A pesar de la revelación de que para algunos el parlamento abierto —un foro para discutir la reforma eléctrica propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— fue una mera simulación, el ejercicio ha tenido momentos rescatables. Varios expertos en el tema ofrecieron opiniones técnicas que sugieren elementos del Sistema Eléctrico Nacional que quizá sería prudente modificar sin necesidad de cambiar la Constitución.
Uno de los temas más interesantes fue el asunto de la gestión social de los proyectos de generación de electricidad. Curiosamente, los asistentes —me refiero a los invitados a hablar a favor de la contrarreforma— se quejaron en su mayoría de despojos y agresiones por parte no de privados, sino de la CFE. Prácticamente no se habló de los cambios en la gestión social de estos proyectos derivados de los acuerdos que México firmó con la Organización Internacional del Trabajo, y que se articularon con la reforma de 2013. Precisamente por eso es necesario revisar la gestión social de los proyectos energéticos en general.
Uno de los asuntos más discutidos en el parlamento abierto son los proyectos de generación bajo el esquema de autoabasto o autoabastecimiento. Tales proyectos aparecen como la principal causa de la reforma en la exposición de motivos de la misma. Además de que los partidarios de la reforma no han podido probar que estos esquemas impliquen subsidios reales, hay tres cosas que decir a propósito de ellos. Primero, los proyectos de autoabasto y autoabastecimiento no son eternos, sino que tras un periodo inicial deberán entrar al mercado eléctrico o bien quedarse sin permiso. El segundo dato es que, según lo revelado en el parlamento abierto, sólo el 3% de la energía del sistema opera bajo este modelo con tarifas preferenciales de porteo. El tercer dato es que el 84% de los contratos que funcionan bajo el esquema de autoabastecimiento desaparecerá en menos de cinco años. La iniciativa de reforma —y la parte más álgida del debate al respecto— gira en torno a una modalidad de generación que dejará de funcionar en los siguientes años y que se limitó en la reforma anterior.
Pero lo importante es que se pueden crear modelos regulatorios que en lugar de bloquear la migración del autoabastecimiento al mercado eléctrico—como ha hecho la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en esta administración— hagan la transición más atractiva para los generadores. Hay que recordar que quienes en su momento se opusieron a la desaparición del autoabastecimiento fueron los usuarios más que los generadores. Habría que discutir y crear oportunidades con ellos, pues son los más afectados al desaparecer el autoabastecimiento.
Para algunos, por otra parte, el modelo de Certificados de Energía Limpia (CEL) está rebasado ¿A qué me refiero? Los CEL se crearon por tres razones: para internalizar externalidades; para facilitar la fiscalización del cumplimiento de obligaciones de los generadores de energía limpia; y para hacer más atractivos los proyectos de ese tipo, bajo la idea de que la tecnología en ese momento era cara, por lo que la energía limpia arriegaba no poder competir con otros tipos de generación. Hoy en día, sin embargo, la caída de costos de tecnología significa que la energía limpia ya es competitiva sin la necesidad de estímulos adicionales. Esto debería significar que el costo de los nuevos CEL tienda a bajar cada vez más, siempre y cuando haya suficiente energía limpia para cumplir las metas. Si el gobierno no bloquea a las energías renovables, su costo no debería preocuparnos. Incluso pordíamos pensar en esquemas alternos que garanticen que haya nueva energía limpia en el sistema.
Otro de los puntos importantes tocados en el parlamento abierto fue la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico. Aquí debemos hablar de omisiones por parte de las autoridades y la CFE que de falta de herramientas para garantizar la fortaleza del sistema. Actualmente se cuenta con recursos y metodologías adecuadas para reforzar las líneas de transmisión, por ejemplo. Para disminuir los riesgos del Sistema Eléctrico Nacional —que no son pocos— sólo hace falta voluntad política y voluntad de hacer cumplir la ley. Es dificil evaluar al sistema en general, pues ni siquiera se ha completado su aplicación. Faltan muchas disposiciones administrativas que no se han emitido ni mucho menos aplicado. Hay puntos que podrían evaluarse como están las cosas hoy, pero en general el modelo no está terminado y sería un error juzgarlo ahora.
En el parlamento también hubo quien planteó falsos dilemas, como que la operación de generadores con capital extranjero significan un riesgo a la seguridad nacional o a la seguridad energética, o la idea de que mantener el modelo energético actual nos llevará a condiciones como las de España, país que tiene un modelo distinto al de México. Otro ejemplo: varios participantes afirmaron que la CFE no puede acceder a Certificados de Energía Limpia, o que las plantas de generación hidroeléctrica no tiene acceso a estos certificados. Esto es falso y está en la ley claramente establecido. No se requiere cambio alguno sino que los expositores hicieron una mala interpretación.
Ahora bien, es importante admitir que los participantes del parlamento también señalaron algunos puntos en los que el sistema actual es en efecto mejorable, si bien los cambios necesarios no requieren una reforma constitucional. El problema del parlamento es que fue un diálogo de sordos, con poco flujo de información y argumentos entre las partes. Fue de un lado un desfile de peroratas ideológicas y, del otro, de mala comunicación de datos técnicos. Encontrar puntos en común no era imposible, pero la actitud de los legisladores —salvo excepciones— no permitió enriquecer el ejercicio.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía