Reforma Bartlett: cimentar en mentiras III

En los textos de las últimas dos semanas expliqué por qué la reforma constitucional anunciada por el presidente, y que intentó ser justificada por el director de la Comisión Federal de Electricidad, no corresponde a ninguna lógica económica ni operativa del sector eléctrico. Lo único que queda, entonces, es el factor político. El mismo director de la CFE lo señaló al citar la frase “quien controla la energía controla el país”. Y esa parece ser la única razón: el poder político, por encima de cualquier beneficio para el ciudadano o la nación.

Ilustración: Augusto Mora

Como pocas veces, parece importante revisar la historia política y personal del director de la Comisión Federal de Electricidad para entender su visión y comprender que la reforma que propone tiene como objetivo principal la búsqueda del control político. No puede pasar desapercibido su tránsito por la Secretaría de Gobernación en tiempos de Luis Echeverría, donde se operaba para el control desde el Estado. Tampoco su posición en la “caída del sistema” en 1988, a fin de sostener al sistema del que era parte.

Como gobernador de Puebla, el ahora director de la CFE impuso la Ley del Federalismo Hacendario, mejor conocida como “Ley Bartlett”. Promovió esta Ley cuando, siendo gobernador, perdió los municipios más importantes a manos de la oposición. La Ley Bartlett tenía por objeto evitar que los alcaldes electos ejercieran sus recursos, interponiendo una estructura intermedia. En otras palabras, buscaba cambiar la ley, de forma contraria a la Constitución, para intentar mantener el control que había perdido en las urnas.

Las decisiones al interior de la Comisión Federal de Electricidad también han ido por el camino de extender el control político. Sólo así se entiende que como director haya tomado medidas que incrementan los pasivos de la empresa de un plumazo, al modificar el contrato colectivo para bajar la edad de jubilación de los trabajadores sindicalizados. Dádivas para el control político, con cargo a los consumidores.

La política de confiabilidad, declarada ya inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado, también buscaba mantener un control férreo del Estado para determinar a quién se le puede dar permisos de generación, o a quién se le puede recibir o no la energía, basado en criterios que se intentaron disfrazar de técnicos.

La Ley de la Industria Eléctrica fue reformada mediante la llamada “Ley Combustóleo” para dar poder y facultades discrecionales al director de la CFE sobre a quién se le iba a recibir la energía y en qué orden (despacho). También le da facultades discrecionales para decidir quién puede instalarse y quién no para generar energía eléctrica. Cuidado aquí. Como se redactó, la reforma no le da preferencia en el despacho a la CFE, como presume el presidente, sino que en los hechos es el director de la Comisión quien puede decidir, mediante la figura de contratos de cobertura con compromiso de entrega física, a quién se le da preferencia para recibir la energía.

¿Cuál es el problema de esto? Que dicho contrato es firmado discrecionalmente por el Suministrador de Servicios Básicos, que por ahora depende únicamente del director de la CFE. No existe criterio alguno de cómo se firmará este tipo de contratos; de hecho, al hacer opcionales las subastas, se elimina la obligatoriedad de buscar los contratos más baratos. Pero no sólo da preferencia a la hora de decidir a quién se le recibe antes la energía, también sucede en la planeación al decidir a quién se le permite invertir para desarrollar infraestructura y generar energía.

La intención de la “Ley Combustóleo” siempre fue darle el poder a una sola persona: el director de la CFE. De hecho, cuando el gobierno se percató de la lluvia de amparos, el presidente lamentó que las empresas no se hayan acercado a “negociar” la aplicación de la ley con el director.

Finalmente, esta semana se revela —de nuevo en El Universal— una clave más de que lo único que se persigue es el poder. Se habla de que se buscará “adquirir” centrales de generación de privados, lo que en medio de las presiones ejercidas por el gobierno suena a expropiación, a venta forzada. Adicionalmente, al ver que el Estado no tiene recursos para construir, hablan de coinversión con la IP, donde la CFE mantenga el control del 54 % de las propiedad de las centrales de generación.

Como vimos anteriormente, el argumento de la necesidad del control del Estado es falaz, pues ya existe donde hay un monopolio natural. Pero, además, un control férreo de la oferta energética se contrapone con el espíritu de mercado abierto que está consagrado en la Constitución. Si se trata de reformar este precepto, el problema es que no sirve para tener un mejor sector eléctrico, ni más limpio, ni más barato, ni más fuerte: sólo sirve para tener al sector energético a merced de los políticos en turno, lo que no ofrece garantía de beneficio popular alguno. O, ¿cuándo el control total de un político ha sido para el bienestar del ciudadano?

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

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Publicado en: Energía

Un comentario en “Reforma Bartlett: cimentar en mentiras III

  1. Es indudable el marcado objetivo no solo de crear el control de la producción de energía, sino el cerrar este mercado acorde a la forma que convenga a la dirección de la pararstatal. Es increíble volver al pasado de los años 70’s. El gusto poco les durara, ya que el desarrollo tecnológico, permitirá que los usuarios finales, se divorcien de cfe para siempre.

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