A la cofradía del Mole de Olla
“Las garantías de la libertad no se han de pedir nunca al poder, sino que han de imponérsele”.
—Emilio Rabasa
Hace casi un cuarto de siglo escribí un libro, En pos de la quimera, en el cual ponía en duda el lugar común de que México y otros países de América Latina habían fracasado a la hora de instaurar constituciones liberales a causa de su atraso y por razones culturales. Vista esa región del mundo desde una perspectiva comparada, lo notable no era el supuesto “fracaso del liberalismo”, sino que los mexicanos y otros latinoamericanos habían copiado, a veces de manera acrítica, modelos institucionales desarrollados en Estados Unidos y Europa.
En las primeras dos décadas del siglo XIX, el constitucionalismo liberal distaba mucho de ser una máquina terminada. Algunos de sus axiomas, como el rechazo a los amplios poderes de emergencia, tenían su origen menos en la experiencia que en la doctrina y, por lo tanto, sus efectos estaban aún por verse. Otros aspectos ofrecían diversas alternativas como la división de poderes, la cual podía tener una interpretación de pesos y contrapesos a la estadunidense u otra de estricta separación funcional. Cada elección institucional tenía consecuencias estructurales en la vida política de los países que las adoptaban. La inestabilidad política que aquejó en sus inicios a casi todas las naciones de la América hispánica generalmente se atribuye a la ola de desintegración política que produjo la independencia de España.
Sin embargo, al menos una parte de esa inestabilidad tuvo orígenes institucionales. Cuando un sistema de gobierno establece una estricta separación funcional de poderes, pero erige entre ellos tan sólo “barreras de pergamino” (como las llamó James Madison), nada evita la invasión y usurpación del poder con mayores capacidades. Esas intrusiones, a su vez, provocan reacciones de los poderes agraviados que desestabilizan el sistema constitucional.
Existe una tensión que recorre las gestas constitucionales de los mexicanos a lo largo de tres siglos. Una relación dialéctica con la realidad que puede resumirse en dos pulsiones: repudio y reconciliación. Los mexicanos, al igual que muchos otros latinoamericanos, con la posible excepción de Brasil, arroparon la idea de una Constitución escrita como una forma de romper con el pasado. La idea de una Ley Fundamental que codificara los principios de gobierno de manera sistemática y que no dependiera de precedentes históricos fue una innovación estadunidense. En muchos sentidos, fue un repudio de la idea de la “constitución histórica” británica: un conjunto orgánico, no sistemático, de precedentes, leyes, costumbres, recursos legales y prácticas establecidas en el tiempo, como el habeas corpus o la Magna Carta. La Constitución escrita también podía ser, aunque no siempre lo fue, un quiebre con los principios de legitimidad dinástica. Esta tendencia, sin embargo, no se entiende sin el otro polo de la dialéctica: la reconciliación. En el esquema que propongo, ésta consiste en que la Constitución deja de luchar con la realidad. El fin de esa lucha puede darse de manera autoritaria: cuando la Constitución se subordina a la necesidad, como ocurrió en el porfiriato y durante el autoritarismo posrevolucionario. Pero la reconciliación también puede darse de modo democrático, cuando los preceptos de la ley y los principios normativos del constitucionalismo determinan la realidad, como sucedió en México en los primeros dieciocho años del siglo XXI. Ya sea que se someta al poder a través de la simulación o que sus preceptos guíen la acción política, la Constitución deja de estar en conflicto con la realidad.
En la América Latina de los primeros años después de la Independencia, las constituciones encarnaron una orfandad electiva. Eran la señal de un nuevo comienzo, un rompimiento con el despotismo español que no tenía legado constructivo que ofrecer. Como escribió Simón Bolívar en 1815 en la Carta de Jamaica:“Estábamos… abstraídos y, digámoslo así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado”.
Las constituciones eran, entonces, el vehículo del repudio de un pasado despótico y una promesa de reinvención ex nihilo. En el texto constitucional se cifraba la felicidad de la nación, su prosperidad y estabilidad. Era una forma de abrazar un futuro incierto, pero que se quería radicalmente distinto al presente. Me parece que la primera Constitución de México encaja en este patrón. Su vocación era el rompimiento. Como en otros países, el primer constitucionalismo prometió dejar atrás un pasado colonial de atraso y tiranía. La Constitución se concibió como un encanto, una fórmula mágica, para transformar de manera acelerada la realidad. Cuando esto —cosa predecible— no ocurrió, el desencanto no se hizo esperar y las críticas y propuestas de enmiendas surgieron muy pronto, aunque la carta establecía un periodo de diez años antes de que pudiera ser modificada. El periodo en que se experimentó con el centralismo es una secuela de la magia constitucional de los años veinte del siglo antepasado. Entre 1824 y 1856, la Constitución fue vista como un instrumento del cambio deseable: ya fuera hacia el centralismo de las Siete Leyes o encaminado a la restauración del federalismo del Acta de Reformas de 1847.
