Uno de los puntos más repetidos sobre la contrarreforma eléctrica es que busca crear un organismo con visión social. Vale la pena hacer una valoración de los beneficios sociales que la iniciativa puede o no generar en caso de ser aprobada.
La evolución de los proyectos eólicos desde la perspectiva social, sobre todo en la zona del Istmo de Tehuantepec, ha pasado por etapas complejas que fueron mejorando su desempeño. Las consultas ahora se hacen con parámetros distintos y deben ser previamente informadas. ¿Cuál será el impacto de la contrarreforma en caso de aprobarse? Que una buena parte de los proyectos, que ya han pasado por toda la parte social —que tuvieron fuertes negociaciones, gestiones, acuerdos, que pagan rentas a los dueños de las tierras, que emplean gente de la región, que entregan beneficios a las comunidades donde están asentados (si visita la zona de los parques eólicos se dará cuenta de que la gran mayoría de la obra pública está construida por la industria eólica, como escuelas, mercados, calles, clínicas)— dejarían de operar porque la iniciativa los considera ilegales, sin que haya una sola sentencia que así lo diga.
El peso de todo esto caerá en el gobierno, el cual deberá realizar inversiones sociales que compensen toda la pérdida de valor que tendrían los parques eólicos. Y aunque eso se acentúa en la región del Istmo, el impacto también sería en Tamaulipas y Coahuila, donde hay parques que funcionan también bajo el esquema de autoabastecimiento de la ley anterior. La zona del Istmo, recordemos, es la única en Oaxaca que crece a ritmo de dos dígitos, y claro que esto está relacionado a los parques eólicos.
De ahí deriva el pronunciamiento de organizaciones de dueños de las tierras en la región eólica que amenazan con tomar subestaciones en caso de que no se permita operar a las centrales de autoabastecimiento pues esta gente vería afectada, sin razón legal alguna, sus ingresos en el corto plazo.
¿Cómo se gestionarían estos proyectos desde una Comisión Federal de Electricidad (CFE) designada como órgano autónomo? Lo primero que debemos decir es que no hay claridad. Tal vez deberíamos juzgar la iniciativa en el contexto de los proyectos de este gobierno y su gestión social. El Tren Maya es uno de ellos, donde la consulta a la población indígena ha sido una caricatura, lo que ha generado procesos legales en contra de la obra de parte de una serie de grupo pertenecientes a los pueblos originarios e inconformidades de parte de empresarios. La gestión social de los proyectos hidroeléctricos tampoco ha sido de lo mejor en general por parte de la CFE históricamente, y nada nos hace pensar que se piense mejorar este aspecto. Al contrario, al empoderar a la CFE a un grado de autonomía Constitucional —con autorregulación, a un nivel que no tiene ni una secretaría de Estado— la gestión social de los proyectos parecería ser algo inexistente en la “nueva visión” del sistema eléctrico. De hecho la iniciativa ni siquiera hace análisis al respecto ni lo menciona siquiera.
Finalmente, la iniciativa busca a toda costa garantizar una parte de generación a la CFE, que es la empresa que tiene mayores costos de generación. Al mismo tiempo, se compromete a no elevar los precios y las tarifas de energía por encima de la inflación. ¿Qué pasaría entonces si los costos de la energía, por razones ajenas a la CFE, suben por encima de la inflación, cosa posible en vista de que el precio del gas podría aumentar? Pues que la empresa deberá absorber el alza de costos —lo que significaría incrementar la cantidad de subsidios que recibe— y así cumplir con la "función social” de no incrementar tarifas.
Pero no olvidemos que será dinero público el que se distraerá de otros rubros (salud, educación, seguridad, desarrollo social) para cubrir los costos del nuevo organismo autónomo. ¿Qué se puede hacer en lugar de eso? Dar pie a la entrada de nuevos generadores, públicos o privados, que disminuyan la dependencia de combustibles y su volatilidad, para mantener o incluso bajar los costos. Así se cumpliría la función social, sin modificar una sola coma a la Constitución.
¿Hay espacios para mejorar en el sistema eléctrico sin reforma? Sin duda. Y de eso empezaremos a hablar las siguientes semanas.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía