A la historia de nuestro país habrá que agregarle un periodo más, el de la Transición Democrática, aunque todavía no haya un consenso sobre las fechas que lo delimitan. José Woldenberg, protagonista electoral por excelencia del periodo, sitúa su comienzo en 1977, con la primera reforma que buscó institucionalizar al “pluralismo” en México. En cambio, para Fernando Escalante el periodo del “régimen de la transición” duró “más o menos treinta años”; las fechas no son tan claras para él, pero nos lleva a ubicar su inicio hacia mediados de los noventa.
Existen otras diferencias en cómo Woldenberg y Escalante piensan ese periodo. Para Woldenberg aquéllo fue, sobre todo, un cambio en el régimen del gobierno, con dos décadas —entre 1977 y 1997— marcadas por un “auténtico proceso de transición democrática” que consolidó un “pluralismo equilibrado” en el “entramado estatal”. A grandes rasgos, su narrativa describe el tránsito de una Presidencia omnipotente a una acotada, además de la construcción de un sistema plural de partidos.
Para Escalante, la cosa fue más compleja: aquel periodo no sólo fue un cambio de régimen, sino todo un “programa explícito de transformación cultural”. Bajo esta premisa, el “cambio de régimen” o la democratización fue uno de tres pilares. Los otros dos: el mercado como mecanismo distributivo y el Estado de derecho para resolver disputas. Con esta triada, tenemos una visión distinta del periodo: la democracia pasa de ser un proceso fundamental —democratización— y una condición finita —la democrática— a ser algo más modesto, pero no menos poderoso: una idea en un entramado conceptual más amplio.
Cuando evocamos los cambios del final del siglo pasado, la primera visión —la de Woldenberg— es dominante. Es razonable que esto sea así. Al pensar en la “transición” como una gran etapa compuesta por un proceso ascendente hacia una condición democrática, se desprende un relato parsimonioso de la historia. El relato es bien conocido, asume al proceso democratizador como una cadena de eventos: de los movimientos estudiantiles en los sesenta y setenta, a la reforma pluralista para canalizar la oposición, a las crisis fiscales y de deuda, a las reformas más amplias de apertura política y económica, a la condición democrática.
El relato establece un vínculo esencialista entre democratización y democracia, como si lo primero fuera el preludio inequívoco de la segunda que, a su vez, termina por entenderse como punto fijo de llegada que siempre estuvo ahí, ya constituido, esperándonos. De esta forma, se crea una narrativa de “desarrollo progresivo” sobre aquel periodo, una evolución continua, en la que el pasado sólo sirve para reafirmar —acaso glorificar— los elementos del presente.
La subordinación del pasado a la afirmación del presente tiene sus consecuencias. En primer lugar, construye una “visión de túnel” en la que los elementos del hoy dejan de ser el producto de contingencias históricas para ser resultados en cierto modo ineludibles y atemporales. Visto así, la creación de varios organismos autónomos entre 1993 y 2014 se entiende como algo inevitable por principio y no como decisiones contextuales de política pública.
En segundo lugar, el velo de inevitabilidad con el que se cubre al presente limita nuestra capacidad para pensar en términos históricos. La democracia entendida como un proceso ineludible se convierte en un evento sin precedentes, con elementos que son estáticos. Una vez concluido el proceso de democratización, la condición democrática es inamovible y ya no hay pa dónde, pues cualquier cambio en sus elementos es visto no como la consecuencia de lo que pasa en la historia, sino como la desviación o perversión de una esencia ahistórica. Es esta lógica la que lleva al propio Woldenberg a destilar una esencia presentista de la democracia y a cuestionar, para afirmar después, que la esencia ya no corresponde a lo que fue y que, por tanto, la democracia acabó.
El punto de vista de Woldenberg deriva en una interpretación localista de la historia, que narra la democratización mexicana como un fenómeno aislado, circunscrito a eventos domésticos, cuando realmente ocurrió en un contexto global específico, en medio de un empuje transnacional para abrir mercados, limitar soberanías y reemplazar la capacidad del Estado para atender problemas. Es ingenuo, por no decir incorrecto, mirar al régimen de la transición mexicana como un proceso local y no como el producto de la interacción entre nuestras circunstancias locales y la construcción de un orden global.
