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CUADERNO NEXOS

Y por fin los dirigentes de los partidos políticos y el secretario de Gobernación se sentaron a la mesa. Optaron, primero, por acordar el nombramiento del director del IFE, toparon con pared, y en vez de multiplicar las reuniones, algunos de ellos se prueban en el difícil arte del albur o se van de viaje… Lo importante puede esperar, mientras el país sigue en busca de un curso mejor para su convivencia colectiva.

Todo, o casi todo, permite pensar que vivimos una circunstancia frágil y hasta ominosa; sin embargo, los comportamientos masivos siguen ocurriendo en relativa paz y dan cuenta de un aprendizaje colectivo que si se quiere es elemental pero que no debería desdeñarse. La mañana del 14 de septiembre, cuando a casi diez años del sismo de 1985 la tierra volvió a sacudir cimientos físicos y del alma, así como la multitudinaria y «blanca» ceremonia del Grito del 15 de septiembre, vuelven a reclamar una reflexión más cuidadosa sobre el talante popular mexicano, por lo visto todavía dispuesto a encarar la adversidad de todo tipo con un notable registro del valor que el orden y la paz tienen para una colectividad que en estos meses resiente un castigo económico y social de enormes proporciones. Valorar y encauzar estas disposiciones, respetarlas en vez de buscar exacerbarlas, debería estar, como por desgracia no parece estar, en primerísimo lugar de las agendas de los medios de información y, desde luego, de los partidos políticos y el gobierno.

EL DRAMA DEL EMPLEO

Es casi seguro que los dos últimos semestres del año en curso registren una clara reducción en el decrecimiento de la actividad económica observado durante el primer semestre de 1995. Nadie, o muy pocos, podrían hoy proponer que a la caída anualizada de 10.5% en el producto, que tuvo lugar entre abril y junio, pueda seguir un descenso mayor en la producción nacional. Lo más probable es que en lo que resta del año empiece a darse una recuperación lenta y gradual, difícil y nada consistente pero recuperación al fin, que desemboque en 1996 en un crecimiento económico positivo.

Nadie puede asegurar hoy, por contra, que hayamos superado o estemos en vía de hacerlo, los nudos principales que evitan hablar con seriedad de un crecimiento sostenido y cada vez más rápido, a la altura de los rezagos y carencias formidables que aquejan hoy a la mayoría nacional. La cuestión del desarrollo y de cómo volverlo una realidad cada vez más efectiva, por creíble y tangible socialmente hablando, sigue ante nosotros como la gran incógnita de la abrumadora agenda nacional de fin de siglo.

Como tal vez no había ocurrido antes en la historia económica moderna de México, los mexicanos finiseculares asisten hoy al drama mayor del desempleo que ya aqueja a millones de trabajadores de todas las categorías. A diferencia de la crisis anterior de los años ochenta, el recurso a la «informalidad» no parece haber sido suficiente y las tasas de desempleo abierto han llegado a superar el 6%, lo que permite estimar que la suma de desocupación y real subocupación, medida por los ínfimos ingresos que produce, supera ya el 20% de la fuerza de trabajo.

Según los informes de la Secretaría de Hacienda, la tasa de desempleo detectada en junio llegaba al 6.6%, pero el incremento en la desocupación se había reducido significativamente, lo que permitía hablar de una cierta «estabilización» del fenómeno. Sin embargo, el hecho es que la desocupación puede todavía subir (algunas proyecciones hablan de que llegará a más del 7% en octubre) y que los despidos y la falta de ocupación aquejan de manera excesiva a personal con experiencia y a mujeres. En enero de 1995, Macro Asesoría, basada en información del INEGI, estimaba que la tasa de desempleo era de 4.4% entre los hombres y de 4.8% entre las mujeres. En junio, los coeficientes eran de 6.5% y 6.8% respectivamente. Por lo que toca a los desocupados con experiencia, estos representaban en enero el 85.7% del total de los desempleados abiertos, mientras que en junio llegaban al 90.2%. Estas magnitudes, ya millonarias en términos absolutos, deberían llevarnos a ver con más cuidado y detalle el problema, porque sus implicaciones pueden ir más allá de esta terrible coyuntura.

