Enrique Provencio. Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Rosalba Carrasco. Economista, colaboradora en el periódico La Jornada.

Las elecciones son también caleidoscopios que sirven para medir y observar las muchas caras de la acción política. A través de ellas no solo se descubren mayorías y minorías, sino el estado general de las instituciones, los actores y las normas que arman y decoran el escenario electoral. Sobra decir que los comicios son al mismo tiempo una fórmula para medir el grado de identificación o lejanía que existe entre la sociedad política y la vida de los ciudadanos comunes.

Información estadística sobre los comicios del pasado, una reflexión sobre el carácter huidizo que han adquirido las plataformas electorales, que si puestamente sirven para distinguir entre las diferentes ofertas con las que se topa el elector; un cuadro de los candidatos que presentan las principales fuerzas partidistas y que desde ahora trazan los perfiles de las Cámaras que tendremos, más algunos juegos estadísticos para intentar descifrar el reparto de los votos y los representantes en la próxima legislatura; también un detallado mapa para seguir las posibilidades en la distribución de los diputados plurinominales: esperamos darle al lector elementos suplementarios para observar las diferentes facetas del litigio electoral.

Al final, de la conjunción de muchos de esos elementos dependerá que en México las elecciones acaben por convertirse en la fórmula por excelencia, a través de la cual las diversas corrientes políticas del país disputen por la adhesión de los electores y accedan a los puestos de gobierno y legislativos en sus diferentes niveles.

De que sirven las plataformas que los partidos políticos registraron en el Instituto Federal Electoral para estas elecciones federales? ¿Que tanto se conocen? ¿Determinan o siquiera orientan al voto? ¿Reflejan las diferencias que existen entre los partidos?

Estas y muchas otras preguntas no encuentran respuestas fáciles, primero porque tales documentos en realidad son muy poco conocidos y, segundo, porque los sondeos o encuestas de opinión sobre las elecciones se ocupan poco de la relación entre las intenciones de voto y las propuestas de los candidatos. Los propios partidos parecen otorgar mayor relevancia a otros elementos que pueden influir en el ánimo del electorado.

¿Para que son las plataformas? El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que uno de los requisitos para el registro de las candidaturas a puestos de elección federal es la presentación de una plataforma electoral. Se supone que esta debería contener, al menos, lo que los partidos realizaran en las Cámaras, de acuerdo al programa y la declaración de principios del propio partido, es decir, según la orientación ideológica o doctrinaria y el proyecto nacional que guía su quehacer en la búsqueda del poder político.

Tomando esto al pie de la letra, no debería discutirse la importancia de las plataformas, y tendrán que ser el elemento central en la definición de la simpatía por uno u otro partido o candidato. Pero aun cuando la propuesta legislativa de los partidos tenga alguna influencia, otros elementos parecen pesar más, como la figura personal de los candidatos, la vinculación de las campañas a problemas más inmediatos de la población, la gestión de demandas o la atracción que suscita la búsqueda del voto basada principalmente en la denuncia o cualquier orientación que con todo y ser propia de la actividad política no es la central tratándose de las elecciones legislativas.

No cabe esperar, sin embargo, que la propuesta legislativa ocupe la mayor parte de los esfuerzos partidarios en las campañas. La simpatía del electorado difícilmente se obtiene solo difundiendo los cambios que se promoverán en las leyes o las reformas que se iniciaran en las Cámaras. Es bien sabido que la ciudadanía se moviliza más por intereses inmediatos, que atañen a las condiciones de vida, servicios públicos, apoyos productivos y otros cuya solución muchas veces no depende directamente del Poder Legislativo sino de los distintos niveles de gobierno.

Pero esta no es una razón de peso para ignorar o subordinar en las campañas las propuestas vinculadas a la plataforma legislativa. Las preocupaciones relacionadas con la participación, la concentración del poder, y en general las asociadas a la representación política, son elementos que también están presentes en los intereses ciudadanos. Además, y aunque no en todos los casos coincidan con las elecciones legislativas, los partidos tienen en las diferentes campañas (presidencias municipales, gobernadores y asambleístas en el caso del Distrito Federal) la posibilidad de enfatizar sus propuestas según los cargos que estén en elección.

