participación de actores estatales, como la disputa del poder sobre cuerpos, territorios y comunidades.
Durante las excavaciones en el antiguo cuartel, el ambiente estuvo cargado de una mezcla tensa entre expectativa y resignación. Colectivos y familiares llegaban puntuales cada mañana, algunos con la esperanza reservada de que, esta vez, algo emergiera de la tierra. Otros, más escépticos, conocían demasiado bien la mecánica de la decepción. Caminaban entre los montículos de escombros con una familiaridad que sólo otorgan los años de búsqueda. El ambiente siempre fue denso, por el calor húmedo de la costa y la acumulación de historias no contadas, de personas no encontradas y de preguntas que nadie respondía —y quizá nunca respondan. Las entrevistas fluyeron en ese clima. Las personas hablaban con cansancio pero también con una claridad entrañable. Compartían sus recuerdos, razonaban los motivos de las desapariciones, tejían genealogías del dolor. Mientras tanto el ruido de las herramientas rompía el silencio a intervalos y las personas buscadoras, algunas jóvenes, otras ya de edad avanzada, recorrían el terreno reconociendo el cuartel, y buscaban reconocer entre los muros derruidos los rastros de los suyos.
El manto de la impunidad cubría la excavación. La impunidad no es un efecto colateral, sino un componente estructural en ambos contextos. Durante la Guerra Sucia los crímenes se justificaban bajo el discurso de la seguridad nacional; hoy, el de la seguridad pública. En ambos casos la actuación de las fuerzas del orden ha estado marcada por la arbitrariedad, la falta de transparencia y la negación sistemática de los hechos. Las policías, cuando no están ausentes, operan bajo lógicas de complicidad o miedo. El Poder Judicial actúa con negligencia o se desentiende; los medios de comunicación locales enfrentan censura, amenazas e indiferencia institucional. Verdaderos regímenes de desaparición en el sentido de Zarraugh.6 La sociedad carga con el peso de la desinformación, la fragmentación y el miedo. Las familias de personas desaparecidas no sólo buscan a sus seres queridos; también se enfrentan a un sistema que las revictimiza, desacredita y obliga a convertirse en investigadoras, abogadas y defensoras.
Al momento de la entrevista, del análisis, de la investigación, emerge un hecho innegable: la desaparición no es sólo un acto violento puntual, es una forma de violencia que estructuralmente entrelaza pobreza, desigualdad, estigmatización y violencia de género. Quienes buscan a sus familiares lo hacen desde contextos de profunda vulnerabilidad: mujeres sin ingresos estables, comunidades desplazadas, jóvenes marcados por el prejuicio, personas sin acceso efectivo a la justicia. En muchos casos, la desaparición, que ya arrebató a un ser querido, también desestructura por completo la vida familiar: obliga a abandonar empleos, endeudarse, migrar o asumir tareas que antes no eran propias. La búsqueda se vuelve una carga inmensa y permanente, que consume tiempo, energía y cancela el futuro. Una violencia que no se detiene con la ausencia sino que se prolonga en cada trámite, en cada silencio institucional o excavación que no revela nada. Ahí se hace evidente que la desaparición, más que una excepción, forma parte de una maquinaria social que margina, silencia y despoja.
Los colectivos de búsqueda se han constituido como espacios de resistencia, cuidado y reconstrucción del tejido social. No sólo son agrupaciones de víctimas sino comunidades políticas que articulan memoria, solidaridad y lucha. En Guerrero estos colectivos levantan archivos orales y documentales, convocan diligencias, presionan a instancias nacionales e internacionales y desarrollan estrategias jurídicas para hacer valer sus derechos. Sin embargo, también han creado redes de afecto, rituales de ausencia para dignificar a quienes buscan y nuevas formas de nombrar lo inenarrable.7 Estas mujeres —porque en su mayoría lo son— han inventado lenguajes, prácticas y modos de acción que rebasan los marcos institucionales y sostienen a diario la posibilidad de una justicia que aún no llega.
Realizar trabajo etnográfico implicó más que recoger testimonios o asistir a diligencias: fue compartir la espera, asumir el silencio, cargar con la impotencia. Hay una ética que no siempre está en los manuales y que se aprende sólo en el campo: la de saber callar, no interrumpir el llanto, no forzar la respuesta. Escuchar en estos lugares no es pasivo; es una forma de acompañar. En Atoyac cada encuentro confronta a la persona investigadora con sus propios límites: con el lenguaje que no alcanza, las emociones que desbordan, la necesidad de responder al otro no desde el saber, sino desde la presencia. Más que producir conocimiento, el trabajo etnográfico en escenarios de violencia obliga a preguntarse de manera constante por el lugar desde el que se observa, los efectos de la mirada y el compromiso ético que se asume al narrar el dolor de otros.
La experiencia en Guerrero me permitió entrever que desaparición es una forma de dominación que atraviesa generaciones y muta con el momento histórico. La Guerra Sucia y la guerra contra las drogas son capítulos distintos de una misma violencia estructural donde el Estado juega, de distintas formas, un papel central. Pero también me mostró que, en medio del horror, persiste la organización, la dignidad y la lucha. Acompañar a quienes buscan no transforma la realidad de inmediato pero sí modifica nuestra forma de mirarla. Y desde ahí, desde esa otra mirada, tal vez sea posible abrir fisuras en el muro de la impunidad.
Édgar Guerra
Sociólogo. Es Investigador por México de la SECIHTI.
1 Integrado por las investigadoras Dafne Viramontes y Pamela Limón.
2 Solar, C. “Forced Disappearances and the Inequalities of a Global Crime”, Alternatives: Global, Local, Political, 46(1), 2021, pp. 17–22. https://doi.org/10.1177/03043754211021270
3 Robledo Silvestre, C. “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México”, Íconos – Revista de Ciencias Sociales, 55, 2016, pp. 93-114. https://doi.org/10.17141/iconos.55.2016.1854
4 Calveiro, P. Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, Siglo XXI, 2014.
5 Trejo, G., y Ley, S. Votos. Drogas y Violencia. Debate, 2022.
6 Zarrugh, A. The Development of US Regimes of Disappearance: The War on Terror, Mass Incarceration, and Immigrant Deportation. Critical Sociology, 00(0), 2019, pp. 1–15. https://doi.org/10.1177/0896920519826640
7 Gatti, G. (2014). Surviving Forced Disappearance in Argentina and Uruguay. Palgrave Macmillan. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=1779864