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El 9 de julio de 2006, apenas una semana después de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador se dirigió al país con la voz temblorosa de indignación. No era el tono contenido del tribuno institucional ni el gesto sereno del dirigente en derrota: era la voz colérica de quien se sentía despojado. “Fox es un traidor a la democracia”, dijo. En esas palabras ardía no sólo una acusación, sino una herida que no buscaba consuelo sino restitución. Según López Obrador, la democracia —esa promesa frágil que había iniciado seis años atrás— había sido lastimada por la clase política que supuestamente iban a consolidarla.
Tres días antes, el Instituto Federal Electoral (IFE) declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia mínima de 0.58 %. A los ojos de muchos, no se trató de un resultado cerrado, sino de un fraude, del retorno de viejas prácticas encubiertas bajo nuevas formas. Ese día, el Zócalo volvió a llenarse de voces, pancartas improvisadas en cartulinas y mantas que hablaban de robo y de indignación. López Obrador habló desprendido de sí mismo, ahora creía encarnar un “pueblo” agraviado por los poderosos. “Vamos a demostrar que se han violado los principios rectores del artículo 41 de la Constitución”, advirtió. Mientras, miles de gargantas le respondían: “¡Estamos listos, señor, usted ordene!”.1
La paradoja no tardó en instalarse. Mientras se organizaban las impugnaciones formales por parte del PRD, el partido vivía su momento más luminoso: gracias al empuje de López Obrador, alcanzaría 127 diputaciones y 26 escaños en el Senado. Convergencia y el PT, sus aliados, también se beneficiarían del arrastre. En Ciudad de México, el bastión perredista mostraba números sin precedentes: con Marcelo Ebrard, la jefatura de Gobierno se aseguró con 2.2 millones de votos y López Obrador cosechó aún más en la presidencial: 2.7 millones. Era, sin duda, el líder más votado en la historia de la izquierda mexicana.
La herida, sin embargo, era más profunda que los resultados. El tabasqueño rechazó los llamados a la mesura. Ni asesores ni correligionarios lograron convencerlo de reconocer el desenlace, aunque lo hiciera sin dejar de señalar la injusticia. En su lugar, optó por radicalizar la protesta; el 30 de julio, en el Zócalo, propuso —y aprobó por aclamación— una asamblea permanente. Así comenzó el plantón en Reforma, esa ocupación simbólica y material de la avenida más emblemática del país, que duraría 47 días, y terminaría por ser un fracaso. El apoyo popular se erosionó y las encuestas lo confirmaron con crudeza: mientras el 47 % de los encuestados decía que si hubiera una nueva elección ahora votaría por Calderón, sólo el 24 % respaldaría a López Obrador.2
Fue ahí donde López Obrador aprendió a que la huida es siempre hacia adelante y que el poder se trata de arrebatarle todo a los demás. Así que siguió sin dar marcha atrás. El 20 de noviembre, en una tarde fría, López Obrador reapareció en el Zócalo, esta vez no para impugnar sino para inaugurar una nueva etapa. Rosario Ibarra de Piedra se acercó y le colocó una banda presidencial de un gobierno inexistente que buscaba arropar al hombre que tenía su orgullo herido, pero que seguía firme en sus ambiciones. “La esperanza es la acción dedicada a crear lo que hace falta”,3 dijo López Obrador. Con esas palabras, más que clausurar una contienda, inauguró una narrativa: la del presidente legítimo, la del movimiento, la de un futuro glorioso todavía posible.
Ya no se trataba de una afrenta contra la democracia, sino contra él. Y algún día tomaría revancha.