En realidad, no hay por que separar tajantemente los diferentes rasgos que de hecho están integrados en una elección intermedia, y por eso no habría que esperar que las campañas a diputados y senadores se definieran únicamente por su propuesta legislativa. La personalidad de los candidatos o candidatas, su presencia entre los electores, la presentación de ideas creíbles que ayuden a resolver problemas cotidianos, sus capacidades para promover la organización ciudadana, e incluso el apoyo para gestionar o tramitar la solución de necesidades urgentes, son recursos legítimos y muchas veces determinantes en una contienda electoral, y los utilizan quienes aspiran en serio a ganar en las elecciones de diputados o senadores.

Legislar Pero la función sustantiva de diputados y senadores es, valga la obviedad, la de legislar, es decir, la de elaborar, presentar, promover, reformar las leyes y decretos que establecen las normas básicas que rigen la vida nacional, junto con otras funciones que también cumplen los diputados y senadores, como las de aprobar el presupuesto y las leyes de impuestos, fiscalizar al Ejecutivo, vigilar al gobierno, analizar sus informes. Partir de lo anterior podría ser el principal elemento para que los partidos asignen a las propuestas legislativas el papel central en esta campaña, pues implicaría asumir que por medio de reformas a la normatividad, por la aprobación de nuevas disposiciones y sobre todo con un Poder Legislativo fuerte, se fortalecerán las instituciones y la transición democrática

La subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo es un hecho que podría volver ilusoria la pretensión de hacer del trabajo legislativo la piedra angular del cambio político, pero este es, sin duda, una pieza clave en la reforma democrática del Estado. Por eso una de las obligaciones de los partidos es revalorar la función legislativa, lograr la división de poderes y que el Congreso ocupe un lugar central en la vida nacional. No es mucho pedir, por tanto, que los partidos tengan plataformas electorales en las que presenten una idea clara de lo que harán en las Cámaras y que traduzcan sus programas en acciones legislativas cuando eso sea posible.

Pero ya avanzadas las campañas, y a unas cuantas semanas de que se realicen las elecciones, poco es lo que se sabe de las propuestas legislativas de los partidos. Sus plataformas son casi desconocidas. Las dificultades que enfrentan -salvo el PRI- para difundir sus propuestas por el acceso tan limitado a los medios masivos de comunicación, y sobre todo a la televisión, explica en buena medida ese desconocimiento. Además, la mayoría de los partidos disponen de muy escasos recursos para difundir directamente sus plataformas.

Eso cuenta, pero también es cierto que no siempre existe en los partidos la preocupación o el interés por transmitir las propuestas legislativas, que se sustituyen por consignas o lemas, cuando no por fórmulas publicitarias que vacían a las campañas de todo contenido propositivo. Hay excepciones, por supuesto, pero obedecen más a los esfuerzos de algunos candidatos o candidatas que a una estrategia partidista. Al menos hasta principios de julio, la mayor parte de los esfuerzos propagandísticos se dedicaron a procedimientos y denuncias, cuando no a descalificaciones del contrario.

Quien se tome la molestia de leer las plataformas, encontrará en ellas desde denuncias, declaraciones de principios o promesas, hasta ideas sobre reformas legislativas, a veces muy vagas, otras muy concretas. Pese a ello, reflejan las diferencias partidarias en cuanto a su visión sobre el momento político del país y sobre las medidas que consideran más importantes. Las plataformas del PAN, PRI y PRD tienen una estructura muy parecida, y contienen al menos cuatro grandes temas: reforma política, reforma económica, política social y relaciones internacionales.

Reforma Política La plataforma por la democracia de esos tres partidos revela las diferencias que han venido expresándose desde las reformas constitucionales en materia electoral y la aprobación del COFIPE. El PRD pugnara por derogar esas reformas y el Código completo, por lo cual promoverá una nueva legislación “que garantice el respeto al voto ciudadano e impida que el gobierno o cualquiera otra fuerza política se apropie de los órganos electorales encargados de la organización, realización y vigilancia de los comicios”.

Aunque el PRD ya ha dado a conocer sus diferencias con la actual legislación electoral, no expone en la plataforma cuales serían los cambios más importantes que incluirían sus iniciativas en este aspecto. Se mencionan principios (asegurar el respeto al voto, equilibrio de poderes, libre organización política de ciudadanos, rechazo a la cláusula de gobernabilidad, sistema mixto en la Cámara de Diputados con igual número de diputados uninominales y plurinominales, entre otros), pero no los cambios específicos que se promoverán. Queda la duda, sobre todo, si los principios que se mencionan solo pueden ser satisfechos con una derogación total de la actual legislación electoral o pueden alcanzarse con reformas.

