¿Cómo se gestiona un proyecto eléctrico ante las autoridades?
Ilustración: Patricio Betteo
Primero se reúnen los requisitos, se presentan ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se le pide que reconozca el derecho a generar energía eléctrica. La CRE, órgano de Estado, revisa si el proyecto cumple con lo que pide la ley. Si lo cumple, debe dar el permiso; de lo contrario, no puede otorgarlo. Hay una oportunidad para corregirlo. Si aún así no se cumple, no lo puede autorizar. Cualquiera lo puede intentar, ya sea persona física o moral y cuantas veces quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos. La CRE está limitada por la ley, por lo que no puede solicitar más requisitos que aquellos que ésta establece.
Luego, se presenta el proyecto a la Semarnat (segunda dependencia del Estado) y a la Sener (van tres), para que revisen y en su caso aprueben la manifestación de impacto ambiental y la evaluación del impacto social. Si el proyecto cumple con la ley y los reglamentos, ambas deberían autorizarlo. Con las aprobaciones, el proyecto puede continuar. Una vez superado este paso, se acude al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace, cuarto órgano de Estado); se presenta el proyecto y su lugar de instalación. Se solicita información sobre cómo impactará el proyecto a la red y sobre los requerimientos para conectarlo al Sistema Eléctrico Nacional. El Cenace evaluará el impacto del proyecto en las redes. Entonces hará una propuesta en la que describirá las obras que el proyecto debe realizar para conectarse a la red. Sólo podrá conectarse si se cumple con estas obras y se regala la infraestructura a la CFE.
Pero también tiene que consultarse al INAH para asuntos arqueológicos, a la SCT si hay carreteras, al Registro Agrario si hay ejidos, a la Sedatu e incluso a las autoridades locales para gestionar permisos. Van hasta nueve entes del Estado que hay que consultar para poder desarrollar un proyecto. Si cumple con todo lo anterior, puede construirse el proyecto y, al final, hacer pruebas a la central de generación. El Estado debe asegurarse de que el proyecto cumpla con las normas y con el código de red —ambos establecidos por el propio Estado.
Una vez conectado a la red, se le informa al Cenace cuánto, cuándo y a qué costo puede generar electricidad, y se le presenta una oferta. El Cenace valora la oferta económica y la confiabilidad del sistema y, con base en ello, establece si el proyecto puede o no inyectar energía. Si el proyecto es para consumo propio de energía, podría no pasar por el despacho, pero si va a meter energía a la red, sólo podrá hacerlo de acuerdo a la instrucción del Cenace.
Como podemos ver, para que un generador pueda entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional, pasa por al menos nueve momentos en los que alguna secretaría u órgano de Estado controla si puede o no entregar energía eléctrica. O sea, el control del Sistema Eléctrico Nacional lo tiene el Estado, no se necesita hacer nada para dárselo.
Ahora, ninguna de estas formas de control del Estado son arbitrarias, sino que deben estar apegadas a derecho. Ni la CRE, ni el Cenace, ni la Sener, ni la Semarnat, ni cualquier otro ente de Estado puede, por voluntad propia, bloquear o empujar algún proyecto. Sólo puede permitir o frenar de acuerdo al marco legal. Igual que en cualquier país civilizado.
Es como en seguridad pública. La controla el Estado, que tiene a su cargo la policía, pero limitado por el marco legal. En otras palabras, un policía no puede detenerte sólo porque sí, sino que debe hacerlo apegado a la ley. Es exactamente lo mismo que el sistema eléctrico. ¿El Estado tiene el control del sistema eléctrico actualmente? ¡Claro! Por lo tanto, no se necesita ninguna reforma.
¿Pueden los servidores públicos, cabeza de órganos o secretarías de Estado, hacer con el sector eléctrico lo que se les venga en gana? No, tienen que respetar el marco jurídico: la Constitución, las leyes, los reglamentos y disposiciones. El problema es que este gobierno ha querido hacer su voluntad con el sector eléctrico, más allá del marco jurídico, pero han fracasado porque eso es violatorio del Estado de derecho.
Por eso el gobierno quiere cambiar la Constitución: para hacer su voluntad. Por eso elimina reguladores y le da todo el poder y autonomía a la empresa que más quejas tiene ante la Profeco.
¿Está usted dispuesto a pagar su voluntad al precio que sea?
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía