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Tras quince meses de pandemia y dos millones y medio de muertes, la vacunación masiva es considerada como un paso decisivo para la contención del virus del SARS-CoV-2 y el regreso a cierta normalidad. La inmunización mediante la vacuna se presenta como la mejor alternativa para evitar miles de muertes y frenar la aparición de nuevas variantes, que podrían retar la eficiencia de las vacunas que existen actualmente en el mercado, las cuales cuentan con una alta tasa de efectividad. A pesar de lo anterior, prevalece en ciertos sectores una desconfianza tenaz hacia la inoculación, que se inscribe en un movimiento histórico de repudio a las vacunas, alimentado, en la actualidad, por la desinformación y nuevas teorías complotistas. En este contexto, ¿la vacunación debe ser obligatoria? Más que aportar una respuesta, las siguientes líneas buscan identificar algunos de los más sólidos argumentos esgrimidos tanto a favor como en contra de la obligatoriedad de la vacuna.

Ilustración: Raquel Moreno

Sin lugar a duda, la dimensión colectiva de la pandemia aporta argumentos a favor de la obligatoriedad. La vacunación no sólo protege a las personas que la reciben, sino que preserva la salud de toda la población, al alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. Al respecto, Alberto Giubilini, de la Universidad de Oxford, señala que existen buenas razones de imponer la vacuna, siendo una carga menor para los individuos, susceptible de prevenir un daño grave a la sociedad en su conjunto. Se trata también de una cuestión de equidad en la repartición de posibles riesgos asociados a la vacunación: la contención de la pandemia es un asunto colectivo, cuya responsabilidad recae en cada persona. Negarse a recibir la vacuna y disfrutar de la inmunidad colectiva plantea, asimismo, un importante problema moral. Finalmente, puede considerarse que en ausencia de un tratamiento eficaz e incontrovertido, la vacunación es la mejor arma para frenar la difusión del virus, lo que puede justificar prever multas o limitaciones a la libertad de movimiento.

Los argumentos en contra del carácter coactivo de la vacuna son varios. Desde el mirador de las libertades fundamentales, la obligatoriedad de la vacuna tiene una dimensión problemática en el marco de sociedades democráticas, que protegen la autonomía moral de las personas. Otra veta argumentativa es la ausencia de perspectivas a largo plazo sobre posibles riesgos asociados con la inmunización, que puede provocar el repudio de una parte de la sociedad, especialmente de aquellas personas que no se consideran en riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. Lo anterior es aún más problemático en ausencia de datos que confirmen que las personas vacunadas dejan de vehicular el virus y de contaminar a personas sanas. Desde una perspectiva enfocada a los resultados, puede argumentarse que la imposición no necesariamente tendría por consecuencia aumentar el número de personas que reciban la vacuna. Al contrario, es bien posible que el uso de la coacción y la aplicación de sanciones genere mayor desconfianza y rechazo en algunos sectores de la población.

Polarizar las posturas no constituye una hoja de ruta adecuada para salir de la crisis sanitaria. En cambio, es más sensato hacer hincapié en el objetivo común que es alcanzar, cuanto antes, una inmunización generalizada. Sin lugar a duda, es fundamental vencer la desinformación, la desconfianza y el miedo mediante el diálogo y la pedagogía. Pero si peligra la salud pública debido a altas tasas de rechazo, tal vez será necesario establecer medidas de obligatoriedad o, por lo menos, de fuertes incentivos, como ultima ratio.

 

Pauline Capdevielle
Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en libertad de conciencia, Estado laico y derechos sexuales y reproductivos.

 

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