El matiz no es secundario: responde a una decisión de no mostrar acuerdos, así sean parciales, con las modificaciones impulsadas por el gobierno, el PRI y el PAN, principalmente. Pero pensando en el cumplimiento de las plataformas, uno se preguntaría que tan posible sería que el PRD consiguiera una reforma constitucional o un nuevo código electoral: requeriría una fracción parlamentaria mayoritaria o alianzas tales que le permitieran tres cuartas partes de los diputados, en un caso, o más de la mitad, en otro, para lograr una legislación nueva, lo cual ya no es tan realista. Pero el realismo no es una característica predominante en las plataformas.

El PAN hace explícito que buscará reformas electorales para consolidar al poder electoral como el cuarto poder, cambiar el sistema de calificación, subir al 5% el mínimo de votos para conservar o lograr el registro de partidos y tener derecho a diputados plurinominales y regular el funcionamiento de los medios de comunicación en las campañas, entre otras.

En lo electoral, en cambio, el PRI se limita principalmente a realizar llamados para alejar la subcultura del fraude, a convocar a la concertación, y a “continuar promoviendo una cultura política que tenga como eje la educación para la democracia, la que se finca en la confianza, en el respeto a las reglas por parte de unos, desde la convicción de que los otros también las respetarán”. A partir de su plataforma podría pensarse que este partido no cree conveniente reformar el actual sistema electoral.

De los puntos coincidentes entre el PAN y el PRD destacan las propuestas de introducir a la legislación instituciones de la democracia semidirecta, como el referéndum, establecer la ciudadanía plena para los habitantes del Distrito Federal, reformar el Senado ampliando su número de integrantes y habiéndolo más representativo.

Reforma Parlamentaria Los tres partidos se comprometen a impulsar una reforma parlamentaria, aunque no se refieran a lo mismo. Para el PAN y el PRD lo esencial de esta reforma consiste en el logro de un equilibrio de poderes que sustituya al actual dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, que permita a diputados y senadores la capacidad de controlar y vigilar las funciones del gobierno, que proteja los intereses de la ciudadanía y logre un carácter ponderador sobre los otros dos poderes.

Este fortalecimiento, en ambas plataformas, supondría que las Cámaras tuvieran más posibilidades de controlar presupuestal y fiscalmente al Ejecutivo, determinar las políticas nacionales por medio de los planes y programas de desarrollo, regular mejor la contratación, aplicación y pago de la deuda pública, vigilar más de cerca la administración y revisar con más detalle las actividades gubernamentales. Lo anterior supone reformar artículos constitucionales y leyes secundarias, y no sólo la legislación y reglamentación interna del Congreso.

En este punto, el de la legislación y reglamentación del Congreso, los tres partidos se pronuncian por la adopción de un nuevo régimen interior, aunque el PRI lo propone sin mencionar los aspectos más amplios relacionados con la división de poderes, que son el elemento básico en la propuesta de las otras dos organizaciones. El PRI, en cambio, enfatiza los elementos operativos de la reforma parlamentaria, y sobre todo el orden en el funcionamiento de las Cámaras. El siguiente párrafo expresa el propósito -y el tono- del Revolucionario Institucional en este tema: “Dejar el paso libre de estridentismos, monólogos yuxtapuestos y soliloquios a la confrontación racional de las ideas y de los juicios; que la oratoria infinita deje lugar al rigor en el análisis, que el delirio retórico le de una oportunidad al argumento inteligente y que la crispación teatral permita la llegada de la deliberación conducente, son objetivos de la reforma parlamentaria que propugnamos”.

En este como en otros temas centrales de las plataformas, los partidos tienen coincidencias, aunque parciales, que en un ambiente propicio a los acuerdos entre fracciones parlamentarias haría posible avances democráticos aun manteniendo las divergencias en otros asuntos. Temas como el fortalecimiento del federalismo, la autonomía municipal, los derechos humanos, la protección ambiental, entre otros, tienen más cercanías que diferencias. La intención de propiciar los acuerdos, desafortunadamente, no se hace explícita en las plataformas electorales.

La economía desde las Cámaras. Si en los temas de reforma política y parlamentaria resulta más natural la traducción de las propuestas en ideas de reforma legislativa, en lo económico eso no siempre es tan sencillo, lo cual se manifiesta claramente en las plataformas. La razón es clara: en lo económico y social el Ejecutivo tiene más atribuciones concedidas en leyes secundarias y reglamentos, y la decisión y operación de la política económica escapa más abiertamente a las facultades del Congreso, por lo que en estos casos es más notoria la recurrencia a demandas o denuncias, a promesas que no pueden ser atendidas desde las Cámaras, a llamados al “deber ser” o a compromisos que sólo pueden ser atendidos con la gestoría.