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Llamamos clase política al conjunto de personas que ocupan espacios de poder desde los cuales inciden decisivamente en la vida de la sociedad. Es una clase porque, pese a las diferencias de sus miembros entre sí, conservan un interés superior: mantenerse en espacios —partidos, diputaciones, instituciones de gobierno, etcétera — que les permitan el ejercicio del poder. Al consolidarse como clase, se produce un ethos que la distingue y cohesiona. Quienes la integran comparten valores, códigos de comportamiento y una red de vínculos —personales o institucionales— que, sin suprimir la competencia interna ni las divergencias programáticas, permiten su reproducción como grupo dominante. Para consolidar esto último se requiere lo que Gaetano Mosca denominó como “fórmula política”,4 es decir, legitimidad sustentada tanto en una base moral como en un orden legal. Dicha fórmula es lo que transforma el ejercicio arbitrario del poder en el ejercicio de la autoridad reconocida.
La transición a la democracia en México se construyó sobre la clase política que se sostuvo a través de tres partidos políticos, la promesa de renovar el pacto político y social y reglas más estrictas para el ejercicio del poder. Pero su surgimiento fue con una paradoja cabalmente explicada por Fernando Escalante:5 el proyecto exigía, por un lado, una racionalización administrativa del proceso electoral para darle transparencia, legalidad y confianza; y, por el otro, despolitizar los mercados; es decir: liberarlos del Estado y sus intervenciones. Esto provocó que el margen de acción de la clase política quedara reducido.
El diseño no era en sí mismo un error. Podía pensarse como una apuesta por refundar el campo político sobre nuevas bases, con un poder acotado lo más posible por la ley y la transparencia. La nueva clase política, en el discurso político, en los sectores académicos y empresariales, se presentaba como virtuosa; una clase que ponía como objetivo primordial el cumplimiento de las normas, el respeto por la pluralidad y el cuidado de la alternancia.
Durante un corto periodo, de 2000 a 2003 —en específico antes de las elecciones intermedias para la Cámara de Diputados y de la contienda electoral por las delegaciones y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal—, parecía que, en efecto, se avanzaba hacia la consolidación de la democracia. Sin embargo, fue breve el consenso entre la nueva clase política. Un bando de esa clase optó por subordinar las reglas a sus propios fines y utilizar las instituciones no como resguardo del orden plural, sino como herramientas para favorecer a su propio grupo.
La ruptura del pacto fundacional de la clase política mexicana no ocurrió de un día para otro ni se manifestó como una catástrofe súbita. Fue, más bien, un proceso de fractura paulatina, cuyas grietas iniciales se abrieron entre 2004 y 2005, con el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Aquel episodio fue percibido como un acto de utilización facciosa del aparato legal para eliminar a un adversario político en ascenso. Desde entonces, algo esencial comenzó a resquebrajarse: la legitimidad de quienes se proclamaban garantes de la democracia y el Estado de derecho. La imagen de un orden institucional basado en el juego limpio, en la imparcialidad y en el respeto a la pluralidad se fue desgastando, como un barniz que apenas ocultaba las prácticas más rancias del viejo régimen. La elección de 2006, con su resultado tan estrecho como polémico, no hizo más que confirmar la fractura que desde años atrás había comenzado.
Sin embargo, intelectuales de peso, analistas reputados, políticos con biografías progresistas e incluso antiguos compañeros de militancia de López Obrador, optaron por minimizar lo sucedido. Era más fácil reducir el conflicto a un exceso personal, atribuir el descontento a una pataleta, burlarse de la investidura ciertamente ridícula de la presidencia legítima. Nadie, o casi nadie, pensó que el tabasqueño podría recomponerse. Su derrota era, para muchos, el cierre de una etapa.
Pero la historia se obstina en demostrar que las grietas no se sellan ignorándolas. Por esa grieta, trivializada por unos y celebrada por otros, con el tiempo comenzó a filtrarse el autoritarismo. No llegó con estruendo, se instaló en silencio ante el desgaste: en el descrédito de las formas, en la costumbre del atropello, en la renuncia a deliberar. Lo que se quebró no fue sólo un poder limitado por normas formales e informales, sino la promesa de un país que se había querido distinto.
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El 5 de diciembre del año 2000, Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño de origen, hombre forjado en las luchas sociales del trópico mexicano, tomó posesión como jefe de Gobierno del Distrito Federal. No era un desconocido: su activismo opositor, su paso como presidente nacional del PRD y su tenaz protagonismo en varios movimientos políticos lo habían convertido en un referente visible de la izquierda mexicana.
