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Carlos Castillo Peraza. Periodista. Diputado por el Partido Acción Nacional.

El 25 de noviembre de 1990 se efectuaron las elecciones locales ordinarias de Yucatán. Estaban en juego los 106 ayuntamientos y el Congreso del Estado. La alta participación ciudadana y las victorias reconocidas a la oposición -que en este caso fue virtualmente el PAN- representaron una inversión de la tendencia general registrada en el país durante ese año, caracterizada por la abstención elevada – exceptuando el municipio de Saltillo, Coahuila- y de un modo u otro la imposición de los candidatos del PRI. Esta tendencia llegó a su punto más alto en los comicios del estado de México, ya comentados en un Cuaderno de nexos (diciembre de 1990).

Puede considerarse que el paradigma de lo ocurrido en Yucatán fue lo que pasó en Mérida. Por eso esta crónica se concentra en lo que tuvo que hacerse en ese municipio, primero para suscitar la participación, luego para organizarla, más adelante para lograr la emisión del voto y, finalmente, para articular la defensa del sufragio y, en consecuencia, obtener el reconocimiento del triunfo.

Cabe señalar que, ni en Mérida ni fuera de ésta, se vio que el PRI tuviera la intención de jugar limpio, ni que los organismos electorales abrigaran la de garantizar la transparencia del proceso. En la capital yucateca se vieron y se sufrieron los mismos embates de la inercia alquimista que en el estado de México, incluso con la participación -no vista en el Edomex- de altos funcionarios federales en el operativo «mapache» del día de los comicios. Toda esa fuerza negativa tuvo que ser enfrentada antes, durante y después de la jornada electoral. El proceso fue algo muy parecido a lo que, fuera de Yucatán, se llama «jugar a las vencidas» y, en esta entidad federativa peninsular, se conoce como «rendir pulso»: por un lado, el brazo del gobierno, su partido y algunos cómplices; por el otro, la sociedad civil de Mérida y el Partido Acción Nacional. Con esta afirmación no se pretende menospreciar a los otros partidos que compitieron, pues las cifras son por demás elocuentes: frente a los casi 64 mil votos reconocidos a la candidata de Acción Nacional en Mérida, los poco más de 1, 200 del PARM y los ochocientos y pico del PRD, sumados, hacen el 3.1%. Y, si ese total se compara con la suma de los votos del PAN, más la cantidad reconocida al PRI -suponiendo, sin conceder, que el número oficial de votos del PRI fue casi igual al del PAN-, el porcentaje baja al 1.5, aproximadamente, de la votación meridana. Esto tampoco permite concluir que las elecciones fueron un desastre para aquellos dos partidos, pues antes tampoco representaron más de lo que ahora. Mérida es un municipio bipartidista. Yucatán entero también, a pesar de los regalos electorales hechos -a través de diputaciones de proporción- al PPS y al PFCRN, en virtud de un escandaloso inflado de votos en municipios del interior del estado. En este caso, una vez más la inercia alquimista se impuso al hecho inobjetable de la realidad de la participación ciudadana, del número cierto de sufragios verdaderamente emitidos e incluso a lo que recomendaría el sentido común político a quienes toman las decisiones acerca de los resultados que el pueblo y los partidos consiguen y saben que consiguieron.

Presente de pasados

Después del fraude electoral que, en 1969, despojó de su triunfo en las elecciones de gobernador a Víctor Manuel Correa Rachó y significó la imposición como tal de Carlos Loret de Mola, el PAN virtualmente desapareció de Yucatán. La frustración social y política fue tal, que el estado entró en un marasmo de participación. Esta fue, y no la imposición en cuanto tal, la victoria del partido-gobierno. El fraude, en el fondo, es confesión pública de derrota. La abstención ciudadana es el triunfo real del poder sobre la sociedad.