Desde luego, y para empezar, habría que insistir en la necesidad de contar con mejor y más oportuna información, que logre, además, mediciones pertinentes y bien establecidas y aceptadas en la sociedad y el Estado, con el fin de evitar, en lo posible, tremendismos y minusvaluaciones que en nada ayudan a un debate que tiene que resolverse pronto en medidas de política pública congruentes con la realidad observada y sus tendencias más probables. De otra suerte, seguiremos a ciegas en un asunto que nos vuelve contemporáneos de otras sociedades, salvo por el hecho de que aquí no se cuenta con los recursos mínimamente necesarios para encararlo como se busca hacerlo, cada vez con menos éxito por cierto, en las naciones más avanzadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha estimado que a fin de 1995 habrá más de 35 millones de desempleados en los países que la componen. Y ello puede llevar a algunos a una especie de resignación con lo que parece ser el mal del fin del siglo: un crecimiento económico sin empleo. Lo que debería tomarse en cuenta, para nacionalizar esta plaga universal, es que en México la estructura y la dinámica demográficas todavía tienen poco que ver con las de las sociedades maduras, cuya evolución poblacional es del todo estable y casi nula. Para México, así, el seguro del desempleo no sólo es un lujo ilusorio sino que de volverse un propósito público daría lugar a espejismos improductivos, cuando no del todo destructivos. Crecer sin crear empleos es una modalidad posmoderna que México no puede darse el lujo de importar. En ello va el futuro de la sociedad entera, y no sólo el de los que hoy sufren la falta de trabajo.

Pronto, se espera una serie de iniciativas fiscales y relativas a la seguridad social destinadas a estimular el empleo y el ahorro. Lo que no debería perderse de vista en el debate es la centralidad que el empleo tiene entre nosotros en una perspectiva que va más allá de las variables de producción, ingreso o competitividad que acaparan la discusión económica y empresarial. De lo que se trata es de retomar un curso de desarrollo que evite al máximo el desperdicio del recurso humano nacional, que por el contrario le dé un lugar principal en la deliberación política y que a través de ese expediente, pueda implantar a la equidad como un objetivo primario e inexcusable del crecimiento económico. 

EL DF BUSCA SU NORMALIDAD

El pasado domingo 17 de septiembre, precedido por tormentas de todo tipo, el jefe del Departamento del Distrito Federal compareció ante la Asamblea Legislativa del DF y pudo retomar el hilo de una deliberación que parecía perdida. En efecto, Oscar Espinosa reiteró el compromiso reformista del gobierno, insistió en las elecciones universales y directas del jefe del gobierno capitalino para 1997 y abrió un campo deliberativo en torno a los enormes problemas de esta ciudad capital que deberían explorarse a fondo, por las fuerzas políticas y por la ciudadanía toda.

La divisa es superar el momento de los intereses particulares y corporativos que prácticamente ha sofocado la gobernabilidad básica de la ciudad, para ir a un sistema de gobierno transparente que incluya a todos, pero que permita administrar con prioridades cuya atención no se vea interrumpida una y otra vez por la irrupción de conflictos parciales que, sin embargo, se apropian en la práctica de cualquier visión o intención de asignar recursos y derechos con base en el interés general.

Se trata, ni duda cabe, de un reclamo cada día más intenso de grupos y personas de todos los estratos sociales del Distrito Federal. Para ellos, sólo así podrá la ciudad disponerse a encarar las graves situaciones sociales y de seguridad que ahora, con la crisis económica y la mutación política, se han vuelto mayúsculas y ominosas. Ojalá y las propuestas del jefe del Departamento, no sirvan para crispar todavía más el clima imperante en la capital, y den lugar a exigencias maximalistas de imposición del orden a toda costa y cuanto antes. Los intereses son muchos y muchos también los que han vivido y aprendido a hacerlo en un esquema abigarrado y de alto costo, fuente de mil y una pillerías, pero que por mucho tiempo dio espacio no sólo a los logreros y ventajistas, sino a núcleos de población sumamente vulnerables y sin recursos reales para vivir de modo satisfactorio en otras condiciones económicas e institucionales. Como siempre, las velocidades a las que marcha y puede marchar una sociedad como la capitalina son obligadamente distintas y de ello deben hacerse cargo el gobierno y las capas de la sociedad con mayor capacidad de adaptación y crecimiento. De no ser así, la normalidad nueva a la que tanto se aspira, puede abrir vertientes de una conflictividad sin destino pero con una gran carga disruptiva.

Mientras tanto, continúa el proceso para la elección de los Consejos Ciudadanos delegacionales. Entre el legítimo reclamo de los partidos políticos por su exclusión como competidores, como si los mismos no estuviesen integrados por ciudadanos, y la multiplicación de candidatos que aspiran a representar a las 365 áreas vecinales, se desarrolla un experimento electoral que tendrá que ser complementado con otras medidas para acabar de forjar un entramado de representación cabalmente democrático.

Por lo pronto, y si la Corte no decide declarar anticonstitucional la exclusión de los partidos del evento electoral (como creemos que procede), en octubre se desarrollarán centenas de campañas -algunas coordinadas y otras singulares- que expresarán la gana participativa de ciudadanos de todos los estratos y niveles sociales.