La visión de Fernando Escalante es más fértil al considerar la democratización como uno de tres pilares del “régimen de la transición”. Al hacerlo, nos permite entender la democracia como parte de un proyecto de transformación más amplio. Esto es muy distinto a entenderla como un pilar único con características inmanentes. Este enfoque permite estudiar la transición en su contexto y entender al pasado como propio, no como el mero preludio de un presente tal vez inevitable.
Si la “democratización” no fue un proceso de camino único y nuestra “democracia” no es una condición estática, tenemos que hacernos preguntas distintas a las que se hacen Woldenberg, Lorenzo Córdova y algunos otros. No se trata de tipificar las características que hacen de nuestro sistema político una democracia ni de unir los puntos para trazar una línea determinada que anude al presente con el pasado.
Más bien, tenemos que referirnos al “proyecto de transformación cultural” que menciona Escalante, estudiarlo en su contexto y pensar que, más allá de los cambios en la mecánica de gobierno y distribución de recursos, en México ocurrió un cambio en la imaginación y en la experiencia colectiva a partir de un “contagio” global de ideas. Si para Woldenberg y otros la cuestión es: ¿cómo adquirió nuestro régimen las características propias de una democracia?; para nosotros, la cuestión tendría que ser otra: ¿cómo fue, en primer lugar, que llegamos a imaginar que el régimen que habitábamos era democrático?
Es difícil pensar en un evento político tan anticlimático como la candidatura de José Antonio Meade a la Presidencia de la República. Digo esto porque aquella candidatura ocurría en una elección muy politizada y frente a un candidato, el único, con un argumento político frontal contra todos los gobiernos de la “transición”.
Meade aparecía en la boleta como un funcionario público, no como un candidato partidista, a todas luces competente pero apolítico sin remordimientos. Su atractivo se fincaba no en su capacidad para movilizar apoyo mayoritario, sino para deliberar y decidir técnica e imparcialmente. La candidatura de Meade parecía fuera de lugar, pero no lo estaba. Era, podría decirse, la última defensa de la forma en que imaginamos la democracia durante el “régimen de la transición”.
En esa “transición”, el componente democrático fue entendido como un asunto procesal, no como un asunto político. Los gobiernos de finales de siglo introdujeron el mercado y el Estado de derecho en un intento por despolitizar los mecanismos de distribución de recursos y resolución de disputas. Este intento de “modernidad”, como lo nombra Escalante, encajó bien con el orden global que ahora denominamos “neoliberal”. Así, por ejemplo, construir autonomías engarzaba con una agenda global de liberalización económica, en la que el principal criterio para independizar agencias, incluidas las Cortes, no era proteger derechos y libertades, sino señalar al mundo que la capacidad de funcionarios electos para intervenir en la gestión, sobre todo la económica, era limitada.
En su conjunto, mercado y Estado de derecho ofrecían algo que la política democrática no: competencia e imparcialidad. Esto fue clave en la década de los noventa, cuando argumentos contra la política —que apuntaban contra el Estado— favorecieron la privatización de empresas públicas o el avance de reformas particulares como la Ley de Inversión Extranjera (1993). Se justificaban en la incapacidad estatal para administrar y en su predisposición a la arbitrariedad.
El resultado fue la movilización de la ley y el mercado para restringir o, de plano, sustituir al poder transformador de la política democrática. Para restringirlo se desplegó desde el derecho un ambicioso esfuerzo para aislar áreas importantes de la administración pública de la política electoral. Pensemos, por ejemplo, en los bancos centrales, en las cortes constitucionales o en las comisiones de “áreas estratégicas” —telecomunicaciones, energía— y esto en escala global. También desde el derecho se restringió a la política con leyes y reglamentos que delegaban el poder de decisión en agencias autónomas o bien en el derecho internacional.
Por su parte, el mercado se empleó en un intento más agresivo para sustituir a la política. El gobierno de Carlos Salinas fue exitoso en esto, ensanchó una idea de “competencia” del ámbito del mercado al público, mediante privatizaciones y la descentralización de servicios públicos. Esto fue más que una transferencia de responsabilidades; derivó, también, en una nueva soberanía, ajena al control popular e incluso superior a la del Estado: la del individuo como consumidor.1
¿En dónde queda la democracia en todo esto? No diría que desapareció ni que se vació. En el entramado conceptual de fin de siglo, que priorizó al mercado y la ley, se construyó una forma distinta de imaginarla, debilitándola acaso pero nunca negándola por principio.