Aunque después del fraude del 69 el PAN participó en los comicios federales y locales inmediatos siguientes, y nunca dejó de hacerlo en los federales -acatando decisiones nacionales del propio partido y a pesar de que localmente se sostenía la abstención-, el interés ciudadano mermó en picada hasta 1981, cuando -para sorpresa de tirios y troyanos- Acción Nacional no sólo postuló candidatos a gobernador y a diputados locales, sino a más de una decena de ayuntamientos, y, en Mérida, su candidato a gobernador obtuvo -reconocidos oficialmente- más votos que el aspirante priísta a la gubernatura, y su candidato a alcalde tuvo que ser víctima de un fraude. Además el PAN ganó la alcaldía de Chemax y logró dos diputaciones de proporción al Congreso estatal. Tanto éstos como los regidores «de minoría» al ayuntamiento de Mérida realizaron una actividad que -después del súbito despertar propiciado por la exitosa campaña- fue el comienzo de una nueva etapa en la vida social y política de la capital e incluso de todo el estado.

En las campañas federales y estatales subsecuentes, la votación reconocida al PAN fue creciendo en números absolutos a veces, y en relativos siempre. Pero lo importante fue el crecimiento del partido mismo, que desarrolló poco a poco una vida cotidiana cada vez más intensa, más presente en el acontecer político, más fuerte en formación de cuadros y en búsqueda y obtención de militantes, dirigentes, candidatos y recursos. Casi no hubo problema de la sociedad que el PAN no abordara con opiniones o situación a la que no se enfrentara con acciones.

La campaña federal de 1988 fue el inicio de la cosecha. El I Distrito -cabecera Mérida- fue ganado por y reconocido al PAN. Fue, además, de toda la República, el distrito ganado con la mayor diferencia de votos en términos absolutos y relativos. La candidata vencedora, Ana Rosa Payán Cervera, había entrado al partido tres años antes y su victoria se atribuyó al arrastre que tuvo en Yucatán entero la campaña de Manuel Clouthier. Se olvidaban varias cosas: el crecimiento del partido, la creciente articulación y decisión participativa de los meridanos, el trabajo de la candidata misma, la descomposición del PRI en la localidad, la función social asumida por el Diario de Yucatán, la aparición del Frente Cívico Familiar y los problemas -muy visibles, empero- entre el gobernador Víctor Manzanilla Schaffer y su predecesor, Víctor Cervera Pacheco, quien concluyó en dudosas circunstancias de legalidad, como interino, el mandato constitucional de Graciliano Alpuche Pinzón, virtualmente destituido por crasa ineptitud a los dos años de ejercicio.

Presente de presentes

A Manzanilla Schaffer, según todos los indicios, la gubernatura le llegó tarde, si se considera su larga carrera política. Cervera Pacheco, que no logró la gubernatura en elecciones, dejó como herencia un grupo político fuerte y habituado a actuar sin preocuparse por algo más que el beneplácito de su jefe, una iniciativa privada dócil y complaciente, hombres suyos en la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, algunas obras de cierta importancia -hechas al amparo de la restructuración económica del estado, auspiciada por el subsecretario de Programación y Presupuesto Manuel Camacho Solís- y una estela de represión concentrada en el municipio de Chemax. Su sucesor no podía aliarse con los cerveristas e iniciar bien su gestión. Pero tampoco lo hizo con el «clan Luna», formado por los colaboradores de Francisco Luna Kan, gobernador antes de Alpuche Pinzón. Además, escogió mal a sus hombres de confianza y éstos caminaron de fracaso en fracaso: tuvo que permitir la destitución del alcalde de Mérida, Carlos Ceballos Traconis, dada la evidencia pública de su corrompida gestión, y deshacerse de su secretario general de Gobierno. Además, la presencia de Cervera Pacheco en el gabinete como Secretario de la Reforma Agraria, permitió a éste colocar a incondicionales suyos en no pocas dependencias federales con sede y poder en Mérida. Mérida y Yucatán llegaron a las elecciones de 88, primero, y a las de 90, después, en situación de constante enfrentamiento entre los hombres del grupo Cervera y el gobernador.

Además, el PRI nacional cometió un grave error: enviar a Yucatán como delegado a José Guadarrama Márquez, coronado de desprestigio después de los comicios michoacanos de 1989. El desplazamiento de la dirigencia local fue completo. La irritación del priísmo yucateco fue pública y notoria: culminó en Buctzotz, en noviembre de 1990, con un enfrentamiento a golpes entre candidato y precandidato priístas, en las barbas mismas de Luis Donaldo Colosio.

