Las reglas fundamentales del sistema electoral mexicano son resultado de un proceso de ingeniería constitucional y legal de más de tres décadas, en el que cada una de las ocho reformas cumplió un objetivo distinto. La reforma de 1996 introdujo la equidad entre partidos: estableció criterios para promover el pluralismo democrático e impulsar una competencia más equilibrada. Si la ciudadanía tenía más opciones, bajo cierto ambiente de igualdad, la alternancia era cuestión de tiempo. En principio funcionó. La alternancia dejó de ser extraordinaria para ser norma en todos los órdenes de gobierno.
Sin embargo, el consenso que estableció los principios básicos de nuestro sistema electoral desconfiaba de las grandes mayorías parlamentarias: las consideró un símbolo del presidencialismo hegemónico que se pretendía superar; una realidad incompatible con la anhelada transición democrática. En lugar de sustentar la gobernabilidad en amplias mayorías partidistas, decidió sustentarla en la construcción de acuerdos entre la pluralidad de fuerzas políticas.
Con esa convicción, las reglas que permitieron el “piso parejo” se diseñaron para una democracia sin grandes mayorías parlamentarias. En poco tiempo esas normas provocaron una nueva distribución del poder. Y México se acostumbró a los gobiernos divididos, tanto nacionales como locales. Si se necesitaba una mayoría, había que construirla a través de la concertación.
En materia de financiamiento, la reforma de 1996 estableció un modelo mixto, con predominio de los recursos públicos sobre los privados. Si el PRI ganaba elecciones con dinero público, todos los partidos debían tener la posibilidad de hacerlo. Limitar el financiamiento privado fue una forma de blindar al sistema de partidos, sobre todo, del dinero privado de origen ilícito: que los políticos no estuvieran al servicio de una élite empresarial, mucho menos de la delincuencia organizada.
Una vez establecido en la Constitución, el financiamiento público a los partidos creció de manera exponencial de un año a otro. Desde entonces, no ha dejado de crecer ni dejará de hacerlo. La fórmula para calcular el presupuesto consiste en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 % del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:1 ambos factores en constante crecimiento.
La norma constitucional dispuso que 30 % del presupuesto público se dividiera de manera igualitaria entre todos los partidos. El resto se asigna según el porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección inmediata anterior. El partido con más votos obtiene más dinero.
Nuestras elecciones son cada vez más caras. El costo de la democracia aumenta en cada proceso electoral. Es imposible saber con certeza cuánto cuestan las campañas, pero es mucho más de lo que permite la ley.
En la elección de 2023 en el Estado de México —la entidad con el padrón electoral más numeroso del país— el tope de gastos de campaña para las candidatas a la gubernatura fue de 448 millones de pesos. Cinco años antes, en un estado con la sexta parte del padrón mexiquense, el costo total de la campaña del candidato ganador se estimó en 2000 millones de pesos, según el testimonio de uno de sus principales operadores.
En 2018, el INE estableció un tope de gastos de campaña de 28 millones de pesos por fórmula de senadurías en las entidades con más electores: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Veracruz. En los hechos, la campaña de la fórmula al Senado en una entidad del norte del país —con un padrón de sólo 2 millones de electores— costó cerca de 100 millones de pesos, según la misma fuente.
Las campañas son caras porque los partidos y candidatos requieren cada vez más recursos para ser competitivos. En gran parte del país, las elecciones todavía las gana quien puede movilizar a más ciudadanos. Y las estructuras de movilización se encarecen en cada proceso. La mayoría de los operadores electorales, otrora militantes profesionales, hoy son mercenarios a disposición del mejor postor.
La movilización es necesaria pero no suficiente. Se ha vuelto imprescindible contratar encuestadoras, agencias de marketing, de comunicación, de estrategia digital; despachos especializados en litigio electoral; consultoras que elaboren propuestas y redacten mensajes atractivos. También es necesario recorrer el distrito, municipio o estado. O el país. No puede faltar una casa de campaña: oficinas con personal administrativo, operativo, mobiliario, vehículos. Y eso no es todo. Los partidos deben reclutar, organizar y capacitar a sus representantes en las casillas, darles una remuneración y condiciones adecuadas para trabajar. Los gastos son demasiados y no hay dinero público, legal y reportado que alcance para cubrirlos.
