Cuando un libro colectivo se publica 42 años después de su primera edición muestra el prolongado interés en su contenido de tres generaciones de lectores. Es un lapso que muestra también los muchos cambios vividos en el país: la institución Archivo General de la Nación pasó de ser dependencia administrativa de la Secretaría de Gobernación a ente público obligado, no sectorizado, bajo la Ley General de Archivos.
Escribí la “Advertencia” en la edición de 1980 de Historia, ¿para qué?; escribo ahora esta “Nota preliminar” para recordar, desde mi perspectiva, por qué se escribió.
Recuerdo las indicaciones que recibí de don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación: “Por ningún motivo suspenderá la consulta al público. Los especialistas que consultan documentos no pueden interrumpir sus investigaciones, el Ramo de Tierras es un archivo vivo y los representantes de comunidades indígenas o los ejidatarios que lo consultan vienen de muy lejos como para encontrar que está cerrado. La remodelación de Lecumberri se hará conforme a lo programado, el traslado a Lecumberri se hará cuando se instale la LI Legislatura del Congreso de la Unión en San Lázaro”. Don Jesús acababa de nombrarme directora general del Archivo General de la Nación y entendí que tenía dos años para cumplir la tarea.
En realidad yo venía de un mundo menos presionado por el corto plazo. El Colegio de México había publicado mi ensayo sobre Geografía Económica en el siglo XVI y la Universidad de Puebla, un estudio sobre El Sector Externo y la organización espacial y regional de México escrito con Enrique Florescano. Había entregado un ensayo sobre “las clases trabajadoras en el periodo 1810-1850” para la colección coordinada por Pablo González Casanova en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde nos reuníamos con un buen grupo de profesores que colaboraban con regularidad en la Revista Punto Crítico.
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