México y sus principales fuerzas políticas y sociales fueron capaces de transformar radicalmente su sistema electoral para permitir la convivencia y competencia institucional de su pluralidad política. Gobiernos y oposiciones, asociaciones civiles y medios de comunicación, voces desde la academia y el periodismo, asumieron con diferentes énfasis que la diversidad del país no cabía en el añejo formato de un partido hegemónico que ahogaba la expresión de las múltiples ideologías e intereses que modelaban al país y que resultaba imprescindible abrir los cauces para su recreación y coexistencia.
No fue un proceso sencillo. Movilizaciones, conflictos, denuncias de fraudes, huelgas de hambre, pero también diagnósticos, elaboraciones y propuestas fueron el combustible de seis reformas que transformaron de raíz el sistema electoral y abrieron las puertas a la convivencia de la pluralidad del país. Naturalizaron los fenómenos de alternancia en todos los niveles de gobierno, la concurrencia de diferentes partidos en los congresos, la coexistencia de gobernadores con presidentes municipales de diversos partidos o del presidente de la República con gobernadores de otras fuerzas políticas.
Hoy, cuando se intenta desde un gobierno que fue beneficiario de esas transformaciones, destruir lo edificado, vale la pena recordar la sinuosa ruta que siguió esa transición democrática.
El post-68 fue una etapa cargada de enormes conflictos y tensiones sociales y políticas: en las universidades, el campo, los sindicatos, las colonias populares, pero también entre empresarios y gobierno, se vivieron agudas confrontaciones. Al mismo tiempo se producía una potente ola organizativa: nuevos partidos y asociaciones civiles emergieron por aquellos tiempos. Aparecieron brotes guerrilleros porque, según ellos, los cauces institucionales estaban bloqueados. Y, sin embargo, en 1976 acudimos a unas elecciones en las que sólo hubo un candidato presidencial en la boleta: el del PRI, José López Portillo, también apoyado por el PPS y el PARM. En aquel entonces el PAN, por diferencias internas, no postuló candidato, y el Partido Comunista lanzó a Valentín Campa… sólo que esa organización carecía de registro. Un país convulsionado por conflictos múltiples acudía a las urnas como si existiera una sola opción.
Ello prendió las alertas incluso en el gobierno. Y el propio presidente instruyó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a realizar una serie de audiencias para confeccionar una reforma política. No era la única salida posible, el gobierno hubiese podido cerrarse aún más, volverse más intolerante… claro, con altos costos.
Aquella reforma partió de una idea básica pero fundamental: el país ya no podía ser concebido como un bloque indiferenciado, encuadrado en una sola ideología o programa. México era una nación diversa en la que palpitaban diferentes intereses, marcos valorativos, diagnósticos y propuestas y había que ofrecerles un cauce para su expresión y convivencia.
Fue la reforma que abrió la puerta para la incorporación al mundo institucional electoral de corrientes que hasta ese momento se les mantenía marginadas. Por esa puerta ingresaron, en diferentes momentos, más de veinte nuevas organizaciones. En esa misma operación se modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados creando un sistema mixto que conjugaba 300 diputados uninominales y 100 plurinominales. Fue el reconocimiento de que las minorías debían tener una presencia significativa en ese cuerpo legislativo. Además, se consideró a los partidos como “entidades de interés público” por lo que eran sujetos de derechos y prerrogativas (y, por supuesto, de obligaciones).
Visto en retrospectiva a muchos les puede resultar una reforma mínima, no obstante, fue como la pequeña piedra que al rodar se convierte en un alud. Los nuevos y viejos partidos opositores demandaron nuevas y más profundas reformas, porque el escenario electoral seguía sin ofrecer garantías de imparcialidad y equidad. La transformación de 1977 tuvo un efecto cultural notable: la diversidad política se empezó a ver como algo connatural al paisaje de la vida nacional. Ese reconocimiento del pluralismo de manera paulatina nacionalizó la idea de un país cruzado por una variedad de corrientes obligadas a convivir si no deseaban desgarrarlo.
En 1986 se llevó a cabo una segunda operación reformadora. Y si bien creó al órgano electoral más faccioso de cuantos han existido en el periodo, también hizo crecer a los diputados plurinominales de cien a doscientos, lo que posibilitaba una mejor representación de las diversas fuerzas políticas. Además, se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, primer órgano colegiado electo en una entidad en la cual sus ciudadanos no podían elegir a sus autoridades, dado que se trataba de un Departamento del Ejecutivo. Era el refrendo, si se quiere a regañadientes, de que México no cabía en un solo partido político.
