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CUADERNO NEXOS

Luis Salazar C. Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.

1. Las peculiares características de nuestra prolongada y accidentada transición a la democracia se deben, sin lugar a dudas, a la existencia del Partido Revolucionario Institucional. Considerado durante décadas como la pieza clave de la larga estabilidad de los regímenes posrevolucionarios, y hasta como un verdadero modelo de maquiavelismo eficaz, este organismo político sigue siendo uno de los enigmas a resolver para cualquier programa realista de construcción democrática. Mecanismo central de una gobernabilidad autoritaria, presidencialista y corporativa, base de sustentación de la extraña combinación mexicana de democracia aparente y decisionismo vertical, el PRI ha logrado sobrevivir no sólo a una serie de reformas político-electorales que en buena medida han acotado considerablemente sus privilegios como partido del gobierno, sino también a reformas económicas e institucionales que en más de un sentido han limitado y hasta destruido buena parte de sus mecanismos clientelares de control corporativo.

Así, después de dos sexenios «modernizadores» que supusieron un trastocamiento radical de las tradiciones ideológicas y pragmáticas del llamado «nacionalismo revolucionario», y que incluso significaron en los hechos un sinnúmero de agravios para importantes franjas de los priístas, que se vieron convertidos en la base puramente instrumental de un presidencialismo exacerbado que hacía caso omiso de símbolos y prácticas arraigadas y que para colmo culminó en una nueva crisis financiera de enorme envergadura, el PRI aparece todavía como una ingente fuerza política nacional que sin embargo ha perdido totalmente la brújula y, al menos parcialmente, la cohesión. Presentado implícitamente como chivo expiatorio de la crisis del 82 por la política de «renovación moral» de Miguel de la Madrid, golpeado y desconcertado por el reformismo modernizador de Salinas de Gortari, que pretendió incluso decretarle, de la noche a la mañana, una ideología claramente opuesta a sus tradiciones – el «liberalismo social»-, y considerado por los partidos y movimientos opositores como el enemigo temible y poderoso de la democratización, sólo puede asombrar la extraordinaria resistencia de este extraño animal político.

Que después de la debacle financiera, los crímenes políticos y los conflictos sucesorios, el PRI, aun perdiendo en algunos casos, haya obtenido los resultados electorales que tuvo en Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y Zacatecas, pone en evidencia el gran arraigo social del que, guste o no, sigue gozando. Lo asombroso no es que haya sido derrotado en algunos lugares, sino que, a diferencia de otras experiencias bien conocidas, no haya sido barrido electoralmente, y siga mostrando capacidades para mantenerse y aun recuperarse electoralmente. De ahí la naturaleza profundamente errónea de todos los diagnósticos y pronósticos que preveían un desplome vertiginoso «del sistema», o en sus propios términos, una «revolución» democrática, en lugar de una seguramente fatigosa e irritante transición pactada. A querer o no, el partido todavía oficial representa una fuerza política real, capaz incluso de oponer férrea resistencia a las iniciativas de su jefe nato -el titular del Ejecutivo-, y cuya descomposición organizativa e ideológica podría incluso conducir a crisis, desgarramientos y tragedias que nadie puede desear para nuestro país.

2. ¿Cómo reformar al PRI, cómo transformarlo en un partido propiamente dicho, cómo convertirlo en una fuerza verdaderamente compatible con los procedimientos de una democracia normal? Aparentemente, estas preguntas tienen una respuesta sencilla: habría que separarlo de su dependencia con relación al gobierno, dotarlo de una identidad propia y de reglas claras para su funcionamiento interno. Y habría que ponerlo a competir electoralmente en condiciones verdaderamente equitativas, sin privilegios ni canonjías, con sus adversarios. Sin embargo, experiencias previas parecen mostrar que esta aparente sencillez es falaz y no conduce muy lejos. La semirrebelión de las bases priístas durante la XIV Asamblea Nacional, los conflictos sórdidos que condujeron a relevos inexplicados de su dirección, las luchas opacas que acabaron por regresar a los «candidatos de unidad» para evitar mayores desgarramientos, por no hablar de las increíbles truculencias a que dio lugar el infame asesinato de su candidato presidencial, son muestras no sólo de importantes resistencias al cambio por parte de los sectores más retardatarios del oficialismo, sino también de las inconsistencias de las políticas reformistas.

Acaso la recuperación electoral que conoció el PRI en los comicios federales intermedios del 91, haya hecho pensar al gobierno encabezado por Salinas que era posible posponer una transformación que en cualquier caso parecía conflictiva y poco precisa en sus propósitos. Acaso el desempeño relativamente exitoso de la vieja maquinaria oficialista durante las elecciones del 94 haya creado la ilusión de que la sola «sana distancia», junto con una nueva reforma electoral, posibilitaría un ajuste progresivo del priísmo a «las nuevas señales» del gobierno del presidente Zedillo. Lo que así se logró, sin embargo, ha sido la confusión y descomposición ominosa del priísmo nacional, y con ellas, el agravamiento de una atmósfera política ya de por sí cargada de incertidumbres y rumores amenazadores.

A riesgo de cuestionar lo que se ha convertido en un lugar común, tal vez sea conveniente sugerir que las dificultades para la reforma del PRI (y con ella del Estado en su conjunto) no se relacionan solamente con su naturaleza oficialista -es decir, con su dependencia del gobierno y su confusión con las instituciones del Estado-, sino también y cada vez más con la naturaleza perversa, opaca y conflictiva, de las relaciones entre los grupos gobernantes de los últimos tres sexenios, y su supuesta base partidaria. La desconfianza, la hostilidad y los resentimientos recíprocos han sido, desde 1982, los rasgos sobresalientes en la relación entre los modernizadores en el poder y la mayor parte del priísmo nacional, creándose así una situación de malentendidos e incomunicación que ha imposibilitado cualquier renovación ordenada y orientada de las tradiciones políticas del PRI.

Unidos entonces sólo por razones puramente pragmáticas, recelando recíprocamente de sus iniciativas e intereses, y sujetos a una sistemática campaña de denuncias por parte de la oposición y de una opinión pública irritada, el partido oficial y las últimas administraciones parecen dedicados a un juego de amenazas recíprocas sustentado en que ninguno puede sobrevivir por sí solo, en que, aunque les pese, se siguen necesitando para conservar el poder y mantener sus intereses. Pero al precio de una cada vez más sórdida y costosa forma de entender y practicar la lucha política, que parece convertirse cada vez más no en un juego de suma cero, sino en un juego donde todos pierden porque lo único importante es que nadie gane.

En este sentido, quizá las declaraciones de Oñate en tomo a la reivindicación de los principios de la Revolución Mexicana -whatever that means- puedan verse como un intento de tender un puente hacia los sectores agraviados y resentidos del priísmo tradicional, y así restablecer la comunicación entre ellos y el gobierno. Y quizá por lo mismo signifiquen que, por fin, el titular del Ejecutivo ha reconocido que no basta la «sana distancia» y que la indispensable reforma del PRI exige que el gobierno federal se comprometa seriamente en una operación política de fundamental importancia, no sólo para dicha organización, sino para el país en su conjunto.