Además, ya herido el regionalismo priísta, resultó vulnerado el regionalismo general. Guadarrama Márquez fue prepotente hasta la insolencia con propios y extraños. Sus métodos acabaron por fragmentar y desalentar al PRI, y por fortalecer a la oposición. Manzanilla Schaffer, que tenía que dejar hacer y dejar pasar, asumió una posición de apego a la ley. Lo había hecho ya en los comicios de 1988, y eso bastó para que la participación popular en las elecciones consiguiera el triunfo para la candidata panista; y lo volvió a hacer en 1990, con mayor riesgo, pero con mayor oportunidad: la de conseguir el respaldo de los ciudadanos y deshacerse del «cerverismo» o, de menos, desprestigiarlo y debilitarlo.

En más de veinte municipios, los conflictos internos del PRI -ocasionados por las decisiones de Guadarrama Márquez, apoyado por algunos beneficiarios yucatecos de éstas- resultaron graves. Mérida no fue la excepción: el delegado impuso la candidatura de quien había sido alcalde priísta de Mérida de 1985 a 1987 -el PAN había logrado, a pesar del fraude, casi el 40% de los votos oficialmente computados en los comicios municipales de 84-, hombre de Cervera Pacheco, pero cuya nominación dejó en la estacada a otros cerveristas. El conflicto se desplegó en subconflictos. La campaña priísta fue gris, en locales cerrados y sin empuje, atenida a la gestión de obras con cargo al presupuesto federal. Ni un mitin.

La sociedad se decide y se organiza

Al mismo tiempo que el desastre interno del PRI crecía -y sin capacidad de ponerle sordina, dada la labor informativa del Diario de Yucatán, inmune a las prácticas habituales de control típicas de otros lugares-, la sociedad meridana protagonizaba un autocrecimiento notable.

Los factores de ese desarrollo pueden describirse como sigue, aunque no sea en orden de importancia:

1) A partir de 1969, desarticulada la sociedad por la brutalidad del fraude electoral, de algún modo las personas buscaron cauce a su necesidad de actuar socialmente. Me parece que, además del trabajo ejemplar de los párrocos católicos de la ciudad, aquellos hechos contribuyeron a que el ámbito religioso-social se convirtiera en el receptáculo y en el dinamizador de inquietudes legítimas. Las organizaciones católicas de todo tipo -parroquiales, diocesanas, de espiritualidad, de evangelización, de catequesis, de solidaridad, juveniles, familiares, matrimoniales- aumentaron en número de militantes y en volumen de acción. Mérida cuenta con un sinnúmero de obras sociales nacidas y crecidas en tomo a la vivencia de la fe católica: hogares para ancianos y para alcohólicos, escuelas y albergues para niños y adolescentes huérfanos, organizaciones de apoyo a pobres y menesterosos, grupos de trabajo en la zona rural del municipio, movimiento bíblico, etcétera. Lo curioso es que, sin que de manera explícita la jerarquía eclesiástica impulsara la politización de tales organizaciones, e incluso con escollos puestos por aquélla en nombre de la prudencia pastoral, en todas esas agrupaciones creció también la conciencia de la necesidad de actuar políticamente para corregir las deficiencias sociales que intentaban subsanar: el contacto con la realidad suplía con creces la motivación abierta para actuar en política, estimulada, sí, por la difusión y el estudio de los documentos pontificios, en especial los del pontificado de Juan Pablo II.

El sentido comunitario así nacido y encauzado se muestra con claridad y evidencia en Mérida. Un ejemplo entre muchos: el ciclón Gilberto y sus efectos devastadores generaron una solidaridad colectiva sin precedentes, conducida principalmente por dirigentes católicos, por sólo citar un caso.

En la primera línea de la creación de grupos y formación de personas, de vivencia del contacto con los hechos de pobreza, miseria y dolor están, obviamente, los párrocos. Estos jugaron un papel central en la motivación a la participación política. No abogaron por ningún partido. Sencillamente, hicieron pública su convicción de que no hay cambio en el ámbito socio-político si falta la presencia activa del ciudadano. Señalaron también que el deber moral de votar incluye el de defender la limpieza de los procesos electorales. Exigieron a sus feligreses -de todos los partidos- cumplir sus deberes ciudadanos.