Sin embargo, a diferencia de sus predecesores en el cargo —el primero electo de manera democrática apenas en 1997—, López Obrador no era un capitalino ni en su origen ni en sus formas. Su habla pausada, su acento del sureste, su retórica moralista y popular contrastaban con la urdimbre de la política chilanga, cosmopolita y cada vez más progresista. Su postulación fue posible gracias a que acreditó su dudosa residencia en el Distrito Federal con la venia de Ernesto Zedillo, con quien mantenía una fluida comunicación. A López Obrador, como a Diego Fernández de Cevallos, le decían "la ardilla". Porque no salía de Los Pinos.
El triunfo electoral que lo llevó a la jefatura fue estrecho. Aunque su imagen y discurso resonaban en los sectores populares, su victoria no fue de la mano de una mayoría avasalladora en las urnas ni de una conformación favorable en la Asamblea Legislativa ni de gobiernos afines en delegaciones importantes —los gobiernos locales de las alcaldías de entonces—, ya que muchas de estas últimas quedaron en manos del PAN. Por si fuera poco, por primera vez en la historia moderna de México un presidente no priista encabezaría el Ejecutivo federal. Vicente Fox Quesada, un panista con pasado de empresario y carisma de campaña, llegó a la presidencia con un discurso de cambio y renovación.
En ese contexto, su primer discurso como jefe de Gobierno adquirió un tono notablemente conciliador. Su estilo característico —combativo, frontal, polarizante— aún no dominaba la escena. En cambio, su alocución inicial parecía encarnar el espíritu de la transición democrática en el país. Habló de una “voluntad colectiva a favor del cambio” y de una ciudadanía que aspiraba a una “nueva legalidad, una nueva convivencia, una nueva República”. Reconoció que la Ciudad de México, con su tradición de lucha democrática y justicia social, con su densidad educativa, cultural y económica, tenía un papel singular en la transformación del país.
Además, aunque su visión de país difiriera de la de Vicente Fox, ambos compartían una exigencia histórica. “Se abre para México un horizonte de cambios profundos y negociaciones políticas”, declaró; también subrayó que la nueva época democrática exigía respeto a la diversidad, autolimitación y estar dispuesto al diálogo con compromisos. “En una relación como la nuestra, ciudadano-presidente, seguramente habrá discrepancias, pero también coincidencias, y en todo momento habrá el respeto que corresponde a su investidura”, concluyó.6
López Obrador tenía razón. El proceso largo y sinuoso a la democracia, que comenzó a gestarse en la segunda mitad del siglo XX, se bifurcó en dos caminos paralelos: uno desemboca en la presidencia del PAN, portadora de un ideario neoliberal, tecnocrático y de empresarios; otro lleva al gobierno del PRD en la capital, de corte popular, con tintes nacionalistas y una política económica que Adolfo Gilly llamó "neoliberalismo social". Esta última etiqueta, al parecer contradictoria, capturaba bien la tensión de aquel periodo: un gobierno que aún desde la izquierda debía operar dentro de los márgenes del neoliberalismo, pero con un enfoque redistributivo, una narrativa de justicia social y utilizando el nuevo orden de instituciones democráticas.
Ambos proyectos compartían el mismo origen. La emergencia de una nueva clase política, con sus propios valores, hábitos y lenguajes, fue resultado de décadas de lucha democrática. Esta generación, venida muchas veces de universidades públicas y privadas, organizaciones civiles y disidencias de los partidos tradicionales, trajo consigo una supuesta visión distinta del poder. Había en ellos una aparente conciencia para rendir cuentas, una voluntad de limitar los abusos del presidencialismo y una idea de democracia basada en los contrapesos institucionales. Tanto Fox como López Obrador eran parte de esa generación, aunque sus trayectorias e imaginarios políticos fueran divergentes.
