El sábado 28 de noviembre Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, publicó un artículo en el diario La Jornada titulado “Con las barbas en remojo” (atención al título, al que volveré en la parte final de estas líneas, pues es quizás el aspecto más preocupante del texto). Dicho artículo comienza con el autor afirmando que “una veintena de investigadores del Colegio de México manifestaron su rechazo al doctor José Romero Tellaeche, director interino del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)”. Efectivamente, la semana pasada, no “una veintena”, sino 42 profesores-investigadores del Colegio —entre los que me cuento— expresamos nuestra consternación respecto a lo que está sucediendo en el CIDE desde hace tiempo, particularmente durante las últimas semanas (ese número de firmantes, cabe añadir, se ha elevado a 48 hasta el día de hoy). Lo anterior se puede considerar un error menor, pero creo que sienta el tono de lo que sigue y anuncia lo que viene.
Ilustración: Patricio Betteo
La diferencia esencial entre el breve texto de algunos integrantes del claustro del Colegio de México y el artículo del Dr. García Barrios es que para los primeros ninguna institución académica tiene como objetivo apoyar a ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico, sino que existen o debieran existir “ante todo, para crear, transmitir, fomentar y difundir el pensamiento crítico”. En cambio, según el autor, existen muchas instituciones académicas “cuyo propósito explícito ha sido la formación de cuadros para el Estado”. Como resulta evidente, estamos hablando de dos cosas distintas. Para el Dr. García Barrios, “gobierno” y “Estado” son sinónimos. Una vez encarrilado en esta confusión, el autor afirma lo siguiente: “Escatimar a la democracia el apoyo de las organizaciones académicas del pueblo es contradictorio: en una democracia verdadera, hasta la crítica debe ser democráticamente productiva y servir de apoyo al Estado democrático” (todas las cursivas son mías, pero no me puedo detener en ellas). Lo que sigue es un encadenamiento lógico que vale la pena consignar textualmente: “En consecuencia, Romero se plantea crear cuadros académicamente rigurosos (en lo cognitivo y en lo ético, y en lo crítico cuando sea adecuado [sic]) para apoyar a un gobierno que es producto del voto de una gran mayoría de la población en un ejercicio electoral genuino y está firmemente comprometido a mantener las condiciones para preservar esa misma democracia. En resumen, la denuncia de los investigadores del Colmex en contra de Romero carece en principio de fundamento, tanto fáctico como normativo”. Desde una perspectiva académica o intelectual, la cadena causal del Dr. García Barrios me parece muy discutible y hasta peligrosa, pero dejo que sea cada lector quien reflexione sobre ella.
El siguiente párrafo empieza con esta reveladora oración: “Ahora entraremos en temas más escabrosos”. Dichos temas no me parecen nada escabrosos, salvo que se pretenda anteponer la tergiversación al análisis, tal como hace el Dr. García Barrios: “Durante décadas, el CIDE fue un semillero de profesionistas, intelectuales y funcionarios del régimen, y desde ahí construyó una parte importante de su prestigio. El CIDE que conocemos tiene además un pecado de origen: fue una creación destructiva de Carlos Salinas de Gortari, quien ordenó a Carlos Bazdresch eliminar con violencia todo resquicio de pensamiento estructuralista latinoamericano y sustituirlo con las corrientes propias del ‘liberalismo social’, que luego evolucionaron hacia el pensamiento progresivista neoliberal”. Dejo de lado la sugerencia de que el prestigio del CIDE se basa en buena medida en los “funcionarios del régimen”. Llaman más mi atención los “pecados de origen” y la sucesión de etiquetas (“pensamiento estructuralista latinoamericano”, “liberalismo social” y “pensamiento progresivista neoliberal”), las cuales, como siempre, eluden un debate serio en aras de la auto-legitimación o de la descalificación.
En el párrafo final del artículo se combinan peticiones de principio, confusiones conceptuales y aseveraciones puramente ideológicas (aunque revestidas de discurso académico). Para el Dr. García Barrios, “Romero es un excelente académico y un demócrata”. La excelencia académica es algo que, cuando se da, salta a la vista. En cuanto a que Romero es un “demócrata”, creo que la comunidad del CIDE en su totalidad estaría en desacuerdo (un dato que no me parece menor considerando que el Dr. Romero Tellaeche ha sido su director interino durante los últimos meses). Para el autor del artículo que nos ocupa, Romero está enfrascado en una lucha “contra los excesos del modelo de investigación y docencia neoliberal, que llevó a ambas instituciones a convertirse en una mezcla de centro académico elitista (más el Colmex) y think-tank (más el CIDE)”. Una vez más, el manido recurso de los vocablos como etiquetas; en este caso, “elitista” y “think tank”. No se hable más: el Colmex y el CIDE no sirven para lo que, de acuerdo a las ambiciosas miras del Dr. García Barrios, deben servir. Un poquito más elitista uno, un poquito más “think tank” el otro. ¿Qué más da cuando de lo que se trata es de descalificar? Enseguida, con base en nociones tan discutibles como la “potencia ética” —derivada, al parecer, de una especiosa noción de lo que deben ser la inclusión y la pluralidad académicas para el Dr. García Barrios (¿quién en su sano juicio puede oponerse a la inclusión y a la pluralidad?)— el artículo concluye con una afirmación más en clave democrática que, por lo demás, niega la pluralidad: “promover la organización académica en favor del gobierno democrático” resumiría “el plan de trabajo de Romero” (¿quién en su sano juicio puede oponerse a la democracia?).
Preparo el cierre de esta nota refiriéndome al título del artículo del Dr. García Barrios: “Con las barbas en remojo”. Es evidente a qué se refiere el autor: el Colegio de México es el siguiente en la lista. Si el Dr. García Barrios fuera un investigador más, la cuestión no merecería mayor atención. Sin embargo, el autor es ex-marido de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Además, labora en Pronaces (Programas Nacionales Estratégicos), del propio Conacyt. Dicho de otra manera, la amenaza del Dr. García Barrios al Colegio de México proviene de un funcionario público del Conacyt con claros vínculos con su directora general; nada menos. La seriedad y gravedad de la amenaza, inaceptable desde cualquier punto de vista, son pues patentes.
Hoy, 29 de noviembre, supuestamente se decidirá quién será el próximo director general del CIDE para el periodo 2021-2025. Digo “supuestamente” porque todo apunta a que esa es una decisión ya tomada y, por lo tanto, lo de mañana es un ejercicio puramente protocolario. El “Aviso Informativo” que a este respecto acaba de difundir el Conacyt concluye de un modo que, me parece, explica la erosión que ha vivido y sufrido la comunidad universitaria mexicana desde el inicio de la actual administración, pero particularmente durante los últimos meses. El Conacyt cierra dicho aviso afirmando que, mediante el proceso que ha dirigido desde el pasado 15 de octubre para elegir al nuevo director general del CIDE, ha buscado fortalecer “el desarrollo de la ciencia con plena libertad de investigación y de cátedra”. Lo cual está muy bien, si no fuera porque dicha libertad es subordinada (mediante la preposición “para”) al objetivo último que el Dr. Romero, el Dr. García Barrios y la Dra. Álvarez-Buylla han planteado, de diversas maneras, como el eje rector, el hilo conductor, la finalidad superior y la noción justificadora de todo: “el beneficio del pueblo de México” (las seis palabras con las que cierra el aviso referido).
En el ámbito universitario de cualquier país, la docencia y la investigación no pueden depender de lo que algunas personas entienden como “el beneficio del pueblo”, por más elevada concepción que tengan de ese beneficio y de dicho pueblo.
Roberto Breña
Académico de El Colegio de México