Los encuentros y desencuentros en tiempos de covid-19 son comprensibles. Sobran motivos. Conforme pasan los meses, nuevos escenarios incrementan las razones tanto de los grupos provacunas como los de los antivacunas. El intríngulis es enorme. Ni la moral ni la ética ni la economía ni las religiones ni la política, entre otras instancias, tienen la capacidad de resolver la disputa entre ambos grupos. Siempre han existido desacuerdos en torno a temas médicos, sobre todo cuando de vacunas se trata. Sin embargo, la desavenencia actual no tiene parangón en la historia de la medicina.
Grupos religiosos fanáticos, judíos, musulmanes y católicos rechazan ser inmunizados debido a su convicción acerca del uso de embriones para fabricarlas y, en el caso de la población musulmana, por la idea de producir esterilidad o de estar contaminadas con el virus del sida. En Estados Unidos los creacionistas evitan que sus hijos reciban vacunas elaboradas hace muchos años como la del sarampión, por atentar contra sus principios religiosos. Sentar en la mesa a ambos grupos deviene un intento de diálogo cuasi indialogable. En tiempos de covid, a pesar del fracaso de las palabras, buscar cómo zanjar diferencias es imprescindible. En los últimos meses se discute si vacunarse debe o no ser obligatorio. Desmenuzar el embrollo a partir de los derechos humanos, como sugieren algunos pensadores, es crucial.
La idea central es sencilla. Engloba dos avatares: ¿debe ser obligatoria la vacunación?; ¿es ético exigir a la comunidad que se vacune? Ambas cuestiones admiten respuestas negativas o positivas.
A mediados del año pasado se creó el proyecto Lex-Atlas: Covid-19 (LAC19) cuya finalidad consiste en analizar las respuestas legales a la pandemia en el mundo. En la actualidad doscientos juristas participan en la red LAC19; su función radica en informar lo que sucede en sus países de origen con respecto a la pandemia. El proyecto estudia los efectos legales sobre la vacunación forzosa y sus vínculos con los derechos humanos.
Para la mayor parte de la población, las vacunas tienen ventajas. “La mayor parte” no incluye, como esbocé al inicio, a diversos segmentos humanos. Hasta ahora los grupos provacunas —i. e.: población en general, científicos y políticos— no han logrado ni lograrán convencer a los antivacunas. Ejemplo de esa realidad es Robert F. Kennedy jr., miembro de la dinastía del mismo apellido. Kennedy se ha convertido en uno de los grandes apóstoles de los antivacunas. Su cuenta de Instagram, con más de 300 000 seguidores, fue cancelada recientemente por difundir falacias. Kennedy atrae a grandes grupos. No concuerdo con algunas implicaciones del rubro tolerancia, pero sí respeto la autonomía. Lo que es inaceptable es tomar la tribuna y publicitar ideas sin bases, en este caso, científicas. No concuerdo tampoco con quienes exigen la vacunación universal bajo el cobijo de una falsa superioridad moral.
Hay tres argumentos centrales, incontrovertibles, subrayados por los juristas para defender sus tesis. Primero, se justifica acotar la libertad si ésta daña a la población. Segundo, si la vacunación obligatoria protege la salud de la sociedad es válido llevarla a cabo. Tercero, la aplicación de la vacuna no viola derechos humanos.
En conclusión, el grupo de juristas del proyecto Lex-Atlas: Covid-19 afirmó, tras exhaustivas discusiones, que la vacunación obligatoria no infringe ni atenta contra los derechos humanos. La medida, aseguran, es adecuada para la población en general. LAC19 es un proyecto auspiciado por universidades de Gran Bretaña y Alemania. Los juristas/investigadores no tienen conflictos de interés y no sufren presiones para decantarse o no por la obligatoriedad de la vacuna. Su sitio electrónico es abierto e incluye numerosas publicaciones de grupos antivacunas. Vale la pena visitarlo.
Arnoldo Kraus
Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas.