Luis de la Barreda Solórzano. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Al cumplir 1,285 días de vida, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha brindado orientación jurídica a 64,476 personas y ha abierto 15,934 expedientes, de los cuales se han concluido 15,775, es decir, el 99%. De los finalizados, 13,276 (el 84.15%) se tramitaron en menos de un mes contado a partir de la presentación de la queja. De los 10,471 asuntos concluidos durante el trámite, en el 73.62% de los casos las resoluciones fueron favorables a los quejosos. Se ha propiciado que 686 servidores públicos hayan sido sancionados. De ellos, a 53 se les inició averiguación previa, contra 74 se ejercitó acción penal y 7 fueron condenados a prisión por resolución judicial. Los tipos de quejas más numerosas han sido ejercicio indebido del servicio público (1,701), dilación en la procuración de justicia (1,681) e irregular integración de la averiguación previa (1,034).

Hemos puesto el mayor empeño en lograr resultados prontos en todos los casos. Ese esfuerzo se ve favorecido con las respuestas expeditas de las autoridades y entorpecido con la actitud contraria. El ejemplo límite de esta última postura es el de la Delegación Iztapalapa, a cuyo titular formulo una respetuosísima invitación a que haga todo lo que esté a su alcance para que, en beneficio del servicio público que es nuestro común objetivo, se produzca una plausible mudanza en ese proceder.

Hemos privilegiado la vía de las conciliaciones con las autoridades, convencidos, como Ulises, del valor del pacto, del poder persuasivo de la palabra regida por la razón. Sólo en casos de especial gravedad o importancia hemos acudido a nuestra arma más poderosa, la Recomendación, que ya no es vista por funcionario alguno, como al principio, como un Robespierre de papel que podía llevar a la guillotina la imagen de la institución destinataria. Ha quedado demostrado que la Recomendación no se dirige contra una institución sino contra la tropelía o la negligencia, por lo que más bien hace las veces del hilo de Ariadna ayudando a la función pública a escapar del intrincado laberinto de los abusos de poder. De 40 recomendaciones emitidas, se han cumplido totalmente 32, esto es, el 80 por ciento.

La tortura, que antes de que surgiera la Comisión era la indiscutible campeona entre los diversos abusos de poder, ocupa hoy el lugar número 31 en nuestra tabla de quejas, con 48 denuncias. Antaño ese delito quedaba impune invariablemente. Las cosas han cambiado: siempre por intervención nuestra, un servidor público fue condenado a nueve años de prisión, contra cuatro hay órdenes de aprehensión incumplidas, contra dieciocho se ha iniciado averiguación previa y a uno se le sigue proceso ante juez penal, precisamente por el delito de tortura en todos esos casos.

Hace sólo cuatro años estos logros parecían imposibles a los desencantados y a los abúlicos. Pero donde se acaba lo posible no queda sino la inexorabilidad que nos convierte a los individuos en meros invitados de piedra al escenario en que discurren nuestras vidas. Lo posible se ha abierto paso, ayer y hoy, contra fatalidades que en ocasiones propicias dejan de serlo. El abatimiento de la práctica de la tortura y el fin de su impunidad empiezan a ser entre nosotros realidades constatables.

Pero abatir no significa eliminar. Edward Peters observa que la tortura es uno de los aspectos más inquietantes y persistentes de la historia de la humanidad. Esa “crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las naciones”, como le llamaba Beccaria, aún se resiste, también aquí, a desaparecer.

La reforma constitucional de 1993 y la nueva Ley para prevenir y sancionar la tortura, al disponer que la confesión sólo tendría valor ante el Ministerio Público o el juez de la causa y siempre y cuando estuviera presente el defensor o persona de la confianza del inculpado, significan un avance sustancial en el combate a la tortura, cuya disminución sustancial en los últimos años representa un triunfo de primera importancia en la lucha que gobernantes y gobernados libran por la causa de los derechos humanos. Hay que seguir avanzando: además de la buena ley y la voluntad de aplicarla, son indispensables medidas administrativas que se sirvan adecuadamente de la imaginación y de la técnica.

Nuestra más reciente Recomendación sobre un caso de tortura -que contó con el apoyo unánime de nuestro Consejo- constituye un ejemplo de que, así sea de forma esporádica, es posible que un detenido resulte lesionado cuando formalmente ya está bajo la custodia del Ministerio Público. Habida cuenta de esa malhadada posibilidad, es indispensable que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para que los agentes de la Policía Judicial, en todos los casos, pongan de inmediato, no sólo jurídica sino también físicamente, a los detenidos a disposición del Ministerio Público, y que se instrumenten los mecanismos necesarios para ubicar con precisión a, y controlar las acciones de, los agentes de la Policía Judicial encargados de las detenciones y de la custodia de los detenidos. Asimismo, recomendamos que se utilicen cámaras de circuito cerrado que permitan tener un registro fílmico permanente de la situación de éstos. Esta medida -aceptada ya como los demás puntos de la Recomendación- será disuasiva de potenciales abusos, representará otro paso trascendental en la lucha contra la tortura y también permitirá descubrir la falsedad de imputaciones mendaces acerca de supuestos atropellos de servidores públicos.