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Estas elecciones intermedias, por el número de cargos a elegir, serán históricas y, en apariencia, podrían ser el punto de quiebre para los avances del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al proyecto de quienes él llama sus adversarios. Sin embargo, la conducta del voto de estos tres años revela que la oposición en el Legislativo, hasta ahora, resulta casi inexistente.

Para este proceso electoral los partidos que se ofertan como oposición, e incluso aquéllos que forman un bloque electoral de aliados con el objetivo de contrastar agendas con Morena, tienen cuentas que rendir a sus electores, pero sobre todo tienen compromisos claros que hacer si quieren mantenerse como referente opositor de facto y no sólo de membrete. Por ello, es imperante tener un diagnóstico de los temas en los que se anularon como contrapeso.

En la primera mitad del gobierno, López Obrador contó con mayorías en las cámaras de diputados y senadores. En la LXIV Legislatura, en la Cámara de Senadores Morena ocupa el 49 % de las curules, mientras que en la Cámara de Diputados ocupa el 51 % de las curules. No obstante, para la aprobación de una reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de dos terceras partes de cada pleno (al menos el 66 %). Esto implica que en ambas cámaras existen veinte votos del Senado y ochenta votos de diputadas y diputados de oposición que han sido determinantes para negociar las iniciativas de reforma constitucional. Con la menor resistencia, los diecisiete decretos de reformas constitucionales han sucedido gracias al apoyo de los partidos de oposición.

Uno de los temas recientes que muestran esta ausencia de oposición son los procesos que buscan reformar el Poder Judicial. La ampliación del mandato de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de consejeros de la Judicatura, con una clara intención de que el Ejecutivo pueda influir en su funcionamiento, fue apoyada por una parte de los legisladores de “oposición” al aprobar las leyes orgánica y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. El PAN, en esta ocasión, se unió finalmente para votar en contra; el PRI, su ahora aliado electoral, otorgó el voto clave que requería Morena (212), ya que tenía en contra dieciséis diputados, junto con el PT que le dio 39 votos, el Verde ocho y el PES uno. En el Senado se aprobó con 94 votos a favor, diecinueve en contra (uno de Álvarez Icaza, ocho de Movimiento Ciudadano, diez del PAN) y dos abstenciones.1 Los legisladores que votaron a favor pasaron por alto las preocupaciones expresadas por el relator sobre independencia judicial de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto a la Ley de la Fiscalía General de la República, en la que se elimina cualquier contrapeso para la designación de fiscales, se quitan derechos a las víctimas y se permite a fiscalías ignorar solicitudes de las comisiones de búsqueda de desaparecidos, la oposición le dio a la propuesta de López Obrador los votos que algunos de los integrantes de Morena decidieron no otorgarle. En la Cámara de Diputados, tres legisladores del PRI votaron a favor y veintiuno de Movimiento Ciudadano, a excepción de la diputada Martha Tagle; el PT otorgó 43 votos, el Verde diez y el PES diecisiete; de los tres diputados sin partido, sólo uno votó en contra. En el Senado se aprobó la nueva Ley de la FGR con 109 en favor, siete votos en contra: dos de senadoras de Morena, dos del PAN, uno de MC y el de Emilio Álvarez Icaza, y una abstención de una senadora del PVEM. Movimiento Ciudadano fue consistente con su postura de oposición al no apoyar la reforma judicial, pero por lo que se refiere a la FGR, entregó apoyo incondicional a la propuesta, pese a las regresiones en materia de justicia.

Lo que vemos en el Poder Legislativo para estas dos leyes se ha replicado, inclusive para temas trascendentales que modifican la Carta Magna. A continuación, haremos un recorrido por tres de las reformas constitucionales y sus votaciones en ambas cámaras.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

El legado de la LXIV Legislatura, aun cuando la oposición pudo evitarlo, ha sido impregnar la Constitución con el sello de las políticas demagógicas del partido gobernante. Uno de los proyectos con el que inauguraron su periodo fue la propuesta de reforma constitucional referente a la consulta popular y la revocación de mandato, presentada por la diputada Merary Villegas Sánchez a menos de un mes de haber iniciado la legislatura.2 Aunque la consulta popular ya estaba contemplada en la Constitución desde el 2012, con esta reforma se reconoce la posibilidad de hacer consultas para temas de trascendencia tanto nacional como regional y se establece la posibilidad de una consulta popular en agosto de cada año. La novedad más importante de esta reforma fue la introducción de la revocación de mandato como mecanismo de evaluación de los jefes del Ejecutivo a nivel federal y estatal. Este método de consulta puede ser activado únicamente en el semestre del año posterior a las elecciones intermedias (para el caso del Ejecutivo federal) con el apoyo del 3 % de la lista nominal.