En la legislación, el financiamiento de los partidos políticos es 90 % público y 10 % privado. En la realidad, durante los comicios, esa proporción se invierte. Las campañas son una inversión rentable para empresarios de todos los tamaños, especialmente en los gobiernos locales, donde no se han desarrollado mecanismos para reducir la discrecionalidad en la asignación de contratos públicos.
Resulta imposible la fiscalización de todos los gastos de una campaña. Partidos y candidatos han perfeccionado formas de burlarla. Incluso algunas consultoras lo ofrecen como parte de sus servicios de campaña. Se ha documentado, por ejemplo, que el efectivo circulante en el país aumenta en los meses previos a las jornadas electorales.
El dinero en efectivo es la forma más sencilla de evadir la ley, pero no es la única. Un candidato podría reportar la renta de sillas; la impresión de lonas, playeras y gorras para un mitin. Lo que no va a reportar es que usó el avión privado de uno de los empresarios que financia su campaña para llegar a la ciudad del evento; que lo acompaña un equipo de colaboradores que recibieron viáticos; que le prestaron varias camionetas para trasladarse con su equipo de trabajo; que un empresario local puso cinco autobuses a disposición de los operadores encargados de convocar a los asistentes. Y que todos los convocados recibieron alguna retribución. Nadie podría saber con certeza cuánto dinero costó esa gira; ni de dónde salió o cómo se utilizó; quiénes pagaron o quiénes cobraron.
Este año los partidos políticos nacionales recibirán el financiamiento público más grande de la historia: 10 378 millones de pesos para actividades ordinarias, campañas, actividades específicas —formación de cuadros, investigación o publicaciones— y las absurdas franquicias postales y telegráficas aún vigentes. También recibirán prerrogativas en los estados donde tengan registro local.
Morena recibirá más de 3220 millones de pesos (mdp): 31 % del financiamiento total. El PAN recibirá 1941 mdp (18.7 %); el PRI, 1902 mdp (18.3 %). Movimiento Ciudadano recibirá menos de 10 %: 1036 mdp. El presupuesto del PAN o del PRI representa 60 % del presupuesto de Morena; el de Movimiento Ciudadano es apenas una tercera parte.2
En contraste, en 2018 la distribución de recursos públicos entre los cuatro partidos con mayor porcentaje de votación fue mucho más equilibrada. El PRI recibió 1708 millones de pesos (25 % del total); el PAN, 1291 mdp (19 %); el PRD, 774 mdp (11.5 %) y Morena, 647 mdp (9.5 %).3
El reparto cambió radicalmente desde la última elección presidencial, beneficiando a Morena con un enorme aumento en los recursos públicos a su disposición. En seis años, su presupuesto se multiplicó casi cinco veces.
Los arquitectos de nuestra democracia electoral buscaban distribuir de manera más o menos equitativa la representación política y los recursos públicos entre una pluralidad de partidos. Las grandes mayorías introdujeron grandes distorsiones en el modelo. Hoy Morena concentra tanto la representación como los recursos. Y comparte la convicción hegemónica que el consenso de fin de siglo quería superar.
La elección de 2018 significó el retorno de la democracia mayoritaria al sistema político mexicano. Morena es el gran beneficiario: tiene el financiamiento público más grande de la historia de los partidos. Los candidatos del oficialismo se beneficiarán de la discrecionalidad de este gobierno en las contrataciones públicas. Financiar sus campañas es una gran inversión para los intereses privados: sus gobiernos ni siquiera se molestan en hacer licitaciones a modo, sólo otorgan contratos por adjudicación directa. Por si fuera poco, es innegable la creciente incidencia del crimen organizado en los comicios, con todo lo que eso implica.
Ése es el escenario en el que se desarrolla el proceso electoral de 2024. El gran dinero —público, privado, legal e ilegal— del gran partido es uno más de los factores sin precedente de esta elección histórica.
Francisco Morales Pineda
Asesor parlamentario
1 Artículo 41, párrafo tercero, Base II de la CPEUM.
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2023.
3 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018.