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El término desafuero tiene una carga semántica que va más allá de su aplicación legal. Su origen etimológico se encuentra en el castellano del medievo y se compone del prefijo “des-”, que indica negación o privación, y del sustantivo “fuero”. Este último proviene del latín forum, que originalmente significaba “plaza pública” o “lugar donde se administra justicia”, y adquirió el sentido de “jurisdicción”, “ley” o “privilegio jurídico”. De ahí que el fuero se asocie con los derechos especiales de ciertos cargos públicos, sobre todo la inmunidad procesal.
Sin embargo, en el Tesoro de la lengua castellana o española,7Sebastián de Covarrubias ofrece una acepción mucho más completa. El fuero no era sólo la ley externa, sino también una “ley del alma”, del juicio interior que cada persona hace de su conciencia. En palabras del propio Covarrubias: “Fuero llaman los canonistas el juicio interior que cada uno hace de su conciencia”. Así, el desafuero no es sólo la privación de un privilegio en legalidad, sino también una ruptura con el juicio recto, con la razón natural, con los principios que rigen una vida justa. La Real Academia de la Lengua hoy mantiene este significado sobre desaforar: “Acción contraria a las buenas costumbres o a los consejos de la sana razón”.
Formalmente, el desafuero de López Obrador se trató de un proceso legislativo para retirarle el fuero como jefe de Gobierno y así poder juzgarlo por un presunto desacato judicial. Pero en el fondo constituyó el inicio de una Gran Ruptura con el juicio recto, con las normas no escritas, con la propia “ley del alma” de la fórmula política en la transición a la democracia.
El propio presidente Vicente Fox reconoció que desaforar a López Obrador fue la decisión más dolorosa que tuvo que tomar.8 Si Fox era el primer presidente de la era democrática y encarnaba la promesa de un régimen basado en instituciones justas y en el respeto al pluralismo político, ¿por qué intervenir directamente para evitar la participación política del principal líder de la oposición de izquierda? ¿Por qué romper con la “sana razón” regidora de la vida pública?
5
En medio del torbellino poselectoral de 2006, con el país dividido entre acusaciones de fraude y manifestaciones masivas encabezadas por López Obrador y el PRD, Felipe Calderón apareció en un estudio de televisión con la periodista Denise Maerker. El ambiente no era de celebración, sino de tensión contenida, y la pregunta de la comunicadora fue directa: ¿no le incomodaba que se dijera que había ganado infundiendo miedo, apoyado en una campaña que, violando la ley electoral, presentó a su contrincante como un peligro para México?
Calderón intentó mantener el tono institucional. Dijo estar convencido de que su victoria se debía a sus propuestas, a representar una opción más confiable para los mexicanos, a tener “las manos limpias”. Pero Maerker insistió, le preguntó de nuevo si no le molestaba que se atribuyera su triunfo a una estrategia basada en el miedo y que un gran sector de la población pensara que había sido una elección poco equitativa. Calderón, visiblemente incómodo, respondió con una frase que lo perseguiría por siempre: “No me molesta. El hecho es que voy a ganar […] como dicen en mi tierra: haiga sido como haiga sido”.9
Con esas palabras, pronunciadas ante millones, se disipó cualquier intento de dignificar el resultado. Lo que debía ser una defensa de legitimidad se leyó como la confirmación de una verdad más cruda: que el poder se había alcanzado sin reparar demasiado en los medios. Fue una frase que selló, con toda su carga de cinismo involuntario, el tono de una Presidencia nacida en la fractura.
La elección de 2006 fue el desenlace de una cadena de errores compartidos por todos los actores políticos, una serie de decisiones ciegas, guiadas más por la desconfianza, la soberbia y el cálculo, que por la prudencia política o el cuidado institucional. Todos se equivocaron, pero todos siguieron adelante, como si el error no bastara para frenar el curso de lo inevitable. Quizá nadie encarnaría después, con tanta fidelidad, la obstinación de la clase política de la transición como el propio López Obrador. Al final, terminó convirtiéndose en el emblema más persistente de que lo más importante es imponer la voluntad de uno sobre la de los demás.