Sin embargo, queda en duda qué tan funcionales son las reformas como mecanismos de democracia directa o si en realidad operarán como mecanismos políticos de valor simbólico que permitan restaurar la legitimidad del partido en el gobierno en momentos de crisis. Esto se hace evidente con los obstáculos establecidos para que se active una consulta popular desde la ciudadanía. Se otorgan tres meses para recaudar firmas del 2 % de la lista nominal, que equivale a 1.8 millones de personas, lo que implica el doble de firmas de las que se requieren para conseguir una candidatura independiente para la presidencia. Eso sí, la consulta se puede activar con tan sólo el 33 % de cualquiera de las cámaras o desde la presidencia.

Aunque el proceso de modificaciones a la propuesta inicial limitó el poder del Ejecutivo en el ejercicio de los instrumentos de democracia directa, el núcleo de la reforma constitucional se aprobó en el Senado, el 15 de octubre de 2019, con 98 votos a favor, veintitrés en contra y una abstención. Menos de un mes después, el 5 de noviembre de 2019, se aprobó en la Cámara de Diputados con 375 votos a favor y 75 en contra. Los votos en contra de esta minuta provinieron casi exclusivamente del PAN, junto con los votos en contra de Emilio Álvarez Icaza en el Senado y de Lucía Riojas y Carlos Alberto Morales en la Cámara de Diputados, dos curules y un escaño sin partido. Pero, más importante, esta reforma se aprobó no sólo con los votos de 232 diputados y 52 senadores de Morena, sino también con el voto aprobatorio de tres senadores del PAN; nueve senadores y cuarenta diputados del PRI; siete senadores y veinticinco diputados de Movimiento Ciudadano, y tres senadores y diez diputados del PRD.

Una segunda reforma constitucional que tatúa el sello personal del gobierno lopezobradorista en la Constitución es la modificación al artículo 4, cuyos cambios elevan a rango constitucional los programas sociales que estableció el presidente en sus primeros meses de gobierno. El proyecto de reforma se llevó a la Cámara de Diputados a inicios de diciembre de 2019, y en menos de cuatro meses ya había pasado por las dos cámaras y había enviado a ratificación a los congresos estatales. El proceso completo, de la iniciativa a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomó medio año. Así, a partir de mayo de 2020 son mandatos constitucionales los apoyos a personas mayores de 68 años, a personas con discapacidad y las becas para estudiantes de educación pública. Esta reforma pasó en la Cámara de Diputados con 385 votos a favor, 49 en contra y dieciocho abstenciones. Una vez más, los votos en contra y las abstenciones fueron mayoritariamente del PAN (46), del PRD (una) y de los mismos candidatos ciudadanos (dos). Dos semanas después, en el Senado se aprobó la minuta con 91 votos a favor, uno en contra (Emilio Álvarez Icaza) y una abstención. El PAN en el Senado es condescendiente, así que la aprobación de esta reforma fue apoyada por quince de sus senadores; 39 diputados y seis senadores del PRI; veintiséis diputados y seis senadores de Movimiento Ciudadano; y siete diputados y tres senadores del PRD. En síntesis, la oposición avaló el rango constitucional de la entrega de apoyos sociales.

 

Más allá de que las políticas populistas de Morena queden como legado en la Carta Magna, preocupa que sean institucionalizados los esfuerzos que apuntan hacia una mayor militarización del país. Esto se refleja en la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. Esta iniciativa de reforma fue presentada por la diputada de Morena María Guillermina Alvarado Moreno a menos de un mes de haber iniciado la legislatura, el 20 de noviembre de 2018. Se repite la historia ya contada de legislar a toda velocidad: en cinco meses la propuesta pasó por dos votaciones en la Cámara de Diputados y una en el Senado, y por los congresos estatales. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

En estos meses se realizaron dos audiencias públicas en las que se consultaron a personas expertas, familiares de víctimas y organizaciones civiles. El dictamen inicial incluía propuestas preocupantes que pasaban por alto todo lo que se expuso en la primera audiencia. Por ejemplo, establecía la naturaleza militar de la Guardia Nacional, pues respondería a una Junta de Estado Mayor en la que se integrarían dos militares. Además, proponía la extensión del fuero militar a integrantes de la Guardia Nacional, a pesar de su carácter civil. En pocas palabras: la Guardia Nacional sería un órgano militar.