En este terreno, el candidato del PRI -que afirmaba en público y en privado ser católico- cometió un costoso lapsus: dijo en una reunión ante obreros de una empresa que sus patrones debían dar estímulos a los que tuvieran pocos o no tuvieran hijos. El tema, espinoso desde el punto de vista de la moral católica, y en torno al cual se ha desarrollado en Yucatán entero una serie de movimientos -paternidad responsable, pastoral familiar, familia educada en la fe, apoyo a madres solteras-, obligó a los sacerdotes a pronunciarse, coherentes con su propia convicción y predicación, y desautorizar las expresiones del candidato priísta.

2) Los grupos empresariales, salvo las excepciones normales, optaron por una posición legalista en favor de la participación, de la limpieza electoral y del respeto al sufragio. Las empresas abrieron sus puertas a los candidatos de todos los partidos, quizá como nunca. En ese terreno, el PRI no podía tener ventaja alguna. La crisis, el pacto, la política de contracción salarial, el descuido de las autoridades municipales en relación con los servicios públicos, la muy reciente destitución del alcalde emeritense por la corrupción… todo le cayó encima al candidato del partido en el poder.

Añádase a esto que el PAN, en Mérida, ha sido un partido eminentemente popular, con bases bien trabajadas, formadas y organizadas en las colonias pobres, en cuyas casillas ha solido ganar o dar batallas memorables por el respeto al voto Acción Nacional ha estado con esos ciudadanos en todas sus reivindicaciones y, desde 1984, sus campañas han sido casa por casa. Esto fisuró los métodos tradicionales de control político y falsificación del voto. Los patrones no podían, sin divorciarse de sus trabajadores, manifestarse priístas o facilitar el tráfico de credenciales de elector.

3) El gobernador Manzanilla Schaffer, por su parte, hizo reiterados compromisos públicos verbales en favor de un proceso electoral pacífico, limpio y respetado. Tanto en voz alta como en voz baja, manifestó que, dada su edad y su trayectoria política, las elecciones de 1990 serían su último acto, y que no sólo no deseaba que resultara manchada su salida de escena, sino quería poderse quedar en Mérida sin sufrir el desprecio de sus coterráneos. Cuando el Registro de Electores arguyó que no tenía recursos para entregar copias del padrón a los partidos de oposición, el Ejecutivo estatal puso el dinero… y padrones hubo. Esto estimuló la confianza colectiva en el proceso y aumentó la participación. Propició que los candidatos de todos los partidos pudieran ser recibidos en oficinas gubernamentales y empresas públicas.

4) En 1988 nació el Frente Cívico Familiar. Agrupa a personas de los más diversos estratos sociales, pero sobre todo de clase media y media alta -profesionales, pequeños comerciantes, empresarios medianos y pequeños, burócratas- sin distinción de partidos (cuenta con miembros priístas). Su común denominador: sin participación cívica no hay cambio social, económico o político. Además, sus miembros vienen casi todos de organizaciones católicas y, torpeza adicional, algunos de sus dirigentes fueron objeto de actos violentos de intimidación contra sus bienes.

Esta organización puso en práctica, en diversas circunstancias -alzas de tarifas, por ejemplo- actos de protesta masivos como «apagones» y «descolgadas de teléfono» que no sólo fueron prueba de eficiencia y capacidad de organización, sino que resultaron altamente pedagógicos. El Frente hizo una larga y vigorosa campaña en favor del empadronamiento, del voto, de la defensa del voto, de la limpieza electoral y de la unidad, primero de todos los partidos, y luego, dada la ausencia del PRI, de toda la oposición. Los dirigentes y candidatos del PAN, PRD y PARM sostuvieron reuniones públicas, firmaron diversos acuerdos y se comprometieron a defender la efectividad del sufragio juntos, sin importar el peso electoral de cada uno.

5) El Diario de Yucatán, en todo este crecimiento, jugó un papel decisivo. Dio cabida amplia a la información política en general -con rigurosa equidad en líneas ágata- y a todo lo que el gobernador, la Iglesia, el Frente y los partidos de oposición hicieron en favor de la participación, el empadronamiento, la emisión y la defensa del voto. Informó con detalle de padrón, credencialización, ubicación de casillas, plataformas políticas de todos los partidos.

