A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

CUADERNO NEXOS

Mauricio Merino. Politólogo. Premio Carlos Pereyra 1992. Autor de La democracia pendiente (FCE).

El Primer Informe del presidente Zedillo no sólo cambió las formas del culto rendido cada año al primer mandatario -que a la postre se convirtieron en un motivo de escarnio, y en un pretexto para el lucimiento de los liderazgos de oposición-, sino que fue mucho más lejos, para proponer una Presidencia acotada por los mandatos constitucionales; por el debate público; por el ejercicio de las atribuciones concedidas a los otros poderes, y por un proyecto más o menos ambicioso de reconstrucción federal. Todo de una vez y en paquete. No obstante, tengo para mí que a ese mensaje le está pasando lo mismo que le ocurrió a los discursos primeros del presidente De la Madrid: aunque todos oían nadie escuchaba -o nadie creía-, porque las inercias de la cultura política suelen bloquear el entendimiento.

En el caso de Ernesto Zedillo, sin embargo, la cosa es mucho más grave, pues a diferencia de aquellos discursos inaugurales del presidente De la Madrid, el éxito de los proyectos que hoy se proponen dependen del criterio de corresponsabilidad que cruza por casi todas las páginas del Informe. Cuando Miguel de la Madrid sugirió un nuevo modelo de desarrollo y reformó la Constitución para darle al Estado la rectoría de la conducción económica, en efecto, casi todos los especialistas de aquel tiempo leyeron aquellas ideas exactamente al revés, preocupados por una creciente intervención del Estado cuando, en realidad, estaban asistiendo a la inauguración de un modelo neoliberal. Pero el proyecto no dependía tanto de otras fuerzas políticas, aunque ciertamente hubiese sido deseable.

En cambio, las propuestas del presidente Zedillo parten del supuesto contrario: que cada quien asuma su responsabilidad propia, no sólo porque no parece haber otro camino para reformar realmente al Estado, sino porque es el único modo de descargar a la Presidencia de la República de todas las culpas acumuladas por nuestra historia reciente. De modo que el Informe fue, desde ese punto de vista, un reparto de los papeles que antes solían concentrarse en Los Pinos, y una especie de llamado a que cada quien haga lo que tiene que hacer, desde sus propias funcionales. Con el inconveniente de que la mayor parte de los actores políticos -y de la opinión pública y aun de los empresarios- prefieren seguir reclamando, sin más, la intervención del Tlatoani. Así que en los próximos meses asistiremos a una especie de tenis político y económico, con la pelota pasando de la cancha de las propuestas presidenciales que buscan el apego a las responsabilidades de cada quien, a la cancha de las costumbres que siguen viendo en el presidente al hacedor de todas las cosas.

Pero esa preocupación no es la única ni tampoco, para ponerlo en términos fuertes, la más angustiosa. Lo peor sería que los intereses menos plausibles le tomaran la palabra al presidente Zedillo con el único propósito de adelantar posiciones en el cortísimo plazo, sin asumir seriamente las responsabilidades que se suponen bien asignadas a cada uno de los actores en juego. O en otras palabras, que la reforma propuesta por el Ejecutivo se nos convierta en un pretexto para convertir la política y la vida económica en una tierra de nadie, con la caja de Pandora abierta de par en par.

De momento, los primeros actores llamados a ocupar su lugar en la nueva distribución de papeles son los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la nación y los líderes de los partidos políticos. Para los primeros hay una responsabilidad inédita en las formas mexicanas del siglo XX: hacer cumplir la Constitución, ante las querellas presentadas por los conflictos de competencias entre poderes y niveles de gobierno, que antes solían resolverse en la oficina del presidente de la República. Y aunque todavía es temprano para juzgar el profesionalismo de los ministros de marras, no es difícil imaginar las presiones políticas que habrán de afrontar en el cumplimiento de sus nuevos roles republicanos. La Corte tiene en sus manos una oportunidad de esas que llaman históricas. Pero, por las mismas razones, no tiene derecho a equivocarse, pues de su papel depende el arbitraje político que Ernesto Zedillo ha preferido depositar en la ley. Y no es una cuestión menor, pues cuesta trabajo creer que el asunto puede volver a Los Pinos, en caso de errores, sin ninguna dificultad.