La primera votación aprobatoria en la Cámara de Diputados ocurrió el 16 de enero de 2019. Cuando se debatió este dictamen hubo posicionamientos contundentes en contra del proyecto inicial de reforma. Martha Tagle Martínez, diputada de Movimiento Ciudadano, declaró que la “reforma sólo deja un mando civil simbólico y militariza constitucionalmente la seguridad”. Laura Rojas, diputada del PAN, declaró: “Esta reforma representa la militarización del país en la Constitución. La constitucionalización de la militarización. Va más allá de lo que hizo el presidente Peña Nieto, va más allá de lo que hizo el presidente Calderón”. Con un margen de tan sólo tres votos más a lo requerido para la mayoría calificada, se aprobó en el dictamen con 362 votos a favor (incluyendo 42 del PRI, siete del PRD, veintisiete del PES y veintiocho del PT), 119 en contra (77 del PAN, veintisiete de Movimiento Ciudadano y trece del PRD) y cuatro abstenciones. Hubo reservas en ocho de diez artículos que se iban a reformar (13, 16, 21, 55, 73, 76, 82 y 89) y se votaron las modificaciones para turnarlo al Senado.

Para cuando se discutió la minuta en el Senado, en febrero de 2019, había ocurrido una segunda audiencia pública con un ejercicio de Parlamento Abierto. Al terminar el proceso, muchos en el Senado se sentían satisfechos con el ejercicio y las modificaciones, pues lograron echar para atrás el fuero militar y se incluyó en los artículos transitorios una fecha límite para la presencia del Ejército en las calles. El 21 de febrero de 2019 se aprobó la minuta modificada con 127 votos a favor y ningún voto en contra o abstención.

Para la segunda ronda de discusión en la Cámara de Diputados ya parecía haberse cocinado el consenso. De entre las pocas voces que se mantenían escépticas estaba la de Lucía Riojas, diputada ciudadana, quien aplaudió que el proceso de escuchar a las víctimas haya resultado en cambios relevantes a la reforma, pero denunció que, de facto, se les está dando cada vez mayor presupuesto y poder al Ejército y a la Marina. Riojas advirtió: “Este empoderamiento es contrario a cualquier discurso que enuncie la construcción de la paz, es incompatible con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, que es anhelo de las víctimas que esta guerra permanente e irregular ha causado y es abiertamente contraria al papel constitucional que les compete”. Se aprobó esta versión de la reforma con 463 votos a favor, cero abstenciones y un voto en contra (Lucía Riojas).

Los cambios constitucionales aprobados, aunque a primera lectura pueden sugerir que buscan ciudadanizar la seguridad pública, en realidad dan facultades preocupantes al Ejecutivo, quitan algunos contrapesos al Senado y siguen abriendo la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la minuta modificada final de la reforma se cambian diez artículos constitucionales. En el nuevo artículo 21 se da origen a la Guardia Nacional y se establece su finalidad. Este cambio convierte a la figura de la Guardia Nacional, que anteriormente se entendía como una fuerza de reserva, en una fuerza permanente de carácter civil. Sin embargo, al eliminar la obligación de los mexicanos (ciudadanos) de alistarse y servir en la Guardia Nacional (modificando el artículo 31), queda entendido que esta fuerza de seguridad se compondrá de un cuerpo policial profesional, permanente, y no se excluye que podría estar conformada por miembros del Ejército y la Marina.

