En 2006 había una chachalaca en la Presidencia de México, según López Obrador, que con sus declaraciones públicas había contribuido a que perdiera las elecciones presidenciales. En 2007 se aprobaron leyes para callar a la chachalaca y se prohibió a funcionarios hacer publicidad con objetivos electorales y al gobierno transmitir propaganda oficial. Otra chachalaca llegó al poder en 2018 y desde entonces no se ha dejado de escuchar su graznido estridente. Durante las largas mañaneras la chachalaca ha volcado propaganda oficial de manera interminable. En realidad, desde que llegó al poder el presidente ha estado en campaña electoral. No pierde mucho tiempo en gobernar, pues opera como un autócrata y a su alrededor todos obedecen sus dictados y ocurrencias sin chistar. La mayor parte del tiempo trabaja como presidente haciendo propaganda. Su descuido al gobernar hizo que durante la primera mitad del sexenio no iniciase ningún cambio en verdad importante en la Constitución (lo más significativo fue la revocación de mandato). La chachalaca no paró de hablar, pero no puso en marcha la gran transformación. Como resultado, su partido y sus aliados en las elecciones de 2021 para renovar la Cámara de Diputados perdieron la mayoría calificada. Trató entonces de hacer algunos cambios que contradecían la Constitución y que no lograron pasar. Se peleó con el INE y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su consigna fue que no le vinieran a decir “que la ley es la ley”. Él aplicaba una justicia superior no escrita más que en su imaginación populista.
Lo que sí logró, de manera apresurada, fue desmadrar el aparato de gobierno y militarizar al país. Con ello la corrupción se expandió y la seguridad empeoró. El esfuerzo transformador se limitó a convertir un aeropuerto militar en una terminal aérea ineficaz, y comenzar a construir un tren turístico en la región maya, una refinería de petróleo en Dos Bocas y otro tren interoceánico en el istmo. La atención del presidente comenzó a concentrarse cada vez más en la continuación del mandato de su partido y, por tanto, en ganar las elecciones de 2024. Para ello se erigió como el jefe de la campaña electoral de la candidata que escogió para continuar su proclamada cuarta transformación. La larga campaña electoral está cimentada en enormes flujos de dinero en efectivo que el gobierno entrega directamente a amplios sectores de la población. Estas derramas de dinero son la columna vertebral de la política populista, supuestamente encaminada a ayudar a los pobres. Buena parte de la ayuda se concentra en los municipios con más rezago. Esta misma idea rige, con un enfoque equivocado, la política económica de invertir en megaobras en las regiones atrasadas del sur y el sureste, cuando es sabido que la mayor parte de la gente pobre se concentra en las grandes ciudades del resto del país.
El resultado de los flujos de dinero es que hay un amplio sector de la población que se ha convertido en la base clientelar electoral del gobierno, sin que se afiance una sólida estructura institucional dedicada al bienestar social. A la gente que recibe ayuda le han hecho creer que el apoyo procede de la Presidencia. Y ahora, al comenzar el periodo electoral, la ley prohíbe que el gobierno haga publicidad, y el presidente ha inventado una trampa para seguir haciendo propaganda. Ha propuesto al Congreso veinte medidas legales encaminadas en su mayoría a modificar la Constitución. Se trata en realidad de un programa político, pues no podrá hacer cambios significativos al no tener mayoría calificada. El núcleo más peligroso para la democracia de este programa del presidente consiste en eliminar las candidaturas plurinominales en el Congreso, eliminar todos los organismos autónomos, convertir a la Guardia Nacional en una dependencia de la Secretaría de la Defensa y elegir por voto directo de la ciudadanía a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial lo mismo que a los magistrados de los órganos electorales. Estos cambios, si llegaran a la Constitución, significarían el advenimiento de un régimen autoritario que concentraría el poder en el Congreso en un solo partido, recortaría la representación de minorías, convertiría los puestos del Poder Judicial en presas codiciadas por el partido mayoritario y militarizaría totalmente las funciones policiacas a nivel nacional.
