La violencia se ha convertido en el hecho político más importante para nuestro régimen político durante los últimos treinta años. Esta violencia ha transformado de manera brutal la forma en que nos pensamos como sociedad. Ha creado una brecha entre espacios de moralidad diferenciados, donde lo inadmisible se vuelve normal por acumulación o repetición. Como parte de nuestra vida cotidiana, me interesa analizar el lugar que nuestros actores políticos le han asignado en estos años.
La violencia presenta dos interpretaciones que dificultan una respuesta política coherente. Por un lado, la violencia nace de un orden social que la utiliza para resolver asuntos económicos, comerciales, territoriales y políticos, sobre todo a nivel local. Llamo a esto la economía política de la violencia. Por otro lado, la violencia constituye un problema de gobernabilidad que exige una estrategia de seguridad para mantener el orden público. Esta última genera olas de violencia y asesinatos mediáticos que el gobierno debe atender para garantizar estabilidad tanto a empresas como a la opinión pública. Esta dualidad como problema público obstaculiza una respuesta estatal eficaz.
La agenda securitaria
La escalada del crimen organizado y su violencia no sólo constituye un fenómeno social, también es una construcción política para justificar el desarrollo de un aparato securitario estatal robusto que enfrenta la violencia como amenaza. Antes de 2007, la «delincuencia organizada» se manifestaba como una serie de hechos de violencia aislados, principalmente secuestros de figuras públicas y empresarios, sin cárteles nacionales. La administración del presidente Felipe Calderón declaró la «Guerra contra el Narco» y creó la percepción pública del crimen organizado como enemigo interno.
El gobierno instauró la idea de un crimen organizado con capacidad territorial que rivalizaba con el poder del Estado, lo cual legitimó la militarización y expansión de las fuerzas de seguridad para restaurar el control y garantizar la seguridad mediante la «fuerza del Estado». Esta perspectiva punitivista ignoró las causas estructurales y sociales de la criminalidad, creó un escenario de confrontación directa y, de manera paradójica, permitió el florecimiento de una criminalidad organizada sin precedentes en escala y capacidad de violencia.
Esta concepción implicaba la creencia de una crisis de autoridad. Si bien el régimen de la transición conllevó una fragmentación de las capacidades políticas y de intermediaciones del orden local, los actores interpretaron este nuevo orden como una crisis donde el Estado se debilitó frente a los cambios políticos. El régimen político y sus actores buscaron la solución en un Estado fuerte para recuperar el control territorial. Esta visión priorizó la gobernabilidad y la imposición del orden por la fuerza, pero descartó la dimensión política y social del problema, así como un diagnóstico profundo sobre la naturaleza de esta «nueva» violencia.
La estrategia policial, que se ejemplifica en la conformación de la Policía Federal, operó sin conexión con las causas subyacentes de la criminalidad. Los homicidios aumentaron de forma inédita hasta alcanzar un promedio diario de 46 durante el sexenio de Felipe Calderón. La violencia continuó y se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con un promedio de 65 homicidios diarios. Esto demostró que el enfoque securitario, sin atención a las complejidades estructurales, sólo agravó la propagación de la violencia.
El cambio de régimen
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 transformó la orientación del régimen político mexicano. Para comprender este «cambio de régimen» de manera sintética, debemos recordar que México, al igual que gran parte del mundo, adoptó una transformación neoliberal en las últimas dos décadas del siglo XX. Eso reorientó el Estado hacia procesos de institucionalización y modernización, bajo la premisa de que una élite ilustrada, por medio de un Estado moderno con separación de poderes y autonomías claras, podría impulsar el desarrollo del país. El objetivo era crear mercados productivos que fomentaran capacidades industriales, sobre todo para integrarse comercialmente con América del Norte. Este proceso culminó con el cambio político electoral del año 2000, que consolidó un Estado concentrado en garantizar los derechos individuales, bajo un esquema de modernización liberal Mi simplificación indica que esa transformación creó élites que adoptaron la lógica económica como el prisma fundamental para interpretar la sociedad, sus problemas y dinámicas.
Este proceso no fue exclusivo de México. La expansión del neoliberalismo creó una cultura institucional donde la economía se convirtió en el paradigma principal para tratar cuestiones humanas. Así, se conceptualizó la pobreza como un problema moral de falta de información o de acceso al crédito, y la violencia como una desviación moral. Esta mentalidad hegemónica enfrentó un problema estructural: al intentar sustituir el papel histórico de la religión y la cultura como mecanismos de contención de la violencia, empleó de forma fallida mecanismos de lógica económica. Aunque se esperaba que la creación de mercados desregulados contuviera la violencia, las soluciones económicas reprodujeron el mismo patrón que pretendían resolver: contuvieron la violencia mediante otra forma de violencia. Hoy vivimos los efectos de este error de diagnóstico. Esa sustitución fracasó en su objetivo y produjo efectos negativos como el empobrecimiento de los vínculos sociales.
En ese marco debemos entender la militarización como estrategia de seguridad. Los cuerpos de seguridad, dedicados a la guerra, han surgido como actores políticos protagonistas en nuestro sistema político de los últimos años. Esta solución entiende la violencia como un fenómeno que debe administrarse y ordenarse territorialmente. Aunque el enfrentamiento frontal contra el crimen organizado no ha debilitado su presencia en el país, la lógica de disputa militar de territorios es una práctica común por parte de los grupos criminales, que han imitado el modelo militar. Éste es el resultado criminal de la militarización. Aunque el uso de militares ha logrado generar un cierto grado de gobernabilidad, esto no ha resultado en una pacificación del país.