Se sabe, las elecciones presidenciales de 1988 fueron las primeras realmente competidas. Fue una buena noticia opacada por la forma inescrupulosa en la que se procesaron los resultados, generando una crisis política mayúscula. Resultó transparente que ni las normas ni las instituciones ni los operadores podían ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes. Y ello demandó una reforma que no podía ser superficial.
En 1989-90 se creó el Instituto Federal Electoral, una nueva institución que remplazó a la desvencijada Comisión Federal Electoral. Su objetivo era recuperar la confianza en los procesos comiciales, para lo cual estaba obligado a actuar con absoluta imparcialidad y apegado a la ley. También se estableció el Tribunal Federal Electoral con la finalidad de contar con una vía jurisdiccional para resolver los conflictos y diferencias que nunca faltan en el espacio electoral. Ya no resultaba suficiente la incorporación de nuevas corrientes políticas, la exigencia mayor era que las autoridades electorales actuaran con imparcialidad y ofrecieran certeza.
En 1993 se terminó con la muy larga etapa de autocalificación de las elecciones de diputados y senadores, se reglamentó el financiamiento a los partidos y se estableció por primera vez que éstos deberían rendir informes de sus ingresos y gastos ante la autoridad electoral. Se intentó fomentar una cobertura equilibrada de las campañas estableciendo que sólo los partidos podrían comprar espacios en radio y televisión y el IFE debía entregar a la CIRT unos lineamientos (no obligatorios) para la cobertura de las campañas. Se aceptó y reglamentó el trabajo de los observadores electorales y se decidió agregar la fotografía a la credencial de elector.
Ya no se discutía sólo sobre la necesaria imparcialidad de las autoridades electorales, sino sobre los profundos desequilibrios en las condiciones de la competencia. Y en 1994, cuando las campañas ya estaban en curso, el levantamiento armado del EZLN, primero, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, después, desencadenaron una nueva y muy profunda ronda de reformas intentando, todos los partidos y el gobierno, pavimentar de manera definitiva el campo electoral.1
En 1996 el gobierno salió de la organización de las elecciones y el IFE se volvió totalmente independiente; el Tribunal Electoral, adscrito al Poder Judicial, se convirtió en la máxima autoridad y sus resoluciones serían definitivas e inatacables; se remodelaron las fórmulas de integración de las Cámaras del Congreso y por fin se abrió a la pluralidad el Senado; las autoridades de la capital finalmente serían electas; y se crearon —por la vía del financiamiento público y el acceso a los medios— condiciones equitativas para la competencia. Nadie lo planteó, pero en retrospectiva se podría decir que primero se incorporaron a las fuerzas políticas que se encontraban marginadas, luego se edificaron autoridades imparciales y más adelante se construyeron condiciones equitativas para la competencia.
Todavía en 2007 y 2014 se desarrollaron otras operaciones reformadoras. En todas ellas, desde 1994, se buscó y logró el consenso de las bancadas partidistas, bajo el entendido que se trata de las reglas que regulan su competencia.
Este largo recorrido estuvo presidido de una idea central: el pluralismo político era parte de la riqueza del país y ningún exorcista podía ni debía conjurarlo. Era necesario ofrecer normas e instituciones que regularan su coexistencia y competencia.
En ésas estábamos. Y por supuesto las normas y las instituciones pueden reformarse, ajustarse, pulirse porque, como toda construcción humana, pueden mejorarse. Pero ahora hemos amanecido con la pretensión presidencial de borrar del mapa mucho de lo construido, no para reforzar nuestra vida democrática, sino para revertirla modificando las fórmulas de integración de las Cámaras del Congreso para sobrerrepresentar a la mayoría; suprimiendo a los institutos y tribunales locales como si no fuéramos una república federal; proponiendo elegir a consejeros y magistrados para alinearlos a la fuerza mayoritaria; cercenando el financiamiento público a los partidos para debilitarlos. Propuestas que no sólo no valoran lo edificado en el terreno electoral, sino que parecen querer volver al México de los sesenta del siglo XX.
José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Contra el autoritarismo.
1 No me extiendo en esos cambios. Se pueden consultar en mi artículo de nexos de marzo.