Además, abrió generosamente sus páginas a cartas y artículos de ciudadanos que expresaban sus puntos de vista acerca del proceso, los partidos y los abanderados de éstos. Elaboró y difundió, con extensas explicaciones, encuestas que, por cierto, daban ventaja al PRI, aunque reflejaban un porcentaje considerable de interrogados -el 34%- que no explicitaba su intención de voto. Organizó, con estudiantes universitarios, un equipo de «observadores» debidamente identificados que fueron testigos y transmisores de lo que sucedió en las casillas el día de los comicios.

La actitud del Diario tuvo un resultado adicional: otros medios abrieron, aunque tímidamente, páginas, micrófonos y cámaras al proceso. En especial, la emisora XEZ y el Canal 3 de televisión local -ambos propiedad de quien también es dueño del Novedades de Mérida- tuvieron un programa llamado Rumbo a la alcaldía que dio oportunidad a los partidos de oposición para expresarse y responder a las llamadas del público. Sólo el último día, y para la Senadora Dulce María Sauri de Sierra, del PRI, el programa cerró el paso a las llamadas por radio y clausuró la posibilidad de que por televisión ella misma tuviera interlocutor. Al parecer, estas actitudes fueron impuestas desde medios oficiales-priístas al conductor de ambas emisiones. Y resultó contraproducente no sólo para el PRI, sino para la credibilidad del programa mismo que, en la orilla, tuvo que exhibirse parcial en favor del priísmo.

6) El PAN, con meses de anticipación, instaló en la Plaza Grande de Mérida un «módulo de empradronamiento» para propiciar la inscripción ciudadana en las listas de electores. Aunque nunca dejó de señalar las innumerables irregularidades del proceso, siempre puso mayor énfasis en la eficacia de la participación masiva tanto en la emisión como en la defensa del voto. Realizó convenciones abiertas, efectuó una campaña alegre, optimista y capilar, con mítines diarios y visitas casa por casa; reclutó y capacitó representantes de casilla; presentó una plataforma política sencilla y realizable; aprovechó las divisiones y conflictos priístas; se hizo presente en todo tipo de organizaciones sociales y mantuvo un constante, enérgico y civilizado diálogo con el Gobernador. Exhibió, además, una capacidad de convocatoria y de organización notables, y sus dirigentes meridanos -presididos por Luis Correa Mena, el hijo más joven de Correa Rachó- mostraron perspicacia política, valentía y prudencia.

Las inercias negativas

Ninguna de las viejas prácticas antidemocráticas del gobierno y su partido dejó de intentarse en Mérida «Carruseles», reparto de credenciales, cambio de ubicación de casillas (en algunos casos, a más de un kilómetro de la anterior y en sitios difícilmente localizables; en uno, casi a kilómetros y ya en pleno monte), brigadas de aguerrido «defensores del voto» -obviamente «porros»- identificado con brazaletes rojos, cierre extemporáneo de casillas, robo d ánforas en la zona rural, intimidaciones previas, etcétera. Se llegó al colmo, el sábado 24 por la noche, de repartir a domicilio a los representantes del PAN una carta, perfectamente falsificada, en que se les hacía saber que, como el fraude «ya se había consumado», la candidata panista se retiraba y les pedía no acudir a las casillas y sí a un mitin de protesta el domingo por la noche para denunciar el robo y acudir a los organismos internacionales. El PAN, desde la medianoche y hasta casi el amanecer, tuvo que visitar a sus 190 representantes para desmentir el mensaje.

Sólo dos casillas quedaron descubiertas (23 y 46). En una decena, los representantes del PAN sufrieron todo el día expulsiones y reinstalaciones. Unas doce, en zona rural, fueron robadas. A las once de la mañana del día de la elección, en el cuartel general del PAN ya se sabía que en más de cincuenta casillas no había copias de las formas de actas de escrutinio para dar a los representantes de los partidos. El PAN acudió al Gobernador, quien dio la orden de que se elaboraran y repartieran pero, como aquélla no fue acatada con la rapidez necesaria, el PAN hizo fotocopias y las repartió por medio de sus representantes generales. Luego vinieron las negativas de entregar las copias, al término del cómputo: en este caso, la presencia de cientos de vecinos fuera de las sedes de las casillas, y la decidida actitud de 12 diputados federales panistas y de candidatos y dirigentes locales, logró la entrega. En la casilla de la Colonia Pensiones, la entrega fue el lunes a las 9 de la mañana: hasta esa hora, doscientos personas esperaban. Sin embargo, desde las dos de la mañana, los resultados en actas mostraban una diferencia de más de once mil votos en favor del PAN. Este proclamó su triunfo y citó para el lunes a las 7 de la noche, en la Plaza Grande de Mérida, al mitin «de la victoria», al que acudieron -pese a las deficiencias de información- unas quince mil personas.