La democracia continuó siendo el mecanismo legitimador, como apunta Escalante, pero no por concederle al voto mayoritario el carácter de decisivo. Durante el “régimen de la transición”, la fuerza moral de la democracia dejó de ser la agencia popular reflejada en el voto mayoritario. En cambio, los dos atributos del mercado y el Estado de derecho —“competencia” e “imparcialidad” —fueron piezas claves para rearticular la moralidad de la democracia, ya no en función del poder y la voluntad que presupone el voto, sino en algo más abstracto: la “razón pública”.
La teoría política dominante de la época facilitó este cambio. Ian Shapiro, en un diálogo con Brian Barry y Amartya Sen, argumenta que distintas teorías que equiparan “justicia” con “imparcialidad” fracasan porque dependen de compromisos previos que, en sí, no son imparciales. Para Shapiro, la prioridad de un sistema político no es la búsqueda del “espejismo de la imparcialidad”, sino la lucha contra la “dominación”. Shapiro, como Churchill, concluye que la democracia mayoritaria es el “peor sistema posible, excepto por todos los demás”.
Katrina Forrester hace algo similar con el trabajo de John Rawls: mostró los orígenes de su pensamiento y la influencia que su juventud, atravesada por el miedo a la concentración de poder y la coerción, tuvo en la “teoría de la justicia” que publicaría años después. Forrester revela cómo el paradigma rawlsiano, con su enfoque en instituciones judiciales y legislativas y su visión deliberativa de la política, avanzó una idea de democracia como “discusión”, que a la postre limitaría la viabilidad de posibilidades alternas de organización política y económica.
Es importante contextualizar a estos pensadores. Al final, aquellos que “revivieron” a la filosofía política durante la segunda mitad del siglo pasado eran productos de su tiempo, marcados por el trauma de una guerra ideológica y años de profunda inestabilidad política. Sin embargo, sus ideas alcanzaron reconocimiento en la época de consenso y paz que fue la posguerra. Para ellos, que escribían entre las décadas de los cincuenta y setenta, la política había dejado de ser un problema y, en su horizonte temporal —no muy distinto al de Woldenberg o Ernesto Zedillo—, el gobierno apuntaba a entremezclarse, cada vez más, con la administración.
Esas ideas fueron importadas con facilidad al México de la “transición”. La “democracia como deliberación” resultaba seductora para alguien como Woldenberg, interesado en instaurar un “pluralismo equilibrado”. A su vez, la “imparcialidad como justicia” atraía a quienes les preocupaba la arbitrariedad e incompetencia del Estado. En el proceso, la vocación justiciera de la democracia pasó de reivindicarse en el voto mayoritario a sublimarse en la técnica y en la deliberación. Lo justo pasó a ser lo consensuado, lo que se pensaba imparcial, no el producto de la voluntad popular sino aquello que se conforma con la “razón pública”, algo que el propio Rawls desarrolló en extenso.
De esta forma, el voto dejó de ser el ejercicio de un poder político para convertirse en la mera expresión de una preferencia. Tenía sentido. Al final, el poder decisivo ya se había desplazado en favor del mercado y el Estado de derecho, lejos de la política electoral, transformando a ciudadanos activos en pasivos y disociando a la democracia de su razón fundamental de ser: la decisión mayoritaria. No deja de ser paradójico que la candidatura de José Antonio Meade haya tratado de encarnar estos cambios en nuestro pensamiento político. Tampoco deja de ser cómico que, frente a las urnas, el imaginario que propulsó a Meade haya sido tan rechazado.
El proyecto de transformación del “régimen de la transición” logró reconfigurar nuestra imaginación. Nadie puede negar que, bajo sus premisas, en México creímos que habitábamos un régimen democrático. Y es que sí lo fue, aunque dentro de una estructura conceptual y global que fue recibida y domesticada en el México de un contexto pasado.
