Dos hechos. La mayoría de beneficiarios no piensan que los programas sociales son un derecho. Piensan que hay un gran benefactor que se los regala por generosidad. Enterado de esta percepción, López Obrador arreció la apropiación privada, la personalización, de todo programa social. Lo logró. En 2020, 43 % de los beneficiarios creían que sus programas venían del gobierno federal y 32 % que se los daba AMLO. Tres años después, 55 % lo señalaban a él como el origen de los programas (Encuesta MCCI-Reforma 2020-2023).
Segundo hecho. El 59 % de los beneficiarios directos o indirectos votarían por Sheinbaum. Entre los no beneficiarios el porcentaje baja a 39 %. La probabilidad de votar por Claudia aumenta 20 puntos entre los beneficiarios (Buendía y Márquez, febrero 2024).
AMLO lo explicó muy bien: “Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos … es un asunto de estrategia política”.
El clientelismo, práctica política ancestral, no es más que el intercambio de votos y apoyos de un sector de la población a cambio de diferentes bienes por parte de un “patrón”, “jefe” o “capo político”: permanencia en el trabajo, avance en sus carreras o salarios, transferencias en efectivo o ciertos servicios. Esto, bajo la amenaza de que, si el intercambio no se cumple, los beneficios desparecerán.
López Obrador ha sido un fiel y hábil practicante de este tipo de clientelismo que se riñe con la democracia o, si se quiere, con la idea de elecciones libres, justas y equitativas; con una cancha pareja a la que los jugadores en busca de votos entran al proceso electoral en una relativa igualdad de circunstancias. No la habrá. La oposición estará en desventaja.
Una elección de Estado no es más que aquélla en la que el gobierno interviene de manera ilegal para favorecer la permanencia de su partido en el poder. Tiene muchas rutas. Desde controlar el árbitro electoral hasta utilizar de manera forzosa a los servidores públicos en movilizaciones de apoyo. Una de las rutas principales es el uso de recursos públicos para alterar la preferencia electoral, sobre todo, la entrega de beneficios a cambio de votos.
En este sexenio, la mayoría de los programas sociales se dan en la modalidad de transferencias en efectivo. Esto eleva la identificación del presidente con el beneficio recibido. Por si acaso, AMLO se encarga de que esto no se olvide.“Entre 2019 y 2023, López Obrador encabezó 127 eventos especialmente dedicados a los programas de la Secretaría del Bienestar” (Animal Político).
Podría argumentarse que el gobierno tiene derecho a vender sus logros y que el dinero que se inyecta a la sociedad es dinero sobre la mesa. Sí, pero la Constitución exige que la propaganda —bajo cualquier modalidad de comunicación social— difundida por los poderes públicos deberá tener carácter institucional y que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Sobra decir que López Obrador ha violado este precepto desde el día uno. Los primeros cheques a beneficiarios fueron dispensados por él en su mañanera y los servidores de la nación, encargados de los padrones y de la entrega de los programas, portan chalecos del gobierno federal o de Morena. Esto ocurrió, incluso, en los centros de vacunación durante la pandemia.
En el blog Desarmar la Corrupción (nexos-MCCI), documentamos las mentiras del Censo del Bienestar (“Ni censo ni de bienestar”, mayo de 2021). Desde antes de que comenzara el sexenio se prometió que se iría “casa por casa” para identificar a todos los beneficiarios. Ni siquiera fue cierto que se usara el primitivo método de tocar puerta por puerta en todo el país. Sólo se tomó el padrón de tres programas previos y con eso se entrevistó a la población de la mitad de los municipios. En la otra mitad hicieron un “muestreo por bola de nieve” e incluyeron a beneficiarios a partir de referencias entre personas, es decir, se preguntaba: “¿Usted conoce a alguien que debería recibir estos beneficios?”. Así se avanzó en la creación de una red con todas las características de una clientela.
El “censo” identificó a 32.5 millones de personas. En ese momento había 52.4 millones de personas en situación de pobreza. Es decir: 20 millones de personas pobres quedaron fuera del Censo del Bienestar.
