A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Aníbal Gutiérrez. Asesor de la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Colosio A.C.

Los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos propuestos por las autoridades para 1997, perfilan una política económica volcada al impulso de la inversión y el crecimiento económico. Ello sin modificar las políticas consideradas de cambio estructural como lo son la desincorporación y la desregulación, y sin relajar la disciplina fiscal y monetaria.

Para la propuesta oficial, 1997 es un año de consolidación del crecimiento; el punto de partida es la recuperación de los niveles de inversión pública y privada y la meta es crear las bases para que a partir de 1998 la producción aumente a un ritmo de por lo menos 6% anual y con ello se creen alrededor de un millón y medio de empleos cada año.

La creación de empleos estables y la recuperación salarial son vistos como resultado de la propia dinámica de crecimiento de la economía. Luego del incremento propuesto para diciembre de este año, no se contempla otro aumento en los salarios mínimos, mientras que los contractuales seguirán negociándose libremente pero se espera que no varíen más allá de un 20 por ciento.

Si en 1996 dio inicio la recuperación, con un crecimiento anual de 3.7%, en 1997 se espera crecer 4%, reducir la inflación a 15%, elevar la inversión a 16.5% del PIB y que el tipo de cambio promedio en las transacciones al mayoreo sea de 8.53 pesos por dólar.

Lo nuevo es que este ritmo de crecimiento con estabilidad trae consigo la reaparición de los desequilibrios en las finanzas públicas y en las transacciones corrientes con el exterior. Es decir, por primera vez en varios años se pronostica que habrá un déficit público de 0.5% del producto y que, al mismo tiempo, se generará un déficit, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, equivalente a 1.2% del PIB.

Sin embargo, los déficit anunciados no son considerados como fatales. El primero, según las autoridades, es resultado de las presiones que sobre las finanzas gubernamentales ejercen tanto la reforma al sistema de seguridad social (el gobierno asume los costos de la transición), como el costo de los programas de rescate financiero. En ambos casos, a mediano plazo, los beneficios serán la ampliación del ahorro interno y el alivio de la situación de sobreendeudamiento de las empresas.

El segundo desequilibrio es consecuencia directa de la misma dinámica de crecimiento. Las necesidades de bienes y servicios del exterior se elevan conforme la economía tiende a crecer más rápidamente. De cumplirse el pronóstico oficial, en 1997 un crecimiento similar al de este año multiplicará por 4 el desequilibrio en la cuenta corriente.

Para el próximo año las exportaciones seguirán contribuyendo de manera central al crecimiento y la generación de empleos, su participación en el producto será de 29.9%; el problema es que buena parte de sus efectos quedará diluida ante el crecimiento de las importaciones, las cuales representarán 26.8% del PIB. De modo que del 4% del crecimiento esperado, la aportación del sector externo sería de 0.1 puntos porcentuales.

Para financiar ambos déficit, se cuenta con la entrada de 6 u 8 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y con la contratación de deuda externa e interna.

Aunque existen márgenes para que los desequilibrios previstos sean menores, por ejemplo, si se mantienen elevados los precios del petróleo, o si llega más inversión y se sustituyen importaciones, lo que se aprecia es la incapacidad del sector público y del sector privado para financiar con recursos propios sus necesidades de inversión y gasto.

En materia de finanzas públicas destaca que se busca elevar los ingresos sin ninguna reforma tributaria de fondo y que las medidas más importantes sean el combate a la evasión, la mayor fiscalización y el otorgamiento de nuevas facilidades de pago. Por el lado del gasto, se mantiene el peso del gasto social, 56% del gasto programable, y se fomenta la inversión pública y privada en infraestructura.

Por su parte, el costo financiero de la deuda pública crecerá 12% en términos reales, con lo que llegará a representar 3.9% del producto. De igual modo, el costo de los programas de apoyo financiero, que incluye las Udis, al Fobaproa, el Ade, y demás programas de rescate financiero, aumenta a 210 300 millones de pesos, cifra que representa 8.4% del PIB de 1996.

De este modo, Ia reaparición del crecimiento con déficit en las finanzas públicas y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, supone la combinación de una serie de factores ligados a la creación de nuevas oportunidades de inversión, nacional y extranjera, así como a la estabilidad y acceso a los mercados financieros externos, para hacer frente a las necesidades de recursos de la economía.

Los estrechos márgenes de financiamiento obligan a pensar en la persistente vulnerabilidad de la economía y en que, por el momento, sigue sin resolverse el problema de fondo de cómo financiar el crecimiento y ampliar de manera sostenida la capacidad de ahorro de la economía.