Estas propuestas no tienen la menor posibilidad de ser aprobadas debido a que la oposición las bloqueará. Pero la trampa consiste en que el presidente ha rodeado estas peligrosas intenciones autoritarias de una incongruente lista de propuestas demagógicas y vagas, que el gobierno pudo aplicar durante el sexenio, pero no se hizo más que en algunos casos (la pensiones a los adultos mayores) por carecer de los fondos necesarios debido a que se emplearon en los trenes maya y del istmo, en una refinería y en un aeropuerto. Si llegasen estos cambios a la Constitución se agregarían a la lista de artículos que son letra muerta debido a la imposibilidad de ser aplicados. Se suman además propuestas absurdas como prohibir en la Constitución el comercio de vapeadores, el maltrato a los animales, el fracking, etcétera.
El conjunto de veinte propuestas de López Obrador es un programa político adoptado por la candidata oficial a la Presidencia. Es un batiburrillo incoherente de ideas que refleja el embrollo mental del presidente; un desorden que oculta mal las intenciones de consolidar un régimen autoritario. Aunque esta lista de propuestas es por entero disparatada y confusa, se ha convertido en el programa político del partido oficial, disfrazado de un burdo intento de modificar la Constitución y que así de modo legal puedan discutirlo y divulgarlo el presidente, los funcionarios y, desde luego, los diputados. Su discusión pública es la manera en que la Presidencia quiere ser una chachalaca electoral en funciones y divugarlo y repetirlo en los foros que se están organizando. Espero que la oposición tenga la sensatez de no prestarse a este ejercicio de propaganda oficial.
No me extrañaría que al presidente se le ocurran otras formas de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Ya insultó a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en un libro que circulará durante el periodo electoral, tildándola de “ladina” y “clasista”. Y no me cabe duda de que usará la mañanera para entrometerse en la campaña de la candidata oficial, para apoyarla y guiarla. No se abstendrá de opinar y agredir a todos sus adversarios y críticos. Su discurso matutino ha sido el mayor instrumento de campaña, lo que seguirá siendo su manera de desequilibrar el proceso electoral a favor de su candidata. Estas peculiares conferencias diarias comienzan muy temprano y a menudo son una suerte de madruguete político cíclico destinado a aventajar a sus adversarios, como cuando “destapó” a la candidata de la oposición. Muchas veces son anticipaciones cargadas de mala leche, absurdas o mentirosas. Lorenzo Córdova, que conoce bien las mañas del presidente pues las sufrió cuando presidía el INE, ha dicho con razón que las mañaneras son una especie de auto de fe donde acusa a sus adversarios políticos con dedo flamígero. Hay otra forma de intervenir en las elecciones que el gobierno ha comenzado a utilizar más intensamente. Está presionando o chantajeando a los dueños de los grandes medios, sobre todo las compañías de televisión, para que desequilibren la información a favor de la candidata oficial. Los efectos de estas presiones ya se están notando incluso en los diarios más importantes que son independientes o críticos.
Muchos nos preguntamos qué hará el presidente si la candidata que nombró pierde las próximas elecciones. Sabemos que nunca ha reconocido una derrota a lo largo de toda su carrera política. En 2006 organizó un gigantesco bloqueo en Ciudad de México para protestar y ser nombrado ridículamente “presidente legítimo”. Causó muchas molestias e intentó impedir que Felipe Calderón accediera al cargo. Volvió a fastidiar a la opinión pública en 2012 cuando se negó a aceptar que había perdido las elecciones. Pero ahora hay una circunstancia nueva. Ya no está en la condición de ciudadano perdedor y ardido. Ahora tiene en sus manos el Poder Ejecutivo que ha usado de manera autoritaria. ¿Aceptará los resultados electorales si su partido pierde la Presidencia? ¿Desencadenará la chachalaca perdedora una gran bronca en sus mañaneras? ¿Se atreverá a tratar de impedir que Xóchitl Gálvez tome posesión del cargo si triunfa en las elecciones? Para no llegar al extremo de bloquear la transmisión de poder a sus adversarios el presidente está procediendo a una especie de lento golpe y propicia un proceso electoral desequilibrado en el que además el gobierno apoya financieramente, incluso con fondos ilegales, a la candidata oficial. Pero si fracasa en este proceso de erosión de la legalidad, ¿acudirá a otros medios?
Roger Bartra
Antropólogo, sociólogo y ensayista. Es investigador emérito en la UNAM. Sus más recientes libros son: El mito del hombre lobo (2023) y Mutaciones. Autobiografía intelectual (2022).