Diez años más tarde, la Constitución de 1857 tuvo el mismo propósito de ruptura que su antecesora. El móvil de los liberales era constituir a la nación de una manera que permitiera al país sobrevivir a las amenazas externas y prosperar. El propósito no era adaptar sus previsiones a la realidad del país, sino transformarla. En ese sentido, aquella Constitución incorporó un elemento disruptivo que las otras evitaron: la reforma de las relaciones del poder civil con la Iglesia. La Constitución del 57 incorporó las Leyes de Reforma del periodo de la Guerra de Tres Años. Ese repudio de la realidad aseguró la continuación de la guerra civil.
Cuando la república fue restaurada, apareció el primer impulso hacia la reconciliación: los liberales triunfantes admitieron que no podían repudiar por completo la realidad existente y que debían reconocerla como un límite natural a la acción del gobierno. La realidad, razonaban, debía aceptarse para que el diseño institucional rindiera frutos y el país dejara por fin, para citar de nuevo a Bolívar, de “arar en el mar”.
No se trataba de adoptar una nueva Constitución transformativa, como en el periodo entre 1824 y 1857, sino de reformar la existente. En 1867, recién restaurada la república, Benito Juárez intentó enmendar la Constitución, de forma ilegal, para restablecer el Senado mediante una convocatoria a elecciones. Esto no ocurrió hasta 1872, pero fue una señal de que la realidad debía ser aceptada como un límite. La Convocatoria de Juárez —un documento que llamaba a elecciones después de la intervención extranjera, proponía someter a plebiscito una serie de reformas constitucionales para, entre otras, restablecer el Senado, abolido en favor de una legislatura unicameral por la Constitución de 1857, así como otorgarle al presidente de la República poder de veto sobre las iniciativas del Congreso— es importante porque marcó lo que sería la política de la Reconciliación: un acomodo de facto con la realidad a contrapelo de la Constitución. A partir de 1876, y hasta 1910, no se trataría de adecuar las instituciones a la realidad, sino de hacer que esta última prevaleciera aunque la práctica del gobierno contraviniese la ley. Los teóricos de esta reconciliación serían los positivistas.
El largo gobierno de Díaz fue el imperio de la necesidad. Eso fue lo que vio Emilio Rabasa en 1912, cuando publicó La constitución y la dictadura. El tiempo de reconciliar las instituciones con la realidad, argumentaba Rabasa, había llegado. Díaz había sido un dictador necesario en su momento, pero ahora era momento en el que la Constitución rigiera el destino del país. Era al fin el tiempo de las instituciones. Para que esto ocurriese, era necesario someter a la Constitución de 1857 a una crítica, y así comprender por qué su diseño institucional la había hecho inviable y reformarla.
El abandono voluntario del poder dictatorial no ocurrió. Lo que pasó fue la Revolución mexicana. Para no pocos constituyentes inspirados en Rabasa, la asamblea en Querétaro donde se redactó la Constitución de 1917 fue la gran oportunidad de reconciliar la realidad y la ley. Se atendió la debilidad estructural del Ejecutivo frente al Legislativo que señaló Rabasa. Sin embargo, el tiempo de la ley no era el de la Revolución. Por primera vez en la historia de México, la Constitución de 1917 adoptó la inamovilidad de los jueces como garantía de independencia judicial. Lo hizo de manera escalonada.
Sin embargo, once años después, el gobierno enmendó la Constitución para abolir la inamovilidad. En 1922, Rabasa creía que ya era posible conciliar a la realidad con la separación efectiva de poderes: no la separación meramente declarativa de la historia constitucional de México, sino una real. México estaba listo para la existencia de tres poderes. Éste no sólo era un juiciojurídico, sino político. En el Primer Congreso Jurídico Nacional, Rabasa declaró:
La Corte Suprema fue instituida como poder limitador de los poderes nacionales; para ceñirles en el círculo de sus atribuciones legítimas; para levantar ante cada uno de ellos las barreras de la Constitución con los derechos individuales que fundan la soberanía popular, con la división de poderes que previene el despotismo, con la delimitación de las competencias que asegura la libertad de los estados y el régimen federal […] Esto no es un tribunal, es el poder de resistencia que ampara la obra de la soberanía nacional.
El país, creía Rabasa entonces, estaba listo para “el poder de resistencia”. No coincidían con él los nuevos amos de México. De ahí que, entre 1928 y 1994, ese poder no amparó la obra de la soberanía, sino que quedó sometido, junto con el Legislativo, a los mandatos de los jefes en turno del partido hegemónico. En ese periodo, la Constitución de 1917 fue reformada incontables veces, pero ninguna enmienda pretendió hacer realidad el principio de separación de poderes.