Los líderes de los partidos, en cambio, ya han tenido tiempo de mostrar sus preferencias de corto plazo, incluyendo a los del Revolucionario Institucional. Ocupados con prioridad de los asuntos más inmediatos desde hace por lo menos seis meses, fueron abandonando las mesas de la reforma hasta convertirla en un verdadero saco de condiciones cada vez más difíciles. Tanto, que da la impresión de que solamente los tiempos más apremiantes o las situaciones más complicadas -como las que vivió México en 1994- podrían convencerlos de la urgencia de volver a la lógica de las transformaciones pactadas. Sin embargo, Ernesto Zedillo ratificó la idea de que la reforma solamente puede surgir del acuerdo entre ellos, aunque con una sola advertencia: si en las vísperas del próximo informe no hay acuerdo posible, el PRI echaría mano de su mayoría en el Congreso para aprobar los cambios a su manera. ¿Pero podría hacerlo, precisamente después de la ausencia de acuerdos?

Por otra parte, el presidente de la República también repartió cartas a los gobiernos de los estados y anunció muchas más para los próximos días: no sólo la descentralización en materias tan importantes para la política social -esa que todavía no tenemos- como la educación, la salud, la producción de alimentos y la vivienda, sino la reformulación del sistema de coordinación fiscal y la transferencia a los municipios de dos terceras partes de los dineros que antes servían para financiar los proyectos de Solidaridad. Un paquete ambicioso y grande que, sumado a la iniciativa relacionada con las cuestiones indígenas, sugiere que lo único que le hace falta a la Federación para despegar libremente es soltar las amarras del centralismo. Pero eso tampoco es verdad, pues detrás de esa sana intención hay un siglo de costumbres centrales que, en buena medida, han convertido a los gobiernos locales en un proyecto mucho más complicado. De modo que la descentralización es una propuesta teóricamente excelente, pero antes hay que construirle las bases para evitar que esas decisiones caigan en el vacío o, aun peor, en las garras de las pequeñas oligarquías regionales.

Por último -aunque se trate del hilo fundamental del Informe-, el presidente Zedillo habló de la economía mexicana con el mismo entusiasmo que de la participación ciudadana que ha empujado a la democracia, como si deveras hubiera motivos de júbilo. Nadie sensato podría desear que se equivocara en una materia tan grave, pero desde fuera de las cátedras económicas que hemos venido escuchando desde hace diez años, queda la impresión de que hemos caído en un círculo vicioso: recurrimos al crédito externo porque no podíamos ahorrar y de esa manera estalló la primera crisis; luego nos sometimos en exceso a esos débitos sin producir el capital suficiente para pagarlos, y entonces estalló la segunda crisis; más tarde, buscamos capital extranjero capaz de sustituir nuestras deficiencias, pero nos dejamos arrastrar tanto por las promesas del libre comercio, que nos acabamos todo el dinero; y hoy volvemos la mirada otra vez al ahorro interno para volver al punto de arranque. Ya sé que estoy haciendo una simplificación lamentable. Pero el problema de las explicaciones de índole puramente económica, es que se les olvida que están basadas en tipos ideales -incluyendo el mercado- mientras que la realidad suele correr por otros senderos. En cambio, las deficiencias de nuestras empresas pertenecen al terreno del hiperrealismo. ¿Realmente pueden asumir la tarea que siempre dejaron en otras manos?

III

Con todo, el mensaje del presidente Zedillo tuvo una cuota de sano optimismo, que de todos modos hacía falta. Y aunque trató de romper con las rutinas del viejo estilo, hubo una de la que no logró desprenderse: la idea de que el Primer Informe sirve para trazar las líneas políticas del sexenio, mientras se desatan los lazos con el pasado inmediato. Es decir, el planteamiento formal de un proyecto que, en este caso, pretende incluir a la mayor parte de los actores políticos y económicos como condición de su éxito. Algo muy parecido a lo que hemos venido reclamando con terquedad desde hace años, pero que nadie esperaba obtener después de los resultados electorales del 21 de agosto de 1994. Es decir, el proyecto de un presidente que al ganar la legitimidad que nunca tuvo Carlos Salinas, reconoce los argumentos que utilizaron sus adversarios. Pero que al mismo tiempo, les entrega la responsabilidad de llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Sólo resta confiar en que, al final, no acabemos preguntando como en las ferias de pueblo: ¿dónde quedó la bolita?