Los primeros en fallar fueron los intelectuales. Atrapados en sus marcos teóricos, quisieron ver en el tabasqueño una réplica mexicana del populismo latinoamericano: Hugo Chávez, un caudillo tropical dispuesto a destruirlo todo en nombre del pueblo. Al hacerlo, ignoraron las particularidades de la historia mexicana y del propio López Obrador. Olvidaron que había sido parte del tripartidismo de la transición, que negoció con Ernesto Zedillo, que celebró la llegada de Woldenberg al IFE y que elogió —al menos hasta 2003— la diferencia que representaba Vicente Fox respecto a los viejos presidentes del PRI. Ignoraron, también, que México, a diferencia de buena parte de América Latina, no arrastraba el trauma de las dictaduras militares y que su reloj político no marcaba las mismas horas. Nunca sabremos si López Obrador tenía entonces una vocación autoritaria distinta a la que más tarde desplegaría, pero sí sabemos que las instituciones y el país entero eran otros, muy distintos a lo de hoy. Los intelectuales desconfiaron de lo que ellos mismos habían contribuido a fundar y en esa desconfianza terminaron por traicionarse.
López Obrador también erró. A medida que su figura crecía, su disposición a escuchar menguó. Poco a poco fue desplazando a sus asesores más críticos, a sus compañeros de ruta, a los interlocutores incómodos. Se rodeó de aduladores, convirtió la política en un monólogo y confundió la legitimidad moral con el derecho absoluto. Encerrado en su convicción, dejó de ver los límites, incluso aquellos que él mismo había ayudado a erigir. Envió al diablo las instituciones porque ninguna le parecía tan valiosa como su causa, como su historia, como su lucha. En ese proceso, se perdió la posibilidad de una izquierda institucional al estilo de Cuauhtémoc Cárdenas y comenzó a perfilarse el líder obstinado y egocéntrico que, años más tarde, ocuparía la Presidencia con la certeza de que sólo él podía conducir el destino de México.
Pero la responsabilidad fue también, quizá sobre todo, de la fracción de la clase política en el poder. En lugar de responder con altura al reclamo del fraude, encontraron en éste el pretexto perfecto para ignorar las fallas del sistema. No quisieron ver —o no les importó— que el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, fue electo sin el consenso de todas las fuerzas políticas;10 que desde el poder se maniobró para impedir la candidatura de López Obrador; que el presidente Fox intervino abiertamente en la contienda; y que una campaña negra, violando la ley, manchó el proceso electoral.
El poder, se sabe, siempre lleva consigo un grado de arbitrariedad, pero precisamente por eso se fundan pactos, morales y legales, para limitar sus excesos. La clase política que llegó al poder con la promesa de que los abusos del pasado no volverían rompió ese compromiso en la primera oportunidad. Quizá pensaron, con cinismo o resignación, que así es la lucha política: brutal, despiadada, sin reglas. Que quien no lo entienda, mejor se haga a un lado. Se equivocaron. Porque cuando se traicionan los principios que hicieron posible el nacimiento de un orden político, el porvenir ya no se construye: se padece.
6
Al alcanzar por fin la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la democracia no era su verdadera prioridad. Su sexenio se distinguió por una sistemática captura de instituciones, el uso discrecional de la justicia, una retórica de odio hacia la crítica, alianzas opacas —y en algunos casos inconfesables— con actores del crimen organizado y una impunidad que se volvió norma. Bajo el discurso de regenerar al país, de Cuarta Transformación, de empoderamiento de las mayorías, se profundizó la arbitrariedad surgida con su proceso de desafuero y consolidada en la elección de 2006.