En política económica el PAN se afana en mostrar que su propuesta no es igual a la del gobierno, el PRI parece solo retomar lo que este hace, y el PRD busca diferenciarse de la actual estrategia. Pero las distinciones que marca la plataforma panista son sólo doctrinarias (por ejemplo acerca del concepto solidaridad), porque en cuanto a propuestas no hay nada novedoso o no aparece claramente. En el caso del PRI, la plataforma mantiene tantas afinidades con los programas sectoriales del gobierno que las diferencias no se notan; en algunos casos, se llegan a proponer adecuaciones o nuevas leyes (para el campo, ciencia y tecnología, lo mercantil).

Este mimetismo llega al grado de que los candidatos a diputados del PRI se comprometen a apoyar la formación de científicos mexicanos “mediante el otorgamiento de cuando menos estudios en universidades extranjeras”. Se trata, evidentemente, de las becas de CONACYT, a no ser que en la siguiente legislatura la fracción de ese partido promueva y financie las becas. Se observa también que la plataforma promete demandar el cumplimiento de algunos principios de política social, que son casi literalmente los del Programa Nacional de Solidaridad.

Un ejemplo de propuestas que no encuentran traducción en el quehacer legislativo o no se sabe cómo se lograrán desde el Congreso es el programa nacional de regeneración agropecuaria incluido en la plataforma del PRD. Aspectos sobre los precios de garantía, adquisiciones en el extranjero, sistema de abasto, crédito, regeneración de acuíferos, extensionismo, acopio, entre otros, se enuncian aunque no queda claro en algunos casos el sentido de la idea. Todos son puntos que van en cualquier programa para el campo, por supuesto, pero lo importante en las plataformas es saber como los partidos y sus candidatos los impulsarán, y si servirán para resolver los problemas a los que se refieren.

Casos como este se repiten en las demás plataformas, pero además se encuentran diagnósticos descabellados, apreciaciones que quizá fueron válidas en otras épocas, datos difícilmente comprobables o excentricidades como proponer la nacionalización de las aguas minerales y otras que aparecen en la plataforma del PPS. La pobreza de propuestas se aprecia sobre todo en temas que están muy presentes en el debate nacional, como el del Tratado de Libre Comercio: o se repiten los mismos argumentos de la Secretaría de Comercio, o bien se salta a opciones alternas que casi pasan por alto la relación con Estados Unidos y Canadá, o se lanzan propuestas tan específicas como la inclusión de algún elemento de cierta cláusula que puede aparecer en determinada parte del tratado que se negocia.

Lo mismo sucede con las ideas concretas sobre la política social: el PRI no vacila en introducir al PRONASOL en su plataforma, y en otras se rechaza el programa pero las medidas que se creen necesarias y se desglosan en salud, educación, vivienda, y otras áreas no se distinguen mucho de las que aquel lleva a cabo.

Debatir en la campaña. El mismo descuido que muestra la confección de algunas plataformas revela que los partidos les dieron una importancia menor, sin olvidar que se requieren capacidades técnicas para prepararlas con las que no siempre parece contarse. Muestran también que no siempre se establece una distinción elemental entre programa de gobierno y plataforma electoral para una elección de diputados y senadores, y a veces revelan que no se tenía claridad sobre la traducción de las propuestas en una agenda legislativa. Puede decirse que esto no importa tanto, pues luego se verá cuales iniciativas se presentan o que posición se adopta ante las del gobierno o las de otros partidos. Pero se supone que en las campañas se confrontan propuestas, y que con base en ellas se buscará ganar al electorado. Además, y a juzgar por el comportamiento de los grupos parlamentarios en estos años, no se puede estar seguro de que luego los candidatos electos realicen una labor legislativa que compense las insuficiencias de sus plataformas: si algo ha estado ausente en la mayoría de los legisladores es el cumplimiento de su función central: legislar.

Pero con todo y lo señalado, en las plataformas hay elementos como para que los candidatos presenten a los ciudadanos propuestas con las que se puede apoyar un debate que le de contenido a las campañas. Que convenzan al electorado con base en su plataforma que la discutan públicamente, o que la enriquezcan con ideas que recojan en las campañas, que la asuman como un programa de trabajo para su quehacer legislativo, sería un buen comienzo para que la siguiente legislatura rinda mejores frutos en la transición a la democracia