La “política social” se ha hecho con criterios políticos. Nunca tuvo una metodología robusta, transparente y mecanismos de vigilancia y evaluación. Estuvo amparada en la operación de los Servidores de la Nación, que antes que una estructura institucional, es una organización para-partidaria incrustada en la administración pública.
Al corte del 15 de febrero de este año había 19 932 Servidores con un costo mensual de 294 millones de pesos o 3536 millones de pesos al año. Como punto de referencia, eso es 12 % más dinero que todo el presupuesto que tendrá Morena por sus prerrogativas como partido político en 2024, que asciende a 3159 millones de pesos: 73 % más que el presupuesto para actividades ordinarias de Morena en 2024 (2046 millones de pesos). Qué fácil proponer públicamente la disminución de los recursos a los partidos para dárselos al suyo por la puerta de atrás y con nuestros impuestos.
Esta modalidad de entrega de programas a través de los Servidores de la Nación no es la única forma ilegal de intervenir en las elecciones. Hay otras, mucho menos públicas. Tenemos sobrada evidencia del mal manejo de los recursos de los programas sociales.
Entre 2019 y 2022 (última fecha para la que hay información disponible), la Auditoría Superior de la Federación ha identificado irregularidades sólo en los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, por más de 4133 millones de pesos, de los cuales las autoridades sólo lograron solventar 400 000 pesos. Es decir, hay 4132.9 millones de pesos de los que nada se sabe.
Algunos ejemplos. Existe un probable daño a la Hacienda Pública de 983 millones de pesos por pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a beneficiarios que ya habían fallecido, muchos de ellos desde 1977 y, también, por pagos duplicados o triplicados. Se detectaron 565 millones de pesos de irregularidades en Sembrando Vida por la entrega de dinero en efectivo sin nombres de los beneficiarios y el depósito de recursos a cuentas bancarias que no coincidían con los receptores. También en Sembrando Vida hay 338 millones de pesos de irregularidades por falta de documentación, acreditación y justificación en más de 257 000 pagos a supuestos beneficiarios. En el programa de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural se registraron 327 millones de pesos sin ninguna evidencia de que se hayan entregado o usado para atender a la población afectada por huracanes. Se pagaron víveres a Diconsa que no fueron entregados a los damnificados. Hay irregularidades por 321 millones de pesos en la operación de los Servidores de la Nación por pagos a personas y fines distintos a los autorizados, recursos ejercidos sin ningún control ni documentación que explique dónde terminaron y pagos dobles o triples entregados a personas que ya cobraban en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Existen observaciones por 37 millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 67 en las mal llamadas Universidades Benito Juárez.
No sabremos cuántos miles de millones más hayan sido desviados hasta que AMLO lleve dos años fuera del gobierno y tampoco se podrá, como es costumbre, responsabilizar a nadie. Pero, suponiendo que no haya incrementado el ritmo de desvíos en 2023 —año preelectoral— y en 2024 —año electoral— estaríamos hablando al menos de una corrupción de 6200 millones de pesos de los que no hay pista, tan sólo de los recursos de los programas sociales. El equivalente a la Estafa Maestra del gobierno de Peña Nieto.
Algunos consideran que el clientelismo político es positivo porque tiene efectos redistributivos. En el caso del gobierno de López Obrador, ni eso. Es falso que haya nueve de cada diez hogares con algún programa social en su haber. Según el Inegi, sólo el 35 % de los hogares son beneficiarios de un programa. La política social ya no redistribuye. Si en 2018, 23 % del total de recursos entregados vía programas sociales eran para el 10 % más pobre de la población, en el 2022 pasó al 9 %. El efecto inverso se ve en el grupo del 10 % más rico de la población, que cuadruplicó los recursos que recibieron, pasando de 2 % del total en 2018 a 8 % en 2022. Quizá se pretenda que éstos también voten por Morena.
Con estas cuentas quizá no les alcancen los votos. No importa. Hay otros mecanismos disponibles. El presidente ya anunció uno para echarle la mano a su candidata. En los próximos meses tiene programadas veintitrés giras con un solo mensaje: para garantizar los apoyos debes votar porque siga la transformación.
La conclusión es ineludible. López Obrador no apostó por los pobres sino por los votos. Quizá debiera de cambiar su lema de Primero los pobres por este otro: Primero los votos.
Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de MCCI