Los meridanos tomaron hasta con humor los intentos de defraudarlos. Los vecinos de Chuburná, por ejemplo, cuya casilla fue trasladada a unos 6 kilómetros de su ubicación original, pintaron flechas en las aceras y en las paredes, con leyendas como éstas: «Siga la flecha, para votar», «No se desanime, ya falta menos», «Dé vuelta a la derecha y no se canse, ya está cerca»… finalmente, en el lejano y escondido predio, había una manta: «Bienvenido, ciudadano, ha encontrado su casilla». En otros lugares, los vecinos organizaron, a partir del sitio normal de la casilla, «excursiones» o «paseos» para llegar a la nueva sede de las urnas. En la colonia Cordemex, las dos casillas fueron vigiladas por cientos de personas hasta las seis de la mañana, y los vecinos tenían preparada comida y relevos para mantener la vigilancia.

Digna de señalarse fue la participación activa de funcionarios federales -casi todos de obvia vinculación con el grupo cerverista- en los amagos de fraude. Carlos Sobrino Sierra -delegado de la SPP y coordinador estatal del Pronasol-, Enrique Gáber -subdirector de Cordemex-, Víctor González Molina, -Banobras-, el delegado de la Corett (dependiente de la SRA), no sólo actuaron indebidamente, sino fueron detenidos por los ciudadanos y hasta fotografiados por el Diario, que publicó las gráficas, inobjetables. Los vecinos obstaculizaron los «carruseles» que, fundamentalmente debido a las largas «colas» de votantes -la participación fue aproximadamente del 49%- no pudieron operar. El PAN organizó cuarteles por cada diez casillas con comida, velas (suele «irse la luz» a la hora del cómputo), vehículos, teléfonos de notarios públicos (algunos de ellos, verdaderos héroes), refrescos, listas de ubicación de casillas, mapas y sistemas de información inmediata al cuartel general.

Dibujos de Patricia Soriano

La batalla de las actas y las cifras

El martes 27, los resultados de acuerdo con actas -del PAN, del PRD y del PARM- y con resultados dados a conocer por el propio PRI aduciendo posesión de actas que no tenía la oposición, permitió al PAN afirmar que ya contaba con una ventaja «inalcanzable» de más de once mil votos. De cualquier modo que se combinaran los resultados conocidos, el total favorecía a la candidata panista. El PRI se entercaba por boca de Guadarrama Márquez en afirmar su triunfo, sin mostrar actas más que en burdos programas de televisión en los que, con los puros rostros de sus candidatos, se podía imaginar la derrota.

Los tres partidos y el Frente citaron, para el viernes 30 de noviembre, a un mitin de «defensa de la victoria». Los ciudadanos desbordaron el área de la Plaza Grande. Además, la reunión sirvió para demostrar que los electores meridanos no querían violencia. Cabe recordar que, una vez convocado el mitin de referencia, el PRI anunció uno suyo para el mismo día y casi a la misma hora. Como había un pacto previo entre todos los partidos para evitar estas coincidencias, y dado lo caldeado de los ánimos, el PAN solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales para impedir la presencia simultánea, y el PRI tuvo que postergar su reunión para el sábado por la mañana.

En el multitudinario mitin del viernes, el PAN pidió a los ciudadanos una «segunda votación» y anunció la apertura de las «casillas del pueblo» en la Plaza Grande y durante el mitin del PRI, el sábado, en el parque de Santa Lucía. La nueva emisión del sufragio -con credencial de elector obligatoria, dirección, nombre y firma- se convirtió en 48 horas de romería: para el domingo a las 7 de la noche había ya más de 30 mil firmas. La candidata del PAN «acampó» en la Plaza Grande junto a las nuevas casillas, a las que acudieron pública y ostentosamente -exhibiendo sus credenciales partidistas- miembros del PRI que afirmaron querer democracia y limpieza electoral.

