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Luis Salazar C. Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.

Fue difícil que los principales actores de nuestra vida pública aceptaran la idea de una transición a la democracia en México. Para los sectores ligados al oficialismo, cuando más se podía hablar de “profundización” o “perfeccionamiento” de una democracia ya existente. Para muchas corrientes opositoras, en cambio, las reiteradas reformas de los códigos e instituciones electorales no eran sino vanos esfuerzos por maquillar un autoritarismo que permanecía incólume si no es que se reforzaba. Por su parte, utilizando una distinción tomada de otras experiencias democratizadoras, algunos estudiosos mantenían que nuestro país sin duda había vivido una liberalización pero no una verdadera transición democrática, misma que sólo comenzaría sea con un derrumbe institucional del régimen (“revolución democrática” perredista), sea con la alternancia a nivel federal (“nueva mayoría” panista).

No obstante, aunque con reservas, la expresión y la idea de transición como un proceso gradual que implica pactos encaminados a construir reglas e instituciones capaces de convertir a los comicios en instancia decisiva de la formación de gobiernos en todos los niveles, terminaron por imponerse en el discurso y en la lógica de los principales protagonistas (los partidos) del cambio político. Se configuraron así los entramados institucionales y legales que han permitido elecciones federales, estatales y municipales cada vez más competidas, más transparentes y más confiables. Finalmente, con las reformas constitución; les aprobadas por unanimidad pareció abrirse la posibilidad de culminar nuestra larga y accidentada transición, al otorgarse plena autonomía al Instituto Federal Electoral y al crearse un Tribunal Elector integrado a la Suprema Corte de Justicia con capacidad para dictaminar sobre la constitucionalidad de los códigos electorales y atender las impugnaciones de los partidos.

Lamentablemente, después de dos largos años de búsqueda (consensos, el nuevo Cofipe sería aprobado por la sola mayoría priísta con la oposición de los demás partidos en una muestra más de la enorme frivolidad y confusión que parecen privar en todas nuestras organizaciones partidarias. La reforma “definitiva” propuesta por el titular del Ejecutivo, orientada a normalizar nuestra vida democrática, culmanaría en un nuevo desplante de prepotencia por parte de un PRI que sólo parece atinar a agraviar a amplios sectores de la población con sus exigencias económicas, y que trata de exorcizar las posibilidades de futura derrota con ridículos candados legales, logrando solamente evidenciarse como fuerza incapaz de asumir un compromiso pleno con un pluralismo político competitivo y equitativo.

Votando en contra de una reforma que de cualquier manera les favorece en varios aspectos (inclusive el financiero), el PAN y el PRD seguramente obtuvieron un triunfo publicitario importante: no sólo presentarse como opciones austeras ante la presunta voracidad financiera del PRI, sino al evitar que la reforma propuesta por el presidente de la República obtuviera el alcance deseado y fuera vista como un éxito del mismo. Al mismo tiempo pudieron quedarse con la posibilidad de justificar e impugnar resultados electorales negativos aduciendo los supuestos retrocesos contenidos en la ley aprobada por la mayoría priísta. Sin embargo, lo lamentable de todo este sainete estriba básicamente en que deja abierta la puerta para que las corrientes extra y antiinstitucionales que se han configurado a la vera de nuestra lar transición -desde el EZ y el EPR hasta los más diversos “representantes” de la sociedad civil, sin dejar de mencionar a los bajos fondos nuestra herencia autoritaria- intenten capitalizar la presunta falta legitimidad de las nuevas reglas electorales.

Por supuesto, en ningún caso la reforma podría haber sido “definitiva” pues en ningún país existen ni pueden existir leyes o institución intangibles. Pero sí debería haber marcado claramente el final de una etapa en la construcción de una democracia presentable. De una etapa signada por los conflictos electorales, la inequidad y la desconfianza absoluta entre los partidos; de una etapa en la que la discusión interminable sobre los códigos y las instituciones electorales se llevó la parte del león de una atmósfera política crispada y enrarecida; de una etapa, en fin, que no sólo ha impedido la discusión de muchos otros temas retos urgentes, sino que ha provocado polarizaciones estériles, violencias aberrantes y que, de seguirse prolongando, podría conducir a un verdadero hartazgo social en relación a la democracia y sus actor principales.

Por todo ello sería conveniente reconocer que en lo que corresponde a la creación de leyes e instituciones encargadas de organiza; y realizar el cómputo de las votaciones, la transición a la democracia ha terminado. No naturalmente porque ya contemos con una democracia consolidada, con un sistema de partidos funcional y ni siquiera con una legislación plenamente adecuada. De hecho, será indispensable reformar y remodelar instituciones así como generar nuevas capacidades institucionales, nuevas maneras de entender y ejercer la autoridad, en suma, nuevas formas de una gobernabilidad propiamente democrática, plenamente compatibles con comicios competidos en los que la alternancia deberá verse como algo normal y hasta deseable, dejando atrás las tradiciones de partido casi único que han permeado el funcionamiento de buena parte de las instituciones estatales. Será necesario, además, que los partidos aprendan a responder a los intereses, preocupaciones y sensibilidades de sus potenciales electores y ya no solamente a los de sus afiliados, asumiendo verdaderamente la tarea de representar y articular el pluralismo social emergente. Y será indispensable acceder a un Estado de derecho propiamente dicho, con plena capacidad de respetar y hacer respetar el imperio de la ley, traduciendo la nueva legitimidad democrática en vigencia irrestricta de la legalidad.

En cualquier caso, lo anterior supone que los principales actores políticos asuman los comicios federales de 1997 como la culminación de esta demasiado larga etapa de la transición a la democracia, cualesquiera que sean los resultados puntuales de los mismos. Y asuman que entonces la discusión ya no será sobre si hay o no democracia sino sobre la clase de democracia que podremos construir. Después de todo, la democracia nunca ha sido la panacea capaz de resolver todos los problemas. En el mejor de los casos, debiera llegar a ser la forma plural y difícil de abordar, discutir y aplicar medidas para resolverlos.1