No fue sino hasta las postrimerías del autoritarismo posrevolucionario que ocurrió un intento de reconciliación entre la letra de la ley y la realidad. Ese experimento fue la democracia: hacer real el precepto de que el poder político debía emanar de las urnas y no de la familia revolucionaria. El primer paso de la transición institucional que llevó a cabo el presidente Ernesto Zedillo fue cumplir el anhelo de Rabasa y hacer al Poder Judicial el poder de resistencia por el que el gran jurista abogó en 1922.
Cosa notable: entre 2000 y 2024, el país estuvo en consonancia con su Constitución en sus rasgos principales: las elecciones determinaron quiénes gobernaban, existió una separación de poderes efectiva —con los frustrantes efectos consecuentes— y los jueces dejaron de ser amanuenses del Ejecutivo. Es probable que este cuarto de siglo haya sido el periodo de encuentro más importante en la historia de México entre el país real-existente y su Constitución. No se trata de idealizar este pasado inmediato: los déficits de ese periodo en diversas materias de la vida pública están a la vista de todos. Un observador cínico podría aducir que, como en 1876 o en 1911, el país no estaba listo para la democracia. Este fastidio con la experiencia de la libertad condujo al país de regreso a los brazos del despotismo.
La restauración autoritaria que empezó con la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y quedó consolidada con la de Claudia Sheinbaum en 2024, así como las reformas constitucionales que esta regresión ha prohijado y prohijará en el futuro, pertenecen a la historia del repudio. En este caso lo que se rechaza no es el legado colonial, el federalismo, el centralismo o el porfirismo, sino la democracia liberal (y también, quizá, la incapacidad de los gobiernos que emergieron de este interludio democrático de mejorar de forma tangible las vidas económicas de muchos mexicanos). De la democracia se esperó demasiado: lo posible y lo imposible.
La triste, imperfecta, realidad era el pluralismo competitivo, la separación de poderes y el federalismo. Ese pasado fue repudiado con motes e insultos vacíos de cualquier contenido histórico o filosófico: “neoliberalismo”, “régimen de la transición”, etcétera. El más reciente capítulo de la política del repudio restablece la política de la simulación. La democracia será, otra vez, un ornamento retórico de la Constitución: como en el pasado, el partido en el poder no perderá elecciones. La independencia del Poder Judicial no desaparecerá del texto, pero los jueces tendrán amos otra vez, como lamentaba Emilio Rabasa hace un siglo. En septiembre de 2024, cuando los trabajadores y jueces del Poder Judicial se manifestaron contra la reforma que destruiría el proyecto de legalidad al que habían consagrado sus vidas, vimos en las calles cómo un poder de verdad —no una quimera— se resistía a ser destruido.
Pocos actores políticos tienen conciencia histórica del momento actual. Una excepción es el expresidente Zedillo. En una inusual elegía, pronunciada ante la International Bar Association el 15 de septiembre de 2024 dijo:
Debieron transcurrir muchos años de luchas fratricidas que empobrecieron a México para que nuestros héroes liberales pudieran vencer a los reaccionarios y llevar a cabo la Reforma que quedó inscrita en la Constitución de 1857 y que nos dio las bases para construir una República libre y democrática. Además, los liberales, con el gran presidente Juárez a la cabeza, derrotaron una invasión extranjera que, en complicidad con malos mexicanos, quiso imponernos como gobernante a un príncipe extranjero. Desdichadamente, la ambición de poder de un gobernante traicionó los principios de la Constitución de 1857 y transformó la Reforma en una larga dictadura. En 1910, la dictadura fue vencida por Francisco I. Madero, quien le dio de nuevo la democracia a México. Empero, los antipatrias no tardaron en conspirar y asesinarlo. Transformaron la democracia de Madero en una criminal dictadura. Aquella dictadura fue vencida por la Revolución mexicana, que habiendo rendido frutos de progreso económico y social sin precedente en nuestra historia, también dilató demasiado en cumplir con la democracia de Madero con la que la Revolución había nacido. Gracias a mexicanos de varias generaciones, cuando concluía el siglo XX, logramos por fin decir con orgullo que ya pertenecíamos a una nación con verdadera democracia. Los nuevos antipatrias quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía”.
¿De qué lado de la historia están los perpetradores de esta regresión, estos “antipatrias”? La respuesta es obvia. La reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, y las que probablemente le seguirán, constituyen el retroceso político civilizacional más grave en la historia reciente del país. El repudio constitucional a la democracia es el rechazo a los avances de un cuarto de siglo en materia de derechos individuales, Estado de derecho y separación de poderes. De lo aprobado por una mayoría obtenida de manera fraudulenta sólo puede decirse lo que Emilio Rabasa escribió a José Yves Limantour en marzo de 1917: “Yo sólo diré a ud. un concepto general: no es posible que subsista como ley fundamental de un país lo que establece como base de organización el desconocimiento de los derechos más elementales y la imposición legal de la tiranía”.
José Antonio Aguilar Rivera
Profesor investigador en la División de Estudios Políticos del CIDE