Esas campañas desembocarán el 12 de noviembre en unos comicios que pondrán en pie unos cuerpos colegiados encargados de realizar un «marcaje» directo a la gestión de los delegados. Estos últimos tendrán que lidiar con representantes ciudadanos que no sólo les pedirán cuentas de sus respectivas gestiones sino que seguramente pondrán en acto iniciativas de muy diferente rango e importancia. Esa fórmula tiende a reducir los márgenes de discrecionalidad de los delegados y a ampliar las posibilidades de representación de intereses y de supervisión de la gestión pública.

Así, entre los proyectos de reforma política general para el DF y las asignaturas que por ley tiene que cursar, continúan la vida y las tensiones políticas de la capital.

LA SOBRECARGA DE EXIGENCIAS HACIA LA UNAM

Pese a todo, la UNAM sigue siendo una institución central en el entramado contradictorio de la educación superior del país; por su impacto cultural y en el terreno de la investigación, sigue siendo absolutamente insustituible. No obstante, a pesar de las labores que desarrolla o precisamente por ello, resiente una sobrecarga de demandas.

El más reciente episodio es el que protagonizan algunos de quienes no obtuvieron un lugar para cursar sus estudios en la Universidad Nacional. El quid del asunto, sin embargo, no podrá ser abordado si se piensa que una sola institución de educación superior es o debe ser la encargada de atender ese reclamo. Por esa vía lo único que se logra es erosionar a la propia UNAM sea señalándola como una institución «insensible» a la demanda de educación o en el otro extremo sobrecargándola de estudiantes a los cuales no puede atender con recursos suficientes.

Fijemos las premisas que nos parecen nodales: la educación debe ser entendida como un derecho universal y todo estudiante que así lo desee debería tener acceso a la misma, pero esa exigencia legítima no puede endosársele a una sola universidad. La UNAM atiende hoy a más de un cuarto de millón de alumnos y el número -nos parece- es en sí mismo elocuente. 

No obstante, el número de «rechazados» se ha incrementado en los últimos años y otro buen número de jóvenes que quieren estudiar una carrera no encontrarán en la zona metropolitana espacio para cursarla. Ese es el problema mayor que compete atender al conjunto de las escuelas de enseñanza superior y a las autoridades gubernamentales de manera concertada. Porque da la impresión de que ante la demanda que resiente la UNAM, el resto de los actores se conforman con mirar hacia otro lado.

Por su prestigio, por la crisis, por el «pase automático», la UNAM recibe cada vez más solicitudes para el ingreso a sus 14 planteles de bachillerato. Y quienes no logran entrar sin duda y con razón se sienten frustrados. Tienen sin embargo el recurso de acudir a otras instituciones públicas de educación media superior que a decir de las autoridades tienen el espacio suficiente para atender dicha demanda. La diferencia específica que sin embargo gravita con fuerza es que unos se beneficiarán del llamado eufemísticamente «pase reglamentado» y los otros tendrán que competir en un nuevo examen de admisión para la licenciatura que cada vez recibe más solicitudes y encuentra menos lugares disponibles.

Es al parecer en el terreno de las licenciaturas donde en la zona metropolitana no existen suficientes espacios para atender la demanda creciente. Y sólo desde la demagogia más inclemente se le puede exigir a la UNAM que siga abriendo indiscriminadamente sus puertas, mientras el resto de las instituciones, la SEP, el gobierno de la ciudad y el federal, se recargan sobre la Universidad Nacional.

Si se desea un auténtico sistema de educación superior capaz de atender la demanda sin erosionar la calidad, quizá sea pertinente empezar a pensar en la inyección de recursos nuevos para la ampliación de la planta educativa en sus niveles superiores, lo que supondría no hacer cada vez más grandes a nuestras universidades, prepas y ceceaches, sino la creación de nuevas instituciones con diversos grados de profesionalización, al tiempo que se diseña un sistema de exámenes nacionales de ingreso para los diferentes niveles (media-superior y superior) donde los méritos académicos sean el determinante único para el acceso a los lugares de las diferentes universidades y centros de educación media y superior.

El enunciado puede resultar demasiado general, pero lo que nos parece crucial y estratégico es defender a la universidad pública más grande del país atendiendo los justos y pertinentes reclamos de educación, pero no confundiendo esa responsabilidad de todos con una responsabilidad de la UNAM. Hacerlo así no sólo impide resolver el problema de la demanda de educación, sino que se lesiona, paradójicamente, a la institución que más hace en ese terreno.

Rolando Cordera Campos

José Woldenberg