Sintiéndose por encima de todos y contra todo, impulsado por una sed de revancha que no distinguía rostros ni instituciones, López Obrador convirtió la tribuna presidencial —la mañanera— en el escenario desde donde señalaba, uno a uno, a sus adversarios. No había distinción: políticos, periodistas, intelectuales, organismos autónomos, jueces. Su verdadero enemigo, sin embargo, no era ninguno de ellos en particular, sino los límites. Límites al poder, límites a la voluntad, límites a la figura que él encarnaba. En palabras de Fernando Escalante, asistimos hoy a una revancha de la clase política contra las restricciones que el Estado de derecho impuso durante la transición. En parte, tiene razón: fue una revancha, pero del expresidente contra de la discrecionalidad legal e institucional que actuó en su contra en los años de la Gran Ruptura.
Su gobierno no fue, sin embargo, como afirman sus seguidores, una cruzada para corregir la manipulación del derecho y de las instituciones. Fue más bien, una apropiación y radicalización de ese poder discrecional para utilizarlo en favor propio. La revancha no buscó justicia, sino venganza: contra los que considera que lo “lastimaron”, lo “despreciaron” y lo “subestimaron”: los partidos que lo expulsaron, los intelectuales que lo juzgaron, las instituciones que lo contuvieron. Todo aquello que en otro tiempo le negó el poder, debía rendirse ante él.
“La doctrina de los conservadores es la hipocresía”, repitió López Obrador una y otra vez, como si la reiteración bastara para disimular que él mismo había asumido una forma radical de conservadurismo: el de la arbitrariedad, el del poder sin freno. En nombre del pueblo, elevó su propia voluntad por encima de cualquier regla, de cualquier acuerdo, de cualquier contrapeso. Esa personalidad —obstinada, solitaria, convencida de que la historia le pertenece— comenzó a forjarse entre 2004 y 2006, en el cruce entre el agravio y la ambición. Y por esa misma razón, muchos de sus antiguos enemigos encontraron hoy refugio bajo su sombra. No los une una ideología ni un proyecto de país, sino una pulsión común: el autoritarismo como lenguaje y el amor por un poder que no acepta límites.
2004-2006 no sólo fueron los años de la Gran Ruptura. También fueron el comienzo de la paulatina transición a la autocracia.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente
1 Becerril, A., y Garduño, R. “Convoca AMLO a marcha nacional por la democracia.” La Jornada, 9 de julio de 2006, https://web.jornada.com.mx/2006/07/09/index.php?section=politica&article=003n1pol
2 Cfr. Reforma. “Encuesta / Reprueban a López Obrador”. Reforma, 27 de agosto de 2006, https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/documentos/VisorArticulos.aspx?idComptto=6&sIdIdentificadorParm=6s2315333d&idproducto=3&id=771563&tipoElemento=/impresa/&text=elecciones%202006&imgUrl=https://hemerotecalibre.reforma.com/20060827/interactiva/RPRI20060827-001.JPG
3 Cfr. Becerril, A., y Urrutia, A. “AMLO se compromete a defender al pueblo y la soberanía nacional”, La Jornada, 21 de noviembre de 2006, https://web.jornada.com.mx/2006/11/21/index.php?section=politica&article=003n1pol
4 Mosca, G. La clase política. Selección e introducción de Norberto Bobbio. Traducción de Marcos Lara. FCE, 1983.
5 Escalante, F. “México ayer y ahora”, nexos, abril de 2023.
6 Lira, C. “Invita López Obrador a encender la llama de la esperanza en la ciudad de México”, La Jornada, 6 de diciembre de 2000, https://www.jornada.com.mx/2000/12/06/per-lopez.html
7 De Covarrubias, S. Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez, Madrid, 1611.
8 Peralta, P. “El desafuero de López Obrador: Jugando con la democracia”, La insignia, 2005, https://www.lainsignia.org/2005/abril/ibe_031.htm
9 Cfr. Revista Polemon. “El ‘Haiga sido como haiga sido’ de Felipe Calderón”, YouTube,https://www.youtube.com/watch?v=1aCs2oo-DYs
10 Cfr. Garduño, R. “Imponen PRI y PAN el nuevo consejo del IFE”, La Jornada, 1 de noviembre de 2003, https://www.jornada.com.mx/2003/11/01/003n3pol.php?origen=index.html&fly=2