Ya en otra época, el proyecto de fin de siglo nos sigue rondando, y la separación entre el poder transformador de las mayorías y la democracia sigue tan vigente como hace treinta años. No sorprende pues, que hace unos meses, con singular alarmismo, alguien haya visto prudente preguntar si, con la “hora de la mayoría” encima, tendríamos que decir “adiós a la democracia”.
Corolario
Para algunos teóricos clásicos, la democracia presupone el compromiso previo, de todas y todos, con la autoridad del voto mayoritario. Esto implica que, en principio, todos quienes votamos consentimos aceptar la decisión final de una votación como propia, incluso si en un principio estuvimos en contra. Visto así, como ha escrito Przeworski, la democracia es la imposición de la voluntad sobre otras voluntades. Ésta materializa el carácter vinculante de la democracia, derivando su legitimidad del voto mayoritario como centro de la toma colectiva de decisiones. A esto se refiere Richard Tuck cuando habla de la “fuerza moral” de la democracia, aquella que se consagra en el voto —entendido como algo más que la simple expresión de una preferencia—, y el que garantiza la igualdad política entre personas, pero que también ejecuta la agencia decisoria de cada una. Así, tenemos a la “igualdad” y al poder que son principios distintos a la “competencia” y la “imparcialidad”.
En el arreglo de la transición, el poder de decisión del voto mayoritario se desplazó a comités técnicos, el mercado o la ley. Esto garantizó la armonía de un entramado conceptual que reconfiguró a la democracia como deliberación. Ahora hay un esfuerzo muy grande, desde el gobierno y la propaganda, de recuperar el corazón de la democracia para el poder de decisión de las mayorías, aunque es preocupante el contexto en el que surge.
El orden global que se está gestando ya no aspira a una convergencia de valores y normas; tampoco pretende fundarse en la integración de soberanías. Lo de hoy es más peligroso: con ambiciones imperiales de las grandes potencias para construir áreas de influencia, pero también con una vocación coercitiva para configurar el mundo. Este nuevo orden, ya sin vocación moral, puede ser indiferente al autoritarismo, ese que mina la igualdad y el poder del voto mayoritario como piedra angular de la democracia. En Turquía, Erdogan ya captó el mensaje pues, hace unas semanas, el principal opositor turco fue detenido.
Estas condiciones favorecen a una clase política como la mexicana, con el cinismo suficiente para reclamar la vocación mayoritaria de la democracia, pero incapaz de asumir responsabilidad política. En la ley, nuestra clase política todavía encuentra un refugio que les garantiza impunidad; personajes como Cuauhtémoc Blanco apelan al “debido proceso” para sostenerse. Por si fuera poco, en espacios pensados para la “pluralidad” de la democracia “deliberativa”, las élites desechadas ahora encuentran acomodo y, por eso, personajes como Marko Cortés y Alito Moreno sobreviven como plurinominales.
El legado de la transición fue hacernos cambiar de régimen en un espacio público “hiperlegalizado”, que además es hostil a la política. De ahí que, frente a cada tragedia, el reclamo oficial automático sea “no politizarla” en vez de pedir justicia. Es el fantasma de la “imparcialidad” lo que nos ronda. Pero la política no es imparcial, tampoco es técnica. La política democrática es decisión fundamentalmente mayoritaria, igualdad y poder.
El esfuerzo, necesario y urgente, por recuperar la decisión mayoritaria como el corazón de nuestra democracia podría caer en saco roto. Con una clase política tan versátil como la nuestra —es un decir— que se ha valido de la presunta imparcialidad del proceso democrático para perpetuarse, es fácil que la razón populista de ser de la democracia sea instrumentada para, una vez más, entronizar a unos cuantos, los peores. La presencia de personajes como Ricardo Monreal —priista antes, morenista ahora— y la supervivencia de los Yunes —morenista uno, nefastos todos— tiene que servir de recordatorio: la vocación mayoritaria, en las manos de los de siempre, siempre se vuelve contra las mayorías mismas. En eso habrá que pensar ahora que México cambia de régimen.
Andrés Ruiz Ojeda
Gates Cambridge Scholar y estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge
1 De “objetos” a “sujetos”, diría Carlos Salinas.