Además, el proceso legislativo fue oscurecido con astucias políticas de Morena. Si bien la mañana de la votación del 21 de febrero se presentó un dictamen cuyos artículos transitorios (en particular el artículo 4) establecían explícitamente que la Guardia Nacional no se integraría por militares en activo, al presentar el dictamen ante el pleno modificaron la redacción y quedó ambiguamente que la composición sería “conforme las leyes aplicables”. Además, el artículo 5 transitorio abría la posibilidad de que los militares participaran en tareas más allá de la seguridad nacional (lo que paradójicamente contradice el artículo 129 constitucional).3

Más aún: la reforma deroga contrapesos importantes considerados anteriormente para el despliegue de la Guardia Nacional. Por ejemplo, deroga la fracción XV y modifica la fracción XXIII del artículo 73, que daba facultades al Congreso de la Unión de legislar sobre la Guardia Nacional. A su vez, se modifica la fracción IV del artículo 76, al quitar la facultad exclusiva del Senado de aprobar el uso de la Guardia Nacional y ahora sólo acotando su papel a analizar el informe anual de actividades emitida por el Ejecutivo y analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Encima, deroga la fracción I del artículo 78 que otorga la facultad a la Comisión Permanente de dar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional.4 En conjunto, estos cambios ponen al Ejecutivo al mando de una fuerza de seguridad, rezagando la intervención del Legislativo.

Aunque el proceso deliberativo aminoró la tendencia de constitucionalizar la militarización, fue un balazo en el pie para los contrapesos al uso de la fuerza militar desde el Legislativo. Esta fuerza de seguridad queda (según el artículo 89) a disposición del presidente, como estaba establecido antes.

Estas modificaciones, junto con los artículos transitorios que se incluyeron de último momento, sentaron las bases para el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada o complementaria”, publicado por López Obrador en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020. Es así como este gobierno integra una Guardia mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas.

 

Los partidos de oposición permitieron reformas que imprimen la huella de López Obrador en la Constitución, por lo que son corresponsables de potenciar la vulneración de los derechos humanos, de intensificar las políticas punitivas, de generar mecanismos de control militar y de apostar por el clientelismo. No queda más que cuestionar abiertamente a los partidos con mayor tradición y experiencia en el ámbito legislativo: PRI, PAN y PRD. Aunque el PAN en contados momentos mantuvo el voto de oposición, los tres partidos favorecieron votaciones que afectan de manera determinante la democracia, las libertades y los derechos humanos. Llama la atención que puedan conformar una alianza electoral si tienen diferencias tan profundas como las que arroja la votación de la reforma al Poder Judicial. Es preciso visibilizar la postura congruente del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, de la diputada independiente Lucía Riojas, de la diputada Martha Tagle —a quien su partido Movimiento Ciudadano le ha negado la reelección— y de la diputada Laura Rojas del Partido Acción Nacional, quien además presentó la acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Militarista (del 11 de mayo de 2020) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Convicción, temor a expedientes abiertos en su contra o intercambios de agenda pueden ser algunas de las causas por las que la “oposición” se ha doblegado al proyecto lopezobradorista. Lo que importa es que serán corresponsables de lo que sus decisiones representan para el debilitamiento de instituciones en nuestro país.

 

Maite Azuela Gómez
Maestra en Políticas Públicas. Es columnista en El Universal y profesora de Comunicación Política en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Acaba de publicar Cafeína, su primera novela.

Ana López Ricoy
Estudia el doctorado en Sociología en la Universidad de California, San Diego. Coordinó y colaboró en el estudio Entre el activismo y la intervención (2017) publicado por el CIESAS. Se especializa en el estudio de movimientos sociales y la violencia de Estado.


1 La información de las votaciones de legisladores fue consultada en las páginas electrónicas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

2 Anteriormente se impulsó la reforma constitucional referente a la prisión preventiva oficiosa. Aunque no revisamos a detalle el comportamiento del Legislativo en esta reforma, la votación fue similar a lo que visibilizamos en este texto.

3 Véase un análisis exhaustivo sobre esto en el artículo de Eliana García Laguna que se publicará en La Revista Antimilitarista (digital), en su número de mayo de 2021 (en prensa).

4 Para un análisis más profundo véase Suárez Romero, M. A. “La Guardia Nacional en la reforma constitucional desde la óptica del federalismo y los derechos humanos en México”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXIX, número 275-2, UNAM, septiembre-diciembre 2019.

 

Un comentario en “¿Y la oposición?

  1. Teniendo en cuenta que Morena y el Prian son lo mismo, puesto que los exintegrantes del pri, pan, prd, etc. Que antes gobernaban en los sexenios anteriores, son los mismos que ahora gobiernan en Morena. Esto es: Si gobierno y oposición son los mismos, ¿ que oposición podríamos esperar ? Esto lo deduciría hasta un niño de 5 años.

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