Se organizó para el sábado por la noche una «serenata a la democracia» en torno a la tienda de campaña de Ana Rosa Payán Cervera, y todo el domingo un «picnic familiar» para esperar juntos los resultados que diera la Comisión Electoral, presumiblemente a eso de las 8 de la noche. Había sesiones públicas de información. La gente no dejó de acudir, día y noche.

Copias certificadas de las actas -que fueron exhibidas en el mitin del viernes para dar confianza a los concurrentes, todavía incrédulos acerca del reconocimiento del triunfo, y en algunos casos desalentados por rumores hechos circular por ignoradas bocas- se hicieron llegar a la Secretaría de Gobernación.

El mitin del PRI estuvo precedido por una torpeza adicional: la UNE, algunos de cuyos dirigentes acudieron a Mérida, distribuyó volantes invitando a boicotear al Diario de Yucatán. Además, en la desangelada reunión priísta -que además se vio entorpecida por un aguacero- se quemaron ejemplares de dicho periódico y se anunció que, el lunes, empezaría el anunciado boicot. El martes, el Diario se dio el lujo de anunciar que, el día en que la operación en su contra debía comenzar, imprimió y vendió 80 mil ejemplares (sólo al día siguiente del ciclón Gilberto vendió más, señaló: 80, 005). El ridículo fue total.

Y es que el lunes, el titular del periódico anunciaba el reconocimiento de la victoria de la candidata panista por parte de la Comisión Electoral. Decisión que no fue fácil, pues se dio a las 2:10 de la madrugada, después de una jornada extenuante: hasta el último momento se escamotearon casillas y votos; se aceptaron variaciones insólitas a resultados consignados en actas; aparecieron casillas – ganadas en actas ampliamente por el PAN- con diferencia hasta de casi 500 votos en favor del PRI y en secciones tradicionalmente ganadas por el PAN; aparecieron las urnas de secciones rurales robadas el domingo desde el mediodía, etcétera. El PRI tuvo el cinismo de anunciar que impugnaría el resultado -por una diferencia escandalosamente increíble de poco más de 700 votos- ante el Tribunal Electoral. El Diario publicó -e hizo llegar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a los diarios de la Asociación de Editores de los Estados y a otros de la ciudad de México- un editorial de la casa llamado «Seis verdades y una soledad», en el que demostró contundentemente la victoria panista, con base en documentos y publicaciones accesibles a quien quisiera estudiarlos. Hasta el último momento, el candidato priísta sostuvo su triunfo, lo que le acabó de restar la poca credibilidad que había obtenido como alcalde de Mérida bajo el gobierno de Cervera Pacheco.

A las 2:15 de la madrugada, las cinco o seis mil personas que todavía permanecían en la Plaza Grande, recibieron la noticia. El júbilo fue total. Once años de lucha se veían recompensados. Veteranos del 81 reían entre lágrimas. Jóvenes del 90 reían a gritos. Mérida había recuperado ayuntamiento y sonrisa. Palmo a palmo, casilla por casilla, paso a paso, con esfuerzos increíbles que exigieron a los ciudadanos y al PAN persistencia, paciencia, control, organización, incansable capacidad de respuesta, desarrollo de medios para demostrar su triunfo, la batalla se dio y se ganó. Nada fue milagro ni obsequio. El brazo popular -sin más armas que la de la credencial de elector y una voluntad indeclinable de ser respetado- dobló al del priísmo y sus inercias negativas, revirtió la tendencia nacional del año y ganó en las «vencidas». Todo esto se obliga a hacer al pueblo y a los partidos de oposición si quieren avances democráticos. Si éstos no esperan que esos avances caigan del cielo, si aceptan asumir la responsabilidad, el trabajo y el riesgo de hacerlo todo, la victoria es posible. La participación es la clave. Los meridanos saben que, quien se decide a «rendir pulso», no puede abandonar la mesa, ni patear por debajo de ella, ni protestar fuera de ella, ni acudir a ella sin prepararse. El 1 de enero de 1991, Ana Rosa Payán Cervera tomó posesión como alcaldesa de Mérida -primera capital estatal gobernada por una mujer- y el pueblo como mandante de su gobierno. Lo que sucedió en el resto de Yucatán es una historia semejante y también distinta. Y queda para otra vez, porque aún no concluía al momento de escribir estas líneas.