¡Cállate, chachalaca! es la expresión que mejor retrata la furia de López Obrador, candidato a la Presidencia de la República en 2006 por el Partido de la Revolución Democrática, frente al activismo verbal de Vicente Fox quien, en aquella elección, metió la lengua para frenar su impulso.
En una ocasión, durante una gira por la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, Vicente Fox abrió su discurso con la siguiente frase: “Mi gobierno vomita la demagogia, el populismo, el engaño y la mentira”. Y entonces López Obrador le contestó: “Cállese, ciudadano presidente” y, en una frase que se le revirtió, diría en varios mítines: “Cállate, chachalaca”.
Durante algunas semanas Fox emprendió una campaña retórica para destacar la importancia de mantener el mismo rumbo, no “cambiar de caballo” y no sucumbir al “canto de las sirenas”. Hablaba en contra de los “Mesías”, de los populistas y de los demagogos. Nunca se refirió a López Obrador por su nombre, pero el destinatario de sus críticas era claro.
La ley de aquella época no prohibía que los servidores públicos expresaran sus puntos de vista sobre campañas políticas. No obstante, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) estableció un acuerdo de neutralidad en febrero de aquel año para frenar la injerencia de servidores públicos, tanto en sus expresiones como en la asistencia a eventos de campaña; con ello se logró generar un esquema global de equidad previo a la elección.
Cuando el resultado no le favoreció, López Obrador solicitó anular la elección. Esgrimió decenas de eventos y sucesos que, en su opinión, habían violado la legalidad y equidad del proceso electoral, entre ellos el intervencionismo verbal de Vicente Fox.
Cuando validó la elección en agosto de 2006, el tribunal electoral concluyó: “Las declaraciones […] del presidente de la República […] se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios […] que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos [las acciones del ife], podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final […]”.
Si hace dieciocho años, cuando la Constitución y la ley no prohibían de forma expresa la injerencia de servidores públicos en procesos electorales, el tribunal electoral alertó de los riesgos de que el presidente de la República se haya involucrado, aun fuera de manera indirecta, ¿qué concluiría hoy en caso de un juicio de nulidad?
Cabe recordar que en 2007 el Congreso mexicano hizo una reforma electoral que obliga a los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, a no inmiscuirse en campañas políticas y a observar el principio de neutralidad (artículo 134). También se acortó la duración de las campañas políticas (antes duraban casi seis meses, ahora sólo tres) y se regularon las precampañas para evitar gastos excesivos y que los competidores iniciaran antes de tiempo para sacar ventaja. Fue una reforma para responder a las críticas que hizo López Obrador en 2006 respecto a la presunta inequidad de la contienda.
No obstante, López Obrador se transformó: de ser un cliente que le exigía al cantinero se convirtió en un cantinero abusivo de su clientela. Sin duda es el presidente de la República que más ha intervenido en una elección en la época moderna del país. Desniveló la cancha del juego y ha violado abiertamente la Constitución. El Tribunal Electoral ha emitido decenas de sentencias validando violaciones a la equidad de la contienda, al extremo de que a fines de febrero aprobó publicar un cuadernillo con todas las sentencias para usarse en caso necesario.
Una de las intervenciones más nocivas para la equidad de la contienda fue la acusación a Xóchitl Gálvez en el verano de 2023, cuando ella era apenas aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, sobre presuntos delitos fiscales. El presidente publicó declaraciones de ingresos de sus empresas y la acusó de lavado de dinero y evasión de impuestos. Gálvez cuestionó al presidente por romper el secreto fiscal y bancario, además de violar el Código Fiscal.
Asimismo, López Obrador puso en duda los orígenes indígenas de Gálvez y ha sostenido —una y otra vez— que es títere de los “conservadores”.
Uno de los resultados de dichos ataques fue incrementar los negativos de Gálvez. Una encuesta de Enkoll publicada a principios de marzo mostraba que Claudia Sheinbaum tenía una opinión desfavorable de sólo 17 % comparada con 39 % de Xóchitl Gálvez.
Cuando lo cuestionan por intervenir de manera indebida en las campañas, López Obrador esgrime que se debe privilegiar la libertad de expresión, pero la Constitución —reformada por sus quejas de 2006— establece que esa libertad se restringe —en el caso de servidores públicos— para tutelar el principio de equidad en las campañas políticas.
Asimismo, López Obrador usó sus conferencias mañaneras para promover a sus llamadas “corcholatas”. En julio de 2021, apenas había terminado la elección intermedia, anunció una lista de seis posibles candidatos a sucederlo, entre ellos a Claudia Sheinbaum. Durante los siguientes meses, usó el atril presidencial para orientar el proceso interno de su partido que propició que se adelantaran las precampañas más de dos años.
Desde fines de 2022 algunos aspirantes de Morena iniciaron una campaña abierta en pos de la candidatura presidencial. Las campañas más visibles fueron aquéllas de #EsClaudia con cientos (acaso miles) de espectaculares y bardas pintadas en todas las ciudades del país, así como la del exsecretario de Gobernación, quien desplegó también una campaña ostensible de espectaculares.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los informes de los procesos internos de los partidos y determinó que los aspirantes de Morena habían gastado 59.6 millones de pesos más de lo que habían registrado ante las autoridades. Sin embargo, el INE sólo revisó los gastos erogados en la segunda mitad de 2023, cuando se llevó a cabo —de manera formal— el proceso interno, y dejó fuera los dos años previos cuando se ejercieron gastos enormes. En total, el proceso de Morena costó 70.1 millones de pesos, según el INE.
El tope de gasto de campaña de la elección presidencial de 2024 es de 661 millones de pesos (números redondos). Si se hubiesen contabilizado los gastos realmente erogados en las campañas adelantadas, ¿cuántas veces se habría rebasado ese límite?
En 2006 López Obrador también solicitó anular la elección con base en dos argumentos adicionales: los presuntos actos anticipados de campaña que desplegaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) en 2005 (cuando las precampañas no estaban reguladas de forma estricta como hoy) y que la campaña de Felipe Calderón había rebasado el tope de gastos.
Si al finalizar estas elecciones el tribunal electoral juzgara el comportamiento de López Obrador como él juzgó las condiciones de la competencia en 2006, es un hecho que la validez de los comicios estaría en duda.
Luis Carlos Ugalde
Director general de Integralia Consultores
Este texto toma información de mi libro Así lo viví, testimonio de la elección de 2006, la más competida en la historia moderna de México (Grijalbo, 2008).