El cambio de régimen de 2018 transformó el sistema político, que pasó de una idea institucional de la democracia —ligada a un proyecto de modernización— a una idea de democracia de bases populares, lo que esto signifique. Este giro busca reivindicar las soberanías de las poblaciones que los regímenes neoliberales han excluido. Con las complejidades inherentes a este nuevo proyecto, el cambio de régimen creó un nuevo diagnóstico del problema de la violencia. Lo crucial es que ahora se entiende también como un problema social y de estructura, incluso de desigualdades. Aunque hubo políticas con esta perspectiva en el pasado, la novedad consiste en la forma de hacer política. El diagnóstico evolucionó de una mera crisis de autoridad a señalar que la violencia se originó en una corrupción intrínseca del régimen anterior.1
En este contexto, la misiva de «Abrazos no balazos» se establece no como una estrategia de seguridad, sino como una declaración de principios. La ausencia de una estrategia clara, junto con esta nueva concepción, ha coincidido con un aumento importante de la violencia y la criminalidad en varias zonas del territorio. Los homicidios dolosos alcanzaron máximos históricos bajo el gobierno de López Obrador, con un promedio de 91 casos diarios durante su sexenio, lo cual indica un fracaso en su tarea de pacificar. Sin embargo, la declaración de «Abrazos no balazos» aporta un componente moral significativo al régimen político.
Al despenalizar a la población del problema de la violencia, se establece una idea de la autoridad basada en un fundamento tradicional que, como señala Hannah Arendt, comprende el problema con mayor amplitud que los usos de autoridad como mero despliegue de fuerza.2 Esta aproximación, aunque controversial en sus resultados operativos, busca establecer una forma de autoridad que no se basa en la violencia directa. Intenta recuperar algo del vínculo colectivo con el objetivo de restablecer una autoridad que no se confunda con la violencia.
El reto de pacificar
Con el gobierno de Claudia Sheinbaum se abre la posibilidad de replantear la pacificación del país desde una perspectiva más integral. Se ha adoptado una idea de seguridad que reconoce una doble concepción de la violencia: la que atiende sus causas profundas y estructurales, y la que la entiende como un problema de seguridad y gobernabilidad (algo que el gobierno anterior rechazó en su discurso). Un diagnóstico adecuado no garantiza el éxito de una estrategia, pero hay elementos para celebrar este cambio.
Por un lado, el gobierno actual sigue la moralidad de «Abrazos no balazos» y mantiene una postura discursiva firme contra el modelo de «guerra contra el narco», pues enfatiza que declarar una guerra equivale a «dar permiso de matar». El punto es que para enfrentar una cultura de violencia es necesaria una cultura de paz, políticamente hablando. Aunque no hay un argumento estadístico contundente, el promedio diario de asesinatos bajo el nuevo gobierno ha disminuido de 91 a 74, lo cual permite imaginar que «algo se puede hacer» para reducir los asesinatos.
Por otro lado, el nuevo gobierno también ha decidido fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y de inteligencia del Estado para tratar la violencia como un problema de gobernabilidad. Esta decisión fortalece a la fuerza militar como brazo armado del Estado y extiende la militarización para enfrentar a los «enemigos internos». Este enfoque ha resultado efectivo para garantizar un tipo de gobernabilidad que, a veces, responde a las exigencias securitarias de Estados Unidos, como el despliegue de operativos del Ejército y la Guardia Nacional para decomisos y detenciones. Sin embargo, el mayor desafío de este nuevo régimen consiste en revertir las causas profundas que han permitido la violencia de los últimos años. Este último aspecto, que requiere la transformación de estructuras sociales y desigualdades arraigadas, constituye una tarea mucho más compleja.
La criminalizacion de la productividad
La búsqueda de una solución al problema de la violencia en México debe identificar el problema central como la criminalización de la productividad, no de la sociedad ni de la política. Este diagnóstico debe reconocer tanto la dimensión de la gobernabilidad como las causas subyacentes de la violencia. El problema es, sin duda, el aumento y expansión del crimen organizado. Entre 2018 y 2025, los grupos criminales en el país aumentaron un 36 % hasta alcanzar más de 500 agrupaciones, según datos de Lantia Intelligence. Hoy la mayoría de estas agrupaciones criminales han dejado el narcotráfico, incluso; los ingresos más redituables provienen de la extorsión, en todas sus modalidades.
La criminalización de la productividad sería un diagnóstico que no criminalizaría ni a la población ni a la clase política, con lo cual se apuntaría a desmantelar el surgimiento de formaciones criminales. Como escribió Fernando Escalante hace catorce años, se trata de identificar “qué clase de situaciones favorecen que haya un mayor número de trabajadores de la violencia, o que su posición con respecto al resto de la sociedad sea más o menos subordinada, autónoma, pacífica, parasitaria o predatoria”.3
Rogelio Alcántara
Analista político y estudiante de posgrado en la EHESS en París
1 Araujo, K. El miedo a los subordinados: una teoría de la autoridad, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2016.
2 Arendt, H. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought, Viking Press, Nueva York, 1961.
3 Escalante, F. “Apunte para pensar la violencia actual en México”, 2011, https://www.fernandoescalante.net/apunte-para-pensar-la-violencia-actual-en-mexico/